Resumen
El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), en su 48ª sesión celebrada en 2021, emitió una sentencia que declara la existencia de un genocidio político continuado en Colombia, el cual se ha desarrollado a lo largo de décadas y se dirige contra segmentos específicos del grupo nacional colombiano. El Tribunal, integrado por 13 personalidades internacionales de diversos ámbitos, actuó como tribunal de conciencia, sin carácter judicial, pero con el objetivo de visibilizar violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos.
La sentencia documenta prácticas genocidas contra colectivos étnicos (indígenas Barí y Embera-Chamí, afrodescendientes), campesinos (ejemplificado en casos como la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, ANUC-UR, y poblaciones de Cajibío, Casanare, entre otros), sindicatos (como SINALTRAINAL y la USO, con miles de asesinatos), movimientos políticos (Unión Patriótica, Partido Comunista, Marcha Patriótica, entre otros), líderes sociales (con más de 1.815 asesinatos o desapariciones entre 1994 y 2019), movimiento estudiantil, población carcelaria, exiliados y contra el territorio y la naturaleza.
Se identifican siete oleajes de violencia histórica, desde el siglo XIX hasta el presente, vinculados a factores estructurales como el latifundismo, la influencia geopolítica de Estados Unidos (incluyendo la Doctrina de Seguridad Nacional, la Escuela de las Américas y el apoyo al paramilitarismo), y el narcotráfico como herramienta de desestabilización. La sentencia subraya que el genocidio busca la destrucción parcial del grupo nacional mediante matanzas, lesiones graves y sometimiento a condiciones de existencia que acarrean su aniquilación física o cultural, bajo una lógica de «enemigo interno» promovida por doctrinas contrainsurgentes.
Jurídicamente, el TPP fundamenta su fallo en el Estatuto del Tribunal, la Resolución 96(I) de la ONU (1946) y la Convención para la Prevención del Genocidio (1948), aunque critica la exclusión de grupos políticos en esta última. Condena a los sucesivos gobiernos colombianos desde 1946 por acción y omisión en el genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra, así como por impunidad estructural (que ronda el 98-99%). También responsabiliza a los gobiernos de Estados Unidos por exportar ideologías represivas y apoyar el paramilitarismo, y a empresas nacionales y transnacionales por beneficiarse y participar en estas violaciones.
El fallo incluye recomendaciones urgentes: aplicar integralmente los Acuerdos de Paz de 2016, desmontar el paramilitarismo, restituir tierras, cesar la criminalización de la protesta, respetar las sentencias del Sistema Interamericano y garantizar reparaciones. Finalmente, reconoce la resiliencia de las organizaciones sociales víctimas de este genocidio continuado.
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