Resumen
El documento presenta una extensa y detallada acusación contra el general (r) Rito Alejo Del Río Rojas, quien comandó la Brigada 17 del Ejército colombiano con sede en Carepa, Antioquia, entre diciembre de 1995 y diciembre de 1997. Se le señala como un pilar fundamental en el auge y la consolidación del paramilitarismo en la región de Urabá, bajo un sistemático blindaje de impunidad.
Desde sus inicios en la carrera militar, se le vinculó con actividades ilegales. En 1982, siendo mayor, habría coordinado desde Israel el envío de un cargamento de armas para grupos paramilitares, según fuentes periodísticas y militares. Como coronel, en el Batallón “Rafael Reyes” (1985-1986) y luego en el Batallón “Girardot” (1986-1987), se le acusó de coordinar operativos con paramilitares y de ordenar ejecuciones extrajudiciales, según testimonios de exparamilitares y suboficiales.
Al asumir el mando de la Brigada 17, la situación en Urabá se deterioró drásticamente. El documento recoge testimonios de múltiples fuentes —militares, policías, exparamilitares y civiles— que coinciden en señalar una alianza operativa entre el ejército bajo su mando y los grupos paramilitares. Se describen prácticas como las “legalizaciones” (presentar civiles asesinados como guerrilleros en combate), retenes conjuntos, masacres, desapariciones forzadas (como el caso de Alcides Torres y Ángel David Quintero en 1995) y el libre tránsito de paramilitares por las instalaciones militares.
Altos mandos bajo su órdenes, como el coronel Carlos Alfonso Velásquez Romero, denunciaron por escrito la política de no confrontar a los paramilitares y la filtración de información a estos grupos. La alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, testimonió sobre la colaboración abierta entre militares y paramilitares y el papel de las Cooperativas Convivir, promovidas por el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez, en agudizar la violencia.
Testimonios cruciales, como los del exsoldado profesional Oswaldo Giraldo Yepes y el excapitán de policía Gilberto Cárdenas González, detallan la coordinación logística, el intercambio de armas por supuestos guerrilleros capturados, y reuniones de alto nivel entre Del Río, sus oficiales de inteligencia (como el coronel Jorge Eliécer Plazas) y los principales jefes paramilitares de la región.
A pesar del volumen de pruebas testimoniales y documentales reunidas en múltiples procesos judiciales y disciplinarios, la investigación penal contra el general Del Río fue precluida el 9 de marzo de 2004 por el entonces fiscal general Luis Camilo Osorio. El documento argumenta que este fallo fue el resultado de un proceso viciado por la obstrucción deliberada de pruebas, la descalificación arbitraria de testigos, la negativa a investigar conexiones superiores y la persecución a fiscales e investigadores, varios de los cuales tuvieron que exiliarse tras recibir amenazas de muerte.
El caso se presenta como un ejemplo paradigmático de la impunidad estructural que protege a altos responsables de crímenes de lesa humanidad en Colombia, evidenciando una presunta “Política de Estado” que articuló de manera solapada el accionar del ejército con el paramilitarismo.
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