Resumen
En este texto, Javier Giraldo expone la Masacre de Trujillo, una serie de crímenes sistemáticos ocurridos entre 1988 y 1991 en Colombia, caracterizados por la violencia estatal, paramilitar y narcotraficante, y marcados por una impunidad estructural. El entonces presidente Ernesto Samper reconoció en 1995 la responsabilidad del Estado en estos hechos, tras recibir un informe de una Comisión de Investigación que documentó más de 200 páginas de análisis.
Dicha Comisión, integrada por representantes del gobierno, el Estado y la sociedad civil, concluyó que el Estado colombiano fue responsable por acción u omisión de servidores públicos, así como por la abstención deliberada de las instancias judiciales y disciplinarias para recaudar pruebas, lo que impidió identificar y sancionar a los responsables. Se destacó la participación directa del entonces mayor del Ejército Alirio Antonio Urueña Jaramillo y otros actores no identificados o absueltos injustamente.
Los hechos incluyeron ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y descuartizamientos, especialmente entre marzo y abril de 1990. Un testimonio clave fue el de Daniel Arcila, exinformante del Ejército, quien presenció y participó en crímenes antes de huir y denunciarlos. Sin embargo, su testimonio fue anulado mediante un dictamen psiquiátrico fraudulento elaborado por el Dr. Lisandro Durán Robles, quien sin base científica lo diagnosticó con una “personalidad paranoide y sociopática”. Este informe, junto con declaraciones amañadas obtenidas bajo amenaza, fue usado por jueces y procuradores para descartar su declaración y absolver a los implicados.
El proceso judicial fue calificado como un “montaje” que operó bajo la lógica de la “guerra sucia”: se utilizaron mecanismos de intimidación, desinformación y manipulación probatoria para proteger a los victimarios y mantener la autoría en “desconocidos”. La justicia colombiana falló en su deber de investigar y sancionar, y en cambio, legitimó la impunidad.
La Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, que acompañó de cerca el caso, llevó el expediente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Gobierno colombiano optó por una “solución amistosa” que dio lugar a la creación de la Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo. Aunque esta comisión dejó al descubierto la podredumbre judicial y reconoció la validez del testimonio de Arcila, se vio limitada por el principio de cosa juzgada y la negativa del gobierno a reconocer su responsabilidad en todos los casos. No se lograron avances concretos hacia la justicia, y la impunidad se mantuvo intacta.
El documento concluye que el Caso Trujillo es un ejemplo emblemático de cómo el sistema judicial se articula con mecanismos de violencia estatal y paraestatal, y cómo la impunidad se convierte en política de Estado. La justicia no solo falló, sino que se convirtió en cómplice activa de los crímenes.