No podemos ocultar nuestro dolor al ver pisoteada nuestra dignidad y nuestros valores de manera tan vil y con el apoyo simultáneo de fuerzas tan poderosas, algunas de las cuales salen a la luz con algunas máscaras y otras actúan coordinadamente desde las tinieblas. Sabemos, sin embargo, que optar por las víctimas y por las poblaciones más vulnerables dentro de un sistema corrupto y violento, acarrea ese tipo de sufrimientos. Continuamos afirmando, enfáticamente, que las estrategias de empresarios, políticos, militares y paramilitares, tendientes a dividir y sobornar a las comunidades que han retornado al bajo Atrato con la ilusión de recuperar sus territorios colectivos y administrarlos de una manera autónoma, ecológica y dentro de sus cosmovisiones ancestrales, con el fin de implantar allí formas de explotación anti-ecológica y anti-social al servicio de grandes capitales, constituye una injusticia flagrante. Si lo logran por la fuerza bruta y la perversidad inconfesable de sus estrategias, lo hacen en contravía de los principios éticos más universales, y en nuestro contexto, en contravía de la Constitución y de las leyes vigentes.

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó es una comunidad de campesinos pobres, a pesar de que una de las falsedades difundidas por los medios es que tiene enormes cantidades de dinero provenientes de donaciones internacionales, lo cual es absolutamente falso. Como ocurre cotidianamente con los pobres en Co-lombia y en todas partes, no tienen dinero para defenderse de las sucias campañas de difamación de los ricos y del Gobierno. Por eso el crimen que está cometiendo la Señora O´Grady es tan repulsivo e infame.

No deja de extrañarme su decisión de negarme la posibilidad de representar a los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó cuyos derechos han sido tan terriblemente vulnerados, como todo el país lo sabe, con más de 700 crímenes de lesa humanidad, pues en tres ocasiones la Corte Constitucional me ha reconocido legitimidad plena para representar a la Comunidad, al proferir senten-cias de revisión de Tutelas en las cuales yo he solicitado protección de los derechos fundamentales, ya de grupos de la Comunidad de Paz, ya de toda la Comunidad de Paz: Sentencia T-249/03; Sentencia T-327/04, y Sentencia T-1025/07. Al respecto, le transcribo lo que la Corte Constitucional decidió sobre la legitimidad de mi intervención para solicitar el tutelaje de los derechos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en la Sentencia T-1025 del 3 de diciembre de 2007