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  La práctica del Genocidio en Colombia

Martes 23 de noviembre de 2004, por Javier Giraldo M. , S.J.

La práctica del Genocidio en Colombia

Colombia vive desde hace varias décadas una crisis profunda de derechos humanos, solo recientemente reconocida por los organismos inter-estatales y por muchas otras instancias internacionales.

La circunstancia de que esta realidad esté atrevesada por un conflicto armado interno, fruto de esa misma situación, hace que las estadísticas, las lecturas de la realidad y las propuestas de solución a la crisis, estén siempre, al menos en alguna medida, influenciadas por las posiciones que se asumen frente a un conflicto que hoy día tiene desgarrada y polarizada a toda la sociedad.

Dentro de un elevado record de muertes violentas que bordea los 80 casos anuales por cada cien mil habitantes, las muertes violentas y desapariciones forzadas más estrechamente relacionadas con el conflicto social y político tuvieron un promedio de 3.300 casos anuales en la década que va de 1988 a 1997, de acuerdo a lo registrado en un Banco de Datos de dos instituciones en las cuales he trabajado, y donde se ha tenido clara conciencia de que un elevado número de casos queda fuera de registro, dada la cantidad de regiones en las cuales múltiples dificultades han impedido el recaudo de datos.

Los últimos años, en lugar de un descenso en las cifras, revelan preocupantes incrementos. En el año 2000 fueron perpetradas más de dos mil ejecuciones extrajudiciales, 450 desapariciones forzadas, 2250 asesinatos por móviles políticos cuyos autores, al menos genéricos, no han sido aún identificados y 1800 muertes en el curso de enfrentamientos armados. Así, pues, más de 6000 vidas humanas fueron violentamente destruidas en el año 2000, en estrecha relación con el conflicto socio-político. No cuento aquí, por supuesto, los casos de delincuencia común, ni de otras formas de violencia que tienen una relación más mediada o indirecta con el conflicto socio-político.

En la medida en que esta tragedia ha ido involucrando a más capas de la sociedad, se han ido multiplicando las organizaciones que ensayan lecturas de la misma con miras a detener de alguna manera el baño de sangre. Seguramente muchos de los presentes se han familiarizado ya con una u otra de la múltiples interpretaciones y estrategias de paz para Colombia que hoy día se disputan la solidaridad internacional.

Hay lecturas ingenuas; hay lecturas institucionales; hay lecturas que evitan intencionalmente enfrentar factores socio-económicos y políticos, como ciertas leyes del mercado mundial y formas de heterodeterminación política de los pueblos, a las que no se soporta que sea atribuido ningún grado de culpa en los conflictos armados.
He querido llamar la atención sobre esta pluralidad de lecturas y estrategias, porque estoy convencido de que entender la tragedia humanitaria de Colombia no es fácil. Hay quienes la presentan como un mero subproducto del conflicto armado que nos afecta desde hace más de tres décadas, durante las cuales se han desarrollado movimientos insurgentes que no han cesado de crecer y de radicalizarse. Hay quienes la presentan como un conflicto tri-partito, donde dos polos armados de signo contrario y simétricamente perversos se ensañan contra la población civil ante la mirada impotente de un Estado legítimo pero débil que no logra contenerlos. Hay quienes la presentan como un subproducto de la empresa de los narcóticos, que habría potenciado las finanzas de estructuras armadas de izquierda y de derecha, exacerbando una disputa territorial entre las mismas.

Mientras otros paises latinoamericanos vivieron crisis humanitarias profundas en los años setentas y ochentas, acompañadas de brutales baños de sangre, en la mayoría de ellos esto tuvo una expresión institucional en las dictaduras militares de “Seguridad Nacional”, expresión que concentró la barbarie en períodos más restringidos. Entre tanto Colombia entró en el juego con otra apariencia y otro ritmo, aunque con unos mismos propósitos: mantener intocables los mecanismos de dominación económica, política y cultural.

Estas características peculiares influyen sin duda en la selección de marcos de lectura de la tragedia, que hacen de puente entre la realidad y las categorías del Derecho Internacional. En efecto, para hablar de Genocidio hay necesidad de identificar al sujeto activo y al sujeto pasivo del crimen, y esto no puede hacerse sin discernir lo que está en juego en el conflicto y los marcos teóricos y prácticos dentro de los cuales el sujeto activo lee, estigmatiza y destruye al sujeto pasivo.

El baño de sangre que afecta a Colombia podría leerse, en términos gruesos y poco rigurosos, como un genocidio, o como una confluencia un poco caótica de prácticas genocidas. Sin embargo, esta calificación dejaría en un mar de ambigüedades los perfiles del sujeto activo y del sujeto pasivo del crimen.

En estos pocos minutos yo quisiera avanzar grandes líneas de un análisis más específico de la práctica del Genocidio en Colombia, a la luz del Derecho Internacional Convencional y de la jurisprudencia emanada de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas.

Mi afirmación central es ésta:

Ciertas líneas permanentes de la estrategia política del Estado colombiano durante los últimos 40 años, han creado un marco ideológico, político e institucional generador de prácticas genocidas del Estado.

Cuando determinados agentes del Estado, identificados con esos principios y amparados en los mecanismos institucionales de acción, omisión e impunidad, arraigados y afianzados en la misma tradición del Estado, han diseñado y ejecutado estrategias represivas contra determinadas franjas de la población civil, se ha tipificado perfectamente el crimen de Genocidio.

Esto ha ocurrido numerosas veces en Colombia durante los últimos 40 años.

La Convención de 1948 define la esencia del Genocidio como la voluntad de destruir, total o parcialmente, un grupo humano. La Declaración de la Asamblea General del 11 de diciembre de 1946 incluía, en la descripción del Genocidio, como sujetos pasivos, a “grupos raciales, religiosos o políticos”, a manera de ejemplo. La Convención del 48 englobó a las colectividades humanas que podían ser sujeto pasivo de este crimen, en grupos “nacionales, étnicos, raciales y religiosos” (art. 2).

Me parece importante destacar la interpretación que hace sobre el elemento decisivo del Genocidio el Relator Especial para el Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, en su IV Informe, de marzo de 1986. Allí afirma: “Si el genocidio se considera desde el punto de vista del número de víctimas, la cuestión es determinar la diferencia entre el genocidio y los demás actos inhumanos. A juicio de algunos autores, no existe diferencia entre el genocidio y los demás crímenes contra la humanidad. Según Stephan Glaser, “aparece indudable que la intención de los autores tanto de la Convención sobre el Genocidio como del Proyecto de Código era la de reconocer como consumado el Genocidio aún en el caso en que el acto (homicidio, etc.) hubiere sido cometido respecto de un solo miembro de un grupo determinado, con la intención de destruirlo “total o parcialmente”. A su juicio, “lo decisivo para la noción de Genocidio es la intención”. (Doc. A/CN.4/398, 11 de marzo de 1986).

Igual concepto emite el Secretario General de la ONU en su carta al Presidente del Consejo de Seguridad del 24 de mayo de 1994 (Doc. S/1994/674, mayo 27 de 1994): “Lo que hace que los crímenes de asesinatos en masa y los crímenes de lesa humanidad constituyan Genocidio es el elemento de la intención de destruir total o parcialmente a un grupo determinado. Para constituir Genocidio conforme a las disposiciones de la Convención, los crímenes contra un número de personas deben estar dirigidos a su colectividad o a esas personas en su carácter o capacidad colectiva. Ello puede deducirse de las palabras “como tal” que aparecen en el artículo II de la Convención.” (parr. 97)

También es importante preguntarse cómo se entiende la especificidad de los grupos humanos que pueden ser sujetos pasivos del crimen de Genocidio según la Convención. El Relator Especial para el Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, en el mismo IV Informe ya citado, afirma: “Es claro que estos conceptos, aunque convergentes hasta cierto punto, no coincidan exactamente (...) Un grupo nacional abarca con frecuencia diversos grupos étnicos (...) El concepto de nación no coincide con el grupo étnico y se caracteriza por la voluntad de vivir en común, un ideal común, un objetivo común e inspiraciones comunes (...) El vínculo étnico posee en mayor grado un carácter cultural, se funda en los valores de la civilización, y se caracteriza por un estilo de vida, un modo de pensar, una concepción común de la vida y de las cosas; el grupo étnico se basa más profundamente en una cosmogonía. (...) Por el contrario, el elemento racial se refiere más típicamente a características físicas comunes” (o.c. parr. 58).

Si lo que caracteriza, pues, a un grupo nacional, son “ideales, objetivos e inspiraciones comunes que desarrollan una voluntad de vivir en común”, hay que preguntarse en qué ámbito se definen estas características. Creo que no habría duda en responder que es en el ámbito político-jurídico.

Las Constituciones Nacionales definen los perfiles de la nacionalidad al trazar el marco de relaciones entre los ciudadanos y el Estado; al definir los derechos y deberes de los ciudadanos y de los funcionarios; unas estructuras para el manejo de los recursos comunes y unas normas reguladores de la vida en común. Pero en la medida en que esas estructuras, marcos y normas, no sean aceptables para el conjunto de los cobijados por una misma Constitución nacional, o en la medida en que dicho marco institucional solo exprese y favorezca los intereses de algunos de ellos, o en la medida en que exista un abismo entre su formulación jurídica y su aplicación práctica, surgen, legítimamente, grupos que propenden por una expresión alternativa de la nacionalidad. Así, entonces, la nacionalidad se escinde en diversos GRUPOS NACIONALES .

Un grupo nacional no exige, para poder existir como tal, una estructura organizativa, como la exige un partido político, así como tampoco la exige un grupo racial, o étnico, o religioso. Basta compartir o identificarse en unos ideales, objetivos e inspiraciones comunes referidos a la vida en común como nación.

Un grupo nacional, finalmente, puede ser sujeto pasivo de Genocidio, ya sea cuando su identidad es construida desde las víctimas, mediante una real convergencia en ideales, objetivos e inspiraciones comunes para la vida como nación, ya sea cuando su identidad es construida desde los victimarios, suponiendo que determinadas franjas de la población representan ideales alternativos de vida en sociedad, a los que se pretende impedir su vigencia y desarrollo destruyendo la vida de quienes supuestamente la sustentan.

Con estas premisas jurisprudenciales, quiero referirme a lo que he llamado el marco generador de prácticas genocidas en el Estado colombiano.

Algunos documentos desclasificados del Pentágono que datan de 1962 evidencian que los Estados Unidos trazaron una estrategia represiva para Colombia, que fue aceptada e implementada por el Estado colombiano a través de las cuatro últimas décadas, centrada en la censura y exterminio de maneras de pensar que cuestionaran el modelo de economía y las estructuras políticas vigentes. En esos mismos documentos se impuso una estrategia paramilitar, consistente en la vinculación de poblaciones civiles como auxiliares en las actividades de la fuerza armada del Estado, así como prácticas represivas universalmente proscritas, tales como la tortura y la negación de garantías judiciales.

Numerosos instrumentos que sirven a esta estrategia han sido detectados a lo largo de estas cuatro décadas. Algunos han tratado de asumir formas legales; otros han mantenido una clandestinidad corporativa, como el conjunto de Manuales de Contrainsurgencia que han regido las prácticas represivas del Estado durante todas estas décadas y que por diversos medios han llegado a conocimiento de organizaciones cívicas.

En todos estos instrumentos se reconoce que la insurgencia armada hunde sus raíces en la falta de respuesta del Estado a las necesidades básicas de la población y, seguramente por ello, se asume como blanco principal de las estrategias de contrainsurgencia a la población civil que rodea, ya sea física o ideológicamente, a los focos de insurgencia. El conjunto de los manuales de contrainsurgencia considera que todas esas poblaciones deben ser objeto de intensivas estrategias de “inteligencia”, con el fin de detectar sus maneras de pensar, sus simpatías políticas, sus liderazgos y sus vulnerabilidades psicológicas; que deben ser sometidas a una estrategia de “guerra psicológica” descrita allí minucuiosamente; a hostigamientos permanentes que no reparen en la brutalidad de los medios, con la convicción de que los sufrimientos inflijidos a la población civil redundarán en la pérdida de oxígeno o de ámbito vital para la insurgencia, que se nutre del rechazo al modelo vigente de nacionalidad. El manual de contrainsurgencia de 1979 le asigna explícitamente a toda operación de guerra psicológica el objetivo de “crear unidad nacional” (pg. 176)

Pero estas prácticas también se han amparado en una doctrina más pública, la cual puede detectarse en numerosos discursos y escritos de las jerarquías castrenses. En una apretada síntesis de esa doctrina, se podría decir que su eje consiste en estigmatizar todas las actividades y estructuras organizativas de los sectores inconformes de la sociedad, como “fachadas”, o “brazos desarmados”, o “idiotas útiles” de la subversión armada.

Este es, en sus grandes líneas, el marco institucional generador de prácticas genocidas.

Cuando en determinados momentos de este período, o en determinadas regiones de Colombia, se han llevado a cabo procesos de exterminio de poblaciones civiles, mediante masacres, ejecuciones sistemáticas, desapariciones forzadas, bombardeos, desplazamientos masivos, amenazas y difusiòn de formas de terror colectivo que hacen inviable la persistencia de comunidades humanas, gracias a la combinación de la acción u omisión de agentes formales del Estado con la acción de sus agentes clandestinos, nos encontramos ante eventos en los cuales se pone en acción ese marco institucional generador de prácticas genocidas. Allí se tipifican los casos concretos de Genocidio.

Los perfiles del sujeto pasivo ayudan, en la mayoría de los casos, a individualizar los actos concretos de Genocidio. Se han dado procesos de destrucción de fuerzas políticas de oposición en su casi totalidad; se han dado casos de destrucción de organizaciones sindicales, indígenas, campesinas, cívicas y humanitarias, mediante el asesinato selectivo de sus dirigentes y el terror sembrado de manera general en su militancia; se han dado casos de destrucción de comunidades geográficamente cercanas a asentamientos insurgentes, que no se suman a las fuerzas estatales y paraestatales para combatirlos; se han dado casos de destrucción de grupos cívicos que canalizan protestas sociales y de grupos humanitarios que denuncian los horrores de la fuerza pública oficial o clandestina.

Para terminar, quisiera llamar la atención sobre una realidad que toca más a la investigación de las prácticas genocidas y, en general, de los crímenes de lesa humanidad. No es posible investigar el Genocidio si no se logra penetrar con cierta audacia a través de las capas de niebla que tratan de encubrirlo. Es necesario comprender la paradoja de que el genocidio se ha vuelto proporcionalmente más factible en la medida en que sus agentes directos e indirectos, sus cómplices, facilitadores y tolerantes, lo censuren con palabras y con formalidades legales de cara a la comunidad nacional e internacional. Su sustento probatorio no hay que buscarlo, pues, en órdenes escritas ni en instrumentos legales o discursos oficiales, ni en testimonios judiciles confeccionados con numerosos ingredientes de terror. Este principio hermenéutico lo expresó magistralmente Eduardo Galeano así:

“La historia latinoamericana es, desde hace cinco siglos, una historia del continuo desencuentro entre la realidad y las palabras. La verdad del mundo colonial latinoamericano no está en las enjundiosas y numerosas Leyes de Indias, sino en el cadalso y la picota, clavados al centro de cada plaza mayor. Después, la independencia de nuestros países no redujo la distancia entre la vida y la ficción jurídica. Al contrario, multiplicó esa distancia en extensión y en profundidad, hasta llegar al ancho y hondo abismo que en nuestros días se abre entre la realidad oficial y la realidad real. La realidad oficial sirve hoy, tanto o más que ayer, a la necesidad de exorcismo de la realidad real". [1]

Javier Giraldo M, S. J.
Ponencia en el Primer Congreso Internacional sobre Derechos Humanos y Principio de Justicia Universal, Madrid, España, marzo 1 a 3 de 2001- Publicada en el libro “El Principio de Justicia Universal”, Editorial COLEX, Madrid, 2001, ISBN 84-7879-707-6-

Notes :

[1- Discurso en la clausura del III Encuentro de la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, París, 6 de diciembre de 1987.

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