Resumen
El documento analiza el conflicto entre los pueblos cingalés y tamil en Sri Lanka, argumentando que el Estado de Sri Lanka, dominado por los cingaleses, ha perpetrado un genocidio contra el pueblo tamil del Eelam. Se enfoca en la violación de los derechos del pueblo tamil a la autodeterminación y a la igualdad, y en el uso de la calificación de «terrorismo» como excusa para la represión y la barbarie.
Confrontación de Derechos
Cuando el Imperio Británico concedió la independencia a Ceilán (hoy Sri Lanka), diseñó un Estado unitario bajo el gobierno central de la etnia Cingalesa. Los tamiles rápidamente percibieron un sesgo hostil y formaron el Partido Federal para luchar por una constitución federal y el derecho a la autodeterminación.
La Carta de las Naciones Unidas (1945) reconoce el principio de la libre determinación de los pueblos. El pueblo tamil del Eelam cumple con la definición de «pueblo» de la ONU, que incluye colectivos con una relación con un territorio y rasgos étnicos, históricos y culturales comunes. De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Resolución 1514 de la Asamblea General (1960), todos los pueblos tienen el derecho a la autodeterminación. Sin embargo, la Resolución 1514 establece que cualquier intento de romper la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos de la ONU. La Resolución 2625 (1970) aclara que esta cláusula se aplica a estados que respetan la igualdad de derechos y la autodeterminación de sus pueblos. Dado que el Estado de Sri Lanka no ha respetado los derechos del pueblo tamil, no tiene legitimidad para oponerse a un movimiento que busca la autodeterminación, ya sea a través del federalismo o la independencia.
El Estado de Sri Lanka ha recurrido a una serie de prácticas que el documento describe como genocidas y crímenes de lesa humanidad, incluyendo la privación de derechos, la no-oficialidad de la lengua tamil, la discriminación universitaria, la destrucción de la biblioteca de Jaffna, pogromos y masacres masivas, y la adopción de una religión estatal ligada a los cingaleses. La historia y los testimonios demuestran que la lucha del pueblo tamil comenzó como un movimiento no violento, inspirado en Gandhi, al que el Estado respondió con violencia desenfrenada y masacres. El derecho a la rebelión como último recurso contra la opresión es un principio que se encuentra en documentos como el Acta de Independencia de EE.UU. y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa.
La «prevención del terrorismo» como excusa
Desde 1978, Sri Lanka ha utilizado la «Ley de Prevención del Terrorismo» (LPT) como eje de sus políticas represivas. Esta ley ha sido condenada por la ONU y organizaciones humanitarias por considerarla ilegítima y arbitraria. La calificación de «terrorismo» ha sido utilizada para justificar las masacres y la impunidad, especialmente la ofensiva final de 2008/2009, que dejó decenas de miles de tamiles muertos.
La experta de la ONU, Kalliopi Koufa, señaló en sus informes que no existe una definición internacional de terrorismo en los instrumentos jurídicos y que el término «terrorismo» carece de un contenido jurídico real, ya que no cumple con los requisitos del derecho penal. La confusión entre terrorismo y el derecho a la rebelión ha llevado a que los movimientos de autodeterminación sean estigmatizados. Koufa describió el «terror de Estado», caracterizado por prácticas como tortura, desapariciones forzadas y asesinatos de opositores, que concuerdan con las acciones del gobierno de Sri Lanka.
El documento señala que Estados Unidos tiene una responsabilidad particular al calificar al pueblo tamil del Eelam como terroristas, lo que llevó al fracaso del proceso de paz y a la persecución de los tamiles, incluso a los exiliados, violando el derecho a la autodeterminación de un pueblo.
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