Revisión de episodios del genocidio estructural

Resumen

Este texto analiza episodios de genocidio estructural en Colombia, enfocándose en cómo la violencia y la opresión han sido inherentes a su historia. Explora la injusticia de la esclavitud a través de la perspectiva de Sandoval y Molina, quienes documentaron las condiciones inhumanas y las falsas justificaciones legales. La fuente también examina las masacres y violaciones de derechos humanos por parte del Estado, incluyendo la Masacre de las Bananeras y el caso Trujillo, evidenciando la sistemática impunidad y manipulación judicial. Finalmente, se detiene en las luchas de comunidades marginadas como los U’wa y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, así como el sacrificio de líderes sociales, contrastando la narrativa oficial con la búsqueda de una verdad más humana e integral que reconozca el sufrimiento de las víctimas y la necesidad de una justicia arraigada en la ética y la solidaridad.

Este es un resumen de los 23 capítulos en los que se divide la obra

• El horror de la esclavitud en la Colombia colonial:
  • Se aborda la situación de los esclavos negros traídos a Cartagena, las condiciones inhumanas en los barcos («armazones»), y el trato cruel y los tormentos recibidos por parte de sus amos.
  • Se destaca la labor de Alonso de Sandoval, S.J., quien dedicó su vida a la «salvación eterna» y la acogida humana y terapéutica de los esclavos, investigando sus culturas y las prácticas de esclavitud.
  • Se examina la condena de la esclavitud a través de la obra de Sandoval y los argumentos del teólogo jesuita Luis de Molina, quien documentó la ilegitimidad de muchos títulos de esclavitud utilizados por traficantes portugueses y españoles en África.
• Genocidio estructural y continuado en Colombia (General):
  • El texto presenta una revisión general de la trayectoria del genocidio estructural y continuado en Colombia, abordando el exterminio de etnias precolombinas durante la Conquista y Colonia.
  • Se menciona la masacre de artesanos en Bogotá en 1919.
  • La eliminación del Gaitanismo y la consecuente configuración de movimientos armados en búsqueda de cambios estructurales.
  • La declaración de inconstitucionalidad de actividades comunistas en 1954 y la doctrina de Seguridad Nacional de 1962, que involucra a civiles en la guerra y estigmatiza a opositores.
  • El exterminio de diversas comunidades como pueblos indígenas (U’was, Barí, Kankuamos, Nasa, Awá), afrodescendientes, grupos campesinos, organizaciones sindicales, movimientos y partidos políticos (Unión Patriótica, Partido Comunista Colombiano, Frente Democrático-M-19, Unión Nacional de Oposición, Frente Amplio, Frente Popular, Movimiento político A Luchar, La Marcha Patriótica), líderes sociales y el movimiento estudiantil.
• Violencia en Caquetá (1979-1981):
  • Un informe de 1982 documentó muerte y tortura infligidas por el Ejército contra el campesinado, en el contexto de la recuperación de armas de la guerrilla del M-19.
  • Se registraron 144 ejecuciones extrajudiciales y 240 casos de tortura con 40 métodos diferentes.
  • Se citan testimonios directos de atrocidades como el asesinato y mutilación de Ramón Elías Cardona, Fabio de Jesús Herrera y Gilberto Duque.
  • La ejecución extrajudicial de Diomedes Collazos, Pedro Taborda, Huber Mejía, Leonardo Ospina y Misael Ramírez.
  • El asesinato de Omar Antonio Chitiva Rodríguez y la falsificación de su identidad como guerrillero.
  • El suicidio de Humberto Jiménez para escapar a la tortura.
  • El asesinato de Donaldo Flórez, Albeiro Ríos y Juan Carlos Gómez.
  • El caso de Florentino Osorio, quien sobrevivió a un intento de entierro en una fosa común tras ser apuñalado.
  • El caso de Ernesto Pill, torturado y asesinado por negarse a colaborar con paramilitares.
  • El asesinato de Francisco Paredes frente a su familia.
  • El desplazamiento forzado y las torturas a familias enteras.
  • La tortura y asesinato del Profesor Fernando Palomino.
  • La tortura sistemática en lugares como el «Hospital Militar de Venecia».
  • Los datos de CINEP (1988-2019) documentan en Caquetá: 199 ejecuciones extrajudiciales, 225 torturas, 1440 desplazamientos forzados individuales, 52 casos de «falsos positivos», 28 casos de violencia sexual y 26 casos de uso de poblaciones como escudos humanos.
  • El desplazamiento masivo de Peñas Coloradas en 2005 por el «Plan Patriota».
• Desaparición Forzada: El «Colectivo-82» y Luis Fernando Lalinde Lalinde:
  • La sección aborda la desaparición forzada como política de Estado, inspirada en el «Decreto de Noche y Niebla» de Hitler, pero con el agravante de no reconocer las capturas.
  • Se detallan los 13 jóvenes desaparecidos en 1982: Orlando y Edgard Helmut García Villamizar, Alfredo Rafael y Samuel Humberto Sanjuán Arévalo, Bernardo Helí y Manuel Darío Acosta Rojas, Hernando Ospina Rincón, Francisco Antonio Medina Londoño, Pedro Pablo Silva Bejarano, Gustavo Campos Guevara, Edilbrando Joya Gómez, Rafael Guillermo Prado Useche y Rodolfo Espitia Rodríguez. Estos casos fueron el origen de ASFADDES.
  • Se narra la incansable búsqueda de Fabiola Lalinde por su hijo Luis Fernando Lalinde Lalinde, desaparecido el 3 de octubre de 1984, capturado, torturado y asesinado por el ejército. Su cuerpo fue falsamente identificado como «alias Jacinto» y enterrado clandestinamente, siendo finalmente identificado 12 años después.
  • Se destaca la «Operación Cirirí» como símbolo de la insistencia de Fabiola Lalinde frente a la impunidad.
• Estrategia paramilitar en El Carmen de Chucurí, Santander:
  • Se documenta la estrecha colaboración entre el Ejército y grupos paramilitares («Los Masetos») para el exterminio de la población y el control territorial.
  • Víctimas y eventos específicos:
    • Gabriel Florez: detenido ilegalmente y torturado por miembros del Batallón Luciano D’Elhuyart.
    • Antonio Meza y Elena Mendez: asesinados por ser testigos de la captura de Henry Delgado.
    • Henry Delgado: capturado por el Ejército, su cadáver apareció en Barrancabermeja.
    • Hernando Barón Jaimes: detenido ilegalmente y torturado por la Brigada Móvil del Ejército Nacional.
    • María del Carmen Rozo Acuña: madre desplazada por paramilitares.
    • Filemón Cala: joven campesino asesinado y degollado por paramilitares.
    • Persecución y amenazas contra el Padre Bernardo Marín, Párroco de El Carmen.
    • Álvaro Cristancho Ardila y su hijo: asesinados por el Ejército y Los Masetos.
    • Pablo Colmenares Cordero: obligado a combatir, perdió una pierna y murió.
    • Luis Hernando Garnica: retrasado mental, capturado y asesinado por el Ejército, su cadáver fue vestido de guerrillero.
    • Masacre de El Porvenir (1988): Henry Martínez, Alejandrino Puerto, Teotista Florez y Pedro Benavides asesinados por Los Masetos.
    • Otros asesinados: Joaquín Muñoz, Alberto Tirado y su hijo, Jorge Ortiz, Julio Parra.
    • Asesinados por ser simpatizantes de la Unión Patriótica: José Joaquín Velandia, Gabriel Pardo, Luis Isaí.
    • Gumersindo Fontecha: desaparecido.
    • Juan Bautista Verdugo Sandoval, Gustavo Luna, Elías Rivero Ariza, Abelardo Rueda Gómez: asesinados por el Ejército o paramilitares.
    • Modesto Jiménez y Rito, Luis Silva, Luis Vargas, Humberto Huiguera Avila, Manuel Jiménez, Ulpiano Afanador: asesinados.
    • Lorenzo Saavedra y Pastor Pita: asesinados por Los Masetos.
    • Myriam: desaparecida después de denunciar la violencia en público.
    • Violación de Yolanda Saavedra y Olga Saavedra (niñas de 13 y 10 años) por paramilitares.
    • Éxodo masivo de campesinos debido a la violencia.
• La Barranca de los 70 y 80:
  • Se hace referencia a los sufrimientos y brutalidades vividos en Barrancabermeja, así como a las resistencias heroicas.
  • Se menciona a Manuel Gustavo Chacón como una figura clave de la resistencia y dignidad en la ciudad.
• El caso Trujillo (1988-1991):
  • Una serie de crímenes que constituyen la Masacre de Trujillo, con un clímax de horror entre 1988 y 1991.
  • Se documenta la responsabilidad del Estado colombiano por acción u omisión.
  • Carlos Mejía: asesinado en 1988 como respuesta al paro cívico.
  • Gilberto Hernández López y Julián Restrepo Sánchez: jóvenes adictos a las drogas y ladrones, torturados y asesinados en operativos de «limpieza social» por la Policía.
  • Descuartizamiento de 11 personas y luego 5 ebanistas por el Mayor del Ejército Alirio Antonio Urueña Jaramillo y paramilitares en 1990.
  • El asesinato del Padre Tiberio Fernández, quien denunció la masacre y apoyó a comunidades campesinas.
  • El testigo clave Daniel Arcila Cardona, ex-informante del Ejército, quien presenció los descuartizamientos y huyó, pero fue posteriormente asesinado y también descuartizado en 1991.
  • La complicidad del sistema judicial para garantizar la impunidad.
• Exterminio del Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta:
  • Se describe la persecución sistemática contra los miembros del Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta, que incluía amenazas telefónicas, seguimientos militares y panfletos amenazantes.
  • El asesinato de Josué Giraldo Cardona, presidente del Comité, el 13 de octubre de 1996, en presencia de sus hijas, tras años de amenazas y denuncias ignoradas por el Estado.
  • El fracaso de la Comisión de Diagnóstico y Seguimiento creada para investigar la violencia en el Meta, utilizada por el gobierno como «cortina de humo».
• Masacre de Pance, Cali (1992):
  • Una «embestida brutal a seis movimientos sociales» que resultó en la desaparición, tortura y asesinato de 9 personas en dos eventos relacionados.
  • Primer momento (2-3 de abril, cuerpos hallados el 7 de abril): John Faber Ardila, Eulises Bolaños y Ricardo Parra.
  • Segundo momento (16 de abril, Jueves Santo, cuerpos hallados el 17 de abril): William Javier Almario Álvarez, Carmen Elisa Pereira, Carlos Arturo Ramos, Leonardo Salazar, Juan Gustavo Zuluaga y Aldemar Rodríguez.
  • Los cuerpos presentaban signos de tortura, ahogamiento y mutilaciones, con cabezas envueltas en bolsas de polietileno y manos atadas.
  • Se sospecha de un operativo de organismos de seguridad del Estado y la implicación del Batallón No. 3 de la Policía Militar.
  • El proceso penal y disciplinario fue archivado.
• Los U’was: El derecho a no ser vendidos:
  • Se describe la lucha del pueblo indígena U’wa contra la multinacional Occidental Oil and Gas Corporation (OXY) y el Estado colombiano por la exploración petrolera en su territorio ancestral sin consulta previa.
  • Se aborda la profunda cosmovisión U’wa sobre la relación entre la naturaleza y los seres humanos, y su concepto de la tierra como no vendible, en contraste con la lógica occidental de explotación de recursos.
  • La amenaza de suicidio colectivo por parte del pueblo U’wa como una forma extrema de resistencia y un acto de respeto a dimensiones más sagradas de la vida.
• Solidaridad con los Presos Políticos:
  • Se conmemoran los 40 años del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, destacando la labor de sus miembros en defensa de los derechos humanos.
  • Se recuerda a Doña Carmen de Rodríguez, lideresa y primera representante del Comité.
  • Se menciona a Alirio Pedraza, abogado del Comité, quien fue forzosamente desaparecido tras ser identificado en un «cuadernillo» de inteligencia militar como guerrillero.
• Genocidio contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó:
  • La comunidad, fundada en 1997 con principios de neutralidad en el conflicto armado, ha sido objeto de siete estrategias de exterminio por parte del Estado y sus aliados paramilitares.
  • Primera estrategia: Exterminio físico. Incluye bombardeos, «falsos positivos», asesinatos directos y públicos (como el de Francisco Tabarquino, Humberto Mora y su hijo Samuelito), y matanzas colectivas de líderes como Aníbal Jiménez, Leonel Mazo, Gabriel Graciano, Daniel Pino, y la masacre de La Unión con el asesinato de Rigoberto Guzmán, Jaime Guzmán, Humberto Sepúlveda, Diofanor Correa, Elodino Ribera y Pedrito Zapata.
  • Segunda estrategia: Degradación mediática: estigmatización como «guerrilleros» o «comunidad guerrillera» a través de montajes y falsificaciones de información. Se destaca el caso de Amanda Úsuga, injustamente encarcelada.
  • Tercera estrategia: Estigmatización ideológica: el ejército utiliza manuales que identifican a la población civil como «enemigo interno» o con el «virus comunista».
  • Cuarta estrategia: Cercos de hambre: militarización del caserío, asesinato de proveedores de alimentos (Alberto Montoya, Luis Eduardo Ciro, Alonso Jiménez, Mario Urrego), saqueos de alimentos, destrucción de cultivos y fumigaciones injustificadas.
  • Quinta estrategia: Criminalización legal: se utilizan falsos positivos y montajes judiciales para acusar a miembros de la comunidad de delitos.
  • Sexta estrategia: Exclusión social: negación de servicios básicos y presión para integrarse a programas del gobierno coordinados con paramilitares.
  • Séptima estrategia: Depredación económica: desplazamiento forzado de la comunidad del caserío de San José en 2005, robo de enseres y destrucción de infraestructura por parte de militares y policías, boicot a la economía local y robos de cargamentos de cacao.
  • El asesinato de Luis Eduardo Guerra, su compañera Bellanira Areiza y su hijo Deiner Andrés (11 años), junto con Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, su esposa Sandra Milena Muñoz y sus hijos Natalia (5 años) y Santiago (18 meses), y Alejandro Pérez Castaño, en febrero de 2005, es un caso emblemático de la masacre perpetrada por el ejército y paramilitares, con extrema sevicia y mutilación de cuerpos. También se busca el cuerpo de Aquilino Pérez, asesinado en 2001.
  • Registro de 174 asesinatos (22 por guerrillas, 154 por agentes del Estado) y cerca de 600 Crímenes de Lesa Humanidad.
• El niño mártir de la Comuna 13 de Medellín:
  • El asesinato de Carlos Alberto Castaño Noreña, un niño de la Comuna 13 de Medellín, probablemente por un escuadrón infantil paramilitar organizado por el Ejército.
  • Se relata su liderazgo solidario, su defensa de los indefensos y su amor por la vida en un contexto de miseria y violencia.
• El caso Jhonny Silva Aranguren y las comisiones de verdad:
  • La muerte violenta del estudiante universitario Jhonny Silva Aranguren el 22 de septiembre de 2005 en la Universidad del Valle, Cali.
  • La creación de una Mesa de Verdad y Justicia (Comisión de la Verdad) para esclarecer los hechos, identificar responsabilidades y recomendar acciones.
  • La Comisión identificó la responsabilidad del ESMAD (Escuadrón Móvil Anti Disturbios) en el ingreso no autorizado a la universidad, el uso de armas de fuego y los disparos que causaron la muerte de Jhonny.
  • La Fiscalía precluyó la investigación contra el Director del ESMAD, pero el Consejo de Estado sugirió reabrir el proceso penal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso.
• Mario y Elsa: Veinte años de asombrosa impunidad:
  • El asesinato de Mario Calderón y Elsa Alvarado el 19 de mayo de 1997 en su apartamento en Bogotá, junto con el padre de Elsa, Don Carlos.
  • Se rastrea la vida de Mario, un ex-jesuita dedicado a la defensa del medio ambiente y los derechos humanos, quien había recibido amenazas y seguimientos militares.
  • El crimen se vincula a una política de exterminio contra líderes sociales y ambientalistas.
• La situación de los «milicianos»:
  • Se analiza la criminalización de los milicianos en Colombia, a quienes se les procesa y condena como guerrilleros, a pesar de que su vinculación a menudo es forzada y sus tareas son de subsistencia y seguridad local.
  • El caso de Alex Mauricio y Albeiro (milicianos de las FARC en San José de Apartadó) se utiliza para ilustrar la injusticia y las sin-salidas que enfrentan.
  • Se menciona la muerte del hijo de Lina (compañera de Alex Mauricio), John David, a manos del ejército, y la falsificación de su testimonio para incriminar a la Comunidad de Paz.
  • Se denuncia la doble moral del Estado, que indulta a paramilitares desmovilizados mientras persigue a ex-milicianos.
• El ex soldado Oswaldo Giraldo Yepes: Testigo de excepción:
  • El asesinato de Oswaldo de Jesús Giraldo Yepes el 2 de abril de 2005 en Yarumal, Antioquia.
  • Oswaldo fue un testigo clave contra el General retirado Rito Alejo del Río por su apoyo al paramilitarismo en Urabá.
  • Denunció el accionar conjunto militar-paramilitar y la práctica de «legalizar muertos».
  • Fue detenido, acusado, sobornado y amenazado para retractarse de su testimonio. A pesar de que su retractación fue reconocida como forzada, fue perseguido y finalmente asesinado por paramilitares vinculados a la Hacienda La Carolina, propiedad de la familia del entonces Gobernador Uribe Vélez.
  • Se critica la incoherencia y sumisión de la justicia que procesó al denunciante mientras protegía a los denunciados.