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El Paramilitarismo en Colombia, ayer y hoy

Miércoles 19 de marzo de 2003, por Javier Giraldo M. , S.J.

En lugar de comenzar por el “ayer” del paramilitarismo, prefiero hacerlo por el “hoy” y avanzar luego hacia sus orígenes y desarrollo.

Hay fenómenos y hechos inquietantes, en el mundo y en Colombia, que se relacionan con el paramilitarismo y nos muestran el papel que está jugando como estrategia en los conflictos armados.

A nivel internacional quiero mencionar el artículo de Leslie Wayne, aparecido en la primera página de la sección de negocios del New York Times, del 13 de octubre de 2002, bajo el título “Ejército Secreto Americano con Ánimo de Lucro”. Poco después, en la edición de la revista Semana, del 11 de noviembre de 2002, se publicó la síntesis de una investigación similar realizada por un Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores, bajo el título “La Guerra Privatizada”. Entre los datos que estos dos escritos aportan están éstos:

  • Está en pleno auge una versión moderna de una práctica tan antigua como la guerra misma, como es la de los mercenarios, ahora llamados Contratistas Militares Privados. Es la cara rentable de la guerra. Se agrupan en empresas, la mayoría de las veces organizadas por militares retirados de alta graduación, ofreciendo suplir muchas actividades militares, como entrenamientos en sitios candentes; apoyo logístico; mantenimiento de equipo bélico; estudios de seguridad, etc. Han actuado en Kuwait, Afganistán, Bosnia, Macedonia, Nigeria, Colombia etc.
  • Se mencionan 90 empresas de éstas, con sede en 15 países y operaciones en 110. Algunas de las que tienen sede en los Estados Unidos (alrededor de 24) han suscrito 3061 contratos con el Departamento de Defensa desde 1994, por valor de 300.000 millones de dólares. Algunas acaparan el mayor número de contratos, como la Kelloge Brown & Root, en la cual ocupa un alto cargo el actual Vicepresidente de USA. La MPRI (Military Professional Ressources Inc.) se ufana de tener más generales por metro cuadrado que el Pentágono. Varias de ellas operan en Colombia, como la DynCorp y la Northrop Grumman. El mercado global de seguridad internacional ha tenido un crecimiento progresivo, que está proyectado desde 55.600 millones de dólares en 1990 a 202.000 millones en 2010, pero los sucesos del 11 de septiembre de 2001 dispararon tales proyecciones y hubo empresas que en el 2002 multiplicaron sus ingresos por 31. Los militares retirados que trabajan, por ejemplo, en la MPRI, ganan un salario equivalente a entre el doble y el triple de lo que ganaban en el Pentágono.
  • Estas empresas necesitan obtener un permiso del gobierno federal para entrar en el negocio, pero el gobierno las utiliza para fines bélicos allí donde normas o tratados le impiden actuar abiertamente al Pentágono. Por ejemplo, el Congreso impuso un tope de 20.000 a la presencia de soldados americanos en Bosnia, pero el Gobierno burló ese tope con 2000 contratistas privados. Otras veces los contratistas sirven para realizar tareas que política o éticamente serían inaceptables, como incentivar conflictos étnicos, o revivir la “guerra fría”, o entrenar en métodos de guerra sucia. Así, por ejemplo, la MPRI entrenó a los militares croatas que participaron en la operación “Tormenta” que se hizo responsable del desplazamiento de más de cien mil serbios y perpetró numerosos crímenes de guerra, pero aunque los militares croatas fueron llevados al Tribunal de La Haya para la ex Yugoslavia, los contratistas de la MPRI ni fueron mencionados en los procesos. Posteriormente, las autoridades de Bosnia se negaban a firmar los Acuerdos de Paz de Dayton por temor a que su ejército estuviera mal equipado y entrenado, entonces exigieron que su ejército fuera entrenado por los mismos que entrenaron a los croatas (la MPRI), cuyos servicios fueron pagados por las naciones musulmanas más ricas, aportes que fueron depositados en la Tesorería de los Estados Unidos. El Gobierno de USA logró, así, que otros pagaran por lo que él quería hacer en Bosnia.
  • Todo esto no ha dejado de levantar críticas e interrogantes que inquietan a algunos congresistas de USA. Esos contratistas cumplen funciones fundamentales para el combate en tiempos de guerra, pero no son soldados, lo que implica que no están obligados a obediencia militar ni tienen que respetar ningún código, ni están sujetos a ninguna justicia militar; su compromiso es con el empleador o contratante y ni siquiera con el gobierno de USA. Esto facilita que violen pactos internacionales, como ocurrió cuando la ONU impuso embargo de armas a los Balcanes, momento en el cual la MPRI entrenó sin problemas y suministró material bélico a los militares croatas. Se alega que no son mercenarios, pues no participan en los combates, pero su apoyo al combate es tan cercano y fundamental en muchos aspectos (logísticos, de mantenimiento, de monitoreo, etc) que es difícil no considerarlos combatientes. El desprestigio que implica el calificativo de mercenarios, ha hecho que muchas de estas empresas abran frentes de trabajo no bélicos, simultáneamente, como construcción de viviendas y otros, para camuflar sus tareas bélicas.
  • A juicio de algunos congresistas de USA, los contribuyentes norteamericanos ya se están mostrando renuentes a pagar más soldados, pero también empiezan a tomar conciencia de que, fuera de pagar 300.000 millones al año para financiar el ejército más poderoso del mundo, ahora tienen que financiar (vía contratos del Departamento de Defensa) otro ejército clandestino privado que quizás lo que pretende es evitar el escrutinio público.
    Todo da a entender que el gobierno de USA ha optado claramente, en su estrategia militar hacia fuera, por desdibujar lo más posible la línea de demarcación entre lo militar y lo civil, haciendo de la guerra un gran negocio lucrativo. Hay que recordar que el artículo 47 del Protocolo I a los Convenios de Ginebra, proscribe los mercenarios, definidos como personas contratadas por un país distinto al suyo para intervenir en un conflicto armado, bajo motivación de lucro.

Coyuntura del actual gobierno colombiano

Ahora miremos lo que ocurre en la coyuntura nacional:

  • Hay antecedentes preocupantes del actual Jefe del Estado que no han sido debidamente investigados y que muestran un compromiso personal con la estrategia paramilitar, como el caso de la hacienda “Guacharacas” (San Roque, Antioquia) y el caso de la hacienda “La Mundial” (Maceo, Ant.). En el primer caso existen testimonios rendidos ante la justicia, según los cuales, en dicha hacienda de su propiedad operaba una fuerte estructura paramilitar que perpetró muchos crímenes. Respecto al segundo caso, un comunicado del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Antioquia, del 2 de abril de 2002, da cuenta de la persecución a 50 familias de esa hacienda, luego de que el actual Presidente Uribe la “entregara” a los trabajadores, con saldo de 12 muertos o desaparecidos. También hay que tener en cuenta el apoyo que el Presidente Uribe le dio a las cooperativas CONVIVIR, particularmente en Urabá, cuando era Gobernador de Antioquia. Según testimonios de un jefe regional de Inteligencia de la Policía de Urabá (SIJIN), las Convivir estaban estrechamente ligadas a la estrategia paramilitar. Su amistad personal y estrecha con el Gral. ® Rito Alejo Del Río parece confirmar todo esto, especialmente si se tiene en cuenta que el 29 de abril de 1999 el Dr. Uribe fue el oferente del homenaje en el Hotel Tequendama al General Del Río, cuando éste fue destituido de su cargo en el Ejército a causa de sus compromisos con el paramilitarismo.
  • La presencia de parlamentarios comprometidos con el paramilitarismo en el actual Congreso es un hecho reconocido. Públicamente lo reportó Salvatore Mancuso a la prensa, casi como un “parte de guerra”, el 10 de marzo de 2002 via internet (El Tiempo, 17.03.02, pg. 1-14), afirmando que habían superado el 35%. El Ministro del Interior de entonces, Armando Estrada Villa, no lo negó sino que lo confirmó (El Colombiano, 24.04.02, 8 A: “el análisis de esas personas, su votación y los sitios donde fueron elegidos, por ser sitios de influencia paramilitar, se llega a la conclusión de que los paramilitares ordenaron votar por ellos o llegaron a acuerdos para que éstos presionaran a las comunidades para que votaran por determinados nombres”. Hubo denuncias muy preocupantes sobre la presiones que ejercieron los paramilitares en ciertas regiones, que no fueron investigadas. Pero el solo análisis de las tendencias ideológicas de las mayorías parlamentarias que se expresan en la aprobación de las leyes, es suficiente para constatar allí un pensamiento muy cercano, en lo económico, lo social y las concepciones del orden público, al que proclaman los paramilitares.
  • Las decisiones gruesas que este gobierno ha tomado en el terreno de la paz o la negociación con grupos armados son muy significativas: mantener cerrados los espacios de negociación con la insurgencia y abrir espacios de negociación con los paramilitares, y esto último no con actitudes de escucha o receptividad de propuestas, sino adelantándose a tomar medidas legislativas que faciliten o aceleren el proceso: la supresión del estatus político para poder negociar (Ley 782 que modifica la 418 de 1997, prorrogada por la 548 de 1999); o adelantando las figuras del indulto y otras para los “desmovilizados”, entre los cuales se incluye ya explícitamente a las “autodefensas” (Decrero 128 del 20 de enero de 2003, art. 12 y 13).
  • En el documento de Propuesta de Paz de las AUC (El Colombiano, 29 de noviembre de 2002) hay un lenguaje muy poco cifrado que trae estos mensajes:

    • - “(El gobierno nacional nos ha pedido) que facilitemos los caminos para que el Estado colombiano se haga cargo de brindar protección y seguridad a todos los ciudadanos de las diferentes poblaciones y comunidades liberadas por nosotros del flagelo subversivo, y donde nos ha correspondido, hasta el presente, ejercer como autoridades de facto por la ausencia protectora de las fuerzas institucionales” ....
      “Manifestamos asimismo la imperiosa necesidad de que el Gobierno Nacional provea, a todas las poblaciones que han sido liberadas por las Autodefensas de la agresión e intimidación subversiva - y que a partir de esta declaración empezamos a entregar al Estado-, de todas las seguridades en cuanto a la defensa de las comunidades, sus vidas, sus libertades y sus propiedades

      - Entre las condiciones que ponen para la negociación son llamativas éstas: (4) “Si durante este cese de hostilidades, en algún momento la guerrilla vulnera los territorios en los que hasta la fecha hemos mantenido el control y nuestra acción armada, haremos uso del derecho de legítima defensa”. (5) “Un especial énfasis está puesto por las Autodefensas Unidas de Colombia en propiciar, a través de múltiples foros y debates, representativos e interdisciplinarios, la participación creativa y permanente de la sociedad civil en el estudio y expresión pública de los caminos de la reconciliación y de construcción de la paz, y de vínculos nuevos entre comunidades y Estado, en los distintos niveles y en las diferentes regiones”. (6) “Ha llegado el momento en el cual el Estado colombiano demuestre su capacidad y voluntad políticas para asumir de inmediato, sin dilaciones burocráticas y contando con nuestra participación cívica y democrática, la defensa y protección de las poblaciones y de los territorios, de la infraestructura productiva y de la inversión nacional y extranjera, que hemos defendido durante tantos años las Autodefensas Unidas de Colombia”. ... (9) “En este cese de hostilidades, y siempre que el Gobierno haya restablecido la institucionalidad en las regiones donde hemos reemplazado al Estado y actuado las Autodefensas como autoridades de facto, queremos contribuir con el retorno de las poblaciones que debieron desplazarse a raíz del conflicto armado, para lo cual invocamos la participación de ACNUR, cuyo conocimiento sobre la materia resulta imprescindible”.

    No es necesario forzar el lenguaje, ni siquiera hacer una lectura “entre líneas” para hacer síntesis como ésta: hay ahora un gobierno que les da confianza y que comparte sus concepciones de “democracia” y de “seguridad” y por eso se suman a su estrategia de paz y de seguridad. Hasta ahora se concebían como reemplazando a un Estado que no respondía a sus expectativas. Ahora quieren entregarle el poder de facto a ese Estado que por fin se ha hecho realidad. Pero conservan su poder militar para seguir combatiendo a la insurgencia, si ésta compite por el poder en las zonas que consideran liberadas “para el Estado y para ellas” (identificados en unos mismos objetivos). Exigen que se diseñen “nuevos vínculos entre comunidades y Estado y que el Estado asuma la defensa y protección de poblaciones, territorios, infraestructura productiva e inversiones nacionales y extranjeras, con participación de ellos. A esas comunidades así controladas (por el Estado y las Autodefensas en unidad de acción) harán retornar a los desplazados. (Cfr. artículo de Alfredo Rangel, “Negociar con paramilitares”, (El Tiempo, 06.12.02, pg. 1-17: “Hay un cálculo que es preciso desentrañar porque es el que moldea sus expectativas y condiciona su estrategia .. le apuestan al éxito de la política de seguridad del gobierno ... (si no se cumplen sus condiciones) “habrían obtenido un rédito muy valioso: haber sido reconocidos como un tercer actor en el conflicto armado interno .... esto pagaría con creces el costo de haber declarado una tregua unilateral”.
  • Otro elemento de la coyuntura nacional es la situación de compromiso de la Fiscalía con el paramilitarismo. El 17 de septiembre de 2002, Richard Maok Riaño, quien había trabajado durante 2 años y 4 meses en la Fiscalía como asistente administrativo grado III en el CTI (1999 a 2002), presentó un informe que demuestra la existencia de 54 interconexiones entre números telefónicos de empleados de la Fiscalía y líderes paramilitares de diversas regiones del país. También descubrió conexiones entre paramilitares y miembros del Ejército, de la Policía, del DAS y del Parlamento. El Fiscal lo destituyó, hizo allanar su casa y lo sometió a investigaciones, cuando se enteró de sus descubrimientos. Cuando dicho investigador se vio asediado por amenazas de toda índole, tuvo que salir del país. Pero las actuaciones concretas de la Fiscalía concuerdan con estos hallazgos. La exoneración de líderes paramilitares y de grandes promotores del paramilitarismo, como Carranza, el ex Ministro Carlos A. Marulanda, los generales Del Río, Millán, Uscátegui; la no apertura de investigaciones en numerosísimos casos que involucran a militares y paramilitares. Por el contrario, la facilidad y arbitrariedad con que se abren procesos contra líderes populares con testimonios montados. (Ver también informe de HRW del 8 de noviembre/02 (El Tiempo, 09.11.02, pg. 1-18: 26 funcionarios removidos o que renunciaron desde llegada de Osorio, por presiones contra su autonomía investigativa).
  • Pero quizás el elemento central de la coyuntura es la estructuración de la política de “seguridad democrática” del actual gobierno, con sus diversos componentes: las redes de informantes; las redes de cooperantes; los soldados campesinos; la vinculación de las empresas de seguridad privada a la estrategia; las zonas de rehabilitación; las recompensas monetarias.
  • Son estrategias todas que ya están funcionando y se han publicitado intensamente con el afán de dar sensación de efectividad:

    • - Se ha visto por la televisión a generales del Ejército y de la Policía entregándole fajos enormes de billetes a supuestos informantes encapuchados. El 8 de octubre de 2002 algunos medios informaron que en dos meses la Policía había entregado 186.000 millones en recompensas (El Nuevo Siglo, 08.10.02, pg. 11 A). Días después corrigieron diciendo que eran 186 millones, que no es poco.

      - Se vio al Presidente, al día siguiente de su posesión, inaugurando las red de informantes del Cesar, supuestamente compuesta por 1220 informantes; allí anunció como “cuota inicial” del millón de informantes que prometió en su campaña, comenzar con 100.000, los cuales tendrían un salario de 309.000,oo mensuales. La Ministra de Defensa descartó por el momento darles armas, pues recordó que las CONVIVIR mientras existieron consumían 31.800 millones anuales en armas, fuera de los gastos de comunicación, capacitación y personales. Esa inauguración dio pié para que la Policía revelara y le hiciera publicidad a los “Frentes de Seguridad” que había venido promoviendo desde los 90s: en Bogotá habría 6.667 frentes con 70.129 personas y en Medellín 694 (1134 en el Valle de Aburrá).

      - El 27 de diciembre el Presidente firmó el Decreto 3222 que integra a las empresas de vigilancia privada a la estrategia de seguridad. Las obliga a colaborar con la fuerza pública suministrando información y poniendo a su disposición todos los recursos técnicos y sus bases de datos. Se trata de 4.200 empresas registradas, con 160.000 trabajadores, que según la Contraloría Delegada para la Defensa, Justicia y Seguridad, le generan a los particulares 3.5 billones anuales, la mayoría de ellas gerenciadas por militares en retiro. (El Espectador, 11.08.02, pg. 5 A; El Tiempo, 29.12.02, pg. 1-14)

      - En los últimos días diversos medios le han dado despliegue informativo a la instalación de contingentes de Soldados Campesinos, entrenados por 3 meses en las instalaciones de diversas brigadas. El 1° de marzo se incorporaron otros 10.116 de ellos que corresponden a una “segunda fase”, mientras los 5.416 de la primera fase se distribuían en 133 poblaciones (El Colombiano, 06.03.03, pg. 12 A). En Cundinamarca, el mismo 1° de marzo terminaron su formación 648 y se distribuyeron en 18 poblaciones (El Tiempo- Cundinamarca, 01.03.03, pg. 3). Esperan para este semestre llegar a 1500 para reforzar la seguridad de 41 poblaciones, pero el plan involucra a 59. En Santander 1188 se distribuyeron en 33 poblaciones (El Tiempo, 06.03.03, pg. 1-12). En Urabá se distribuyeron 181 en 5 municipios.

      - Como todo esto demanda ciertas plataformas económicas y legales, el Gobierno se ha movido a crearlas por la vía de la “Conmoción interior” y de otras iniciativas legislativas como el Referéndum, la reforma política y las reformas económicas (tributaria, pensional, laboral, el impuesto para la seguridad [Decreto 1838/02 del 11 de agosto, del 1.2% sobre patrimonio líquido]). Entre estas plataformas podrían situarse también las relaciones con el gobierno USA: su ayuda militar y económica; su intervención directa en la política anti-drogas y contrainsurgente; la presencia de asesores militares y el marco de sus operaciones. En este marco hay que leer las contraprestaciones que USA le ha exigido al gobierno colombiano: posición frente al ALCA (bochornoso incidente del Minagricultura en reunión de ministros andinos, en - Lima, el 7 de octubre/02; Cfr. El Tiempo, 30.10.02, pg. 1-2), blindaje a militares norteamericanos frente a la CPI (encontrando una salida en un tratado firmado en 1962 que ofrecía inmunidad diplomática para todos los cooperantes de misiones técnicas de USA); servicios en el Consejo de Seguridad de la ONU (pasarle el informe de los técnicos sobre Iraq primero al gobierno USA, antes que al Consejo de Seguridad) ; invertir ayuda económica y militar prioritariamente en defensa del oleoducto Caño Limón- Coveñas y en intereses de empresas petroleras norteamericanas (cfr. conceptos de agencia STRATFOR, El Tiempo, 30.10.02, pg. 1-10) hasta el apoyo a la guerra en Iraq.
  • El dinero para la guerra no tiene destino tan claro. La expectativa de recaudo fue de 2 billones (con impuesto del 1.2% al patrimonio líquido), pero el 60% fue a cubrir faltantes en el presupuesto de Defensa de 2002 y 2003. Cerca del 10% (94.000 millones) se destinó a pagar seguros para transporte público, protección de alcaldes y otros, o como reforzamiento de la Procuraduría y la Fiscalía. El otro 30% (700.000 millones se asignaron al plan de choque: aumento de fuerza pública; mantenimiento de aeronaves militares (solo estaban en capacidad de volar el 35%); consolidar 3 cuerpos especiales: fuerza élite para operativos de caza de jefes guerrilleros; fuerzas de despliegue rápido (Fudras); soldados campesinos (15.000 en marzo y progresar hasta 100.000). Más dinero no es más eficiencia: desde 1985 hasta el 2001 los gastos del sector defensa pasaron del 9.8 al 14% del presupuesto. Hay presión de USA para aumentar el gasto en el sector. La Contraloría, por el contrario, lo considera demasiado alto, en comparación con los países de A.L. y frente a la economía del país. En 2002 el presupuesto del sector fue de 8.6 billones (4 puntos del PIB). Un 84% se destinó a gastos de funcionamiento [pagos de nómina, pensiones, costos logísticos y mantenimiento y pertrechos; solo en pensiones se va el 16% del gasto total, pues el pasivo pensional llega a 34 billones] y solo un 11% a inversión.) sin contar los dineros del Plan Colombia.
  • Finalmente, muchos nombramientos de esta administración, para altos puestos, cayeron en personajes con trayectorias de compromiso o simpatías no ocultas por el paramilitarismo.

El cruce de todos estos elementos nos permiten trazar un perfil del modelo de Estado y de Gobierno que están puestos en juego. Fluye como conclusión que la esencia del paramilitarismo, que es la difuminación de las fronteras entre lo civil y lo militar, tanto desde la institucionalidad del Estado como desde la sociedad civil, se convierte en el eje estratégico. Su cometido central es encontrarle una salida rápida al conflicto armado por la vía militar, no por la vía política; tratando de eliminar los efectos, no las causas del conflicto. Para ello fuerza a los más amplios sectores de la sociedad a que se conviertan en fuerzas auxiliares del estamento armado, el cual llega a ser el eje la estrategia. Dentro de ese modelo, los paramilitares, que han sido precisamente eso: esa franja de la población que asume un carácter militar no formal, penetrando en espacios e incursionando en tipos de acciones donde la fuerza pública no puede aventurarse sin graves problemas legales, se convierten en una especie de “modelo” o de “ideal” que merece un reconocimiento legal. Su paso a la legalidad (por múltiples pasillos: comenzando por el reconocimiento de estatus político; el indulto; la vinculación a los nuevos espacios armados legales; la vinculación a proyectos sociales creados para la ocasión [en Urabá se habla ya de “Aldeas Comunitarias”], hasta la nominación de sus líderes como Congresistas (Ley 782).

De dónde viene y qué es el Paramilitarismo?

A) Fuentes documentales de una política de Estado con sus pretensiones legales:

  • [a.1.] 26.02.62 Informe de visita de Escuela de Guerra Especial de Fort Bragg (Carolina del Norte), dirigida por el Gral. Yarborough, director de investigaciones de dicha Escuela, con un Suplemento Secreto: “Desarrollar una estructura cívico militar que se use si el sistema de seguridad interna de Colombia se deteriore más” ... “se usará para presionar los cambios que sabemos, que se van a necesitar para poner en marcha funciones de contra-agentes, contra-propaganda, y en la medida en que sea necesario, para impulsar sabotajes y/o actividades terroristas paramilitares contra los conocidos partidarios del comunismo”. Recomendaciones: registro de toda la población civil, con huellas y fotos; uso de sodio, pentotal y polígrafos para arrancar información a pedazos.
  • [a.2.] 30.09.62 - Sale edición de Manual FM-31-15 del ejército USA traducido como “Operaciones contra las Fuerzas Irregulares”: “Para disminuir el requerimiento de unidades militares, se ha visto que es de gran ayuda el empleo de policía civil, de unidades semi-militares y de individuos de la localidad que sean simpatizantes de la causa amiga” ... “Cuando la política y la situación lo permiten, los individuos de la localidad de ambos sexos que han tenido experiencia o entrenamiento como soldados, policías o guerrilleros, deben ser organizados dentro de la policía auxiliar y dentro de las unidades de voluntarios de cada ciudad. Aquellos que no posean tal experiencia pueden emplearse individualmente como trabajadores, informantes, agentes de propaganda, guardias, guías, rastreadores, intérpretes y traductores” ... “Las fuerzas civiles usualmente neceéistan ayuda y apoyo de las fuerzas militares. La asistencia es normalmente necesaria en una capacidad de consejo para la organización, el entrenamiento y el planeamiento de operaciones. El apoyo es normalmente necesario en el abastecimiento de armas, munición, alimentos, transporte y equipos de comunicaciones” (Llaman a los civiles así organizados: “unidades amigas de guerrilleros”) Este manual, según nota introductoria del Comando del Ej. Es “para la preparación e instrucción de los miembros de la Fuerza”.
  • [30.01.63] El Ejército publica el No. 12 de su Biblioteca: “La Guerra Moderna” del francés Roger Trinquier: “La organización y el control de la población de las ciudades y de las ciudades sedes de puestos (militares) permitirá obligar a participar a una parte importante de los habitantes en su propia defensa”. Trae muchos elementos doctrinales sobre lo que es la Guerra Moderna, donde la población civil está en el corazón de la guerra.
  • [24.12.65] Decr. 3398 que reorganiza la defensa nacional. Entre los considerandos, está el 5°: “los compromisos que el país tiene contraídos en el campo internacional requieren la adopción y ejecución de medidas que fortalezcan su seguridad”- Art. 25 “Todos los colombianos, hombres y mujeres, no comprendidos en el llamamiento al servicio militar obligatorio, podrán ser utilizados por el gobierno en actividades y trabajos con los cuales contribuyan al restablecimiento de la normalidad” - Art. 33, par. 3°: “El Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de sus comandos autorizados, podrá amparar, cuando lo estime conveniente, como de propiedad particular, armas que estén consideradas como de uso privativo de las Fuerzas Armadas”.
  • [09.04.69] Es sancionada la Resolución 005 de 1969 por el Comandante General de las Fuerza Militares, aprobando el Reglamento de Combate de Contraguerrillas (Sigla EJC.3-10 Reservado). No. 183: “Objetivos de las operaciones de organización de la población civil: a) organizar en forma militar a la población civil para que se proteja contra la acción de las guerrillas y apoye la ejecución de operaciones de combate” .... Métodos (de organización), No. 184: o como Defensa Civil, o como Junta de Autodefensa. No. 185: “La Junta de Autodefensa es una organización de tipo militar que se hace con personal civil seleccionado de la zona de combate, que se entrena y equipa para desarrollar acciones contra grupos de guerrilleros que amenazan el área o para operar en coordinación con tropas de acciones de combate”. Páginas siguientes regulan su coordinación con el Ejército, el apoyo con armas, municiones, entrenamientos etc. No. 185, 6: “pueden ser utilizadas en operaciones de control, registro y destrucción, para lo cual se pueden dotar de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares por el tiempo que dure la acción”.
  • [31.12.79] Aparece, impreso por la Ayudantía General del Comando del Ejército, el libro “Instrucciones Generales para Operaciones de Contraguerrillas”. Cap. IV, Sección C, No. 53 que contiene “Transcripción de Disposiciones del Comando del Ejército sobre entrenamiento y operaciones” : “Organización de grupos de autodefensa a nivel caserío y veredas con el fin de que los habitantes del área contribuyan en forma activa a la lucha” (pg. 81). Los capítulos de operaciones, de guerra psicológica y de propaganda, muestran cómo el blanco principal de la guerra es la población civil (además de su involucramiento en la misma lucha como autodefensas) y cómo los mismos militares deben camuflarse para hacerse pasar por población civil o por guerrilleros para engañar a la población y manipularla.
  • [12.11.87] Es aprobado por el Comandante General de las Fuerzas Militares (Gr. Oscar Botero) el Reglamento de Combate de Contraguerrillas” (cod. EJC-3-10). En el No. 17 define la guerra así: “La guerra de contrainsurgencia, llamada también contra revolucionaria o anti subversiva, es aquella que lleva a cabo el gobierno apoyado por una gran porción de la población civil de un país, empleando acciones de tipo político, económico, psicológico, sociológico, militar y paramilitar contra fuerzas insurgentes para prevenir y eliminar el proceso revolucionario y garantizar que no vuelva a presentarse”. No. 83, b, 2 (Cap. VII) : “Los principales apoyos de combate en contraguerrilla son los siguientes: Artillería, Ingenieros, Inteligencia, Grupos de Guerra Psicológica, Transmisiones, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Policía Nacional y Juntas de Autodefensa”. No. 183 (Cap. X) “Objetivos de las operaciones de organización de la población civil: a) Organizar en forma militar a la población civil, para que se proteja contra la acción de las guerrillas y apoye la ejecución de operaciones de combate” (pg. 322).
  • [25.05.89] La Corte Suprema de Justicia emite sentencia declarando inconstitucional el párrafo 3 del art. 33 del Decreto 3398 de 1965 convertido en Ley 48 de 1968 y explica el art. 25. El 33, 3 se opone al principio del monopolio de las armas de guerra en cabeza del Gobierno “que es el responsable de mantener el orden público y de restabecerlo cuando esté turbado”, disposición que tiene también un sentido histórico de “superar graves conflictos que afectaron las relaciones civiles entre los colombianos y que ahora adquiere una renovada significación ante los problemas que suscitan las diversas formas de la actual violencia”. Explica el art. 25: “es solo el Gobierno nacional, obrando como tal, Presidente y Ministro de Defensa, el que puede, por medio de decreto, convocar a la movilización y utilizar a todos los colombianos en la tarea de restablecer la normalidad, cuando se presente una causa de guerra exterior, conmoción o calamidad pública”. La Corte añade que “la interpretación de estas normas ha llevado la confusión a algunos sectores de la opinión pública que pretenden que ellas puedan ser aprovechadas como una autorización legal para organizar grupos civiles armados (....) la actividad de estos grupos se ubica al margen de la Constitución y de las leyes”.

NOTA: En su confesión (nov./89) el ex oficial del Ejército y líder paramilitar Luis Antonio Meneses Báez (alias “Ariel Otero”) afirma que “Hasta comienzos de 1989, los contactos se hacían con el Estado Mayor del Ejército y actualmente se utilizan intermediarios”. Muestra que el paso a la ilegalidad explícita no lleva a desmontar los paramilitares sino a emplear formas de clandestinidad.

  • [13.12.94] El Presidente Samper expide un Comunicado en el cual regula los Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada, contemplados en el Decreto 356 del 11 de febrero de 1994, del Presidente Gaviria, dándoles el carácter de grupos de civiles armados, coordinados por el Ejército, y denominándolos CONVIVIR.
  • [07.11.97] La Corte Constitucional aprueba la Sentencia C-572/97 en la cual declara constitucionales las cooperativas CONVIVIR, restringiendo solamente el tipo de armas que pueden portar. Hacen salvamento de voto los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo y Vladimiro Naranjo.

Estructuras y Testigos-

Diversas confesiones que obran en expedientes judiciales permiten acceder a estructuras que revisten un carácter oficial y clandestino a la vez (esencia del paramilitarismo):

    1. LA TRIPLE A - Tanto las revelaciones hechas por un oficial y 3 suboficiales de Inteligencia Militar adscritos al Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano -BINCI- publicadas en el periódico mexicano EL DÍA, en su edición del 29 de noviembre de 1980, como las declaraciones rendidas en la Procuraduría por un suboficial de Inteligencia Militar los días 22 y 23 de enero de 1991, adicionadas con manuscritos suyos, destapan una estructura y una práctica paramilitar en el BINCI que se prolonga en la Brigada XX (de Inteligencia) que lo reemplaza.
      i La Carta publicada en El Día, de México, originalmente dirigida al Presidente de la República (Turbay), al Procurador, al Parlamento, a la OEA y a organismos de DD HH, revela quiénes participaron en la TRIPLE A (Acción Anticomunista Americana); qué atentados y crímenes perpetraron; cómo los planearon; quiénes asumieron las tareas concretas. Aparecen allí comprometidos oficiales que ocuparon u ocupan altos puestos de mando: los generales: Bedoya Piarrro, Ruiz Barrera, Cardona Orozco, Iván Ramírez Quintero, Mario Montoya Uribe (entonces Teniente) y muchos otros. También hay varios civiles y el Juez 3° de Instrucción Criminal Luis Eduardo López Zuluaga, quien “legalizaba” lo que se podía con órdenes “ex post facto”. Entre las actividades hay bombas en medios de comunicación, desapariciones y secuestros (el estudiante de Tunja Hernando Benítez; el estudiante de Bogotá Claudio Medina; amenazas a magistrados, abogados y periodistas; torturas (José Manuel Martínes Quiroz, líderes del M-19 en la Escuela de Comunicaciones de Facatativá, en unas cavernas).
      ii Las confesiones del Oficial Garzón dan acceso al asesinato del negociador del EPL Oscar William Calvo; a la desaparición de Nydia Erika Bautista, de varios líderes del Partido Comunista, atrapados al salir de la cárcel y desaparecidos, a la desaparición de Guillermo Marín y de Antonio Hernández (asesinado), de José Cuesta (chantaje), de Carlos Uribe y Amparo Tordecilla, interviniendo en muchos de estos casos el Comandante del BINCI y luego de la Brigada XX, Gral. Alvaro Hernán Velandia.

    2. EL MAS - Comienza con los volantes que lanza un helicóptero sobre Cali el 3 de diciembre de 1981 anunciando la constitución del MAS, supuestamente compuesto por 223 jefes de la mafia que habían formado un escuadrón de 2230 sicarios para ajusticiar a los secuestradores. En mayo/82 un joven capturado en Medellín es torturado en el B-2, pero cuando una comisión de búsqueda indaga por él, es trasladado a una casa particular que luego reconoce como la del caballista Fabio Ochoa. Así comienzan a revelarse los vínculos Ejército- MAS. Los atentados del MAS se multiplican en todo el país en 1982, hasta que el Presidente Betancur solicita al Procurador una investigación. En octubre/82, 8 jueces de instrucción acompañados por un amplio número de investigadores, realizan la investigación en 7 regiones. El 20 de febrero de 1983 el Procurador Carlos Jiménez Gómez revela públicamente los nombres de 163 personas participantes en el MAS, entre ellas 59 miembros activos de la fuerza pública. Las FF AA reaccionan airadamente y ofrecen un día de sueldo para la defensa de los acusados. El Mindefensa (Gral. Landazábal) lanza amenazas cifradas en la Revista de las FF AA interpretadas como anuncio de un golpe de Estado. Se le llama a calificar servicios, pero las investigaciones se paran: ningún proceso concluyó y no hubo sanciones.

    3. PUERTO BOYACÁ - El experimento paramilitar de Puerto Boyacá (1982-89) fue audaz y contó con todo el apoyo oficial. Fue promovido y dirigido por el Batallón Bárbula y su comandante el Cor. Luis Arcenio Bohóquez. Una fundación civil de terratenientes y ganaderos -ACDEGAM- le aseguró recursos financieros y proyectos civiles de proyección; un movimiento político legalizado difundió su ideología (MORENA - Movimiento de Renovación nacional); un periódico “Puerto Rojo” difundía su información y motivaciones e invitaba a adquirir las armas en la Brigada XIV de Puerto Berrío). Las confesiones de varios de sus gestores: el oficial del Ej. Luis Antonio Meneses Báez (nov./89); el ex concejal Diego Viáfara Salinas (mayo 10/88); el Mayor Oscar de Jesús Echandía Sánchez (1990) revelan la multitud de crímenes cometidos así como el apoyo de la más alta oficialidad del Ejército.

    4. LA RED 07 DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA NACIONAL - El Gral. Luis Eduardo Roca Maichel, Comandante Gral. de las FF MM, firmó en abril/91 la Directiva No. 200-05/91 que establece Redes de Inteligencia y reconoce que sigue recomendaciones hechas por una Comisión de Asesores de USA. En el lit. C.1.a. exige que todo accionar (estudio, selección, instrucción, entrenamiento, ubicación y organización) se haga “en forma cubierta”. El lit. C.1.b. pide que los cuadros sean integrados con civiles o militares retirados, con contactos clandestinos y pagos clandestinos. Los agentes deben tener una “fachada” o “historia ficticia” y los informantes no deben estar comprometidos laboralmente con el Ministerio de Defensa. Las confesiones que dos miembros de esa Red, Carlos David López Maquillón y Saulo Segura Palacio, hacen el 4 de enero/94 en el diario La Prensa y luego en juzgados (Juzgado Regional de Cúcuta, rad. 1953) revelan la cantidad de masacres, asesinatos, desapariciones y atentados contra miembros de organizaciones populares, principalmente en Barrancabermeja. Relatan con detalle 25 crímenes, muchos colectivos, que hicieron blanco en 50 víctimas de asesinato y 11 atentados. Dan nombres de oficiales del Batallón Nueva Granada que coordinaba con ellos sus acciones. Quien dirigía todo era el General Rodrigo Quiñónez.

    5. EL URABÁ DE LOS CASTAÑO Y DE LA BRIGADA XVII - el 4 de abril/90 un paramilitar entrenado en la Hacienda Las Tangas, de Valencia (Córdoba) hace impresionantes confesiones en el DAS. Destapa lo que había detrás de la masacre de Pueblo Bello (Turbo, enero/90), del asesinato del Padre Sergio Restrepo en Tierralta (jun./89) y de otros muchos crímenes. Luego de la “Operación Génesis” comandada por el Gral. Rito Alejo del Río, que forzó los éxodos masivos del Chocó (febrero de 1997), llovieron las confesiones de militares, paramilitares y civiles, que revelan el funcionamiento como unidad de acción de las ACCU y las Brigada XVII con sede en Carepa, empezando por la denuncia del Coronel Velásquez, segundo al mando en la Brigada en 1996, quien revela la simpatía del General Del Río con el paramilitarismo.

    6. EL META DE CARRANZA Y LA VII BRIGADA - Las confesiones del paramilitar Camilo Zamora Guzmán ante el Juez Cuarto de Orden Público de Villavicencio (abril 10 y 11/89) destapa innumerables crímenes perpetrados en el Llano por la estructura paramilitar de Víctor Carranza y las unidades militares adscritas a la Brigada VII. El Proceso 019 abierto por dicho Juzgado (reseñado en el libro “Ceder es más terrible que la muerte”, y en el volumen correspondiente a la Zona 7ª de la serie del Nunca Más, recogen todo esto.

    7. EL MUNDO DE “BLADIMIR” Y LA BRIGADA XIV - Las más de 6 declaraciones rendidas por Alonso de Jesús Baquero, alias “Bladimir” en la cárcel de Palmira (Rad. 4239 de la Fiscalía Delegada ante el CTI) es como la corrida de un telón que deja ver los andamiajes que se escondían detrás de innumerables crímenes que conmovieron al país, perpetrados en el Magdalena Medio y en el Nordeste Antioqueño (dominios de la Brigada XIV del Ejército). Allí aparece el “Grupo Hure” que funcionaba en la misma Brigada y los nombres de varios generales que apoyaron toda la estructura criminal de diversas formas: los Grales. Farouk Yanine Díaz, Juan Salcedo Lora, Carlos Julio Gil Colorado, Juan José Alonso Vacca Perilla, así como políticos integrados a la estructura paramilitar, como Tiberio Villarreal y Norberto Morales Ballesteros (ex presidente del Senado), y los aportes específicos de los batallones de la región: Bárbula, Rafael Reyes, Calibío, Bombona (masacre de Segovia). Las confesiones de Martín Emilio Sánchez Rodríguez ante la Procuraduría (21 julio/90) corroboran todo esto.

    8. LA POLICÍA, EL COPES Y “AMOR POR MEDELLÍN” - Las declaraciones rendidas por el Teniente de la Policía Néstor Eduardo Porras Montero, el 22 de noviembre de 1990, ante el Juez Segundo de Instrucción de Bogotá, es otro telón que se descorre para dejar ver lo que había detrás de muchos actos terroristas que se vivieron en Medellín en el 90 y que aparecían reivindicados por la misteriosa organización “Amor por Medellín”. El Teniente sitúa la dirección en el Comando de Operaciones Especiales de la DIJIN -COPES- . Las acciones del COPES descritas por el Teniente Porras revelan las características de una de las formas del paramilitarismo, en la cual no se utiliza a civiles sino que la misma fuerza pública se viste con trajes civiles para actuar como grupos al margen de la ley. La investidura oficial les sirve para identificar previamente a las víctimas, para preparar el crimen y para asegurar su impunidad.

    Otras muchas estructuras podrían ser referidas, pero a causa de la limitación del tiempo solo las enuncio:


      - La estructura de LA ZONA CHUCUREÑA, en Santander, apoyada por todas las bases militares y policiales de la zona.

      - La del NORTE DEL VALLE, apoyada en el BATALLÓN PALACÉ (masacre de Trujillo, masacre de Riofrío, procesos contra el Coronel Rafael Alfonso Hani Jimeno en 2001).

      - La del CESAR (eje San Alberto, Aguachica, San Martín), revelada por las declaraciones del Teniente Ricardo Rojas y del capitán Jorge Eliécer Giraldo Arias. Allí se destapa otra estructura paramilitar dirigida por el Mayor Jorge Alberto Lázaro Vergel, comandante de la base Militar de Aguachica, coordinado con el DAS y el UNASE y con apoyo económico de ricos hacendados de San Martín.

      - La alianza entre LOS PEPES, LA POLICÍA y unidades élite de USA (Delta Force, del Ejército, las SEALs de la Armada, la CIA, el FBI, la DEA y la Agencia Nacional de Seguridad), para dar muerte a Pablo Escobar. El libro “Killing Pablo” del investigador norteamericano Mark Bawden (Atlantic Monthly Press, New York, 2001) y el diario “Philadelphia Inquirer” (nov./2000) lo revelan todo.

      - EL PUTUMAYO DE LA ESTRATEGIA “ANTI-DROGA” - El 4 de agosto de 2000 un oficial de la Policía con 12 años de servicio se vio obligado a denunciar en la Personería de Puerto Asís que 600 paramilitares que se paseaban impunemente por Puerto Asís ultrajando a la población, cobrando impuestos por la droga y muchas otras cosas, utilizando numerosos vehículos de variadas características, ocupaban la hacienda VILLA SANDRA, a 5 minutos del pueblo, para llegar a la cual tenían que pasar por la Base Militar que quedaba al frente. Añadía que la ciudadanía los veía constantemente reunidos con los militares.

      - EL GAULA DE LOS DESAPARECIDOS - se sabe que al investigar la desaparición de dos activistas de Asfaddes en Medellín (octubre 6/2000) crimen reivindicado por los paramilitares, la Fiscalía encontró que el GAULA había interceptado ilegalmente no solo las comunicaciones de Asfaddes sino otras 2020 líneas.

      - EL CHOCÓ DE LA “ESTRATEGIA MILITAR ENCUBIERTA” - Así la llaman muchas ONGs-, pues por las aguas del Atrato y sus afluentes se pueden ver las pirañas del Ejército con paramilitares ampliamente conocidos en la región, sin que su encuentro frecuente con comisiones oficiales les perturbe (ni a unos ni a otros), lo que explica los desplazamientos continuos, las agresiones a las Comunidades de Paz, las desapariciones, los hostigamientos a toda la población.

    Muchos más casos se podrían reseñar.

En nuestras estadísticas del Banco de Datos sobre Derechos Humanos y Violencia Política se puede apreciar lo siguiente:

En el gobierno de Pastrana (1998 - 2002), del total de 11.475 violaciones graves a los DD HH registradas, 9511 (82.88%) corresponden a responsabilidad de paramilitares.

Y entre las 15.223 infracciones graves al DIH registradas, 8190 (53.8%) corresponden a paramilitares (2060 (13.% a agentes directos del Estado y 4973 (34%) a la insurgencia.

La transformación del modelo de represión se percibe cuando tomamos las estadísticas de años atrás. Tomando las del Banco de Datos del año 1994, se registraron 4.378 hechos de violencia (era otro marco teórico). Se pudo tener identificación de los autores en 2.627 casos (un 60%). En ese 60 por ciento, los agentes directos del Estado (Fuerzas Armadas y organismos de seguridad) fueron responsables de 2336 casos (88.9%) , los agentes indirectos (o paramilitares) lo fueron de 230 casos (8.75%) y la insurgencia de 61 casos (2.3%).

El diario El Tiempo, en el editorial del 6 de febrero de 2002 (pg. 1-14) recoge la lectura que hacen del fenómeno paramilitar sectores importantes de la comunidad internacional: “En el exterior se les considera el principal lunar en el prestigio de las Fuerzas Armadas, y gobiernos y organizaciones de derechos humanos señalan con preocupación una suerte de división tácita de tareas: los militares haciendo la parte “limpia” y los “paras” la sucia, en una misma guerra en la que ambos serían aliados de hecho contra un enemigo común

Hernando Gómez Buendía, en su artículo en la revista Semana, en la edición del 23 de julio de 2001 (pg. 15) afirma: “El paramilitarismo por definición existe para hacer aquello que los militares no pueden hacer: saltarse los límites de la guerra”.

Etimológicamente la partícula griega “ para ”, que se usa como prefijo en muchos vocablos castellanos, tiene 3 denotaciones (según el Diccionario Etimológico de Helenismos Españoles, de Crisóstomo Eseverri Hualde, 1944): aproximación; trasposición; deformación o irregularidad. O sea, da a entender que la entidad marcada con ese prefijo está cercana a la entidad significada por el vocablo principal, pero al mismo tiempo está fuera de ella o más allá de ella y constituye una especie de deformación o irregularidad de la misma Así, por ejemplo, la “parabiosis” es la unión de dos gemelos, de los cuales solo uno tiene vida propia, mientras el otro (el “parabiótico”) vive a expensas del primero. Igualmente el “parácito” (con c) es una célula del organismo pero deformada; y un “parásito” (con s) es un viviente que se nutre de la vida de otro, que no tiene recursos propios de vida.

El paramilitarismo es, pues una práctica o conjunto de prácticas, o una estructura que se configura en proximidad a lo militar, a expensas de los militar, pero constituyendo algo que está más allá de la frontera de lo militar y que deforma lo militar. Se podría decir que su desviación principal es usar las armas (esencia de la milicia) para lo que no se debe: en lugar de defender a la sociedad, atacarla. Se da en varias modalidades: o cuando los civiles actúan utilizando atribuciones que son de los militares para fines distintos del objetivo de la milicia en una sociedad, o cuando los militares se camuflan como civiles para hacer cosas que no son permitidas por las normas militares.

La presencia del paramilitarismo en una sociedad en conflicto, como bien lo dice Gómez Buendía, revela la decisión de no jugar limpio, una voluntad de “saltarse los límites” éticos y jurídicos que impone una guerra.

Ciertamente la Guerra de Guerrillas es también una guerra irregular. Y fue diseñada por sus estrategas y sus teóricos para obviar el problema de las desigualdad enorme de medios de guerra, cuando ésta no se da entre Estados sino entre éste y capas o sectores sociales pobres, que no tienen medios de enfrentar el potencial militar del Estado, y que por lo tanto jamás podrían basar su avance o sus ventajas militares sobre el adversario en los medios bélicos, ni el número de combatientes, ni en el respaldo económico. Tal inferioridad es suplida por estratagemas bélicos pensados expresamente para suplir las ventajas bélicas del Estado (la sorpresa, el camuflaje, el boicot, la financiación mediante medios que necesariamente son delictivos dentro de los parámetros jurídicos y morales vigentes).

La respuesta de los Estados asesorados por los Estados Unidos, a la guerra irregular de la guerrilla, ha sido la de crear otro modelo de guerra irregular. La confrontación de estas dos guerras irregulares es lo que ha degradado más el conflicto en Colombia. Capas cada vez más amplias de la población son actores en la guerra, o son considerados como tales por la parte adversaria: los financiadores, los auxiliares, los colaboradores, los informantes, los simpatizantes y finalmente los indiferentes. La “población civil” prácticamente ya no existe.

En un conflicto así, uno se pregunta si tiene sentido reivindicar el DIH. Este fue pensado para guerras entre Estados. Pero algunas de sus normas, si se aplican a conflictos de enorme desigualdad en potencial bélico, implican que la parte débil acepte perder la guerra para poder respetar las normas. Viene el conflicto entre la eficacia, de un lado, y la ética y el derecho del otro. Se tiende mucho a las soluciones simplistas que consisten en eliminar uno de los dos polos del conflicto: o se afirma que si la guerra es justa, todos los medios son lícitos, pues el fin justifica los medios (se da primacía a la eficacia); o se afirma que las normas del DIH son absolutamente imperativas aunque lleven a perder la guerra (se da primacía a lo ético jurídico).

Si se entablan negociaciones de paz, el problema del paramilitarismo es uno de los embrollos más complicados que fácilmente anulan cualquier posibilidad de negociación. En efecto, toda negociación mira a poner límites. Pero si una de las partes tiene una estructura diseñada justamente para saltarse todo límite, toda barrera, y además afirma que “no la controla”, esto le quita el piso a cualquier negociación.

Además, el paramilitarismo ha creado un lenguaje ficticio basado en tres mentiras oficiales (1) que el paramilitarismo nació de reacciones de los particulares a los abusos de la insurgencia; (2) que el Estado no tiene vínculo alguno con el paramilitarismo, y (3) que el Estado persigue al paramilitarismo. Esto hace que no haya un lenguaje común para poder negociar. (Además, salir de la ficción es muy complicado para el Estado, pues se autoilegitima radicalmente). Pero además el Estado, como tal, (dentro de su ficción) no puede negociar sino sobre una plataforma jurídico legal. Y el paramilitarismo justamente se sitúa fuera de lo legal. O sea que ninguna plataforma jurídico legal es apta para fundar una negociación del conflicto que toque el problema del paramilitarismo.

Hay, pues, una serie de ficciones, que socavan e invalidan cualquier voluntad de negociación de paz.

Otro aspecto del Paramilitarismo es que por su misma esencia crea compulsivamente un mundo de encubrimiento, de doblez, de mentira, de ocultamiento y esto se proyecta en la sociedad. Ya que su raíz es esfumar y desdibujar las fronteras entre lo militar y lo civil, necesita un ambiente turbio y de neblina. Sus objetivos se fundan en una necesidad inconfesable de oscurecer, de encubrir, de eludir responsabilidades, de fingir identidades, de disfrazar acciones, de falsificar realidades, de disimular horrores, de oponer murallas a las investigaciones, de imposibilitar esclarecimientos, de confundir y engañar, de obstruir la búsqueda de verdades, de obstaculizar la justicia. Es de su esencia casi biológica crear un imperio de “noche y niebla”. Esto se proyecta a los medios. Hoy tenemos un desafío para los estudiosos: analizar cómo se ha proyectado ese imperio de “noche y niebla” en el mundo de la “información”, de la “comunicación”.

Javier Giraldo, S. J.
En los 10 años de la Corporación Jurídica Libertad
Medellín, marzo 19 de 2003

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