Resumen
El documento analiza las apuestas de la Conferencia de Medellín (1968) en el movimiento de derechos humanos en Colombia, situándolas en un largo desencuentro histórico entre el cristianismo institucional y la defensa de los derechos humanos. Ese desencuentro se estructura en tres estratos: la violación de derechos fundamentales durante la Inquisición y las Cruzadas; la negación de los derechos civiles y políticos desde la Revolución Francesa hasta finales del siglo XIX; y la respuesta a los derechos económicos y sociales a través de una Doctrina Social de la Iglesia que defendía la propiedad, rechazaba el igualitarismo y promovía la armonía de clases. Además, se señala la negación de los derechos de los pueblos durante la conquista de América, avalada por bulas papales.
El anticomunismo eclesiástico, que se extendió desde Pío IX hasta Pío XII, sirvió de sustento ideológico para que gobiernos opresores reprimieran movimientos populares, como se reflejó en Colombia con el Acto Legislativo 6 de 1954. Este ciclo solo comenzó a cambiar con Juan XXIII y el Concilio Vaticano II, que incorporaron las declaraciones de derechos humanos de la ONU.
Medellín representó un giro al adoptar el método “ver/juzgar/actuar”, leyendo la realidad latinoamericana con categorías teológicas y cuestionando el desarrollismo, aunque con cierta ambigüedad. Su contexto político fue marcado por dictaduras militares en casi toda América Latina, respaldadas por la Doctrina de Seguridad Nacional, y por la proliferación de movimientos insurgentes.
Tras Medellín, surgieron numerosos grupos sacerdotales comprometidos con la justicia social, como Sacerdotes para el Tercer Mundo, Golconda en Colombia y Cristianos por el Socialismo en Chile. Estos movimientos, junto con la creciente represión contra religiosos y laicos, sentaron las bases para la Teología de la Liberación. En Colombia, el uso del lenguaje de los derechos humanos comenzó a articularse a partir de 1976, enfrentando inicialmente la estigmatización estatal.
En las décadas de 1980 y 1990, surgieron iniciativas como los informes “Nunca Más” en varios países, que buscaban verdad, justicia y reparación para las víctimas de las dictaduras. Paralelamente, instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos (1976) y el Tribunal Permanente de los Pueblos permitieron denunciar violaciones colectivas y construir una jurisprudencia ético-política alternativa.
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