FUSIL O TOGA / TOGA Y FUSIL

Resumen

Este libro busca registrar para la historia el sufrimiento de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que ha decidido no involucrarse en la guerra, pero ha sido víctima de brutales métodos de represión dentro de un Estado que se autodenomina «Democrático» y «de Derecho». El título alude a la recurrente amenaza contra la Comunidad: «o los matamos o los judicializamos», mostrando la complementariedad entre montajes judiciales y ejecuciones extrajudiciales.

Presentación

• El autor, Javier Giraldo Moreno S.J., enfatiza la pérdida de verdad y credibilidad en la sociedad colombiana, donde la desinformación y manipulación son rutinarias. Un ejemplo de esto es la masacre del 21 de febrero de 2005, inicialmente atribuida a las FARC por la Vicepresidencia, el Ministerio de Defensa y la cúpula militar, con la complicidad de los medios masivos, hasta que la presión internacional obligó a un viraje judicial.
• El texto describe a Colombia como un «Estado esquizofrénico» donde el paramilitarismo es un «recurso privilegiado» del Estado para atribuir la responsabilidad de sus crímenes a una parte «no propia». En San José de Apartadó, esta relación es explícita, con tropas oficiales y paramilitares actuando conjuntamente, coordinando su presencia, intercambiando personal y reconociendo una división de tareas.
• Se denuncia que la justicia y los medios de comunicación han sido utilizados para estigmatizar a la Comunidad de Paz, inventando vínculos con la guerrilla. Esta estigmatización crea un clima propicio para la violencia, donde la muerte de las víctimas es «ipso facto» justificada judicial y mediáticamente.
• La omisión sistemática de funciones y obligaciones del Ejecutivo frente a graves violaciones de derechos humanos se ha convertido en una «ceguera voluntaria» que legitima la inacción y la impunidad, especialmente bajo las presidencias de Samper, Pastrana y Uribe, quienes remitieron los clamores de intervención al poder judicial, sabiendo de sus «mecanismos de dilación e impunidad».

Parte I: Cronología de la Barbarie

Esta sección detalla cronológicamente una serie de actos violentos y violaciones de derechos humanos contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Algunos de los eventos clave incluyen:

• Masacre de La Unión: Un caso temprano que, a pesar de la apertura de un proceso judicial en 1977, culminó en la absolución y exoneración de los militares implicados, revelando la «solidaridad de cuerpo» en la justicia militar. La primera masacre de La Unión de 2000, involucró a paramilitares y el Ejército, con el posterior testimonio de un paramilitar condenado alias «Melaza» que confirmó la coordinación.
• El caso de Alberto Yepes: Un agricultor asesinado por el Ejército, cuya viuda fue forzada a firmar un documento falso que lo acusaba de ser comandante de las FARC, bajo amenaza de muerte para ella y sus hijos.
• Operaciones militares y paramilitares conjuntas: La cronología registra numerosos incidentes donde tropas oficiales actuaron junto a paramilitares, realizando retenes ilegales, amenazas, robos y asesinando a miembros de la comunidad.
• Masacres y ejecuciones extrajudiciales: Se documentan varias masacres, como la del 21 de febrero de 2005 en Mulatos y La Resbalosa, donde el alto gobierno y la cúpula militar difundieron una versión falsa atribuyéndola a las FARC, utilizando falsos testigos que habían sido torturados y sobornados.
• Estigmatización y montajes judiciales: El Presidente Uribe profirió calumnias públicas contra la Comunidad de Paz, acusándolos de ser «corredor de las FARC» y de «obstruir la justicia», invitando a «meter en la cárcel» a sus miembros y a «deportar» a sus acompañantes. Esta estrategia de difamación fue replicada por medios y exministros.
• Amenazas y hostigamientos constantes: La comunidad fue objeto de amenazas de exterminio, detenciones ilegales, torturas, robos de bienes y restricciones de movimiento por parte de militares y paramilitares.
• Espionaje ilegal: Se descubrió que el DAS realizó espionaje ilegal y criminal contra 10 miembros de la Comunidad de Paz y su acompañante, el P. Javier Giraldo S.J., con el objetivo de «restringir y neutralizar su accionar».

Parte II: Togas al Servicio del Fusil

Esta sección profundiza en cómo el sistema judicial fue instrumentalizado para los intereses militares y paramilitares, destacando casos específicos de impunidad y manipulación:

• Caso No. 1: Blindaje a responsables de la “Operación Génesis”: Ilustra cómo los 207 crímenes documentados en la Operación Génesis no fueron abordados con parámetros de Derecho Internacional, la Fiscalía evadió su responsabilidad, y se rechazó la participación de las víctimas y organismos internacionales como actores procesales u observadores.
• Caso No. 2: 301 crímenes de lesa humanidad engavetados: La denuncia de 301 crímenes fue remitida por el Fiscal General a un fiscal no competente, buscando bloquear su trámite. Se denegó la constitución de la parte civil en un proceso que abordara la sistematicidad de los crímenes, priorizando la impunidad.
• Caso No. 3: Atentado frustrado y montaje judicial de marzo/03: Describe el montaje contra Amanda Úsuga y otros pasajeros, acusados falsamente de ser guerrilleros con explosivos. Se demuestra que los militares tenían conocimiento preciso de los explosivos, y se manipuló el proceso judicial para estigmatizar a la Comunidad de Paz. La Fiscal implicada, Liceth Maira Álvarez Anaya, y el General Pauxelino Latorre Gamboa, que difundió la falsa versión, fueron luego implicados en narcotráfico y negocios fraudulentos.
• Caso No. 4: Metamorfosis de dos torturados: Revela cómo Elkin Darío Tuberquia y Apolinar Guerra fueron torturados por el Coronel Néstor Iván Duque en la Brigada XVII y luego cooptados para servir como falsos testigos contra la Comunidad de Paz, sustentando versiones oficiales falsas sobre masacres y calumniando a líderes y acompañantes.
• Caso No. 5: Canteras de “pruebas” espurias: Analiza cómo informes de inteligencia y órdenes de batalla de la Brigada XVII, nutridos por «entrevistas» manipuladas a desmovilizados y capturados, se convierten en «pruebas» judiciales para judicializar a campesinos, violando el debido proceso y los derechos fundamentales.
• Caso No. 6: Cacería ilegal de ex milicianos: Documenta la detención ilegal y el montaje judicial contra ex milicianos como Jairo Úsuga, a quienes se les presionó para aceptar cargos mediante sentencias anticipadas, a pesar de su retiro de la milicia y la falta de pruebas creíbles. Se cuestiona la idoneidad de los «testigos» (como Elkin Tuberquia y Apolinar Guerra) y la parcialidad de fiscales y jueces.
• Caso No. 7: Extorsiones a la maternidad herida: Detalla los casos de Gloria Elena Tuberquia y Liliana Margarita Rojas Rivera, forzadas a firmar declaraciones falsas bajo chantaje (Gloria Elena con la amenaza de perder a su hija, Liliana Margarita tras el asesinato de su hijo por militares) para incriminar a la Comunidad de Paz.
• Caso No. 8: Radiografía de montajes colectivos: Evidencia la manipulación de testimonios de «desmovilizados» para construir acusaciones colectivas, trasladando masivamente «pruebas» de otros procesos y vulnerando el derecho a la defensa. Se destaca la mercantilización del testimonio y la falta de criterios judiciales para evaluar su credibilidad.
• Caso No. 9: Impunidad en la cúpula del Estado: Subraya la falta de investigación y sanción a los autores intelectuales de crímenes, especialmente a altos funcionarios como el Vicepresidente Francisco Santos y el General Rito Alejo Del Río, quienes difundieron versiones falsas de masacres y calumniaron a la Comunidad de Paz.
• Caso No. 10: Pasión y Muerte de un denunciante: Narra la historia de Oswaldo de Jesús Giraldo Yepes, un ex soldado que denunció la connivencia entre militares y paramilitares, la «legalización» de muertos civiles y la tortura. Su caso muestra cómo fue perseguido, encarcelado y finalmente asesinado, mientras sus denuncias fueron ignoradas o utilizadas para beneficiar a los acusados, como el General Rito Alejo Del Río, evidenciando la corrupción y la impunidad en la Fiscalía bajo Luis Camilo Osorio.

Parte III: Estado de Cosas Inconstitucional

Esta sección analiza la violación sistemática de la Constitución y las leyes por parte del Estado. Se argumenta que las autoridades, especialmente el Presidente, han ignorado sus deberes constitucionales de garantizar los derechos fundamentales, optando por el formalismo inocuo y la remisión de las denuncias a otras instancias sin resultados concretos.

• Se destaca la responsabilidad individual del Presidente por la omisión de medidas administrativas, a pesar de las atribuciones que le confiere la Constitución para dirigir la fuerza pública y nombrar/remover a sus agentes.
• Se critica la «verdad procesal» que ignora la «verdad real», fabricando pruebas con violencia, mentira, soborno y chantaje, y el desprecio a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional.
• Las cuatro condiciones de la Comunidad de Paz para retomar el diálogo con el Estado (restitución de la honra, verdad sobre los crímenes, respeto a las zonas humanitarias y garantía de no repetición) han sido sistemáticamente evadidas por el Gobierno.
• Se plantea la necesidad de una declaración de «Estado de Cosas Inconstitucional» debido a la impunidad estructural, la manipulación de informes de inteligencia y la mercantilización del testimonio.

Apéndice: ¿Qué es un miliciano?

Esta sección ofrece una perspectiva sobre la realidad de los milicianos, contrastando los estereotipos con sus experiencias de vida:

• La vinculación a la milicia a menudo es poco voluntaria, respondiendo a fuertes presiones, amenazas (desplazamiento, muerte) y falta de alternativas económicas o de refugio.
• Las tareas de los milicianos suelen ser sencillas, como cuidar siembras para el frente guerrillero, arreglar caminos o informar sobre la presencia de militares/paramilitares. Esta última tarea es una de las principales razones del odio de la fuerza pública y de muchas represalias.
• Se enfatiza la monstruosidad de la injusticia cometida contra estas personas, a menudo sepultadas en el anonimato y víctimas de un «corral de odio fanatizado» promovido por el discurso oficial que niega la neutralidad.

En síntesis, el libro «FUSIL O TOGA / TOGA Y FUSIL» es un compendio de horrores que denuncia la barbarie sistemática contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la complicidad y unidad de acción entre el Estado (militares, policía, gobierno) y los grupos paramilitares, y la instrumentalización de la justicia y los medios de comunicación para encubrir crímenes, estigmatizar víctimas y asegurar la impunidad de los responsables de alto nivel.