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  Caracterización del Actual Ciclo de Violencia

diciembre de 2000, por Javier Giraldo M. , S.J.

Caracterización del Actual Ciclo de Violencia
en Colombia

0. Dos ciclos de violencia que se distinguen parcialmente

Muchas circunstancias históricas de Colombia, de América Latina y del mundo, contribuyeron a que la violencia, durante este período que se perfila en la década de 1960 y aún se prolonga, se ubicara fundamentalmente sobre el eje de un conflicto social en el que se enfrentan proyectos antagónicos de sociedad.

La violencia anterior, la de las décadas de los cuarentas y los cincuentas, tuvo un perfil declaradamente policlasista, enfrentando a dos sectores económico-políticos de intereses opuestos, que se disputaban un poder hegemónico y que se proyectaban, mediante banderas partidistas que manipulaban los sentimientos populares, a todo el espectro de capas sociales.

El historiador y sociólogo Gonzalo Sánchez caracteriza muy bien el ciclo anterior de violencia que Colombia vivió, la que él mismo denomina “violencia del período ‘clásico’: 1945-65 [1]. Dicho período él lo describe allí con tres notas típicas: terror concentrado; resistencia armada; conmoción social subterránea. Estas notas hacen de la violencia típica de ese período una violencia que “suprime lo social y lo político”. [2]

Algunas de las características con que Gonzalo Sánchez describe el terror de esa época, podrían aplicarse también al actual ciclo de violencia:

  • En una sociedad donde los contendores políticos y sociales no pueden ser pensados en términos de rivalidad sino de desviación de una verdad o creencia originaria - de ortodoxia y herejía, como en las guerras de religión - , la regeneración social y política no puede lograrse sino por medio de la proscripción o el aniquilamiento de quienes, según los parámetros histórico-culturales dominantes, se encuentran en estado de transgresión. A este tipo de representaciones de la sociedad se aproximaba la Colombia de los años cincuentas. Desde el poder se urdían verdaderas estrategias de homogenización dentro de las cuales la guerra y la política no podían pensarse simplemente en términos de victoria sobre el enemigo sino de eliminación física del mismo. La diferencia se había hecho incompatible con el orden [3]

Sin embargo, entre ese terror del período clásico y el que ahora nos envuelve, hay una gran diferencia: aquel se ejercía como instrumento de una guerra inter-partidista que suprimía las expresiones sociales; éste se ejerce como instrumento de militarización de la polarización social.

Algunos cuestionan la diferencia entre los dos ciclos cuando descubren que también en el ciclo anterior hubo organizaciones guerrilleras de extracción popular. Nadie ignora, en efecto, que en los años cincuentas y comienzos de los sesentas hubo guerrillas conectadas con luchas agrarias en la zona del Sumapaz, en el sur del Tolima, en las vertientes de los ríos Carare y Opón en Santander, y en los Llanos orientales., ésta última con un alto grado de fusión entre lo militar y la organización civil de la población, como lo testimonian las famosas “Leyes del Llano” [4]. Gonzalo Sánchez afirma, sin embargo, que “No se puede olvidar que en Colombia las guerrillas de los años cincuentas surgen al principio como una forma de organización forzada para confrontar el terror y no como parte de un proyecto político-insurreccional para la toma del poder, del Estado o del gobierno. “Las guerrillas las hizo la violencia”, dirían los campesinos del sur del Tolima, y cualquier liberal de la época podría hacerles coro. Por eso, a diferencia de las guerras que se declaran formal y solemnemente, que tienen ritos inaugurales, La Violencia no tiene un comienzo claramente identificable. Cuando se toma conciencia de ella, ya está instalada en todos los contornos de la sociedad [5]

Al finalizar el período clásico de la Violencia, hay signos que permiten evaluarlo para definir mejor sus características y perfiles. Dicho período culmina con el establecimiento y afianzamiento del Frente Nacional (1958 en adelante). Como el mismo Gonzalo Sánchez lo anota, se puede evaluar que esa violencia favoreció el ensanche del capitalismo agrario; derrumbó definitivamente el poder hacendatario, y los industriales fueron los únicos que pudieron lanzar al rostro de un país aterrado las estadísticas de su prosperidad [6]. La jerarquía eclesiástica, por su parte, después de un siglo de militancia conservadora, abrazó la causa bipartidista frentenacionalista, eliminado así uno de los factores de perturbación de la unidad de las clases dominantes. Los partidos tradicionales realizaron una mutación a primera vista inaudita: de la competencia a muerte, pasaron al reparto programado y disciplinado del poder. El efecto fundamental de este proceso lo describe Gonzalo Sánchez en estos términos: “el desdibujamiento de las identidades partidistas con la prolongación del esquema y de la mentalidad frentenacionalista tuvo un efecto retardado no menospreciable : la expansión gradual de una franja de lo social y lo político ‘exterior’ al bipartidismo y frecuentemente criminalizada, si no en la ley, sí en la práctica política cotidiana  [7]. La estrategia para exterminar esa franja es la que genera el nuevo ciclo de violencia que se inicia en 1965.

Este ciclo nuevo de violencia (desde 1965 en adelante) lo contrapone muy lúcidamente Gonzalo Sánchez al anterior ciclo -el del ‘período clásico’- en estos términos:

  • El Frente Nacional no solo puso término a la Violencia sino que borró toda amenaza de guerra inter-partidista en el futuro, originando así una nueva representación de la sociedad. En este aspecto significó un viraje histórico. Simultáneamente, y a su pesar, creó también las condiciones para que muchos sectores artesanos, obreros, universitarios y campesinos, a los cuales La Violencia había desconectado de las tradiciones populares contestatarias que se habían venido forjando en las primeras décadas del siglo, se afirmaran de nuevo en una visión de la política que ya no pasaba de manera exclusiva por el reparto del poder sino que apuntaba a la abolición del orden establecido y a la instauración de nuevas formas de sociedad (...) De la ‘desmilitarización del conflicto bipartidista’ que significaba el Frente Nacional, se pasaría a una militarización de la polarización social en virtud de una rápida acción concientizadora de vanguardias armadas. Muchos de los antiguos combatientes de La Violencia fueron invitados a realizar una purificación de su pasado (el revolucionario era la prefiguración del ‘Hombre Nuevo’ que pregonaba el Che Guevara) y a enrolarse en la que habría de ser la verdadera guerra, la guerra revolucionaria. Eran los tiempos de una América Latina idealizada frente a sí misma y frente al cansado pensamiento occidental y en donde, además, tanto la guerra como la política, se inscribían en los dominios de un nuevo mito, el ‘mito del recomienzo’. Todo parecía apuntar, desde esta óptica, hacia un reencuentro de lo político y lo militar, hacia una reconstrucción de la complementariedad entre la guerra y la política, como en el siglo XIX, pero en aras, esta vez, de un proyecto de sociedad enteramente inédito”. [8]

Además de esta síntesis magistral que Gonzalo Sánchez hace para contraponer y tipificar los últimos dos ciclos de violencia, otros datos históricos nos confirman en esa misma caracterización:

1. Contexto mundial

En primer lugar, existía un contexto mundial, el de la guerra fría, que sobredeterminaba los procesos nacionales. En ese mapa del mundo polarizado entre dos superpotencias e ideologías, Colombia se alineaba nítidamente en el bloque occidental, y sometía sus grandes decisiones a la superpotencia occidental: los Estados Unidos. El General Fernando Landazábal lo reconoció con claridad en uno de sus libros: “ ... se politizaron los ejércitos como consecuencia de su participación en el gran debate ideológico mundial y en muchas naciones se vieron forzados a asumir el poder contra los propios mandatos de su Constitución y las tradiciones de su pueblo, en prevención del mantenimiento de un orden establecido y aceptado con anterioridad por las grandes mayorías americanas, como digno de mantenerse, guardarse y defenderse según los dictados, pactos, compromisos y doctrinas emanadas, custodiadas y promulgadas por la Junta Interamericana de Defensa, tendientes a mantener la defensa del conjunto dentro de los rasgos tradicionales del sistema global continental”. [9]

Nadie dudará que este párrafo del General Landazábal, como las tesis que recorren sus libros, transpira en todos sus términos Doctrina de Seguridad Nacional [DSN]. Muchos observadores externos e internos, incluyendo a capas importantes de la clase dirigente colombiana y a no pocos sectores del estamento militar, aceptan ya hoy día que la DSN fue determinante en los diseños de política represiva desde los años sesentas hasta avanzados los ochentas, pero califican de absolutamente “anacrónico” todo análisis que le otorgue algún papel directivo a esa doctrina en las políticas de los noventas, sobre todo después de la simbólica “caída del muro de Berlín”.

Es cierto que en los noventas hay un discurso nuevo que desempolva las tesis liberales y las condimenta con los postulados de la globalización que el avance tecnológico arrastra. Por eso, aquellos para quienes la realidad es construida por los discursos de consumo masivo que circulan en aulas, mass media, círculos políticos y mercado burocrático, la DSN es algo “superado”; algo “del pasado”. Pero hay que preguntarse si la realidad cruda que viven las víctimas de la represión no está acaso determinada por los mismos principios de la DSN, traducidos en discursos que eliminan ya las referencias al “mundo bipolar”, a los fantasmas del “comunismo”, a la “civilización occidental cristiana”, al “alineamiento internacional”, a la necesidad de identificar el “enemigo interno” para luchar contra él, etc., y adaptados más bien a los postulados del MUNDO UNIPOLAR vigente, que absolutiza el mercado global, sus leyes, condiciones y consecuencias, como única alternativa ofrecida a la “libertad”.

La Colombia de los noventas se ha convertido en uno de los mejores laboratorios de estudio sobre la persistencia, con lenguajes de recambio, de la DSN. Nos muestra que incluso los métodos más brutales que los regímenes de Seguridad Nacional adoptaron en América Latina entre los sesentas y los ochentas, han sido refinados y sofisticados para hacerlos más destructivos e inhumanos; que los problemas de censura que tuvieron que enfrentar esos regímenes de Seguridad Nacional, han sido resueltos mediante el desarrollo audaz del paramilitarismo y su camuflaje como “tercer actor” en el conflicto; que la intervención militar extranjera para dirimir los conflictos internos en torno a la orientación de la nacionalidad, ha encontrado nuevos pretextos de recambio gracias al narcotráfico; pero que detrás de todas estas nuevos lenguajes, el propósito nuclear de la DSN se mantiene incólume: impedir la autodeterminación de los pueblos, para salvaguardar las estructuras mundiales de dominación.

2. Directrices hemisféricas

La estrategia de los Estados Unidos para conservar el sistema capitalista en sus áreas de influencia y cerrar el paso a cualquier penetración del comunismo, se vio exacerbada al iniciarse la década de los sesentas, a causa de la guerra del Vietnam y de la revolución cubana.

El politólogo estadounidense Michael McClintock, investigador durante 16 años de las actividades encubiertas de Estados Unidos en Latinoamérica, a través de las informaciones oficiales desclasificadas, descubre, en uno de sus libros, cómo fue creado, en enero de 1962, el Grupo Especial CI (Contrainsurgencia), al cual se le asignaron como funciones “asegurar el uso de los recursos de los Estados Unidos con el máximo de efectividad para prevenir y combatir la insurgencia subversiva en países amigos [10]. Y en el Memorandum 124 dirigido a los miembros del Grupo Especial CI (Contrainsurgencia), codificado como National Security Action Memorandum- 124, del 2 de enero de 1962, se especifican más sus objetivos, así: “recomendar acciones para obtener reconocimiento ... de que la insurgencia subversiva (“Guerras de Liberación”) es una nueva y peligrosa forma de conflicto político militar para la cual los Estados Unidos deben prepararse con la misma seriedad de propósitos como lo hicieron frente a la guerra convencional en el pasado. Verificar que este sentido de urgencia se refleje en la organización, entrenamiento, equipamiento y doctrina de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y en los programas políticos, económicos, de inteligencia y ayuda militar dirigidos hacia el exterior por los Departamentos de Estado, de Defensa, la AID, la Agencia de Información USIA y la CIA” (ibid). El mismo Memorandum diseñó procedimientos específicos de supervisión de acciones encubiertas en países escogidos como blanco. A la lista de estos países se añadió Colombia, entre otros, en julio de 1962, como país “en observación”.(ibid).

Pero ya en febrero de 1962 había realizado una visita a Colombia un equipo del más alto nivel, del Centro de Guerra Especial, de Fort Bragg (Carolina del Norte). El Director de investigaciones de dicho Centro, el General Yarborough, redactó un Suplemento Secreto al Informe sobre dicha visita. Uno de los párrafos de ese Suplemento dice:

  • “[A] Debe crearse ahora mismo un equipo en el país acordado, para seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de represión, por si se necesitaren después. Esto debe hacerse con miras a desarrollar una estructura cívico militar que se explote en la eventualidad de que el sistema de seguridad interna de Colombia se deteriore más. Esta estructura se usará para presionar los cambios que sabemos, que se van a necesitar para poner en acción funciones de contra-agentes y contra-propaganda y, en la medida en que sea necesario, impulsar sabotajes y/o actividades terroristas paramilitares contra los conocidos partidarios del comunismo. Los Estados Unidos deben apoyar esto ”. [11]

En ese mismo Informe, el General Yarborough incluía recomendaciones al Ejército y a la Policía de Colombia para que mejoraran la inteligencia y el control de la población. En particular sugería: “Un programa intensivo de registro de los civiles ... de modo que todos sean eventualmente registrados en archivos del gobierno, incluyendo huellas digitales y fotografías.” Procedimientos y técnicas de interrogatorio, incluyendo preguntas rutinarias a los pobladores del campo “quienes se supone son conocedores de las actividades guerrilleras”, fueron también recomendados. Pero las recomendaciones iban más allá: “Interrogatorios exhaustivos a los bandidos, incluyendo sodio, pentothal y uso de polígrafos [12], deberían ser utilizados para arrancarles información a pedazos. Tanto el ejército como la policía necesitan interrogadores entrenados” (ibid).

Toda esta documentación nos evidencia que desde 1962 el gobierno de los Estados Unidos intervenía en Colombia para el diseño y ejecución de una estrategia contrainsurgente centrada en estructuras paramilitares. El Ejército colombiano, por su parte, reprodujo, para su personal, en septiembre de 1962, el Manual FM-31-15 Operaciones contra Fuerzas Irregulares”, del Ejército de Estados Unidos [13] En su capítulo III, No. 31, dicho manual desarrolla ampliamente el uso de civiles armados al mando del Ejército, para ayudarle en las operaciones contrainsurgentes. En 1963, el Ejército colombiano reprodujo también la obra del francés Roger Trinquier, “La Guerra Moderna”, en el cual sistematiza la experiencia contrainsurgente en las guerras de Vietnam y de Argelia [14]. También en este documento se recomienda la estrategia paramilitar [15]

Así pues, la necesidad de salvaguardar el sistema occidental capitalista frente al peligro de infiltración del polo contrario comunista, y exacerbada esta obsesión por la guerra de Vietnam y la revolución cubana, los Estados Unidos diseñaron, para su área de influencia, un modelo de guerra contrainsurgente centrada en operaciones encubiertas de terrorismo, uno de cuyos pilares era la creación de estructuras paramilitares, y decidieron impulsar dicha estrategia en una serie de países, entre ellos Colombia, debido a que los informes de sus misiones investigadoras evaluaban su sistema de seguridad nacional en alto riesgo, pues el desarrollo de guerrillas de resistencia a La Violencia clásica iba tomando contornos de “Guerra de Liberación” a comienzos de los años sesentas.

3. Organizaciones insurgentes y trasfondo del conflicto

Entre tanto, la insurgencia también se fue estructurando. Como reacción a la Operación Marquetalia, mediante la cual el Ejército colombiano arremetió con 16.000 hombres contra los grupos de autodefensas campesinas que resistían a la expulsión de sus tierras en el sur del Tolima, el 20 de julio de 1964 esas autodefensas armadas del sur del Tolima, junto con las del Huila, Cauca y Valle, lanzaron una proclama nacional para anunciar que constituían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y adoptaban un programa de 7 puntos de reforma agraria por el cual se comprometían a luchar. En la proclama manifestaban: “Contra nosotros se han desencadenado en el curso de 15 años 4 guerras. Una a partir de 1948, otra a partir de 1954, otra de 1962 y esta que estamos padeciendo a partir del 18 de mayo de 1964, cuando los mandos militares declararon oficialmente que ese día había comenzado la “Opeación Marquetalia” (...) Por eso nos ha tocado sufrir en la carne y en el espíritu todas las bestialidades de un régimen podrido que se asienta sobre el monopolio latifundista de la tierra, la monoproducción y la monoexportación bajo el imperio de los Estados Unidos. Es por esto que en esta guerra participan contra nosotros tropas, aviones, altos mandos militares y especialistas norteamericanos. Es por esto que se lanzan contra nosotros 16.000 hombres provistos de las armas más modernas y destructoras. Es por eso que contra nosotros se emplea la táctica del bloqueo económico, del cerco, del exterminio, de las acometidas por aire y tierra y, por último, de la guerra bacteriológica (...) Nosotros hemos llegado a todas las partes donde había puertas para golpear en procura de auxilio para evitar que una cruzada anticomunista, que es una cruzada antipatriótica contra nuestro pueblo, nos llevara, y con nosotros a todo nuestro pueblo, a una lucha larga y sangrienta. Nosotros somos revolucionarios que luchamos por un cambio de régimen. Pero queríamos y luchábamos por ese cambio usando la vía menos dolorosa para nuestro pueblo: la vía pacífica, la vía de la lucha democrática de las masas, las vías legales que la Constitución de Colombia señala. Esa vía nos fue cerrada violentamente, y como somos revolucionarios que de una u otra manera jugamos el papel histórico que nos corresponde, obligados por las circunstancias arriba anotadas, nos tocó buscar la otra vía: la vía revolucionaria armada para la lucha del poder. Desde hoy 20 de julio de 1964 somos un movimiento guerrillero que lucha por el siguiente programa (...)” [16]

El 7 de enero de 1965, otro grupo de combatientes se tomaba la población santandereana de Simacota y desde allí anunciaba la constitución del Ejército de Liberación Nacional. En su proclama afirmaban: “Un estudio serio de la realidad colombiana nos ha llevado a la conclusión de que ni el imperialismo norteamericano ni la oligarquía que lo apoya en nuestro país permitirán pacíficamente el ascenso de las masas populares al poder y le impondrán, por lo tanto, al pueblo, una guerra larga y sangrienta, con la cual pretenderán ahogar para siempre la lucha popular por conquistar las más justas aspiraciones de libertad, trabajo, democracia y justicia del pueblo colombiano. Ante esta situación, determinada por la naturaleza agresiva y voraz de los explotadores nacionales y extranjeros, nuestro pueblo se ve en la obligación de organizarse para responder a la agresión oficial, tomar la iniciativa y desencadenar la ofensiva revolucionaria mediante el desarrollo de la GUERRA DEL PUEBLO contra los explotadores, utilizando la lucha armada y las más variadas formas de lucha popular en todos los terrenos, con el propósito de arrancar el poder de las clases dominantes y establecer un gobierno popular y democrático de liberación nacional [17]

Por otra parte, desde 1963 se fue creando una disidencia en el Partido Comunista Colombiano, por parte de un grupo que simpatizaba más con la “Línea China” dentro del debate ideológico del comunismo mundial y criticaba las estrategias “pacifistas” del PCC. Esa disidencia se cristalizó en una conferencia de los “marxistas-leninistas” en marzo de 1964, desde la cual convocaron al “X Congreso del Partido Comunista”, congreso que tuvo lugar en Soacha (Cundinamarca) en julio de 1965, en cuyas conclusiones se afirma: “Para las condiciones colombianas es enteramente válido, y lo hacemos nuestro, el planteamiento leninista de que ocultar a las masas la necesidad de una guerra encarnizada, sangrienta y exterminadora como objetivo inmediato de la acción próxima, es engañarse a sí mismo y engañar al pueblo. Y es, hoy por hoy en Colombia, traidor a la revolución, quien no esté de acuerdo con la lucha armada, no se prepare para ella o impida de cualquier manera su desarrollo inmediato. Amigos y enemigos serán diferenciados con base en este palpitante problema [18] Ya desde septiembre de 1964 este grupo había iniciado un implante guerrillero en la zona del Alto Sinú y San Jorge, en el departamento de Córdoba, pero formalizarían su opción, mediante el "juramento de bandera" en febrero de 1967, constituyéndose como Ejército Popular de Liberación. [19]

Al finalizar 1965 hay, pues, tres movimientos insurgentes explícitos que han adoptado, quizás con matices diversos, el método de la guerra de guerrillas., erigiéndose como vanguardias en la lucha por un cambio radical de las estructuras vigentes de la sociedad.

Más adelante, en la década de los setentas, otras organizaciones insurgentes se sumarán a las fuerzas rebeldes de los sesentas. El fraude consumado el 19 de abril de 1970 para desconocer la victoria electoral de la Alianza Nacional Popular -ANAPO- , motivó a un grupo de profesionales, antiguos militantes comunistas y posteriormente militantes de Anapo, a crear el Movimiento 19 de Abril -M-19- . En enero de 1974 un comando de este movimiento penetró en la Quinta que perteneció al Libertador Simón Bolívar, en Bogotá, y sustrajo la espada del libertador de la casa-museo. En el comunicado emitido en ese momento afirmaban: “No hay dudas: Bolívar guerrillero y patriota; Bolívar pueblo; Bolívar nuestro, vuelve a quitarle el sueño al opresor; a despertar al oprimido. Su espada empezó ya los nuevos combates. Ahora se enfrenta al yanqui, al explotador, a quienes entregan nuestra patria al dolor, a quienes ahogan a nuestro pueblo en la miseria (...) El pueblo sabe que sin luchas y organización armada ANAPO no logrará el triunfo, por más grande que sea el número de votos dejados en las urnas. Lo aprendió el 19 de abril de 1970 cuando nos robaron la victoria. Y esa historia no se repetirá jamás [20]

También en 1976 surgió otro movimiento armado, construido alrededor del ex combatiente brasileño, sobreviviente de un movimiento guerrillero carioca, Giomar O’ Beale, que tomó el nombre de Juan Manuel González Puentes. Este grupo aglutinó a estudiantes y activistas populares y se llamó Auto-Defensa Obrera -ADO- . Tuvo sus acciones más impactantes a finales de los setentas, sobre todo el asesinato del ex Ministro de Gobierno Rafael Pardo Buelvas, en quien quisieron tomar represalia por el asesinato de 50 personas un año antes, en Bogotá, mientras participaban en protestas populares durante el desarrollo del Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre de 1977. Al responder a una entrevista en febrero de 1980, pocos días antes de ser asesinado (+:febr. 22/80), González Puentes afirmaba: “Nuestro nombre de AUTODEFENSA se refiere al aspecto estratégico, a la situación del pueblo delante de la oligarquía y la burguesía que nos explota, nos ataca, nos obliga a la lucha armada en defensa de nuestros derechos como seres humanos. Somos AUTODEFENSA porque no somos los que desatamos esta guerra; ellos son los agresores, ellos son los que violan los derechos del pueblo; ellos son los que responden a las huelgas y a las manifestaciones pacíficas con la violencia; ellos son los que torturan y asesinan. Cuando los obreros realizan una huelga, están manifestándose de manera pacífica, luchando pacíficamente, porque nadie puede afirmar que los brazos caídos son violencia; sin embargo, qué hace la clase patronal? Lanza sus aparatos represivos para golpear, encarcelar, atemorizar e incluso eliminar físicamente a los trabajadores. Entonces, quién ataca militarmente? Quiénes son los violentos? Quiénes son los que inician la guerra? Quiénes son los que atentan contra la paz? La clase explotadora y su sistema capitalista. Nuestro deber de hombres agredidos es DEFENDERNOS de esa minoría rapaz y belicosa, porque entre otras cosas, sale más barato en vidas para nosotros una guerra revolucionaria que los cien mil muertos anuales por desnutrición”. (Boletín ADO, marzo/80)

La represión brutal que en los años 70 sufrían las comunidades indígenas del departamento del Cauca por parte de ejército y de los terratenientes, las llevó a conformar grupos de autodefensa indígena que más tarde se convirtieron en una nueva organización guerrillera. En diciembre de 1984 se conformó el Comando Quintín Lame como grupo armado. En el comunicado a la nación expresaban: “La represión contra el Movimiento Indígena ha sido continua en los últimos años y nuestra lista de mártires crece día a día. Pero esta vez el enemigo decidió declararnos la guerra definitivamente. El 9 de noviembre (1984) fuerzas de la policía y el ejército arrasaron la Recuperación de López Adentro, quemaron las viviendas de 150 familias indígenas y con maquinaria destruyeron todos sus cultivos. Estas familias han quedado en la más completa miseria. El 10 de noviembre fue asesinado el sacerdote indígena paéz Alvaro Ulcué. El Padre Ulcué había sido un defensor de su pueblo y un luchador incansable de la lucha indígena. No nos dejaremos exterminar. El Movimiento Indígena no se va a entregar ni a retroceder por esta ofensiva del enemigo. El COMANDO QUINTIN LAME compromete su honor en poner todas sus fuerzas al servicio de la resistencia de las Comunidades Indígenas y en hacer lo posible por derrotar al enemigo que nos está persiguiendo”.

Otros grupos insurgentes, como el MIR-Patria Libre o el Partido Revolucionario de los Trabajadores -PRT-, tendrían una existencia más efímera en los años ochentas. El Movimiento de Integración Revolucionaria “Patria Libre” había surgido en los años 70 como una instancia de reunificación de las numerosas corrientes marxistas-leninistas dispersas. Más tarde se integraría, ya como grupo armado, a la Coordinadora Nacional Guerrillera y posteriormente se fusionaría con el E.L.N, conformando la “Unión Camilista-ELN”. El PRT se dió a conocer en julio de 1984 en una conferencia de prensa realizada en Santa Marta, en la cual se mostraban en contra del proceso de paz tal como se estaba desarrollando. En un documento suscrito en febrero de 1986 afirmaban: “Queda demostrado que en el país es imposible conseguir cambios substanciales a favor del pueblo por la vía de las reformas, dado el carácter reaccionario del Congreso y de los partidos que ejercen el poder y la resistencia de la oligarquía a los cambios progresistas (...) en el bloque oligárquico y su gobierno ha ganado primacía la política de “tierra arrasada”, de eliminación de las fuerzas revolucionarias por la vía represiva y de destrucción a sangre y fuego de cualquier expresión de descontento popular” (Revista “Colombia Viva”, abril 1983, pg. 5-6).

Todos los textos fundadores revelan que las decisiones de alzamiento en armas se tomaban en medio de un mar de luchas no violentas por los mismos objetivos, que habían llegado a un callejón sin salida debido a la represión contra ellas.

Y en efecto, cualquier recorrido histórico que se haga por los años sesentas, setentas, ochentas y noventas, mostrará un constante nacimiento y desarrollo de organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles, indígenas, políticas, académicas, religiosas y humanitarias que propenden por un cambio de estructuras y que van siendo, una tras otra, ahogadas en su propia sangre. El avanzar paulatino de las investigaciones del Proyecto COLOMBIA NUNCA MÁS, lo va corroborando.

4. Modelo de sociedad generador de violencia

El ciclo de violencia que nos ocupa se genera y se perfila alrededor de un modelo de sociedad intrínsecamente conflictivo que hunde sus raíces en la gestación histórica de la nacionalidad colombiana, pero cuyos factores llegan a un intensivo nivel de conciencia social en los albores de este período, generando movimientos sociales y políticos de todo orden, siendo la inmensa mayoría de ellos de carácter no violento. Las sin-salidas y baños de sangre en que estos movimientos se ven ahogados, generan a su vez las variadas expresiones de rebeldía armada que todavía se prolongan y acrecientan.

Tres factores esenciales caracterizan ese modelo conflictivo de sociedad: la concentración de la tenencia de la tierra; la marginación estructural de las mayorías en la economía monetaria, y el monopolio elitista del poder para mantener las dos segregaciones anteriores.

Las formas de tenencia de la tierra constituyen el primer factor intrínsecamente conflictivo: el censo agropecuario de 1960 revelaba que un 3.5% de propietarios disponía del 66% de la tierra cultivable, mientras el 96.5% de propietarios se repartía el 34.4% de ellas, y que solo el 4% de las explotaciones rurales concentraba el 45% de los ingresos provenientes de la agricultura. [21] Pero si tal era la situación de la tenencia de la tierra a comienzos de los sesentas, el final del siglo no presenta ninguna mejor: un 1.3% de propietarios concentra el 48% de la tierra agrícola. [22] El mismo DANE señalaba como coeficiente de concentración de la tenencia de la tierra, un coeficiente Gini de 0.86 para 1960 y de 0.82 para 1970, anotando que los primeros 9 años de reforma agraria (luego de la Ley 135 de 1961) solo habían modificado ese índice en 0.04. [23] Al cumplirse los 24 años de la Ley de “reforma agraria”, en 1984, el coeficiente Gini de concentración de la tenencia de la tierra subió a 0.87, en lugar de descender, situándose entre los más altos del mundo [24]

Los niveles de ingreso y empleo, que revelan la marginación estructural de las mayorías de la economía monetaria, no son más positivos: a comienzos de los setentas, el 60% de los ingresos totales del país eran percibidos por un 13.2% de beneficiarios, mientras el 17% de ingresos se repartía entre un 54.2 de beneficiarios, quedando una capa media de 32.6% que percibía un 22% de los ingresos. [25] A finales de los noventas, el 20% más rico de la población concentra el 52% de los ingresos nacionales, mientras un 57% de la población vive bajo la línea de pobreza. Cinco grupos financieros controlaban, en 1997, el 92% de los activos del sector y solo dos de ellos eran propietarios del 47% de los medios de comunicación [26].

El desempleo, según el Censo de 1964, afectaba al 4.9% de la población económicamente activa; en 1991 el desempleo ascendía al 10.8% de la P.E.A., en 1998 al 15.9% y en el 2000 al 20.4%. [27]

Durante todo este ciclo de violencia el coeficiente Gini general, solo ha variado de 0.49 en los sesentas a 0.54 al final del siglo (aumentando la inequidad). El 20% más rico de la población percibe ingresos, en promedio, 21 veces mayores a los del 20% más pobre, en promedio, mientras en otros países también de grandes desigualdades la diferencia es de 1 a 10. A finales de los noventas, el coeficiente Gini de la distribución de propiedad accionaria de la Bolsa de Bogotá es de 0.98, lo que casi refleja la concentración absoluta. [28]

Aportes del historiador Mario Arrubla y del economista Jesús Antonio Bejarano [29] ayudan a comprender las líneas maestras de la historia económica de Colombia, a través de la cual se ha forjado un modelo de sociedad violento en sí mismo y generador de violencias. Algunos de esos grandes trazos se podrían sintetizar así:

Colombia inicia el siglo XX bajo un régimen conservador que ha revertido muchas de las reformas conquistadas en la “República Liberal” (1850-1886). Predomina una economía agraria de latifundistas que producen materias primas para exportación bajo formas feudales de explotación de mano de obra. Cuando en los años 20s capitales norteamericanos configuran enclaves industriales, mucha fuerza laboral es atraída a la economía monetaria y emigra del campo. El poderío terrateniente se niega a desarrollar la productividad agrícola para satisfacer la demanda de materias primas y de suministro de alimentos para una creciente población urbana. Se van dando entonces condiciones favorables para una nueva “República Liberal” (1930-1945) que impulsa una reforma agraria y movimientos sindicales, y que termina “incorporando” a la economía monetaria a campesinos y obreros de manera inestable y precaria, dejando contingentes crecientes en el desempleo y la miseria.

De manera incipiente en los años 30s, y más sólidamente en los 50s y los 60s, el país vive un proceso de substitución económica. En una primera etapa (1930-1967) se impulsa un desarrollo industrial centrado en la acumulación de capital. En los años 50s fueron elaborados dos diagnósticos sobre perspectivas de desarrollo de Colombia: el del dominico y sociólogo francés Louis Joseph Lebret, y el del economista norteamericano Lauchlin Currie. Ambos señalan coincidentemente el divorcio existente entre los dos recursos fundamentales: tierra y mano de obra. Desde entonces se proponen varios modelos de reforma agraria pero ninguna toca, en realidad, la estructura de la tenencia de la tierra.

Bejarano muestra lúcidamente que todos los instrumentos de intervención del Estado en la economía, que fueron confeccionados progresivamente desde los años 50s, miran a inducir el desarrollo capitalista, promoviendo y favoreciendo los sectores de punta en la acumulación de capital. Esos instrumentos cubren tres planos: el agrario, el monetario y el externo. La fluctuación en el manejo del problema agrario termina, en los 70s., por definirse a favor del desarrollo capitalista del campo. En el plano monetario, desde 1951 el gobierno controla el crédito, vía Banco emisor, y lo concentra en sectores de punta para el modelo. Opta, además, por la inflación permanente, para atraer inversión extranjera y para estimular un ahorro forzoso de los perceptores de ingresos fijos, que lo transfieren a sectores más capitalizadores. El plano externo lo ha manejado con controles a importaciones y con la regulación del régimen cambiario; pero en 1967 opta por la devaluación permanente y gradual. Desde ese momento la intervención estatal en la economía se concentra en el sector externo, orientando todo a la promoción y diversificación de exportaciones.

La otra cara del “desarrollo”, la absorción de mano de obra en esa economía industrializada, y el problema de la tierra que al menos suministrara la subsistencia elemental del sector campesino, corresponde a problemas que permanecen ajenos a la intervención del Estado, aunque en ello se juegue la vida de muchos millones de colombianos que son las mayorías de la nación. Los gobiernos se han limitado a estimular ciertos desarrollos de la industria que hipotéticamente revertirían en absorción de mano de obra, lo que, si ha ocurrido, ha sido fugazmente y en pequeña escala. De allí el desempleo y el subempleo crecientes y la pérdida permanente de la capacidad adquisitiva de los salarios, con sus secuelas de hambre y deshumanización, todo lo cual responde a la “regla de oro” del modelo: aumento de las tasas de explotación humana para que el capital tenga tasas de rentabilidad constantemente crecientes.

Bejarano sintetiza sus tesis afirmando que la intervención del Estado ha ido desplazando su papel en función de las necesidades de la acumulación, y que esa intervención solo se circunscribe a la esfera de la circulación de capital, y particularmente a la órbita del capital financiero, reestructurando a partir de ellas las condiciones en que opera el capital privado. La línea directriz central ha sido la de procurar que la acumulación vaya basándose en la eficiencia del aparato productivo hasta lograr condiciones de competitividad en los mercados internacionales. Aunque el escrito que citamos de Bejarano es de 1978, resulta visionario. Ese momento se empieza a alcanzar en los 90s. con la apertura económica, cuando el Estado le transfiere muchos de sus poderes al sector privado. El papel fundamental del Estado ha sido el de garantizarle al capital privado las mejores condiciones de explotación de la fuerza de trabajo. Y el ideal es que el capital pueda operar ya sin los estímulos de la acción estatal. Bejarano concluye su análisis afirmando que : “la burguesía deberá escoger entre mantener la estabilidad interna económica y política a costa de un menor dinamismo en la acumulación, o persistir en la inestabilidad interna inherente a los movimientos cíclicos del mercado mundial, a costa de un acentuamiento de su capacidad represiva”.

Resulta muy sintomático que el ex Presidente López Michelsen, a 7 años de haberse tomado las medidas fundamentales de la apertura económica que acomodó al país a los dogmas neoliberales del mercado globalizado, evalúe tan negativamente el modelo, a pesar de que su mismo gobierno (1974-78) se inscribió en el caminar hacia estas metas. En octubre de 1997, al conmemorar el centenario del nacimiento del ex Presidente Darío Echandía, en la Universidad del Rosario, López Michelsen calificó el modelo de la apertura económica como “diabólico” y afirmó: “Los resultados de la aplicación de este modelo han sido la importación de cinco millones de toneladas de alimentos y materias primas que antes se producían en Colombia; el abandono de un millón de hectáreas de tierras cultivables, y entre 800.000 y 1.200.000 desempleados del sector rural (...) Muchos de esos desempleados se fueron con la guerrilla o los paramilitares, algunos pocos entraron en las filas del Ejército y la Policía y otros se sumaron a los cocaleros para practicar sus conocimientos campesinos en el único campo en que es remunerativa la agricultura”. [30]

Pero toda esta política económica estructuralmente discriminatoria no sería viable sin un control del aparato del Estado por fuerzas políticas identificadas con el modelo, y sin una estructura represiva que cierre las vías a modelos alternativos. Toda la historia política de la nación la protagonizan, desde algunas décadas después de la independencia de España, los partidos Conservador y Liberal, historizados como “partidos tradicionales”. Es fácil dejarse llevar por discursos que hacen ver en ellos contradicciones aparentes, cuyo debate alimentaría la “democracia”. Esos partidos, sin embargo, representan la “pasión dualista” de una clase dominante, como magistralmente la saca a luz el historiador Mario Arrubla : [31]

Las funciones “contrarias” que habían representado los partidos tradicionales (el liberalismo como partido del pueblo y el conservatismo como el del orden), en el Frente Nacional pasan de complementarias a oficializar su coalición. En efecto, durante las dos “repúblicas liberales” (1850-86; 1930-45) el liberalismo había promovido rupturas o cambios que, secreta o inconscientemente, anhelaba el conjunto de la clase dominante, pues miraban a contribuir a la expansión de esa clase. Pero como todo cambio exige movilizar energías generales de la sociedad, el liberalismo se valió para ello del estímulo al revolucionarismo de sectores medios y populares, para enfrentar con él, ya a los esclavistas, ya a la Iglesia, ya a los latifundistas feudales. Por haber buscado dar libre circulación mercantil a la tierra y a la fuerza de trabajo, que eran los dos recursos fundamentales del país, el liberalismo fue llamado el “partido de la libertad”; y por haber procurado someter esos dos recursos a quien mejor los explotara, fue llamado el “partido del progreso”.

El conservatismo acreditaba sus títulos de “partido del orden” y de la “autoridad” porque le había correspondido administrar las largas pausas del revolucionarismo, pausas cuya oportunidad se hacía manifiesta cuando su doble histórico había llevado las reformas hasta donde resultaban posibles y era llegada la hora de la desmovilización y del goce y explotación rutinaria de lo ya conquistado. En esos momentos se acentuaba la defensa de la autoridad constituida, tanto en el campo del poder político, centralizado en el Estado, como en el del poder socio-económico, que representaba un control descentralizado, pero por ello mismo más estrecho sobre la vida de las masas populares.

La división electoral fue el procedimiento sistemático por el cual el partido de gobierno facilitaba su propio relevo, al comprender que otra tarea se había hecho necesaria y que, por su índole, debía ser desempeñada según los principios del “contrario”. Esto no había impedido nunca la feroz resistencia de sectores del partido relevado, que se equilibraba con el surgimiento de corrientes moderadas que aprendían a resignarse mediante el usufructo de las ganancias generales. En efecto, los conservadores compraban los bienes expropiados a la Iglesia, así como los liberales prosperaron en los negocios bajo la “Regeneración” de Núñez, y, tanto conservadores como liberales, se hicieron industriales o arrendaron sus fincas a capitalistas luego de las reformas lopistas. Cuando mayor era la resignación de los moderados, más agresiva era la oposición de los doctrinarios, a los cuales se les encargaba el arduo trabajo de la diferenciación, o sea, la salvaguarda de la identidad partidaria.

A lo largo de la historia estos dos partidos se construyeron como partidos y anclaron en el alma popular gracias a la pasion dualista, diferencia cuya furia alcanzó el clímax en La Violencia. Esta vez, en contraste con las anteriores, la apelación a las armas se originó en el gobierno. El brazo del Estado se extendió en función de verdugo que desató el pánico y el sadismo entre el pueblo. La violencia llegó a ser esta vez más que lucha de partidos, y en su curso el Estado terminó por perder todo peso moral, mientras grandes sectores populares, levantados en armas, se beneficiaban de la más profunda legitimidad.

Al llegar al pacto del Frente Nacional, después del cataclismo, López Pumarejo daba muestras de un realismo que resultaba conservador, mientras Laureano Gómez expresaba convicciones liberalizantes. En el fondo de esas paradójicas evoluciones se perfilaban los nuevos contornos de un país donde el señorío de la tierra había sido substituido por la propiedad de capital, como fuente principal de poder. Al hacer suyo este terreno común, liberales y conservadores entendían que la más cruenta de las batallas (La Violencia) había venido para inducir el descubrimiento de una realidad nacional frente a la cual se destacaban sus puntos de contacto y sus diferencias se esfumaban. Los liberales, como quien accede a la madurez, iban a dar muestras de responsabilidad y a corregir la mala imagen que habrían podido dejar en los partidarios del orden. Los conservadores, adoptando aires de cordura, proclamarían su adhesión a la democracia. Dentro del diseño frentenacionalista, cada partido iba a servir de garante de los buenos propósitos del contrario: los conservadores iban a decir a las clases altas que los liberales ya no eran alborotadores, mientras los liberales iban a convencer a las masas de que los conservadores ya no amenazaban sus vidas. Cada uno tenía la tarea de devolver el crédito al contrario. Para aplacar a los militares en sus ambiciones políticas fracasadas, se les dio como cuota el manejo del orden público, mediante un régimen permanente de Estado de Sitio, haciendo que el campo del orden público invadiera también el terreno de la justicia.

Los gobiernos del Frente Nacional (1958-1974) persiguieron una misma estrategia: mantener un esquema político democrático y un esquema económico capitalista. Los desastrosos efectos del segundo mantienen siempre amenazado al primero. Paradójicamente la población elevaba las tasas de crecimiento al mismo ritmo que el capitalismo la declaraba sobrante. Las políticas de control demográfico tratan de apoyarse en el supuesto de que es la población la que sobra y no el régimen económico el que se muestra inflexible para cubrir sus necesidades. Esto erosiona tanto al Frente Nacional que en las últimas elecciones legalmente frentenacionalistas (1970), la Anapo vence todas las maquinarias y los medios masivos de comunicación. Los partidos tradicionales habían subestimado el resentimiento popular que se identificaba de una manera natural con la amargura del General Rojas Pinilla, expulsado, humillado, excluido y demonizado, sobre cuya “tiranía” (populista) había tratado de legitimarse esta “democracia” frentenacionalista.

La confluencia de las corrientes liberal y conservadora en el gran aparato frentenacionalista, y la compenetración de éste con el régimen económico prevaleciente, determinaron la conformación de un establecimiento que convirtió sus rigideces interiores en índice de fuerza y que terminó por ver como una perturbación inquietante cualquier proyecto susceptible de introducir contradicción en su seno. En la medida en que este esquema general se oficializó, la oposición a él o a alguno de sus elementos adquirió visos de subversión. La inconformidad y las demandas de reformas, imposibilitadas para encontrar algún lugar en el establecimiento, formaron una franja de marginalidad ideológica que en los últimos tiempos no ha hecho más que radicalizarse.

Desde el punto de vista de los movimientos políticos, todas las alternativas al bipartidismo, único sistema que ha integrado la pasión dualista a los intereses de las capas más privilegiadas, han sido suprimidas con prepotencia, con saña y con audacia e impavidez: cuando la ANAPO triunfó en las elecciones del 19 de abril de 1970, la confección del fraude se hizo de cara al país sin recato alguno. El mismo Ministro de Gobierno de ese momento lo confesaría 28 años después, tratando de salvar su responsabilidad directa. [32] Dicho ex Ministro, Carlos Augusto Noriega, concluye el último capítulo de su libro-confesión con estas palabras: (esa)”controvertida elección sumió en la desesperanza a millones de colombianos desprotegidos. Por qué? Porque de todos ellos se apoderó, justificada o injustificadamente, la catastrófica convicción de que en nuestra flamante democracia a los personeros del pueblo se les arrebata su victoria en las urnas mediante maniobras fraudulentas. Conclusión de lo anterior fue la desastrosa creencia de que al poder hay que tomárselo con las armas, no con papeletas (...) las guerrillas revolucionarias ya existentes y ésta nueva (el M-19) lo entendieron como perentoria advertencia de que aquí, entre nosotros, el poder para poner fin a un orden injusto no se alcanza con votos sino con balas”. (pg. 250).

Cuando 15 años más tarde, en 1985, la UNION PATRIOTICA comenzó a recoger nuevamente el descontento popular, la clase dirigente y el Estado no dudaron en responder rápidamente con el GENOCIDIO, exterminando a toda su militancia en una carrera contra el tiempo [33]

Desde el punto de vista de los movimientos sociales que encarnan las luchas reivindicativas y la protesta popular, la situación no ha sido mejor. Un personaje fuera de sospecha, que ha ocupado altos cargos académicos y de asesoría a los órganos de control del Estado, resume así la situación: “Las prácticas dominantes de desobediencia civil fueron perseguidas como delitos políticos dentro del marco de una política criminal crecientemente discriminativa. Nótese, en tal sentido, cómo quince de los veinte años que duró el Frente Nacional, se vivieron bajo el régimen de Estado de Sitio, con todas sus secuelas de restricciones de libertades individuales y ciudadanas. El movimiento estudiantil, el movimiento obrero-sindical, el movimiento campesino, el movimiento indigenista, los movimientos cívicos, etc., y toda la gama de sus recursos de desobediencia civil como eran las tomas de tierra, las marchas campesinas, las manifestaciones de protesta, las huelgas ilegales y los paros cívicos, fueron reprimidos de manera brutal. Así, los movimientos sociales y políticos y demás expresiones de emergencia de la sociedad civil, luego de períodos de crecimiento y auge participativo, entraron en procesos de descomposición. Las secuelas acaso más graves de ese proceso fueron el debilitamiento de las luchas democráticas y el fortalecimiento de la lucha armada”. [34]

La Colombia de la última década del siglo XX, si bien ha adquirido una Constitución que incorpora en su texto los derechos humanos casi exhaustivamente, coincide con la más brutal escalada de la estrategia paramilitar del Estado. La creciente condena internacional al Estado violador de los derechos humanos, condena que toma fuerza en los ochentas, hace que éste reacomode sus activos de modo que actúen en primer plano las huestes paramilitares entrenadas y preparadas desde comienzos de los sesentas. Y como éstos no tienen que respetar recatos institucionales de imagen, el desbordamiento del exterminio ya no tiene nombre.

5. Configuración del Estado como actor violento

La configuración del Estado como actor violento, durante este período que se inició en 1965, puede estudiarse a través de sus opciones fundamentales, de su doctrina contrainsurgente, de su estrategia para enfrentar el conflicto social y de sus métodos de acción.

a. opción fundamental

Frente a un levantamiento en armas por parte de grupos que reclaman cambios fundamentales en las estructuras económicas, sociales y políticas, para satisfacer en niveles básicos las necesidades elementales de la población, un Estado tiene dos alternativas: un tratamiento político negociado para buscar soluciones a los reclamos justos, o un tratamiento militar para exterminar la rebelión. La opción fundamental del Estado colombiano ha sido claramente la segunda, pero no reduciendo la acción de exterminio a los alzados en armas sino llevándola a amplias capas de población civil desarmada, que caen o podrían caer bajo áreas de influjo territorial o ideológico de los combatientes. Si bien desde 1983 se han producido diversos procesos de negociación con grupos insurgentes, llamados procesos de paz, solo han llegado a un cierto término aquellos que se han reducido a la negociación de una desmovilización de los combatientes, y hasta ahora han fracasado rotundamente aquellos en que se ponen sobre la mesa los más agudos problemas socio-económicos o políticos. Y aún los procesos “exitosos” han tenido como epílogo la eliminación física de un porcentaje significativo de los desmovilizados.

b. doctrina

La Doctrina Contrainsurgente del Estado colombiano se expresa en tesis que se repiten ritualmente en los discursos de las jerarquías militares, de no pocas autoridades civiles y de voceros reconocidos de las clases dirigentes, pero cuyas directrices principales se encuentran en los documentos desclasificados del Pentágono y del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

El General Fernando Landazábal explicitaba con franqueza, en uno de sus libros, la tesis fundamental: “No menos importante que la localización de la subversión es la localización de la dirección política de la misma. (...) La dirección política no puede interesarnos menos que la militar y, una vez reconocida y determinada la tendencia, hay necesidad de ubicar la ideología que la anima, plena y cabalmente, para combatirla con efectividad. Nada más nocivo para el curso de las operaciones contrarrevolucionarias que dedicar todo el esfuerzo al combate y represión de las organizaciones armadas del enemigo, dejando en plena capacidad de ejercicio libre de su acción la dirección política del movimiento [35]

Esta tesis se ha desdoblado, a lo largo de las tres décadas y media que lleva el actual ciclo de violencia, en la criminalización de la protesta social y de la oposición política; en el equiparamiento del delito de rebelión al delito de opinión, en la calificación de las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles, de oposición política o de defensa de los derechos humanos, como “fachadas de la subversión” o “brazo desarmado de la subversión”. [36] A todo esto se suma la rutina de presentar ante la opinión pública a las víctimas de la represión oficial como “guerrilleros muertos en combate”, vistiendo muchas veces sus cadáveres, “post mortem”, con uniformes de combatientes.

c. estrategia

La Estrategia represiva del Estado colombiano se puede analizar, por una parte, en la serie de manuales de lucha contrainsurgente, publicados con carácter reservado por las Fuerzas Armadas, entre 1962 y 1987, pero exige análisis complementarios de los comportamientos sistemáticos de los demás poderes del Estado en apoyo activo o pasivo a la ejecución de esas directrices.

Un eje fundamental de la estrategia trazada en los manuales, ha sido el mantenimiento de estructuras paramilitares, recomendado por la misión del gobierno estadounidense de febrero de 1962, como se vio atrás, pero reforzado en todos los manuales de contrainsurgencia posteriormente conocidos, tanto en los importados de Estados Unidos y Francia, como en los elaborados a nivel nacional. [37]

Pero otro eje de no menor importancia ha sido el tomar a la población civil como blanco fundamental de la lucha contrainsurgente. La tesis de base, según la cual, “en la población civil se fundamenta la existencia de los grupos subversivos [38] lleva a poner a la población civil como “uno de los objetivos fundamentales de las unidades del Ejército” [39] Por ello todos los manuales mencionados contienen grandes capítulos sobre operaciones de inteligencia y sobre guerra psicológica, de las cuales hacen objetivo a la población civil.

Los capítulos sobre INTELIGENCIA ofrecen numerosas tácticas para desnudar el alma de la población civil, descubriendo y registrando sus tendencias ideológicas, sus simpatías políticas, sus vulnerabilidades psíquicas, sus costumbres, sus líderes etc. Todo mira a clasificar a los pobladores en “listas negras, grises y blancas”, para luego realizar un “boleteo al personal de lista gris y negra que no quiere colaborar con la tropa, para obligarlos a que se descubran, atemorizarlos haciéndolos creer que están comprometidos y que deben abandonar la región [40], táctica similar a la de una “limpieza étnica”, convertida aquí en “limpieza ideológica”.

Los capítulos sobre La GUERRA PSICOLOGICA prescriben someter a la población a análisis rigurosos con miras a descubrir “sus actitudes; el origen de las mismas; los factores externos que las gobiernan; las vulnerabilidades y susceptibilidades que puedan ser explotadas psicológicamente, y las necesidades humanas que originan problemas políticos, sociales y económicos”, lo que se considera como “identificación indispensable para poder explotarla en provecho de la unidad contraguerrilla”. [41] Las numerosas tácticas contempladas en los manuales equivalen a un permanente y denigrante lavado extorsivo de cerebros, con el objetivo confeso de “reeducación de elementos disidentes [42], de “extirpar la organización terrorista del seno de la población [43]o de “influir en las opiniones, emociones, actitudes y comportamientos de grupos hostiles, de tal manera que apoyen la realización de los objetivos nacionales [44].

A nadie se le oculta que esto no puede hacerse sin sacrificar todos los derechos a la libertad de conciencia y de opinión que tiene cualquier ser humano, entre otros muchos otros derechos. La misma Acción Cívico Militar, que consiste en proyectos dirigidos por el Ejército que miran a aliviar carencias o necesidades básicas de la población, se la concibe en los manuales como “el mejor medio que tiene el Ejército para lograr, en la lucha contra las guerrillas, el necesario apoyo de la población [45], inspirándose en un principio más general, según el cual “El buen trato (a la población civil) es requisito para explotarla [46]

Pero si bien la ESTRATEGIA PARAMILITAR, así como la ESTRATEGIA DE CULPABILIZAR A LA POBLACION CIVIL PARA REPRIMIRLA INDISCRIMINADAMENTE, son estrategias agenciadas en directo por las fuerzas armadas y los organismos de seguridad del Estado, no serían estrategias viables si el Estado fungiera como Estado de Derecho y si sus agentes e instituciones, de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, actuaran conforme a Derecho. Por esto, es parte integrante e importante de ambas estrategias la tolerancia, aquiescencia, consentimiento, complicidad, colaboración, instigación, apoyo y protección que les garantizan los demás poderes del Estado.

El Poder Ejecutivo asume ambas estrategias fundamentalmente abdicando de sus funciones de velar por una correcto comportamiento de los funcionarios de su ramo, como las fuerzas armadas; no ejerciendo sus obligaciones de vigilancia, depuración y dirección, y remitiendo el problema de los crímenes del Estado a un poder judicial que sabe acomodado a la impunidad.

El Poder Judicial asume la estrategia en su última y definitiva franja protectora (ya que el Ejecutivo abdica de todo control y depuración administrativos), integrando, en primer lugar, la Justicia Penal Militar, como sistema válido de “justicia”, a pesar de no llenar los más mínimos universales requeridos para ello, y, en segundo lugar, tolerando, asimilando y afianzando los numerosos mecanismos de impunidad, nacional e internacionalmente denunciados por varias décadas. [47]

A su vez, el Poder Legislativo asume las estrategias abdicando de sus poderes de control político del Ejecutivo en el campo de la “guerra sucia”, así como de sus poderes judiciales sobre la Cabeza del Ejecutivo; aprobando los ascensos de los militares comprometidos en crímenes de lesa humanidad y tramitando y aprobando legislaciones que favorecen dichas estrategias.

Como se ve, la efectividad de la doble estrategia descansa sobre dos pilares esenciales: por una parte, la articulación operativa de lo militar con lo paramilitar, y por otra, la colaboración de los demás poderes mediante conductas omisivas, elusivas, encubridoras o desviacionistas. Sin la concurrencia de ambos polos, el modelo no funcionaría. Se trata de un modelo que descansa sobre un esquema de “esquizofrenia estatal”, o sea, en el fraccionamiento aparente del Estado para confeccionar parte de su imagen con rasgos de un “NO-YO”, y la posibilidad de jugar ese juego ante la comunidad nacional e internacional es lo que le permite subsistir como Estado que supuestamente llena los “requisitos democráticos” que hoy día se estipulan. Una táctica esencial de ese juego consiste en la elaboración de un lenguaje oficial cosmético (discursos, decretos, declaraciones), que configure el paramilitarismo como NO-YO, sometiéndolo incluso a censuras verbales. o a persecuciones teatrales. No hay duda de que en esto cumplen una función de primer orden los medios masivos de “información”, en cuyo poder descansa la posibilidad de vender la mentira como “verdad”.

d. métodos

En cuanto a los METODOS utilizados por el Estado como actor violento, éstos podrían enumerarse de una manera muy simple: acusaciones falsas, detenciones arbitrarias, montajes judiciales, juicios injustos, torturas, desapariciones forzadas, asesinatos individuales y colectivos, desplazamiento forzado de poblaciones, destrucción de bienes de subsistencia, bombardeos indiscriminados, amenazas, atentados y violencia sexual. Pero la simple enumeración no revela la lógica de sus aplicaciones. Los análisis anteriores nos hacen leer estos métodos como encuadrados en una intención general de DISUASION, pues, como se ha visto, se trata de combatir y exterminar una forma de pensar, una ideología, una opción por un modelo alternativo de sociedad que no se compadecería con el modelo hemisférico.o con el modelo “nacional”. Tal disuasión sería imposible de implementar sin quebrantar parámetros fundamentales de un Estado de Derecho. Por ello, los métodos deben revestirse, en cuanto se pueda, de apariencias de legalidad, (mediante legislaciones drásticas de “Orden Público”) y forzando su legitimación como “respuesta a la violencia insurgente”. Por esto, también, tiene tan grande importancia, dentro del modelo, la lectura del desarmado como “armado”, así como la difusión de la tesis de la “subversión desarmada”, en la cual quepan todas las actividades y organizaciones legales, pero que podrían poner en cuestión las estructuras o el modelo hemisférico de sociedad. También en este contexto se revela la “racionalidad” del paramilitarismo.

La intencionalidad disuasiva, explícita desde el Suplemento Secreto del General Yarborough en 1962, así como en todos los documentos doctrinales y estratégicos antes citados, nos conduce al concepto de Terrorismo de Estado.

En efecto, el terror se entiende semánticamente como un “miedo intenso”, y puede ser intenso en dos circunstancias, entre otras: a) cuando están en alto riesgo los valores más elementales de lo humano: vida, integridad y libertad (y en sus niveles más básicos, o sea: el terror de ser privado de la vida; de ser disminuido o mutilado en el propio funcionamiento fisio-psíquico; de ser privado de la libertad física), y b) cuando no existe una zona o franja de seguridad donde ese riesgo pueda evitarse. Cuando el miedo se apoya en esas dos circunstancias y éstas se seleccionan como estrategia disuasiva, se puede hablar de una estrategia terrorista. Y si es el Estado el que controla esas circunstancias, estaremos frente al Terrorismo de Estado. Así, cuando el Estado crea, por ejemplo, tipos penales ambiguos (como los de “rebelión” o “terrorismo”) en cuanto instrumentos manipulables y arbitrarios para arruinar la libertad de un blanco seleccionado; cuando crea procedimientos judiciales manipulables y susceptibles de montajes (como testigos y jueces sin rostro o recompensas monetarias a eventuales acusadores); cuando establece agentes ficticiamente “fuera de control” como encargados de castigar simpatías ideológicas o militancias legítimas; cuando mantiene garantías de impunidad para agentes estatales y paraestatales que amenacen sistemáticamente la vida, integridad y libertad de poblaciones que se escapan a su pleno control, etc., es evidente que se está en presencia del Terrorismo de Estado, como substrato común de los métodos violentos antes enumerados.

La disuasión mediante el terror tiene la ventaja, para sus gestores, no solo de conjurar a las inmediatas los intentos de transformaciones sociales, sino de condicionar al menos a la generación siguiente a que se pliegue a los proyectos de futuro del Estado victimario. El efecto más recóndito del terror es la opción inconsciente o subconsciente de evitar las vías recorridas por los desaparecidos, por los asesinados, por los torturados y por los desplazados, como tributo pagado al instinto de conservación.

6. Asimilación de otras violencias

a. el narcotráfico

Parte de la violencia de este ciclo ha sido leída desde otros países como una violencia ligada al problema del cultivo y tráfico de sustancias psicoactivas, como la marihuana, la cocaína y la heroína, ya sea porque en dicho período se produce la conformación de carteles competitivos de narcotraficantes que han intentado destruirse mutuamente en algunos momentos; ya por la existencia de una política anti-narcóticos de carácter represivo, continuamente rediseñada bajo directrices norteamericanas; ya por manifestaciones de resistencia a esa represión, que a veces asumen características violentas. Esta es la imagen construida a través de las agencias internacionales de “información”, que se vende ordinariamente como interpretación exclusiva de “La Violencia” colombiana. Pudo dar fundamento para esto la espectacularidad de ciertos hechos violentos ocurridos entre 1986 y 1990, en los cuales intervinieron estructuras armadas ligadas a los carteles de la droga y cuyos móviles parecían estar relacionados con reacciones a mecanismos de represión contra los narcotraficantes (como la extradición) o con conflictos de competitividad entre los carteles. Este tipo de violencia, limitada a asuntos de droga, es estadísticamente muy pequeña, aunque agrandada por la espectacularidad y publicidad de los hechos. Pero no puede negarse que el fenómeno del narcotráfico se ha integrado por otros caminos a este ciclo de violencia.

A comienzos de los ochentas, grandes extensiones de tierras periféricas del país, ganadas a la selva, donde se habían refugiado centenares de miles de familias expulsadas de otras regiones por la violencia, conocieron el auge de la coca. Se conformó entonces un sector de economía ilegal que reprodujo las estructuras sociales piramidales e injustas: una base, calculada en 300.000 familias, que lleva el duro peso del cultivo y “raspado” en condiciones de rudeza y alto riesgo; un sector intermediario que refina y exporta y que fue conformando los carteles nacionales; y unos grandes traficantes distribuidores, asentados en Estados Unidos o Europa, que usufructúan el más alto porcentaje del lucro. Los réditos de ese producto, excluido incoherentemente de las legalidad del mercado [48], y que gracias a su forzosa clandestinidad genera ganancias exorbitantes, se reparte con criterios de sobreexplotación: la base recauda una retribución 250 veces inferior al producto de su venta y 40 veces inferior a la que reciben los intermediarios exportadores.

Entre el 96% y 98% del lucro total de las operaciones se integra a la economía estadounidense o europea, y entre el 2% y 4% ingresa clandestinamente a la economía colombiana, [49] aportando un promedio mínimo de mil millones de dólares anuales. [50] Uno de los sectores más recurridos por los carteles nacionales para “lavar” el dinero ilegal ha sido la compra de tierras. Según el sociólogo Alejandro Reyes, ya en 1992 habían comprado entre 2.5 y 3 millones de hectáreas de las mejores tierras cultivables [de los 8 millones existentes] en 250 municipios. [51] Gran parte de esas tierras estaban ubicadas en zonas de presencia guerrillera, lo que explicaría los intereses de los narcotraficantes en aliarse con los paramilitares para apoderarse de ellas y usufructuarlas, tratando de expulsar de allí a las guerrillas.

A mediados de los ochentas es muy evidente la alianza entre los grandes narcotraficantes y el paramilitarismo. Cuando en diciembre de 1987 el Coronel del Ejército Israelí, Yair Klein, por invitación de miembros del gobierno estadounidense [52] entrenó a un contingente de paramilitares en el Magdalena Medio, allí concurrieron delegaciones enviadas por los grandes capos de los carteles de la droga conocidos, quienes ya eran simultáneamente líderes paramilitares. Un testigo fuera de sospecha, el oficial del ejército Luis Antonio Meneses Báez, integrante de la estructura paramilitar anfitriona, lo confesó así ante la DIJIN en noviembre de 1989 [53] Según dicho testimonio, a ese curso asistieron 50 personas, 20 designadas por Henry Pérez, 20 por Gonzalo Rodríguez Gacha, 5 por Víctor Carranza y 5 por Pablo Escobar y Fabio Ochoa.(todos reconocidos narcotraficantes). En un momento el curso se trasladó de la finca “El Cincuenta” de Puerto Boyacá, a la zona de “La Azulita” en el Putumayo, dos reconocidos asentamientos del narcotráfico. [54] Otro testigo de excepción, el ex-militante del M-19, Diego Viáfara Salinas, que se integró a la experiencia paramilitar piloto de Puerto Boyacá en diciembre de 1983, narra uno de los momentos en que se fraguó la alianza entre el narcotráfico y el paramilitarismo, en diciembre de 1985, cuando un campero cargado de coca fue interceptado por los paramilitares en el sitio “Dos y Medio”(cerca de Puerto Boyacá). Los paramilitares decidieron entrar en negociaciones con los narcotraficantes, devolverles la droga y llegar a acuerdos de integración de actividades [55]

Tanto las dos confesiones mencionadas antes, como la del Mayor del Ejército Oscar de Jesús Echandía Sánchez, cofundador de la estructura paramilitar de Puerto Boyacá [56] corroboran la unidad de acción que se da entre el Ejército, los narcotraficantes y los paramilitares, en la segunda mitad de los ochentas. [57] Según el texto de un pre acuerdo firmado el 1 de septiembre de 1988 entre el Secretario General del Presidente Barco, Don Germán Montoya, y el abogado Guido Parra en representación del “Grupo A” (o carteles de Medellín, Bogotá y La Costa), que buscaba una negociación de paz entre el gobierno y los narcotraficantes, los grupos paramilitares, entre ellos el más activo y terrorista del momento: el MAS, son reconocidos formalmente como grupos “auxiliares”. [58]

Por su parte, los frentes guerrilleros de las FARC, apoyados en el principio de no buscar la financiación de la guerra en la población pobre sino extraerla a la fuerza de la población adinerada, establecieron un impuesto por gramo (“gramaje”) a quienes participaban en el comercio de la droga, como fuente de financiación. No pocos militares pactaron con los traficantes adoptar una posición de “ceguera voluntaria” frente a los cultivos y tráfico ilícito de droga, a condición de millonarios sobornos.

Entre tanto los gobiernos que se han sucedido en los años ochentas y noventas han trazado diferentes políticas represivas supuestamente con miras a eliminar el cultivo y comercialización de la coca, políticas que obedecen a una manifiesta presión del gobierno estadounidense y que han servido para canalizar una constante ayuda militar de Estados Unidos a Colombia, bajo el presupuesto de que la erradicación de la droga debe hacerse militarmente. Este ha sido otro factor de violencia, cuyo blanco ha sido el eslabón más débil del proceso, o sea, las familias que realizan el trabajo de base (cultivo y “raspado”) por imperativos de supervivencia, las cuales sufren constantes fumigaciones y destrucciones de sus cultivos y enseres, daños en su salud y en su medio ambiente, cuando no encarcelamientos bajo la acusación de “narcotraficantes”.

Para los traficantes poderosos se han elaborado y aprobado leyes de sometimiento voluntario a la justicia, con grandes contraprestaciones judiciales [59]. Pero las políticas represivas no han podido ocultar la doble moral de las clases dirigentes: mientras aprueban legislaciones represivas contra los eslabones más débiles, usufructúan las ganancias del comercio ilícito para traficar con el poder político. En 1996 el Presidente Samper fue juzgado y absuelto [60] por el Congreso de la República por haber financiado su campaña con un aporte de seis mil millones de pesos provenientes del cartel de Cali. Al mismo tiempo, el proceso judicial No. 8000 evidenció la participación de numerosos líderes políticos y miembros de la clase dirigente en el disfrute de esos dineros “mal habidos”. El periodista Javier Darío Restrepo demostró que el financiamiento del poder político con ese tipo de dineros se venía dando desde la década del 70 [61] y un ex ministro de Estado, protagonista de momentos álgidos de la historia nacional, lo reconoció con franqueza [62]

Sin embargo entender la lógica de la política antinarcóticos del gobierno estadounidense y sus proyecciones extorsivas sobre la política del Estado colombiano, es muy difícil, dado su carácter incoherente, contradictorio y aberrante:

Ante todo, excluir el comercio de la droga de la aplicación de la ley de la oferta y la demanda (ley fundamental del sistema que dice defender) para mantenerlo como un comercio ilegal, es algo que contradice la racionalidad del sistema. Las ”razones éticas” que suelen aducirse, se derrumban en el momento en que se contrapone esa medida a la libertad de que gozan la industria y el comercio de armamentos, que no solo atentan contra la calidad de la vida sino que apuntan directamente a la destrucción de vidas humanas a gran escala.
Si, como se ha dicho, la intención que motivó la “guerra contra las drogas” en los gobiernos de Reagan y Bush, era producir un alza exorbitante de su precio y por esa vía disminuir el consumo, el efecto real fue convertir ese comercio en el mejor negocio del mundo, pues deja utilidades del orden del 20.000 % [63]. Y mientras todos los estudios estadísticos muestran que el consumo ha ido siempre en aumento, entre el 96% y el 98% del producto de la venta se queda en los países consumidores, el principal de los cuales es Estados Unidos, entrando solo a los países productores entre el 2% y el 4% [64]. De esto se puede concluir que mantener dicho comercio en la “ilegalidad” le reporta, de hecho, un movimiento exorbitante a la economía estadounidense que irriga muchos de sus sectores financieros y que los supuestos argumentos éticos tienen un carácter de ficción. Por tanto, mantener la represión en los países productores es el factor clave para mantener los precios exorbitantes, que de hecho no han disminuido el consumo pero sí reportan ganancias fabulosas al sector financiero de la Unión americana.
Que ni al gobierno ni al congreso estadounidenses les importe en absoluto disminuir el consumo interno, quedó más evidenciado en la coyuntura de discusión de la ayuda al “Plan Colombia” (febrero-junio/2000), al rechazar la enmienda propuesta por el Senador Wellstone, quien demostró, mediante estudios de la Rand Corporation, que invertir en el tratamiento a los consumidores es 23 veces más efectivo para disminuir el consumo que invertir en la erradicación de cultivos en otros países [65]
Pero las incoherencias llegan a su colmo y evidencian que otros intereses se ocultan detrás de la “política antinarcóticos”, cuando el gobierno de los Estados Unidos acepta, a ciencia y conciencia, entrar en alianzas con los carteles colombianos del narcotráfico, vía estructuras paramilitares, que sus mismas agencias recomendaron e incentivaron desde 1962. En efecto, el Coronel israelí Yair Klein confesó que había venido a Colombia en 1986-87, “invitado por los americanos”, y entrenó a grupos paramilitares seleccionados por los grandes líderes de los carteles de la droga. Además, el informe “Stopping the Flood of Cocaine with Operation Snowcap: Is it Working?”, elaborado por el Comité sobre Operaciones Gubernamentales, de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que examinó el destino de la ayuda anti-narcóticos entre 1980 y 1990, reveló que esa ayuda se empleaba en operaciones contrainsurgentes que favorecían a narcotraficantes-paramilitares aliados con el ejército. Michael McClintock enfatiza de dicho informe la conclusión de que: “Los militares, que han consolidado una alianza con terratenientes armados y barones de la droga para desarrollar su aparato contrainsurgente, eran parte del problema del tráfico de narcóticos y no un medio efectivo para suprimirlo [66]
McClintock afirma, además, que “el despliegue de fuerzas de operaciones especiales de los militares estadounidenses en Bolivia, Perú y Colombia, para entrenar y apoyar a fuerzas militares contrainsurgentes, bajo el paraguas de programas de represión a la droga , ha sido un aspecto del nuevo orden [67]. Esto aparece corroborado en el excepcional testimonio de Stan Goff, oficial del ejército estadounidense, quien sirvió durante dos décadas en las Fuerzas Especiales, entrenando a ejércitos del Tercer Mundo, y que estuvo en la base de Tolemaida (Colombia) en 1992, entrenando a “Fuerzas Especiales” del ejército colombiano: “Sabíamos perfectamente, como también lo sabían los comandantes de la nación anfitriona, que los narcóticos eran una excusa ridícula para fortalecer las capacidades de tropas que habían perdido la confianza de la población, luego de años de atropellos (...) Pero yo me había ido acostumbrando a las mentiras. Estas eran la moneda circulante de nuestra política exterior (...) Hay también una historia turbulenta del gobierno de Estados Unidos que lucha con -no contra- los traficantes de droga. De hecho la CIA parece tener una tendencia irresistible hacia los barones de la droga [68]

El cúmulo de incoherencias, contradicciones y aberraciones que ha hecho ininteligible la “política antidrogas” de los gobiernos de Estados Unidos, se vuelve inteligible cuando se la descubre como “paraguas” para cubrir intereses inconfesables. De hecho, la caída del muro de Berlín, con toda sus connotaciones, dejaba sin piso ideológico la política intervencionista de los Estados Unidos en sus áreas de influencia, pues ya no existía ninguna superpotencia enemiga que tratara de infiltrarse en sus patios. Pero quedaban al desnudo los verdaderos objetivos de esa “guerra”: impedir la autodeterminación de los pueblos que quisieran modificar las reglas de juego de un sistema de explotación generador de miseria a gran escala. Era necesario, entonces, encontrar otra legitimación ideológica para la intervención y para la continuidad de la estrategia paramilitar trazada desde comienzos de los sesentas, y esta fue la “política anti-narcóticos”.

El fenómeno del narcotráfico se articula, pues, al actual ciclo de violencia: a) brindando financiación exorbitante y poder extorsivo y corruptor al paramilitarismo; b) brindando legitimación ideológica a la continuidad de la intervención estadounidense en el conflicto colombiano, mediante la ayuda militar creciente bajo el paraguas de “política antinarcóticos” y presencia creciente de asesores contrainsurgentes bajo el mismo paraguas; c) legitimando acciones destructivas contra las capas más vulnerables de la economía de la droga y provocando en ellas reacciones violentas de desesperación apoyadas por la insurgencia.

b. la delincuencia común y la “limpieza social”

En las últimas décadas Colombia ha alcanzado los más altos niveles de muertes violentas. Desde 1985 el promedio se ha movido entre 70 y 90 muertes violentas anuales por cada cien mil habitantes, mientras los países que le siguen tienen promedios cuatro veces inferiores.

Estas cifras envuelven muchas formas de violencia que podrían juzgarse a primera vista como no relacionadas entre sí. Sin embargo, cada dinámica de violencia refuerza de una u otra manera las demás, por el solo hecho de compartir un mismo territorio y un mismo ámbito socio político. Así, por ejemplo, las cadenas infinitas de retaliaciones que los crímenes ponen en juego, hacen que un crimen de carácter político genere otros muchos que no lo son; la ampliación progresiva del tráfico de armas que van a parar a manos de grupos o personas privadas, hace que cada arma sirva, en su trayectoria, a diversos tipos de criminalidad y que su sola posesión motive o facilite algunos crímenes; la crisis de la justicia punitiva lleva a que muchas denuncias sean reemplazadas por actos de violencia como substitutos de una justicia inexistente; ejércitos privados que sirvieron originalmente a la defensa de algún narcotraficante y de su territorio, luego entran en alianza y unidad de acción con instituciones del Estado para unirse a la lucha contrainsurgente reforzando el paramilitarismo. Son dinámicas de violencia que se entrecruzan diacrónicamente y que, al entrecruzarse, fortalecen el modelo o los parámetros dominantes de violencia.

Pero entre esos tipos de violencia aparentemente más relacionados con la delincuencia común, hay uno que se articula más profundamente a los parámetros esenciales del actual ciclo y es la llamada “limpieza social”. El modelo de sociedad vigente, por cuya defensa o transformación se ejerce la violencia en este ciclo, es un modelo que por su propia dinámica esencial genera miseria a gran escala. Una de las más trágicas secuelas del ciclo anterior de violencia fue la enorme migración del campo a la ciudad, ya que el campo fue y sigue siendo el escenario principal del conflicto armado. Esa migración continúa dramáticamente en los desplazamientos forzados que ahora se multiplican. Fruto de ello han sido los grandes cinturones de miseria que se han conformado en las grandes ciudades y en las ciudades intermedias, donde la carencia de medios de subsistencia ha llevado a decenas de millares de personas a sobrevivir de la delincuencia, produciendo, en consecuencia, un clima generalizado de inseguridad.

La respuesta más típica del Estado y del Establecimiento a esa inseguridad han sido las campañas de “limpieza”, que se ejecutan mediante escuadrones de la muerte que actúan por fuera de los marcos legales, a veces conformados por agentes del Estado y otras veces instigados, patrocinados, apoyados o tolerados por ellos, para desaparecer y asesinar a los delincuentes.

Las prácticas sistemáticas de “limpieza”, que ordinariamente se ocultan bajo complicados mecanismos de clandestinidad, afloran a veces cuando grupos de derechos humanos deciden asomarse a esos abismos de inhumanidad. En 1995, algunas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos hicimos un acercamiento al fenómeno de la “limpieza social” en Cali, donde la sección de Epidemiología de la Violencia, adscrita al programa de “Desarrollo, Seguridad y Paz -DESEPAZ-“, de la Alcaldía municipal de Cali, había registrado 6.123 homicidios en 3 años (enero/93 a diciembre/95), de los cuales el 55% correspondía a víctimas entre 15 y 30 años de edad y el 80% a barrios de los 3 estratos más pobres de la ciudad. [69] No había duda de que el más elevado porcentaje de estas víctimas nos estaba mostrando las proporciones de esa respuesta del Estado y de la ‘sociedad honorable’ a la llamada “inseguridad ciudadana”.

Este tipo de violencia se asimila perfectamente a la que caracteriza al ciclo actual:

  • en lugar de buscarle solución al desempleo y a la miseria que llevan a los jóvenes a la delincuencia, prefiere exterminarlos;
  • en su doctrina deslegitima y criminaliza las únicas salidas que encuentra dentro del sistema el imperativo de la subsistencia;
  • en su estrategia y métodos, crea o protege grupos que castiguen ese tipo de salidas mediante la pena de muerte ‘de facto’, garantizando la impunidad a sus actores.

La inseguridad ciudadana es un fenómeno que denuncia por sí mismo la irracionalidad del sistema, que no puede satisfacer las necesidades básicas a amplias capas de la sociedad, y por tanto está demandando apremiantemente un cambio radical del modelo. La respuesta de la “limpieza social”, por su parte, revela la criminalidad estructural del Estado y que la viabilidad del modelo vigente de sociedad está ligada a la asimilación de niveles de criminalidad institucional a gran escala.

Javier Giraldo M., S. J.
Septiembre de 2000
[Texto escrito como parte de la Introducción a la primera entrega del informe COLOMBIA NUNCA MÁS, aparecida en noviembre de 2000, auspiciada por 18 organizaciones no gubernamentales.]

Notes :

[1Sánchez, Gonzalo, Guerra y Política en la Sociedad Colombiana, El Ancora Editores, Bogotá, 1991, pg. 30.

[2Sánchez, Gonzalo, o.c. pg. 37

[3Sánchez, Gonzalo, o.c. pg.33

[4Las Leyes del Llano, redactadas por el abogado José Alvear Restrepo, integrante de la Guerrilla del Llano, trazan otro modelo de sociedad más equitativa y solidaria. Su texto puede encontrarse en el segundo volumen de La Violencia en Colombia, de Monseñor Germán Guzmán Campos, el Dr. Orlando Fals Borda y el Dr. Eduardo Umaña Luna, Editorial Tercer Mundo, Bogotá, 1964, pg. 61-161.

[5Gonzalo Sánchez, o.c. pg. 37-38

[6Cfr. Gonzalo Sánchez, o.c. pg. 46-47

[7Sánchez, Gonzalo, o.c. pg.. 53

[8Sánchez, Gonzalo, o.c., pg. 54-55

[9Landazabal Reyes, Fernando, Gral., El Conflicto Social, Bogotá, Tercer Mundo, 1982, pg. 175

[10McClintock, Michael, Instruments of Statecraft, Pantheon Books, New York, 1992, pg.166

[11Cuartel General, Escuela de Guerra Especial del Ejército de Estados Unidos, Tema: Visita a Colombia, Sur América, por el Equipo de Guerra Especial, Fort Bragg, Carolina del Norte, 26 de febrero de 1962, Biblioteca Kennedy, Casilla 319, Archivos de Seguridad Nacional, Grupo Especial, Suplemento Secreto, Informe de Investigación en Colombia, citado por McClintock, Michael, o.c. pg.222.

[12Polígrafo: intrumento para registrar cambios orgánicos, a veces llamado “detector de mentiras”.

[13Ejército Nacional, República de Colombia, Fuerzas Militares, Operaciones contra las Fuerzas Irregulares, Bogotá, 1962.

[14Trinquier, Roger, La Guerra Moderna, Biblioteca del Ejército colombiano, No. 12, 1963

[15Trinquier, R., o.c. pg. 70

[16Programa agrario de las FARC, Ediciones Resistencia, 1974

[17Selecciones del Boletín Insurrección, órgano del Ejército de Liberación Nacional, mimeografiado, sin fecha, pg. 11.

[18Acta del X Congreso del PC M-L, 19-1, citada por Villarraga, Alvaro y Plazas, Nelson, Para Reconstruir Los Sueños, Fondo Editorial para la Paz, Fundación Progresar, Bogot’a, 1994, pg. 29

[19Cfr. Villarraga y Plazas, o.c. pg. 40

[20Cfr. Lara, Patricia, “Siembra vientos y recogerás tempestades”, Editorial Punto de Partida, Bogotá, 5ª edición 1982, pg. 185

[21Mendoza Morales, Alberto, Rompiendo el Cerco, Edit. Orbs, Bogotá, 1981, pg 289

[22Sarmiento Anzola, Libardo, Colombia fin de siglo, Edit. Ensayo y Error, Bogotá, 1997, pg. 56

[23El coeficiente llamado “GINI” es una medida internacionalmente adoptada que se obtiene dividiendo el total de predios con su superficie por el número de propietarios; el índice “0” es la equidad absoluta y el índice “1” es la máxima concentración o inequidad absoluta. Por eso un índice de 0.86 se acerca a la máxima inequidad. Cfr. Boletín DANE 222, enero de 1970.

[24Quintero, Julio César, Qué pasó con la tierra prometida?, Cinep, Bogotá, 1988, pg. 38-47

[25Cfr. Vallejo, César, Situación Social Colombiana, CIAS, Bogotá, 1971, pg. 113

[26Cfr. Sarmiento Anzola, Libardo, o.c. pg.56

[27Cfr. Survey S.J. de Colombia, CIAS, Bogotá, 1969, pg. 69 e informe presentado en el diario El Espectador, 27.07.00, pg. 3B.

[28Cfr. Bernal M., Jorge A., “Propuestas sobre Política Económica y Social para la Equidad y la Paz”, en La Economía en la Mesa de Negociaciones, Mandato Ciudadano por la Paz, Bogotá, 1999, pg 173 y ss.

[29En: Colombia Hoy, Siglo XXI Editores, Bogotá, 1978, pg.186 y ss, y 220 y ss. Jesús A. Bejarano fue asesinado en 1999.

[30Diario El Tiempo, octubre 17 de 1997, pg. 1B: “El modelo económico es diabólico: López M.”

[31Cfr. Arrubla, Mario, o.c. Los párrafos que siguen sintetizan algunas de las ideas del artículo.

[32Noriega, Carlos Augusto, Fraude en la elección de Pastrana Borrero, Editorial Oveja Negra, Bogotá, 1998, especialmente Capítulo 8: “La cuestión de fondo: hubo fraude”, pg. 199 y ss.

[33El Informe oficial de la Defensoría del Pueblo, publicado en octubre de 1992 luego de analizar 717 casos de homicidios de dirigentes y militantes de la UP, llega a este conclusión: “Existe una relación directa entre el surgimiento, la actividad y el apoyo electoral de la Unión Patriótica y el homicidio de sus militantes y dirigentes en regiones donde la presencia de este partido fue interpretada como un riesgo al mantenimiento de los privilegios de ciertos grupos” (Defensoría del Pueblo, Serie de Documentos, 2, octubre de 1992, pg. 216)

[34Orozco Abad, Iván, Combatientes, Rebeldes y Terroristas - Guerra y Derecho en Colombia, Temis, Bogotá, 1992, pg.53.

[35Landazábal Reyes, Fernando, Gral, o.c. pg. 156-157

[36Cfr., a modo de ejemplos: artículo del Gral. Alvaro Valencia Tovar (Mindefensa 1973-75) “Ante la Cruda Realidad”, El Tiempo,03.06.88; Artículo del Gral. Manuel Jaime Guerrero Paz (Mindefensa 1988-89), en Revista de las Fuerzas Armadas No.128, jul-sept./88, pg. 331 y ss; Ponencia del Gral. Harold Bedoya (Comandante General FF AA 1994-98 y Mindefensa (E) repetidas veces) en la Escuela Superior de Guerra el 01.04.98; el artículo del Gral. Juan Salcedo Lora en la Revista de las Fuerzas Armadas No. 162 (1997); Carta del Gral. Rito Alejo del Río (Comandante XVII Brigada) al Director Regional de Fiscalías de Antioquia, agosto de 1997; Artículos de los asesores y analistas militares Miguel Posada y José Miguel Narváez, en la Revista de las Fuerzas Armadas No. 162 (1997).etc.;

[37Cfr. especialmente: Operaciones contra Fuerzas Irregulares (traducción del manual FM31-15 del Ejército de Estados Unidos) pg.75-76; La Guerra Moderna (Biblioteca del Ejército colombiano, No. 12, traducción del francés R. Trinquier) pg. 70; Reglamento de Combate de Contraguerrilla (EJC J-10, aprobado por Resolución 005 del 09.04.69 del Comando Gral. de las Fuerzas Militares) pg. 310, 317, 318, 322 y 323; Instrucciones Generales para Operaciones de Contraguerrillas (publicado por la Ayudantía General del Comando del Ejército Nal. En 1979) pg. 81; Reglamento de Combate de Contraguerrillas (EJC-3-101, aprobado por Disposición 036 de 12.11.87 del Comando Gral. de las Fuerzas Militares) pg.26,27,160 y 324. Cfr. también Ley 48 de 1968, art.25 y art. 33 par. 3 (artículos declarados insconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia 24 años después, el 25 de mayo de 1989).

[38Manual de “Instrucciones Generales para Operaciones de Contraguerrillas”, Ayudantía General del Comando del Ejército, Bogotá, 1979, pg.32 y 159.

[39Reglamento de Combate de Contraguerrillas (EJC-3-1-, Disposición 036 del Comando General de la Fuerzas Miliraes, 12.11.87) pg. 147.

[40Instrucciones Generales para Operaciones de Contraguerrillas, Ayudantía General del Comando del Ejército, 1979, pg. 188

[41Instrucciones Generales para Operaciones de Contraguerrillas, o.c. pg. 177, y Reglamento de Combate de Contraguerrillas, o.c., pg. 307, 309 y 330.

[42Operaciones Contra Las Fuerzas Irregulares (traducción del Manual FM-31-15 del Ejército Americano), Ejército Nacional, 1962, pg. 6

[43Ibid. Pg. 50

[44Instrucciones Generales para Operaciones de Contraguerrillas, o.c. pg.174

[45Instrucciones Generales para Operaciones de Conraguerrillas, o.c. pg. 167

[46Reglamento de Combate de Contraguerrillas (EJC-3-10), 1987, o.c. pg 345.

[47En la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre la Impunidad de Crímenes de Lesa Humanidad en Colombia, 4 a 6 de noviembre de 1989,se presentó una documentada ponencia que revelaba 53 mecanismos de impunidad, en casos de crímenes de lesa humanidad, utilizados en los procesos que fueron examinados por los ponentes. Ver Actas de dicha sesión, editadas por Sección Colombiana de la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos -LIDERLIP-, 1990.
En su Tercer Informe sobre Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA,del 12 de marzo de 1999, afirmaba que entre el 97 y 98% de los crímenes quedaban impunes en Colombia, pero en el caso de los crímenes de lesa humanidad la impunidad llegaba al 100%, información que, según el Informe, provenía del Consejo Superior de la Judicatura, de la Comisión para la Racionalización del Gasto Público, y de organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos, corroborada por la experiencia de la misma Comisión Interamericana, pues ninguna de los casos tramitados ante dicha Comisión habían sido objeto de justicia.

[48Nadie ha podido entender la lógica que lleva a excluir de la “ley de la oferta y la demanda” (pilar del sistema capitalista) el comercio de los narcóticos, pues la razón “ética” que se suele dar para justificarlo: el proteger la calidad de la vida de eventuales consumidores, no resiste ningún análisis de coherencia, toda vez que el comercio de armas (artefactos cuya única razón de ser es destruir vidas humanas) sigue siendo uno de los pilares básicos de la economía norteamericana, y toda vez que las políticas de represión al consumo reciben presupuestos enormemente inferiores a la represión de la producción en otros países.

[49Datos recaudados por el periodista Javier Darío Restrepo, quien los toma de un narcotraficante colombiano, de la DEA y de un estudio de la Rand Corporation. Cfr. Restrepo, Javier Darío, La Guerra contra el primer eslabón de la coca, El Espectador, 18.08.96, pg. 6A

[50Cfr. Cálculos del equipo económico del diario El Espectador en diciembre/93 , o5.12.93, pg. B1, que más o menos coincide con una media entre tres economistas cuyos análisis presenta la revista Semana, en su número del 13 de abril de 1993, pg. 34 y ss.

[51Conferencia de Alejandro Reyes, investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, de la Universidad Nacional de Bogotá, sobre factores de violencia, el 18.07.92.

[52Así lo reconoce él mismo, en entrevista concedida al periodista Ronald Fisher, del diario Maariv, de Israel, entrevista traducida por Susy Wagner y Leah Feldmann, publicada en el diario El Colombiano, el 11 de junio del 2000, pg. 8ª.

[53Informe de interrogatorio realizado por la DIJIN al detenido Luis Antonio Meneses Báez, remitido al Juzgado de Orden Público de Reparto, el 8 de noviembre de 1989, anexo J. Pg. 20

[54Ibid. Pg. 23

[55Informe confidencial del DAS, de mayo 10 de 1988, sobre interrogatorio realizado a Diego Viáfara Salinas, pg. 11 y ss.

[56Informe elaborado por el DAS sobre el interrogatorio al Mayor Oscar de Jesús Echandía Sánchez, en 1990,

[57Cfr., Informe de Interrogatorio de Luis Antonio Meneses Báez (citado) , pg. 4. 5. 6. 7. 10. 22 y 24., Anexo J; Informe de Interrogatorio a Diego Viáfara Salinas (citado), pg.8. 10. 11. 12. 13. 20. 25. 26. 38. 39. 40-49; Informe de Interrogatorio al Mayor Oscar de Jesús Echandía Sánchez (citado), pg. 5 .8. 9.y 11.

[58En el texto de “Bases para un Acuerdo”, publicado por el diario La Prensa el 8 de octubre de 1989 , pg. 4 y 5, hay una nota final que dice: “Nota: los grupos auxiliares, llamados “MAS” u otros nombres, que (ilegible) su protección, deben entrar en el proyecto de indulto”.

[59Cfr. Decretos legislativos 2047 de 1990; 2372 de 1990; 3030 de 1990; 303 de 1990 y 1303 de 1990.

[60La absolución no se pronunciaba sobre el ingreso real del dinero a la campaña sino que aceptaba los alegatos de “ignorancia” del hecho por parte de Samper, algo que contradecía la convicción moral más generalizada en el país.

[61Restrepo, Javier Darío, “Desde los 70 el narcotráfico ha elegido”, diario El Espectador, 28.04.96, pg. 10 A.

[62El ex Ministro de Gobierno (1966-70) Carlos Augusto Noriega, fustiga duramente la hipocresía de su clase política que siempre ha recurrido a “dineros sucios” para financiar las campañas políticas. Ver: Autoridad y Legitimación del Poder, lecturas dominicales del diario El Tiempo, 03.09.95, pg. 4 y ss.

[63Javier Darío Restrepo, en uno de sus artículos, se refiere a una investigación citada por el diario Le Figaro, de París, según la cual, los trescientos mil millones de dólares generados por el narcotráfico en 1995 equivalían a las dos terceras partes de los recursos de los bancos estatales de todo el mundo. Cfr. El Espectador, 26.05.96, pg. 8 A : Los banqueros ganan la guerra del blanqueo.

[64Cfr. el artículo antes citado de Javier Darío Restrepo (El Espectador 26.05.96), quien cita estudios de The Economist y de la Dirección de Estupefacientes de Colombia y otros investigadores económicos.

[65Amendment to the Foreign Operations Appropiations Bill (S.2522), propuesta por el Senador Paul Wellstone (Demócrata de Minnesota) en mayo del 2000. Cfr. web page: http:// ciponline.org / colombia /aid /congress. htm

[66McClintock, Michael, Instruments of Statecraft, Pantheon Books, New York, 1992, pg.453 y 581

[67McClintock, M., o.c., pg. 453

[68Cfr. web page: wysiwyg;//38/http://boozers.fortunecity.com/ laurel /66 / eng _dec /991230 _ cia_agent.htm.

[69Cfr. A lo bien,parce -Violencia Juvenil y Patrones de Agresión contra los Jóvenes de Sectores Populares en Cali- , publicación bilingüe de: Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, Centro de Investigación y Educación Popular y Defensa de los Niños Internacional, Bogotá, 1996.

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