Resumen
El texto analiza la profunda escisión que caracteriza al Derecho moderno, partiendo de la observación weberiana sobre el predominio de la racionalidad instrumental frente a la racionalidad basada en valores. Esta enajenación del Derecho respecto a sus fundamentos éticos, humanistas y políticos genera un modelo de Estado y de ciudadano fracturado, obligado a vivir en una contradicción constante entre sus principios normativos y la realidad factual.
Jürgen Habermas, en Facticidad y validez, intenta reconstruir la legitimidad del Derecho mediante la “razón comunicativa”, pero reconoce la tensión irreconciliable entre la facticidad —el mundo concreto regido por imperativos sistémicos— y la validez o legitimidad normativa. Aunque propone una distinción entre “aceptancia” (obediencia fáctica) y “aceptabilidad” (legitimidad racional), admite que el Derecho moderno suele prestar apariencia de legitimidad a estructuras de poder ilegítimas, funcionando como un medio equívoco de integración social.
El autor traslada esta reflexión teórica al contexto concreto de Colombia, donde la experiencia de impunidad estatal frente a crímenes de lesa humanidad —especialmente el desplazamiento forzado— revela la existencia de un Estado esquizofrénico. Este Estado se divide en dos dinámicas contradictorias: una formal, de apariencia democrática y legal, y otra factual, basada en la violencia y el poder no legitimado. La estrategia paramilitar es un ejemplo claro de esta esquizofrenia: aunque es una extensión del Estado, es presentada discursivamente como una “alteridad” ajena.
El sistema judicial reproduce esta lógica mediante una combinación perversa de estrategias punitivas (contra movimientos sociales) e impunitivas (para agentes estatales y paramilitares). Para sostener esta contradicción, se recurre a rupturas conceptuales dentro del Derecho: entre derecho penal y administrativo, entre verdad procesal y real, y entre derecho internacional e interno. Además, se manipulan pruebas testimoniales y se utilizan figuras como la “cosa juzgada” o jurisdicciones especiales para blindar la impunidad.
El texto concluye con una advertencia: la positivización de los derechos humanos, aunque necesaria, corre el riesgo de ser cooptada por la racionalidad instrumental, perdiendo su fuerza ética y utópica original. El Derecho, desgajado de su base valorativa, puede terminar sirviendo a la misma maquinaria estatal que debería limitar.
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