Resumen
El documento “Lo que en Colombia se llama ‘Justicia’” es un informe devastador de la Comisión de Justicia y Paz que, tras una década de trabajo (1988-1998), expone la profunda descomposición del sistema judicial colombiano, caracterizado por la impunidad estructural, la corrupción y la instrumentalización del Estado para proteger a victimarios y criminalizar a las víctimas.
A través de casos emblemáticos, se ilustran los mecanismos perversos de la impunidad: hechos que “dejan de existir” oficialmente tras investigaciones amañadas; una política deliberada de omisión que impide investigar crímenes de lesa humanidad, especialmente contra poblaciones desplazadas y militantes de la Unión Patriótica; y la sistemática desvalorización, manipulación y persecución del testimonio humano. Los testigos son intimidados, asesinados o neutralizados con “testigos de contrapeso” fabricados, mientras las autoridades judiciales se centran en desacreditarlos en lugar de buscar pruebas objetivas.
La llamada “Cosa Juzgada” se convierte en un “cofre de acero” para proteger a responsables de masacres, como en Trujillo, donde sentencias absolutorias basadas en investigaciones viciadas se blindan contra toda revisión. La “Prescripción” sirve como “burladero” para archivar casos sin investigar, incluso ante evidencias de montajes judiciales y persecución política.
Se documenta la complicidad interinstitucional entre fuerzas militares, paramilitares y entidades de control, donde la justicia penal militar absuelve ritualmente a sus propios miembros mediante relatos fabricados y consejos de guerra compuestos por camaradas. Las “Reglas de la Sana Crítica” son denunciadas como un artificio para justificar condenas basadas en pruebas falsas y despreciar la lógica y la ética.
Incluso mecanismos constitucionales como la Acción de Tutela resultan ineficaces contra el poder estatal: los jueces eluden fallar en contra de las altas instancias gubernamentales responsables de desplazamientos forzados y crímenes sistemáticos. Al final, se culpa a las víctimas y a sus familias por la impunidad, bajo la acusación de no “colaborar” con una justicia que nunca tuvo intención de actuar.
El texto concluye caracterizando al Estado colombiano como “esquizofrénico”: por un lado, se presenta como garante de derechos y, por el otro, es el principal autor de crímenes de lesa humanidad. Su aparato judicial no es más que un velo de solemnidad que oculta complicidad, vacío y podredumbre.