Resumen
El documento “Paz… ¿Cuál Paz?” analiza críticamente los procesos de paz en Colombia, argumentando que han eludido sistemáticamente las causas estructurales del conflicto, lo que ha resultado en una paz aparente o forzada. El conflicto armado se presenta como inseparable del conflicto social, con raíces históricas en la desigualdad, la concentración de la tierra y la exclusión política desde la independencia. La élite gobernante ha utilizado herramientas ideológicas, legales y represivas (con el apoyo de la Iglesia Católica y Estados Unidos) para mantener el control y estigmatizar los movimientos sociales.
El texto detalla cómo, tras 37 años de negociaciones, predominan dos modelos de paz: uno centrado únicamente en la desmovilización de combatientes con beneficios limitados, y otro que incluye reformas sociales que nunca se implementan. El último proceso con las FARC-EP, aunque innovador al abordar temas clave como tierra, democracia, drogas y víctimas, fue saboteado desde su inicio. El gobierno de Santos prohibió tocar el modelo económico, político o militar, convirtiendo las negociaciones en un “diálogo de sordos”. Los acuerdos resultantes, como el fondo de tierras no implementado o las reformas políticas simbólicas, carecieron de mecanismos concretos de ejecución y se convirtieron en promesas vacías.
La trampa más grave, según el autor, se dio en el punto de víctimas y justicia. El Estado logró equiparar crímenes de guerra con crímenes de Estado, desnaturalizando así la violencia ejercida por agentes estatales contra civiles desarmados. Esto permitió que millones de víctimas de crímenes de Estado, como los falsos positivos, fueran injustamente englobadas bajo la justicia transicional, diseñada para crímenes entre actores armados. El proceso fue degradado aún más mediante modificaciones posteriores al Acuerdo; como la exclusión de magistrados extranjeros, la exoneración de presidentes y la introducción de privilegios para victimarios estatales; consolidando la impunidad.
El paramilitarismo se identifica como un mecanismo clave de continuidad del crimen de Estado, con origen en estrategias estadounidenses de los años 60 y tolerado por sucesivos gobiernos. Su metamorfosis hacia victimarios anónimos y el exterminio de líderes sociales de base reflejan una estrategia para eliminar cualquier germen de cambio social alternativo. La Fiscalía y el poder judicial, lejos de investigar las intencionalidades y conexidades de los crímenes, se basan en testimonios manipulables y deslegitimados.
La conclusión es clara: sin abordar las raíces del conflicto: la concentración de la tierra, el modelo económico excluyente, la antidemocracia estructural y el papel de las armas y la información manipulada, no es posible una paz verdadera. Se requieren transformaciones urgentes: democratización radical de los medios, reversión de tratados ilegítimos, rediseño del Estado y sus instituciones, y priorización de la economía interna sobre el extractivismo. De lo contrario, cualquier proceso de paz seguirá siendo una farsa que perpetúa la violencia estatal y la impunidad.