Resumen
El Proyecto Colombia Nunca Más surge en 1995 como una iniciativa de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos para documentar y denunciar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia. A diferencia de otros proyectos similares en América Latina, este se desarrolla en un contexto de violencia activa y sistemática, sin transición hacia un régimen democrático, lo que impone enormes dificultades metodológicas, logísticas y de seguridad.
El proyecto se centra en el ciclo de violencia iniciado a mediados de los años 60, marcado por la Doctrina de Seguridad Nacional, impulsada por Estados Unidos, y la militarización del conflicto social. Este período se caracteriza por la confrontación entre proyectos antagónicos de sociedad, en contraste con la violencia bipartidista de décadas anteriores. La insurgencia armada —con la creación de las FARC, el ELN, el EPL, el M-19, el Quintín Lame y otros grupos— surge como respuesta a la exclusión política, la represión estatal y la concentración de la tierra y el poder económico.
El Estado colombiano optó por una estrategia de terrorismo de Estado, que incluye la criminalización de la protesta social, la implementación de estructuras paramilitares (con apoyo explícito de EE.UU. desde 1962) y la ejecución de métodos como desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzados. La impunidad ha sido sistemáticamente garantizada mediante la complicidad de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El narcotráfico se articula con este ciclo de violencia al financiar y fortalecer al paramilitarismo, mientras que la llamada «limpieza social» refleja la respuesta criminal del Estado ante la pobreza y la exclusión.
El proyecto se fundamenta en valores como la verdad, entendida como la exposición de la sistematicidad de los crímenes y sus móviles políticos, y la justicia, no solo retributiva sino como restablecimiento de estándares equitativos de vida y libertad. Rechaza las políticas de «perdón y olvido» y aboga por la memoria histórica, el esclarecimiento de los hechos, la sanción a los responsables y la reparación integral de las víctimas.
Se delimita el campo de investigación a los crímenes de lesa humanidad como crímenes de Estado, excluyendo los crímenes de guerra cometidos por grupos insurgentes, por consideraciones éticas, conceptuales y prácticas relacionadas con la naturaleza asimétrica del conflicto y las limitaciones del Derecho Internacional Humanitario para abordarlo.
Ver también: Memoria histórica y construcción de futuro