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  San José de Apartadó, Comunidad de Paz

junio de 2000, por Javier Giraldo M. , S.J.

SAN JOSÉ DE APARTADÓ
perfil de una comunidad de paz

San José de Apartadó es una pequeña aldea dependiente administrativamente del municipio de Apartadó. Está enclavada en la montaña que hace tránsito entre los departamentos de Antioquia y Córdoba. Su población no pasa hoy día de dos mil personas, aunque en años pasados pudo llegar a cinco mil. La “zona bananera” en la cual está inserta la aldea, se caracteriza por el cultivo de banano para exportación, agroindustria que cubre más de veinte mil hectáreas.

Las diversas comisiones convocadas por el gobierno colombiano para hacer diagnósticos sobre la violencia a finales de los años 80 y comienzos de los 90, atribuyeron a las relaciones obrero-patronales vigentes en esa industria del banano, la fuente de los conflictos sociales y armados de Urabá. El Informe de 1987 calificaba al empresariado bananero como “rapaz y ausentista” . El Informe de 1991 afirmaba: “Esta exasperación de la violencia, derivada de la militarización de los conflictos sociales, echaba sus raíces en las fuertes desigualdades generadas por una economía de enclave basada en el desconocimiento de la legislación laboral y en la sobreexplotación de los trabajadores. En efecto, los grandes beneficios acumulados por las empresas con la exportación del banano no fueron nunca reinvertidos en la región, y el alto grado de concentración de los ingresos impidió que los trabajadores pudieran alcanzar niveles congruentes con el crecimiento de la industria bananera (...) Empresarios bananeros, ganaderos y narcotraficantes, con la aprobación tácita de la fuerza pública, decidieron recurrir durante estos años no solo al asesinato de líderes populares sino también a la estrategia atroz de los asesinatos colectivos para intimidar a la movilización popular mediante el terror y destruir los nexos entre la población y la guerrilla (...) Entre 1988 y 1990 se calcula que fueron asesinadas cerca de 400 personas por motivos políticos, entre obreros, líderes sindicales y políticos [1]

Estas circunstancias explican que una comunidad campesina como la de San José de Apartadó, inserta en esa zona bananera, sintiera simpatías hacia los movimientos cívicos, sindicales y políticos que se desarrollaban en la zona, y que algunos de sus jóvenes ingresaran también a las filas de la guerrilla. Consta la simpatía de muchos pobladores de San José por el partido legal Unión Patriótica , así como por iniciativas que significaban algún grado de emancipación del campesinado, como las cooperativas agrarias.

Todo esto puso a esa comunidad en la mira del bloque en el poder, que trataba de aniquilar militarmente las disidencias sociales o políticas. El ensañamiento contra su población fue tal, que en 1996 se produjo un éxodo desde San José hasta Apartadó, en protesta por la represión. Una comisión enviada por el gobierno central tuvo que negociar el retorno en el Coliseo de Apartadó, donde se habían concentrado los desplazados, pero una vez retornados los campesinos a sus parcelas, todos los líderes de la protesta fueron asesinados. Los últimos lo fueron en la masacre del 6 de septiembre de 1996, perpetrada por supuestos “paramilitares” mientras tropas del Ejército observaban la matanza pasivamente a corta distancia.

A varias entidades de la Iglesia les preocupaba profundamente el desangre de la comunidad de San José, pues el hecho de estar ubicada dentro de un corredor de enfrentamiento entre la guerrilla y el bloque conformado por el Ejército y los paramilitares, la hacía más vulnerable. Por ello, desde finales de 1996 la misma Diócesis de Apartadó comenzó a discutir con miembros de la comunidad una propuesta de erigirse como “Comunidad de Paz”, que adoptara unas reglas muy precisas y verificables de no colaboración con ninguno de los actores armados. Luego de un período de preparación, el 23 de marzo de 1997, “Domingo de Ramos” en el calendario católico, se firmó la declaratoria en una ceremonia solemne, a la cual asistieron algunos parlamentarios de Holanda.

Los militares y los paramilitares no quisieron aceptar este tipo de neutralidad. Ellos entendían por “neutralidad” solamente el hecho de cortar relaciones con la guerrilla, pero no permitían que una comunidad decidida a no participar en la guerra, les negara también a ellos informaciones, venta de alimentos y les exigiera no entrar con armas a su territorio de paz. Por eso se propusieron destruirla a toda costa.

Pocos días antes de la ceremonia inaugural, el 28 de febrero de 1997, los paramilitares entraron brutalmente al poblado a las 6 de la mañana y se llevaron a tres pobladores para asesinarlos a poca distancia de la aldea. Más adelante bajaron de su vehículo a un conductor comunitario y también lo mataron. Los enterraron a todos a la orilla de la carretera, y cuando la Alcaldesa de Apartadó, luego de insistentes gestiones para realizar su exhumación, logró que un fiscal se desplazara hasta la fosa con una fuerte escolta militar y policial, pudo observar cómo soldados y policías se saludaban efusivamente con los paramilitares asesinos, apostados sobre la improvisada tumba, dándose el trato de “primos”.

Desde la primera semana de marzo del 1997 los paramilitares se apostaron en la vía que de Apartadó conduce a San José y establecieron allí un retén o puesto de control, a tres minutos de la base militar del barrio Policarpa. Ese retén estaría allí de manera casi ininterrumpida por el resto del año 97; apareció numerosas veces de manera más pasajera en el año 98, y luego en momentos de intensa represión entre 1999 y 2002. Todos los que subíamos a San José en el 97 podíamos observar allí a un numeroso grupo de hombres arrogantes fuertemente armados, que solo obstaculizaban el paso a vehículos donde sus informantes les anunciaban que iban sus víctimas preseleccionadas, o cuando los pobladores de la aldea se desplazaban sin compañías “incómodas” para ellos. Entonces saqueaban sus provisiones alimenticias y retenían a personas que luego aparecían muertas o se esfumaban para siempre.

El 12 de marzo de 1997 le envié mi primer mensaje apremiante al Presidente SAMPER, con copias a muchos de sus ministros y consejeros y a las cabezas de los órganos de control del Estado, así como a las instancias pertinentes de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos y a muchos embajadores. Los hechos referidos no dejaban duda alguna acerca de la unidad de acción entre la Fuerza Pública y los escuadrones de la muerte que operaban en la zona, pero si alguna duda podía quedar, la existencia del retén paramilitar a tan corta distancia de un cuartel del Ejército, hecho que podía ser comprobado por cualquiera que visitara la zona sin importar el día o la hora, era una prueba que no podía ser más contundente. Le supliqué al Presidente SAMPER intervenir la Brigada XVII del Ejército y reemplazar a sus comandantes por otros que acataran la Constitución y las normas más elementales del Derecho Internacional. Pero fuera de una lacónica nota de acuse de recibo, el Presidente se negó a avocar el caso. Tal negativa se convertiría en adelante en el aval más eficaz para los crímenes que aún se estaban preparando y que, gracias a la decisión ya comprobada del Jefe del Estado de no obstaculizarlos, tendrían todas las garantías para ser consumados.

La ceremonia del 23 de marzo del 97, mediante la cual los pobladores de San José se proclamaron como Comunidad de Paz , en lugar de contener la represión, la incentivó mucho más. Esa misma semana fueron bombardeados varios asentamientos rurales y sus pobladores obligados a desplazarse hasta el caserío central. La unidad de acción entre Ejército y paramilitares fue mucho más visible, pues a varios lugares llegaron juntos y en otros el Ejército anunciaba la próxima llegada de los “paras”, quienes castigarían con la muerte de mutilación (“partiendo en pedacitos”) a quienes no acataran las órdenes de desplazamiento. La aldea central se fue colmando de desplazados.

El Jueves Santo, las familias ZAPATA y VALLE, integrantes de un mismo clan familiar, sufrieron la desaparición de 5 de sus miembros. Cuando iban a conseguir unos cocos para preparar la comida típica de los días santos, fueron retenidos por patrullas conjuntas del Ejército y los paramilitares. Al atardecer, la madre de unos de ellos pudo reconocer en una hoguera restos de sus vestidos. Al día siguiente un helicóptero militar recogía en el lugar siete cadáveres y los llevaría a la morgue de Apartadó en calidad de “guerrilleros muertos en combate”. Tres de ellos, cuya ropas habían sido incineradas, habían sido vestidos después de muertos con prendas de guerrilleros. Este era un procedimiento rutinario del Ejército en la zona, como lo confesó un soldado que estuvo en esa misma área bajo el mismo comandante militar, procedimiento que, según él, era identificado por las tropas oficiales como “legalizar a los muertos”. [2] Ese mismo día (marzo 27) un joven con discapacidad mental fue asesinado en la misma parcela donde sembraba yuca y sometido al mismo procedimiento de “legalización del cadáver”. Cuando el padre de JOSÉ DAVID, quien vivía en extrema pobreza, reclamó el cadáver en la morgue del hospital de Apartadó, le exigieron pagar una suma equivalente a doscientos dólares para entregárselo, lo que estaba absolutamente lejos de sus posibilidades económicas.

Varios asentamientos rurales fueron presas del terror. En Arenas Bajas, a los hermanos MIGUEL y BERTA GUISAO los desaparecieron cuando cargaban dos mulas con las pertenencias que querían salvar (abril 9), y en Arenas Altas, a los hermanos GILBERTO y MIGUEL GIRALDO los cortaron sus dedos y sus brazos con sus propios machetes, que eran las herramientas más habituales de su trabajo agrícola, y finalmente les abrieron las entrañas y los decapitaron (abril 10). Entre tanto en el retén paramilitar eran desaparecidos CÉSAR y OVIDIO, dos jóvenes de la Comunidad de Paz (abril6) apareciendo solo el cadáver de César.

La Comunidad tuvo que acostumbrarse a convivir con el terror. Los asesinatos, desapariciones e incursiones violentas se multiplicaban sin parar. Llegaron frecuentemente grupos de observadores de Estados Unidos y de Europa y pudieron observar el retén paramilitar y detenerse a orar unos minutos en ese sitio donde tantos pobladores habían vivido sus últimos momentos mientras se les arrancaba la vida con sevicia. Varios grupos visitantes decidían solicitar citas con el Comandante de turno de la Brigada XVII del Ejército, responsable del “orden público” en la zona, instalada en el municipio de Carepa, a poca distancia de allí. Los Generales RITO ALEJO DEL RÍO y MARTÍN ORLANDO CARREÑO negaron siempre tener noticias de la permanencia de algún grupo paramilitar en el área. Los visitantes quedaban perplejos y sin palabras ante la audacia de los generales, quienes se atrevían a negar lo que ellos acababan de ver con sus propios ojos.

En un nuevo mensaje apremiante al Presidente SAMPER, enviado el 3 de abril, le insistí en que su negativa a actuar frente a estos crímenes, con los instrumentos que la Constitución ponía en sus manos, estaba traduciéndose en que los crímenes se multiplicaran. La avalancha de hechos criminales me obligó a enviarle un nuevo mensaje urgente el 9 de abril, con copias a sus ministros y consejeros y a todas las instancias de control del Estado, en el que le expresaba cómo esa negativa a actuar había sumado bajo su responsabilidad otras 10 víctimas fatales en San José. La falta de toda respuesta, hizo que los mensajes se sucedieran en adelante como constancias históricas del horror, además de ser censuras morales y gritos de protesta lanzados en el desierto. [3]

No había duda de que el Presidente SAMPER se negaba a ejercer su autoridad constitucional para modificar en algún grado la política de exterminio que sus subordinados militares estaban ejecutando en URABÁ. No tomó siquiera la iniciativa de enviar a alguien de su estricta confianza para evaluar lo que estaba pasando sobre el terreno. Simplemente lo que estaban haciendo allí sus subordinados era inmodificable. ¿Respondía ello a una política más amplia trazada a nivel nacional? Sin duda. Lo que nos lleva a afirmarlo es el compromiso del Presidente SAMPER en la promoción de esa forma de paramilitarismo “legalizado” que fueron las “Cooperativas de Seguridad CONVIVIR”, a las que les dio existencia legal privilegiada en su gobierno. [4]

Los pobladores de San José, sin embargo, resistieron y siguen resistiendo. Los funerales de sus víctimas los ponen frecuentemente ante el dilema de dispersarse y acabar con la Comunidad de Paz, o de continuar tozudamente cumpliendo su Reglamento, el cual les prohíbe brindar información, alimentación o apoyo logístico a cualquier actor armado, comprendido el Ejército oficial, que es el que más rabiosamente se ha ensañado contra la Comunidad.

Pero resistir implica encontrar salidas frente a otras muchas estrategias de exterminio, como el bloqueo alimentario. Ya cerca de 6 conductores, que les transportaban los alimentos de primera necesidad entre Apartadó y San José, han sido asesinados. La Comunidad tuvo que organizar cultivos comunitarios de emergencia. Muchas veces han tenido que salir a trabajar a las parcelas no muy lejanas de la aldea, cuarenta o cincuenta personas tomadas de las manos para protegerse mutuamente, y regresar al atardecer rodeados por escuadrones armados que apuntan sus ametralladoras contra el grupo.

Otro de los asentamientos rurales fuertemente aterrorizado fue el de Los Mandarinos. El 7 de junio del 97 fueron retenidas ALFA DELIA y HELENA, dos mujeres jóvenes de 14 y 17 años, una de ellas con 3 meses de embarazo. El anciano que presenció su captura fue conminado inmediatamente a abandonar la región, mientras los cadáveres de ellas eran “legalizados” por el Ejército en la morgue de Turbo, donde fueron entregadas como “guerrilleras muertas en combate”. Unos días después los militares adscritos a la base de Riogrande, a pocos minutos del asentamiento, ahorcaron a la señora GILMA ROSA DUARTE en su propia casa, en presencia de sus 5 hijos menores que contaban entre 4 y 11 años, y luego quemaron su casa y destruyeron sus cultivos. Minutos después degollaron a la pareja de sus vecinos, Don JUAN y Doña CLARA ROSA (de 80 y 70 años) que habían sido testigos del crimen.

La Comunidad de Paz cuenta con un Consejo, elegido por todos los integrantes, que vigila el cumplimiento del Reglamento y coordina las estrategias de resistencia. Sobre ellos pesa la memoria dolorosa de FRANCISCO TABARQUINO, integrante del Concejo en sus primeros períodos, bajado de un bus en el retén paramilitar y asesinado allí mismo, el 17 de mayo de 1997. Francisco había escapado a la muerte pocas semanas antes, en su asentamiento rural de El Guineo, cuando los paramilitares entraron a su casa e intentaron decapitarlo durante varias horas, pasándose el cuchillo de mano en mano para jugar a quién lo ejecutaba, ante la mirada horrorizada de su esposa y de sus niños. Entonces se desplazó hasta el caserío central y fue elegido como miembro del Consejo. Fue el primero asesinado mientras prestaba este servicio.

Al finalizar el año 97 la Comunidad de Paz de San José contaba 47 víctimas fatales, la mayoría asesinadas o desaparecidas con derroche de barbarie. Un precio muy alto que a otras comunidades las habría forzado a la desintegración total y a la clandestinidad. Pero la existencia de la Comunidad de Paz de San José continuó transcurriendo en medio del terror y en resistencia heroica. Cuando el 3 de octubre de 2000 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó urgentemente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales para proteger a esa Comunidad, afirmaba que a partir de diciembre del 97 se habían producido otras 50 víctimas, incluyendo las de 3 matanzas colectivas (abril 4/99; febrero 19/2000 y julio 8/2000) [5]. Al escribir este artículo en julio de 2002, el número de víctimas fatales pasa de 110, si se cuentan a partir del día en que este grupo humano se proclamó como Comunidad de Paz (marzo 23 de 1997).

El Ejército oficial ha recurrido a dos estrategias, secundado por otras instancias del Estado colombiano: la primera consiste en tratar de convencer a la opinión nacional e internacional de que la Comunidad de San José de Apartadó es una comunidad “al servicio de la guerrilla” y de que para poder servir mejor a la insurgencia se camufla como comunidad de paz; la segunda consiste en responderle a las organizaciones y grupos que en diversos países se solidarizan con ellos, que sus sufrimientos se habrían podido evitar si la comunidad hubiera aceptado la presencia protectora del Ejército, pero como la rechaza, debe atenerse a las consecuencias y no reclamar protección del Estado.

Los mass media le hacen el juego, abierta o sutilmente, a estas estrategias militares. Por su parte, los organismos de seguridad del Estado actúan permanentemente sobre embajadas y organismos humanitarios a través de campañas tendientes a reforzar sus dos tesis y a preparar una “actitud comprensiva” frente a una intervención armada que destruya definitivamente a la Comunidad de San José. En el momento de escribir estas líneas son ya conocidas las fuertes presiones que está ejerciendo la embajada de los Estados Unidos, para convencer a sus nacionales que hacen presencia allí como voluntarios, de que abandonen el lugar antes de que ocurra la catástrofe, pues sus servicios de inteligencia les aseguran que la comunidad “colabora con la guerrilla” y por ello va a ser legítimamente arrasada por el Ejército. En efecto, en las embajadas circulan fotos de mulas cargadas con remesas alimenticias que van hacia los asentamientos rurales de la comunidad, fotos que los militares malintencionadamente hacen aparecer como “remesas que la comunidad le envía a la guerrilla”.

El acompañamiento permanente de religiosas y de organizaciones internacionales de voluntarios, parecía ser, en un comienzo, un cierto escudo protector. Sin embargo, desde hace cierto tiempo las masacres son perpetradas a la vista de los acompañantes nacionales e internacionales. Es imposible olvidar la conmovedora carta que dos voluntarios canadienses escribieron a centenares de grupos solidarios del mundo, luego de haber presenciado impotentes, en la noche del 4 de abril de 1999, cómo DANIEL PINO, una de las víctimas de la masacre de esa noche, agonizaba por más de una hora tratando de no dejar dispersar sus vísceras por el suelo, después de que los victimarios le abrieran las entrañas con un machete.

El asesinato de acompañantes voluntarios, nacionales o internacionales, ha sido anunciado repetidas veces. Cuando las amenazas se ponen en conocimiento de las autoridades, la intimidación toma frecuentemente otras modalidades, como ocurrió en el caso del filósofo y misionero laico EDUAR LANCHERO: luego de que un grupo de soldados, mientras despedazaban una vaca que le habían robado a uno de los campesinos, explicaran que de esa misma manera iban a despedazar pronto a Eduar (mayo 24/98), el General Martín Orlando Carreño, entonces Comandante de la Brigada XVII que controla la zona, ordenó “investigar” el caso, y para ello envió un camión militar lleno de soldados, acompañando a un fiscal militar y a los mismos soldados acusados del hecho, con el fin de que los testigos se presentaran a declarar. Tan burdo montaje, que pretendería que los culpables se investiguen y se sancionen a sí mismos, nadie se atrevería a interpretarlo como signo de interés por la justicia, sino como otra escena grotesca de intimidación.

Javier Giraldo M., S.J.
Bogotá, junio de 2000

Notes :

[1Cfr. informe COLOMBIA: VIOLENCIA Y DEMOCRACIA, de la Comisión de Estudios sobre la Violencia, creada en enero de 1987 por el Ministro de Gobierno, Centro Editorial Universidad Nacional de Colombia, 1987, pg. 49, y PACIFICAR LA PAZ, informe de la Comisión de Superación de la Violencia, creada por el Consejero de Paz y Derechos Humanos de la Presidencia de la República, varios editores, Bogotá, 1991, pg. 33

[2Así consta en la declaración rendida por el soldado regular Oswaldo de Jesús Giraldo Yepes, ante la Fiscalía.

[3Otros mensajes apremiantes le fueron dirigidos al Presidente SAMPER el 23 de abril/97; el 29 de mayo/97; el 22 de julio/97 y el 19 de junio/98. Ninguno de ellos obtuvo respuesta fuera de las lacónicas notas de acuse de recibo.

[4El 13 de diciembre de 1994 el Presidente SAMPER expidió un COMUNICADO, apoyándose en el Decreto 356 del 11 de febrero del mismo año, expedido por el gobierno anterior, que regulaba la Vigilancia y Seguridad Privadas. En dicho comunicado les daba el nombre de CONVIVIR y regulaba los SERVICIOS ESPECIALES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, contemplados en dicho decreto, dándoles características de grupos armados de civiles coordinados por el Ejército, lo que equivalía a legalizar nuevamente las estructuras paramilitares..

[5Ver extenso documento dirigido por la CIDH a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en solicitud de medidas provisionales para la Comunidad de San José de Apartadó, pg. 12, párrafo 22.

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