Resumen
Bogotá, 16 de marzo de 2009. El padre Javier Giraldo Moreno, S.J., dirige una objeción de conciencia a la funcionaria de la Policía Judicial Piedad Angélica Acero, excusándose de asistir a una diligencia judicial por un impedimento moral fundamentado en tres décadas de experiencias traumáticas con el sistema judicial colombiano.
El documento detalla cómo su labor en defensa de los derechos humanos lo llevó a colaborar inicialmente con la justicia, pero una sucesión de casos reveló una administración de justicia profundamente corrupta y perversa. Relata experiencias concretas que erosionaron su fe en el sistema: la fabricación de pruebas, la tortura para obtener declaraciones falsas, la impunidad sistemática para agentes del Estado y paramilitares, y la persecución y judicialización de víctimas y defensores.
Se citan casos emblemáticos como la desaparición forzada de un campesino en Bolívar (1993), donde se constató la falsificación de declaraciones y informes médicos; la masacre de El Carmen de Chucurí, donde los denunciantes fueron asesinados y el proceso fue saboteado desde la Fiscalía; las declaraciones del suboficial Bernardo Alfonso Garzón sobre la fabricación de pruebas por parte de los organismos de inteligencia del Estado; la masacre de Trujillo, donde un testigo clave fue declarado «loco» y luego descuartizado; y los montajes judiciales contra campesinos inocentes, cuyas condenas se sustentaban en testimonios falsos pagados, a pesar de la inexistencia de pruebas materiales.
Giraldo describe cómo la prueba testimonial es el eje de esta justicia corrupta, al ser fácilmente manipulable, comprada o coercionada para servir a intereses políticos y proteger a victimarios. Esto se ejemplifica con la política de «red de informantes» y el pago de recompensas por testimonios. La situación en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se presenta como el caso paradigmático de esta dinámica: cientos de agresiones y crímenes de lesa humanidad en total impunidad, combinados con una campaña de estigmatización y montajes judiciales contra sus miembros.
Concluye que, tras evidenciar que los mecanismos judiciales sirven para consagrar la falsedad y la injusticia, colaborar con ellos viola los principios fundamentales de la verdad y la justicia, así como los dictámenes de su conciencia moral y la doctrina católica, que condena la mentira y el falso testimonio. Por ello, invocando el artículo 18 de la Constitución Nacional que establece que «nadie será obligado a actuar contra su conciencia», se niega rotundamente a participar en cualquier procedimiento judicial.