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Judicialización del Conflicto Armado

Miércoles 28 de julio de 2004, por Javier Giraldo M. , S.J.

LA JUDICIALIZACION DEL

CONFLICTO ARMADO

El año 93 tampoco aportó signos de recuperación en la ya excesivamente deteriorada situación de los derechos humanos en Colombia. Por el contrario, ese deterioro se profundizó aún más.

El año se inició bajo el influjo de la declaratoria de guerra integral, hecha pública en octubre de 92, tras el fracaso de los diálogos entre el Gobierno y la Coordinadora Guerrillera. Las modalidades de esta ‘guerra integral’ se fueron revelando poco a poco y ya se pueden mirar en una perspectiva evaluable.

Por una parte, el presupuesto militar aumentó en forma exorbitante; fueron creadas unidades contrainsurgentes en todas las brigadas militares; el arsenal bélico fue modernizado; los soldados profesionales aumentaron de 2.000 a 23.000 y desplazaron del combate a los reclutas temporales; la remuneración de las fuerzas armadas se elevó considerablemente. Los medios de comunicación promocionaron intensamente el nuevo profesionalismo militar así como los avances en la tecnología bélica.

Los documentos del ejecutivo, particularmente su “Estrategia Nacional contra la violencia -segunda fase-”, divulgado en el mes de noviembre, hicieron énfasis en tres políticas complementarias: “una justicia más fuerte, una fuerza pública mejor dotada y una inteligencia más eficaz”.

Todo esto daba a entender que los esfuerzos de profesionalización de la guerra iban a redundar en un reflujo de la “Guerra Sucia”. Lamentablemente no fue así.

El año 93 terminó dejándonos cifras incluso superiores a las del año anterior de asesinatos explícita o presumiblemente políticos ; cifras muy cercanas de desapariciones forzadas, de asesinatos de “limpieza social” y de “asesinatos oscuros”, casos estos últimos que revelan algún rasgo de violencia política en la precaria información que los sustenta y que son escandalosamente numerosos. Paradójicamente, el número de muertos en acciones bélicas tuvo una leve disminución.

Por otro lado, muchas más regiones del país fueron cayendo en 1993 bajo el influjo de estructuras paramilitares que impusieron el terror: Tumaco y sus zonas aledañas; amplias zonas de los departamentos de Sucre, Magdalena, Cesar y Bolívar; el municipio de San Vicente de Chucurí, zonas de los municipios de Betulia, Galán, Zapatoca y del corregimiento de Yarima, en Santander, como expansión del paramilitarismo de El Carmen de Chucurí; la región del Catatumbo y la Provincia de Ocaña, en Norte de Santander; todo el departamento del Meta y parte del Guaviare; amplias zonas de Boyacá y Casanare; el norte del Valle del Cauca; el Nordeste y el Urabá antioqueños y zonas del Huila y del Cauca.

Ni la Fiscalía ni la Procuraduría mostraron interés alguno en investigar y contener el criminal accionar de todas estas estructuras paramilitares. Por el contrario, los expedientes ya existentes se fueron llenando de polvo y los que algo se movieron solo produjeron decisiones de absolución y archivo.

El clamor angustioso de las víctimas y de las ONG de derechos humanos para urgir la acción del Estado contra estos grupos ni siquiera mereció respuestas de cortesía. Si alguna lección recibieron las ONG de derechos humanos en el año 93 fue la de que llevar denuncias sobre paramilitares ante la Fiscalía era una pérdida de tiempo y un riesgo de tener que enfrentar una demanda vindicativa por “calumnia” o por “colaboración con la guerrilla”.

La “Guerra Sucia” se afianzó, pues, a la sombra de la “Guerra Integral Profesionalizada”. Pero algo más preocupante aún se reveló en el año que termina: la proyección de la Guerra Sucia al ámbito de la administración de Justicia.

La caracterización de “Judicialización del conflicto armado” fue empleada por los Ministros de Gobierno y de Justicia, cuando motivaban al Parlamento para una nueva reforma del Código de Procedimiento Penal, el pasado 13 de octubre (El Tiempo, oct.15/93, 6A). Pocos días antes, en el Día Nacional de los Derechos Humanos, el 9 de septiembre, el Presidente Gaviria dijo en su discurso, textualmente:

Estamos desarrollando formas estrechas de colaboración entre las Fuerzas Armadas y la Fiscalía, a fin de poder conducir ante los jueces a los delincuentes y vencerlos en juicio (...) Gracias a lo anterior, se hallan detenidas en las cárceles del país alrededor de dos mil personas acusadas de pertenecer a grupos guerrilleros” (El Tiempo, sep.10/93, 6A)

El Consejero Presidencial para los Derechos Humanos declaró enseguida a la prensa, durante la misma ceremonia:

Estas dos mil personas en poder de la Fiscalía son la contrapartida a una reducción de las desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales” (ibid.)

Se trata, entonces, de una estrategia consciente del Gobierno, de trasladar una guerra, hasta ahora conducida con métodos universalmente proscritos, al campo judicial. Y para ello ha introducido conscientemente -a través de la confesa integración de las fuerzas armadas a la Fiscalía- en el ámbito de la Justicia, las características, los procedimientos, las motivaciones y las lacras del combate militar, conducido inveteradamente con procedimientos sucios.

A nadie se le oculta que tal estrategia distorsiona radicalmente los cánones universales de la administración de justicia.

Dicha “judicialización de la guerra” es ya evaluable y por ello se puede afirmar que los métodos sucios de la justicia, tales como: compra de testimonios que se presentan como supuestas “delaciones”; instrucción de procesos manipulada por las fuerzas armadas, configuración de una rama especializada de la justicia con jueces secretos, testigos secretos y pruebas secretas; órdenes de captura fundamentadas en falsos testimonios recompensados con dinero; creación de figuras penales ambiguas que ofrezcan un campo abierto a la arbitrariedad de los jueces; que permitan mantener en prisión por prolongados períodos a personas contra quienes no haya prueba alguna que resista controversia; transformación del principio de presunción de inocencia en el principio de presunción de culpabilidad.

Se ha llegado a configurar una rama de la justicia ampliamente manipulada por el Poder Ejecutivo para convertirla en “arma de guerra”, para la cual se han dictado normas procesales diferentes de las de la justicia ordinaria, donde son desconocidos derechos procesales y donde la instrucción de los procesos es conducida, en la práctica, por las fuerzas armadas.

Uno de los mecanismos de dicha “Justicia” fue crear un tipo penal: El Terrorismo, definido con la más extrema ambigüedad para poder ser aplicado a toda forma de protesta social. La delación fue convertida en virtud premiada con elevadas recompensas monetarias.

Pero lo más grave no es la exaltación de la delación misma ( que eventualmente podría ayudar a esclarecer muchos crímenes) sino el que ésta haya sido convertida en mercancía y, sobre todo, el que no sea sometida a criterios de verificabilidad.

Hemos llegado a una situación de extrema abyección de la Justicia, en la que se compran por dinero “testimonios” de supuestos “informantes” para construir con ellos las más arbitrarias “pruebas judiciales” que llegan a ser suficientes para fundamentar órdenes de captura y para mantener en prisión por prolongados períodos a líderes comunitarios, a sindicalistas, a militantes de fuerzas legales de oposición y a quienes se atreven a denunciar el accionar criminal de los paramilitares.

Lo ocurrido con el antiguo Párroco de El Carmen de Chucurí, a quien se le ha querido castigar por censurar valientemente el paramilitarismo en su parroquia, mediante el más inicuo montaje tramado entre militares, paramilitares y fiscalía, evidencia estos procedimientos.

Otra evaluación de esta estrategia la hace un reconocido analista de la Universidad Nacional, en estos términos:

Los resultados están a la vista: desde 1991 han sido capturados 6.500 guerrilleros, cifra que supera en 500 el total de combatientes calculados por el Comandante de las Fuerzas Armadas en todas las guerrillas que operan en el país. O la mayoría de los capturados no son guerrilleros y pertenecen a esa franja de la protesta social y de la organización popular que se puede tildar fácilmente de subversión, o las guerrillas tienen capacidad de renovarse cada dos años con nuevos reclutas” (Alejandro Reyes Posada, “Justicia de Guerra”, El Espectador, nov.14/93, pág. 7A)

La masacre de Riofrío destapó, ya a finales de 1993, la vigente crudeza de la Guerra Sucia, en un episodio que saltó inesperadamente las barreras de la censura informativa, no sin antes haber pagado el tributo de la mentira en los primeros planos de los mass media, haciendo el juego a las rituales versiones oficiales.

Los 13 campesinos masacrados en la vereda El Bosque, del municipio de Riofrío, el pasado 5 de octubre, y presentados públicamente, en un primer momento, como un peligroso comando guerrillero abatido en combate, fueron víctimas no improvisadas de procesos que hunden sus raíces en la connivencia de los diversos estamentos del Estado con estrategias criminales que han encontrado su más eficaz aliciente en la impunidad con que fueron premiados sus actores.

Ciertamente la masacre de Riofrío no sería entendible sin la aberrante impunidad que cobijó a los autores de la masacre de Trujillo en 1990, ni la más aberrante aún que cobijó al Coronel Becerra, cabeza de los victimarios de Riofrío, quien había sido objeto de varias órdenes de captura por la masacre de las fincas bananeras de Urabá: “Honduras” y “La Negra”, en 1988, y no obstante fue enviado a cursos de ascenso militar en los Estados Unidos, ascendido a Teniente Coronel y designado Comandante del Batallón Palacé, desde donde dirigió la criminal acción de Riofrío.

Esta pobre Colombia no logra superar las frustraciones y desesperanzas que sepultan recurrentemente sus pasajeras euforias, en el camino de búsqueda de un mayor respeto a los derechos y la dignidad humana.

A la tortura generalizada de la administración Turbay Ayala le sucedió el discurso democrático de Betancur, pero nadie imaginaba que con éste venía la activación del paramilitarismo y el trueque dantesco de presos políticos y torturados por desaparecidos y asesinados. La reforma constitucional del 91 hizo renacer la euforia de los Derechos Humanos, pero rápidamente fue ahogada por el recrudecimiento de la Guerra sucia y por sus proyecciones al ámbito de la Justicia.

No queda sino recordar algunos versos de Jorge Robledo Ortiz antes de su muerte:

Colombia se nos hunde inexorablemente como un ancla (...) se derrumban los mármoles, se violan los derechos (...) y a las canecas de basura se bota la esperanza”.

Javier Giraldo M., S. J.
Diciembre de 1993

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