Desde los márgenes

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Ante el Tribunal Internacional de Opinión sobre el Sur de Bolívar

París, Francia

noviembre de 2003, por Javier Giraldo M. , S.J.

Honorables miembros del Jurado
Amables asistentes solidarios aquí presentes.

Antes de entrar en un análisis sobre el funcionamiento de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad en Colombia, quisiera decir algunas palabras sobre la fuente de estas reflexiones y análisis, dado que nos encontramos en una crisis de credibilidad de los discursos. Y mucho más en Colombia y en los países que viven agudos conflictos sociales y armados, donde se sigue comprobando esa antigua tesis, según la cual, "la verdad es la primera víctima de la guerra". Quienes utilizan para sus análisis los diarios o revistas más difundidos se ligan, muchas veces sin saberlo, a informaciones confeccionadas y manipuladas en muchos círculos de poder que no dan acceso, ni de lejos, a la realidad real, y mucho menos a la realidad de las víctimas de estos crímenes.

Por eso quiero apelar en este testimonio, ante todo, a mi propia experiencia y desde ella discernir otras informaciones y análisis de organizaciones, instituciones y expertos, nacionales e internacionales.

Cuando terminaba el año 1982 me tocó asistir al nacimiento de la práctica de la desaparición forzada en Colombia. En esa época trabajaba en el centro de investigaciones sociales de los Jesuitas en Bogotá y justamente estaba organizando su primera oficina de derechos humanos. Desde allí acompañé a los familiares de las víctimas de la primera desaparición colectiva, tratando de rescatar con vida a esas personas. Fueron numerosos los contactos con autoridades de todo orden y fue intenso el seguimiento de los casos en compañía de sus familias, pero mientras para nosotros la verdad se fue haciendo cada vez más evidente, nos fuimos estrellando contra una muralla inexpugnable que protegía a los victimarios plenamente identificados. Diez años después, un periodista norteamericano por su propia iniciativa comprobaría muchas de nuestras conclusiones. Sin embargo, todos los agentes del Estado que participaron en esos crímenes están hoy fuera del alcance de la justicia, con una especie de blindaje que ni siquiera afecta sus sueldos de retiro digno de la fuerza pública. En los 20 años que han seguido, he conocido numerosos casos de desaparición forzada que siguen, en esencia, el mismo libreto.

Cuando a partir de 1988 se me encomendó la dirección de la recién fundada Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, uno de los campos que decidí organizar desde el comienzo fue el de un Servicio Jurídico para las familias y comunidades más desprotegidas a las cuales pertenecían muchas víctimas de graves violencias perpetradas por agentes del Estado. Estas prácticas me permitieron conocer más a fondo el funcionamiento del poder judicial y disciplinario del Estado e ir detectando, a través de experiencias muy dolorosas y trágicas, los mecanismos de la impunidad.

Durante los primeros 7 años de mi servicio en Justicia y Paz estuve animado de un optimismo fundamental en la búsqueda de justicia y reparación. Ese período coincidió con la fundación de numerosos organismos dentro del Estado, cuya misión era ocuparse de la protección de los derechos humanos. También en ese período se preparó y se realizó la Asamblea Constituyente que dio origen a una nueva Constitución en 1991, la cual incorporó a su texto muchos elementos del Derecho Internacional para la protección de los derechos humanos. Fue un período en el cual me familiaricé con los procedimientos judiciales y disciplinarios; acompañé a numerosos testigos a rendir declaraciones y a muchos funcionarios en sus visitas a los escenarios de los crímenes. Pero la cosecha de todo esto fue en extremo decepcionante. Quizás los efectos más tangibles fueron los asesinatos de muchos testigos; los desplazamientos forzados de muchas comunidades; el incremento del control paramilitar en las comunidades que denunciaron; la multiplicación de amenazas que se dirigían contra las familias y comunidades de las víctimas, contra los abogados y contra nuestra misma Comisión de Justicia y Paz. En ninguno de los casos y procesos que acompañé hubo jamás un acto de justicia, ni de sanción a los criminales ni de reparación a las víctimas.

No puedo dejar de recordar, entre tantos centenares de casos, el de un grupo de campesinos de una aldea cercana al municipio de Betulia, en el departamento de Santander, a quienes acompañé a la Fiscalía y a otros despachos oficiales en los primeros días de agosto de 1994, para denunciar numerosos actos de tortura y amenazas del Ejército. Cuando ellos regresaron a su aldea, el Comandante de la base militar del lugar ya tenía la fotocopia de todas sus declaraciones, que le habían sido enviadas inmediatamente por la Fiscalía. Entonces convocó uno a uno a los denunciantes y les dijo que si acaso esa investigación tenía algún progreso, él se retiraría del Ejército y continuaría su mismo trabajo ya como paramilitar y entonces no le perdonaría la vida a ninguno de los denunciantes ni a los miembros de sus familias. Varios denunciantes optaron por el desplazamiento, abandonando todos los precarios medios de subsistencia construidos en muchas décadas.

Tampoco puedo dejar de recordar las sesiones de denuncia en la Fiscalía de un grupo numeroso de campesinos de un pueblo cercano a Barrancabermeja, quienes acompañados por sus autoridades locales llegaron a rendir declaraciones en Bogotá, aportando fotografías y cuerdas ensangrentadas que habían retirado del cadáver de una de las víctimas de la sevicia militar-paramilitar. El abogado asistente del Fiscal General, quien les recibió las declaraciones en la última semana de agosto de 1994, les dijo que quedaba personalmente muy impresionado de los horrores que había escuchado, pero que no se hicieran ilusiones sobre la justicia, pues muy probablemente los militares traerían en los siguientes días un número equivalente de testigos para negar todo lo que ellos habían dicho y así el testimonio de ellos quedaría invalidado.

En 1992 nuestra Comisión de Justicia y Paz decidió presentar ante los organismos judiciales y disciplinarios del Estado el estudio de una zona que estaba siendo progresivamente dominada por estructuras paramilitares creadas, entrenadas y asesoradas por el Ejército. Comprendía tres municipios: Santa Elena del Opón, El Carmen y San Vicente de Chucurí, área cobijada por la jurisdicción del Batallón Luciano D’Elhuyart, dependiente de la V Brigada del Ejército. Fueron numerosos los testimonios aportados sobre el funcionamiento del paramilitarismo en tanto brazo civil del Ejército, conformado gracias a extorsiones y chantajes sobre los campesinos de la zona, que llevó a poner en práctica la consigna militar, según la cual: el que no trabaje con nosotros en las estructuras paramilitares, tiene que abandonar la región, y si no lo hace, va a morir. Nuestra Comisión calculó en más de 4.000 los desplazados forzados y elaboró listas de cerca de 300 asesinados, que no quisieron colaborar ni huir. Acudimos a la denuncia pública e internacional para presionar a la justicia interna a actuar. Pero cuando una funcionaria honesta de la Dirección de Instrucción Criminal intentó capturar a los primeros responsables, el Ejército organizó una revuelta, le arrebató a todos los detenidos, los puso en libertad, y la acusó a ella de trabajar para la guerrilla. Meses después, el Fiscal General avocó él mismo la investigación del caso, sustrayéndolo arbitrariamente a la Fiscal que lo investigaba; puso en libertad a dos detenidos de muy bajo rango paramilitar y absolvió por anticipado a todos los militares a quienes llamó a rendir declaraciones libres en las cuales negaron gratuitamente todos los hechos. El Fiscal descalificó con una sola frase todas las denuncias de Justicia y Paz, alegando que no habíamos presenciado en directo ningún asesinato y que por ello todas nuestras denuncias no tenían credibilidad alguna. Así la impunidad cubrió definitivamente ese genocidio.

Entre 1992 y 1995 nuestro optimismo de poder lograr justicia se reactivó, con la esperanza de que algunos organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podrían jugar un papel importante de presión, para obligar al sistema judicial colombiano a actuar y a superar la impunidad de crímenes de lesa humanidad. Entonces llevamos el caso de la masacre de Trujillo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue un caso que por su brutalidad impresionó tanto a los Magistrados de la Comisión, que inmediatamente lo asumieron como caso colectivo y le exigieron al Gobierno colombiano respuestas concretas con gran rapidez. Como el Gobierno no tuvo respuestas, la Comisión le ofreció entrar en un proceso de solución amistosa con los denunciantes, con el fin de concertar caminos de justicia y de reparación. Contra todas las expectativas, el Gobierno colombiano aceptó, y esto permitió la conformación de una gran comisión no judicial que examinó las denuncias e investigaciones existentes hasta ese momento y concluyó en tres meses con la afirmación categórica de la responsabilidad del Estado en tres aspectos: agentes del Estado participaron en los crímenes; las demás instituciones del Estado no hicieron nada para impedirlos, y los organismos judiciales dictaron sentencias en contra de la verdad procesal. Por primera vez en la historia, el Presidente hizo confesión pública de la culpabilidad del Estado en tan horrenda masacre, donde los campesinos fueron desmembrados vivos con motosierra, y donde el mismo Párroco católico de la población fue mutilado y arrojado a un río, en medio de otras decenas de desapariciones, asesinatos, torturas y actos de terror. Ante el alcance internacional de esta denuncia, todas las autoridades se comprometieron a corregir los errores de la justicia y a sancionar ejemplarmente a los culpables. Sin embargo, casi 10 años después de estas promesas, no hay un solo acto de justicia y todos esos crímenes permanecen en la absoluta impunidad.

El optimismo que nos acompañó durante las sesiones de la Comisión Trujillo, presionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos llevó a proponerle al Gobierno una comisión similar para el departamento del Meta, sometido a lo ancho y largo de su territorio a un verdadero genocidio. El Gobierno aceptó formalmente conformar una comisión mucho más modesta que la de Trujillo y con menores atribuciones o competencias. De nuestra parte presentamos mil crímenes, perpetrados en la década 1985 - 1995, que debían ser investigados, o al menos se debía llegar a un diagnóstico sobre por qué no funcionaba la justicia, con el fin de avanzar hacia recomendaciones eficaces. Todas las entidades del Estado incumplieron sus compromisos, y cuando el Gobierno quiso tomar como escudo la aceptación de esta Comisión, para enfrentar las denuncias de violaciones de derechos humanos, en las sesiones de Ginebra de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, todas las organizaciones no gubernamentales decidimos renunciar a participar en esa Comisión, ya que el Estado la bloqueaba en lo interno y la publicitaba en el exterior para evadir sus responsabilidades.

Ya desde el año 1996 la Comisión de Justicia y Paz fue forzada por los hechos a no confiar en la Justicia, pues ya había agotado todos los mecanismos internos, incluso todo el organigrama de nuevas instituciones que la Constitución del 91 creó para la protección de los derechos humanos. Fuimos descubriendo que todas las normas y principios de la administración de justicia, que poco se diferencian de los que rigen a nivel universal, se aplicaban a través de mecanismos inteligentemente diseñados para blindar a los agentes de la violencia oficial frente a cualquier posibilidad de sanción. Pero no podíamos silenciar los crímenes. Optamos entonces por dejar constancias históricas en los despachos de todos los altos poderes del Estado y de los organismos internacionales.

A instancias de la comunidad internacional, Justicia y Paz ha conocido en los últimos años muchos otros procesos, ya sin ilusión alguna de encontrar un ejercicio interno de justicia eficaz, sino con la pretensión de hacerle seguimiento a la cada vez más atrevida impunidad de los crímenes de lesa humanidad, con la ilusión más bien de que la humanidad, a través de mecanismos de justicia universal, algún día avoque el enjuiciamiento de los genocidios a los que asistimos desde hace muchas décadas en la rutina de lo cotidiano. Desde el año 97, por ejemplo, casi todas las semanas se le transmiten, en constancias históricas, a las altas autoridades del Estado y a la comunidad internacional, los actos de terror perpetrados por militares y paramilitares en la región de Urabá, cerca de la frontera con Panamá, donde Justicia y Paz acompaña a varias comunidades victimizadas. Una sola de éstas, la de San José de Apartadó, ha sufrido más de 100 ejecuciones extrajudiciales desde el momento en que se declaró como "Comunidad de Paz" en 1997, adoptando un reglamento verificable para no colaborar con ningún actor armado. Pero todas estas constancias se remiten de oficina a oficina en los despachos del Estado, sin que nadie actúe para detener los crímenes y menos para sancionarlos. Se podría decir que el Estado es hoy día una gigantesca oficina de correos que hace circular las denuncias de despacho en despacho, sin que la realidad sea tocada en absoluto. Aparentemente, ningún despacho cree tener poder de decisión para enfrentar a ese monstruo que fusiona inteligentemente a la fuerza armada del Estado con los grupos criminales del Para-Estado que el mismo Estado condena en su discurso, mientras en la práctica coordina admirablemente con ellos la continuidad de todos los genocidios.

De todas estas experiencias dolorosas concluyo que la impunidad no puede ser analizada solamente como una falencia del sistema de justicia, ni sus causas hay que buscarlas en las técnicas judiciales en las cuales son formados los funcionarios de la justicia. Tampoco hay que buscar las causas del mal funcionamiento del sistema ni en los patrones de remuneración de los jueces y magistrados, ni siquiera en sus condiciones de seguridad, aunque no se puede negar alguna influencia de este último aspecto, pero que no es decisiva.

La impunidad es algo que solamente se comprende en la medida en que se comprende el modelo de Estado y de sociedad que la alimenta, modelos que implican determinadas estrategias para enfrentar el conflicto social y armado. Es imposible, por ejemplo, a mi juicio, entender la impunidad sin entender la estrategia paramilitar del Estado. Ambas estrategias se necesitan mutuamente y a su vez obran como mecanismos claves del modelo de guerra que está vigente.

El paramilitarismo no nació en Colombia, como muchos lo creen, como una especie de guerrilla de derecha para enfrentar a la guerrilla de izquierda, por iniciativa e impulso de capas muy ricas de la sociedad civil que estaban siendo afectadas en sus intereses por la guerrilla de izquierda, pero sin ningún conocimiento ni participación del Estado. Esta falsa versión ha sido desarrollada por intelectuales orgánicos del Establecimiento y adoptada por el Gobierno como premisa de todas sus explicaciones y discursos frente a la comunidad internacional. Sin embargo, consta en documentos desclasificados del Gobierno de los Estados Unidos de América, que una misión militar que visitó Colombia en febrero de 1962 de la recién creada Escuela de Guerra Especial de Fort Bragg, en Carolina del Norte, había urgido al Gobierno de Colombia a comenzar a entrenar grupos mixtos de civiles y militares con el fin de reprimir a los simpatizantes del pensamiento comunista, mediante "actividades terroristas paramilitares" (cita textual del Suplemento al Informe Secreto, publicado por Michael McClintock una vez desclasificado, en su libro Instruments of Statecraft, 1992).

Esa "estructura civil militar" que, según el documento de Fort Bragg, debía ser "entrenada clandestinamente en operaciones de resistencia", estaba concebida para "desempeñar funciones de contra-agentes y contra-propaganda y, cuando fuere necesario, actividades terroristas paramilitares contra los conocidos partidarios del comunismo". Muy rápidamente el Gobierno colombiano se sometió a esas exigencias del Gobierno estadounidense, y en 1965 emitió el Decreto 3398 que permitió entregar a civiles armas privativas del Ejército y además organizar a los civiles como auxiliares del Ejército para tareas de seguridad nacional. 24 años después la Corte Suprema afirmó que tales medidas eran contrarias a la Constitución y las derogó en 1989. Pero las fuerzas armadas, en todos los manuales secretos de contrainsurgencia que se han conocidos, publicados entre 1969 y 1989, integra los grupos paramilitares dentro de su estrategia y organigrama.

En esa especie de "acta de nacimiento" del paramilitarismo en Colombia, que permaneció secreta por más de 30 años, se articulaban tres elementos interdependientes: el paramilitarismo, la impunidad y la estrategia de guerra irregular del Estado.

Justamente la misión militar que visitó Colombia en 1962, dirigida por el General Yarborough, venía de la recién creada Escuela de Guerra Especial que los Estados Unidos habían fundado para diseñar una estrategia de respuesta bélica al modelo de guerra irregular que se estaba generalizando en los países colonizados y oprimidos, que les estaban acarreando experiencias militares negativas, como Vietnam, Argelia y Cuba.

La matriz de respuesta ideada por dicha Escuela fue la de asumir también desde el Estado un modelo de guerra irregular, proveyendo a los ejércitos regulares de un brazo clandestino protegido por una impunidad a toda prueba, que liberara a los Estados de cargar con problemas de imagen que podrían arruinar sus conquistas en el terreno moral e ideológico, al tener que asumir la responsabilidad de los crímenes que esos brazos militares clandestinos iban a perpetrar. Entonces los Estados podrían asumir plenamente el discurso legitimante de Estados de Derecho, asegurando al mismo tiempo que los movimientos insurgentes y, por encima de todo, aquellos que podrían alimentarlos ideológicamente al difundir el entusiasmo por un mundo alternativo, fueran exterminados. La clandestinidad -o aparente cobertura no estatal- de los brazos paramilitares permitiría además vencer todos los escrúpulos morales frente a los métodos disuasivos de terror que la historia de la civilización había ido estigmatizando. Así el Documento que el General Yarborough redacta para orientar al Ejército y a la Policía de Colombia en 1962, invita a entrenar a sus interrogadores en métodos de tortura que "arranquen a pedazos la información".

Es evidente que el campo de la justicia se convierte entonces en el campo decisivo que hace posible o viable esa estrategia.

Si la justicia es coherente con sus principios universales que la orientan al esclarecimiento de la verdad sobre los crímenes y los culpables; a sancionarlos y a encontrar estrategias eficaces para corregir las conductas criminales e impedir que los crímenes se sigan perpetrando, y a reparar lo que esos crímenes destruyeron, entonces la estrategia paramilitar no es viable. Pero si la justicia llega a encontrar métodos para "vivir siempre en camino de esclarecer verdades que nunca son esclarecidas"; para "vivir siempre en camino hacia sanciones y correcciones sin nunca sancionar ni corregir"; para nutrirse de "promesas de reparaciones que nunca se realizan porque nunca cuentan con un fundamento de verdad y de sanción judicial", entonces la estrategia para enfrentar la guerra irregular es viable y no tiene que pagar el precio de la deslegitimación del Estado.

Todo esto muestra que la impunidad es una pieza clave dentro de la gestión de una guerra irregular y sucia diseñada y ejecutada desde el Estado, y un medio absolutamente necesario para proteger el principal instrumento de esa guerra irregular y sucia: el paramilitarismo. El campo de la justicia se convierte así, entonces, en una especie de fusible que debe desintegrase antes que permitir que una corriente muy fuerte ponga en peligro la estrategia de guerra sucia y sus instrumentos paramilitares. Estas son las raíces lógicas de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad.

Pero este género de impunidad se apoya sobre una base más amplia que es la impunidad generalizada. El jurista portugués Boaventura de Sousa Santos, en compañía de un grupo numeroso de juristas colombianos, publicó un amplio análisis de la justicia colombiana en 2001, bajo el título de "El Caleidoscopio de las Justicias en Colombia", en dos volúmenes. Allí recoge estas estadísticas:

"Solo la tercera parte de los delitos que se cometen en el país llega a conocimiento de las autoridades. A su vez, solo la tercera parte de las denuncias se investiga formalmente. De estos sumarios, que representan únicamente el 10% de los delitos cometidos, solo uno de cada tres llega a la etapa del juicio. Un poco más de la mitad (60%) de los juicios terminan en condena. De esta manera menos del 2% de los delitos que se cometen en el país reciben sentencia condenatoria". En una nota añade: "La impunidad en el país, aún bajo una definición conservadora -porcentaje de los delitos denunciados que no se condenan- bordea el 95%". (o.c. , Tomo I, pg. 488-489).

Por su parte, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Tercer Informe sobre Colombia, publicado en 1999, recogía estadísticas de impunidad general suministradas por diversos organismos oficiales del Estado colombiano y todas se ubicaban entre el 90 y el 99.5%. Luego afirmaba:

Las organizaciones de derechos humanos afirman que prácticamente el 100% de los delitos que entrañan violaciones de los derechos humanos quedan impunes. La experiencia de la Comisión en los casos incoados ante ella, confirma sustancialmente esta afirmación. La Comisión es conciente de que solo en muy pocos casos reciben condenas penales los agentes del Estado responsables de las violaciones de los derechos humanos (...) La impunidad en Colombia es estructural y sistémica (...) Además, la impunidad de los responsables de las violaciones de los derechos humanos es uno de los factores más importantes que contribuye a la perpetuación de estas violaciones y al aumento de la violencia en general" (Informe citado, OEA/Ser.L/V/II.102, Doc. 9 rev. 1, 26 de febrero de 1999).

Pero esa franja estrecha donde al parecer sí opera la justicia; donde los delitos denunciados son investigados y condenados, tampoco constituye un resultado que, aunque minúsculo, salve el honor del poder judicial colombiano, pues allí hay que incluir los numerosos casos de arbitrariedad judicial que se aplica a activistas sociales y políticos para condenarlos como insurgentes. La arbitrariedad judicial que se aplica a la protesta social y a los movimientos sociales es la "otra cara de la moneda" de la justicia colombiana; el reverso de la impunidad de los autores de crímenes de lesa humanidad, caras ambas que en su conjunto hacen ver cómo la justicia ha sido instrumentalizada por completo al servicio de un polo de la guerra, debiendo ser entendida como una proyección o apéndice de la guerra, con su eficacia propia, nada despreciable, sobre la suerte de la guerra.

Nunca podré olvidar a un pobre campesino, padre de 7 niños, cuya humilde vivienda fue quemada por el Ejército en venganza por no haber avisado a las tropas que la guerrilla había pasado cerca de su casa. Nosotros lo recibimos por muchos meses en el albergue para desplazados que teníamos en Barrancabermeja. Pero cuando él creyó que ya se habían olvidado de perseguirlo y se reubicó en un barrio miserable de Barrancabermeja, los militares decidieron aplicarle la "venganza judicial". Un día fue arrestado al amanecer y llevado al cuartel militar. En el camino varios soldados aportaron ideas acerca de qué cargos acusarlo. Le propusieron a dos desertores de la guerrilla que vivían en el cuartel militar, que si lo acusaban de haberlo visto militando en la guerrilla, les perdonarían a ellos las penas. Ellos aceptaron. Cuando las acusaciones fueron presentadas ante el juez, tenían tal cúmulo de incoherencias y contradicciones que fue muy fácil para el abogado que conseguimos deshacer una a una las 9 pruebas falsas que los militares construyeron. Sin embargo él fue condenado, no solo por el juez de primera instancia sino por el tribunal que conoció la apelación. Dicho Tribunal, al no poder apoyarse en ninguna de las 9 pruebas para dictar su sentencia, afirmó que, no obstante las demostraciones del abogado defensor, todo les hacía sentir que él era un guerrillero.

Casos como éste conocen y enfrentan todas las organizaciones colombianas que se ocupan de la defensa de los derechos humanos, en cantidades impresionantes. Mucho más hoy día, cuando el actual gobierno ha asumido la judicialización de los movimientos y organizaciones sociales como una pieza clave de su estrategia represiva.

En la trayectoria del aparato judicial colombiano ha habido momentos que invitan a albergar pequeñas dosis de optimismo, cuando se destaca la presencia de algún funcionario honesto en algunos cargos importantes. Sin embargo, el sistema está provisto de sus propios controles, los cuales, una vez activadas las alarmas que alertan sobre la presencia de alguien que no se ajusta a las inercias ya consolidadas de relación entre los diversos poderes, se prepara inmediatamente un relevo de corriente y entre tanto, se neutralizan las posiciones disidentes mediante las presiones políticas y mediáticas, sin necesidad de llegar, en la mayoría de los casos, a la intimidación armada.

El Fiscal General de la Nación, según la Constitución del 91, es elegido por la Corte Suprema de Justicia de una terna enviada por el Presidente de la República.(Art. 249).

No se puede negar que en el período del anterior Fiscal General se iniciaron algunos pocos procesos contra reconocidos perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Quizás esto prendió las alarmas de muchos sectores dirigentes, y el actual Fiscal General ha corregido con radicalismo esas decisiones. En el informe sobre su visita de observación a Colombia realizada en agosto de 2002, la Federación Internacional de Derechos del Hombre, la Organización Mundial contra la Tortura y Abogados Sin Fronteras, informe que titularon significativamente "Colombia: ¿Administración de justicia ... o de impunidad?, se refieren a muchos casos de fiscales o miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones, que fueron destituidos por el actual Fiscal General, por no compartir las decisiones que ellas y ellos habían tomado de procesar a algunos generales del ejército y a algunos jefes de estructuras paramilitares. Algunos de esos funcionarios de la Fiscalía fueron objeto de intimidaciones armadas siempre "misteriosas", teniendo que abandonar el país.

Han sido escandalosas muchas decisiones del actual Fiscal General, como las dos decisiones que han exonerado de cargos al ex Embajador de Colombia ante la Unión Europea, Carlos Arturo Marulanda, de cuya hacienda "Bella Cruz" fueron expulsadas violentamente tantas familias campesinas y algunos de sus líderes asesinados, en operativos paramilitares apoyados por escuadrones del Ejército que protegían en retaguardia, a pocos metros, a sus aliados de vanguardia. A pesar de que la INTERPOL dio captura al Señor Marulanda en España, Colombia pidió su extradición, como se deduce, para dejarlo en libertad. También fue escandalosa la decisión de exonerar de cargos al jefe paramilitar Víctor Carranza; los abogados y muchas otras personas que conocimos los expedientes y las pruebas que allí fueron allegadas que lo sindican de numerosos crímenes de lesa humanidad, solo podemos concluir que con ello se quería proteger a uno de los más altos dirigentes del paramilitarismo, a contravía de toda la verdad procesal. Otras muchas decisiones escandalosas del actual Fiscal General han exonerado de cargos, provisional o definitivamente, a militares cuya participación en centenares de crímenes de lesa humanidad es ampliamente conocida y probada, como el General Rito Alejo del Río o el General Rodrigo Quiñónez.

Pero algo que escandaliza enormemente, no solo como decisión del Fiscal General, sino por la ausencia de reacción de los demás órganos de la justicia y de los demás órganos del poder público, es lo ocurrido con una investigación internade la mismaFiscalía, en la cual fueron puestas en evidencia más de 50 líneas de comunicación telefónica entre fiscales y paramilitares, además de otras que comunicaban a militares y a agentes del DAS con paramilitares. El investigador, Richard Maok Riaño, entregó dicho informe el 17 de septiembre de 2002, pero el Fiscal General, en lugar de investigar tan graves denuncias, ordenó allanar el apartamento del investigador y la casa de sus padres. Simultáneamente le llegaron mensajes electrónicos de amenazas teniendo que abandonar el país. Aunque esto fue conocido a través de algunos medios de comunicación de cobertura nacional, ningún otro órgano judicial ni del Estado reaccionó, en una aprobación tácita de que la Fiscalía mantenga contactos permanentes con líderes paramilitares. Al menos esto reveló que ningún órgano del Estado se impresiona por esa infiltración y que más bien la consideran normal.

Pero entre los instrumentos tradicionales de la justicia, quiero referirme a uno que se utiliza intensamente, tanto dentro de la estrategia de impunidad de los crímenes de lesa humanidad, como dentro de la estrategia de arbitrariedad judicial con que se persigue a los movimientos sociales. Ese instrumento es EL TESTIMONIO.

Luego de acompañar a muchos testigos durante varios años a las dependencias de la justicia y de conocer posteriormente los desarrollos de esos procesos, yo comencé a preguntarme por qué los expedientes se llenaban casi exclusivamente con declaraciones, y en muchos casos exclusivamente con ellas. Me llamaba la atención que no se ordenaba la exhumación de cadáveres que debían conservar proyectiles incrustados; que no se impartía orden alguna de inspección de los escenarios de los crímenes; que no se contemplaban inspecciones ni allanamientos en los lugares, haciendas o carreteras controladas por los paramilitares; que no se daban órdenes para verificar placas de vehículos ni para hacer seguimientos de tropas oficiales que departían cotidianamente con grupos paramilitares y participaban conjuntamente en acciones criminales; que no se solicitaba a los cuarteles los listados de oficiales y soldados que habían cumplido misiones en los tiempos y espacios en que fueron perpetrados los crímenes... En síntesis, los expedientes se construyen en general con carencia total de pruebas objetivas y se llenan con testimonios, y éstos se buscan en el entorno familiar y social de las mismas víctimas.

Yo he encontrado varias explicaciones de esto. En primer lugar el testimonio compromete al que lo da, y los funcionarios judiciales buscan el menor compromiso personal posible, para evitar represalias de aquellos que son acusados. Al construir el expediente con testimonios, el investigador descarga toda la responsabilidad de las pruebas sobre las mismas víctimas o sus dolientes, y salva su desempeño laboral llenando cuadernos con declaraciones que luego puede evaluar cómodamente en un escritorio. Pero en segundo lugar, el testimonio es algo manipulable, y mucho más en un contexto de guerra, y mucho más aún en un marco donde la justicia es asumida por los poderes dominantes como el fusible que protege la estrategia de guerra irregular y sucia del Estado y del Establecimiento, como afirmé antes.

Y el testimonio es manipulable de dos maneras: por el soborno o por la intimidación. No es necesariamente el juez, ni el fiscal, ni el investigador el que debe manipular el testimonio. Su papel se limita a vigilar para que el expediente se llene de testimonios inútiles, gracias al temor, o fácilmente desechables en el momento de redactar la sentencia. Cuando se trata de que la justicia se convierta en instrumento de persecución de los movimientos sociales, el testimonio inútil o débil, puede ser aprovechado a base de interpretaciones que ofrecen amplios campos a la arbitrariedad. Pero si el agente judicial permite que ingrese al expediente un testimonio útil o contundente, la estrategia de impunidad exige concentrar los esfuerzos en neutralizarlo o anularlo. No puedo dejar de recordar aquí el caso del principal testigo de la masacre de Trujillo, que fue un paramilitar arrepentido, cuyos remordimientos lo llevaron a rendir su testimonio con la decisión de que produjera efectos reales de justicia. Pude observar entonces que desde el momento en que él declaró, la actividad procesal se concentró en anular su testimonio, llegando hasta el extremo de declararlo psicológicamente perturbado, con la ayuda de un psiquiatra corrupto del Instituto de Medicina Legal, pero como quisimos superar esa trampa exigiendo un nuevo examen psiquiátrico independiente, el testigo terminó desaparecido y luego su cuerpo despedazado y arrojado a un río.

Se ha llegado a una cierta rutina de anular los testimonios buscando en los entornos de los victimarios testimonios contrarios que nieguen los hechos denunciados, al menos en un número equivalente al de los acusadores, de modo que le permita al agente que dicta sentencia fundarse en una ficción de imparcialidad, alegando que los testimonios en pro y los en contra han llegado a un equilibrio que impide una decisión condenatoria.

El choque permanente, durante varias décadas, con un aparato judicial que muy rara vez produce verdades, o sanciones, o reparaciones que sean aceptables, y que cada vez se revela con mayor nitidez como una pieza importante de la misma criminalidad del Estado y de su estrategia de guerra sucia, y como un mecanismo protector de primer orden de la estrategia paramilitar, me ha llevado a hacerme interrogantes más profundos:

En efecto, nuestras exigencias de justicia siempre se formulan como peticiones y clamores ante un poder que se supone que puede proteger a las personas de una violencia que destruye sus valores humanos más esenciales y niega sus derechos humanos más elementales. Pero ese poder al cual nos dirigimos hace parte de ese mismo Estado que es el que desplaza y asesina, tortura y desaparece, amenaza y coacciona, a través de su estrategia militar abierta o clandestina, ejerciendo toda esta violencia para exterminar protestas y movimientos sociales que hunden sus raíces en las profundas desigualdades e injusticias que evidencian una carencia real de democracia, oculta bajo formalidades democráticas. Podría decirse que ese Estado arrastra dos identidades contradictorias: por una parte es un generador y ejecutor de múltiples violencias; por otra, se legitima en un discurso jurídico que lo hace garante de los derechos humanos de sus ciudadanos.

Yo me he preguntado con mucha curiosidad cómo se articulan estas dos identidades tan contradictorias, tanto en las instituciones mismas como en las personas que las encarnan y las representan. La única explicación que he encontrado se apoya en la exposición psicoanalítica de la Esquizofrenia. Tiene que darse una escisión o ruptura profunda en las asociaciones que se refieren a la identidad del Estado, para que contradicciones tan profundas en la identidad sean sostenibles. Una parte del Yo estatal, aquella en la que se diseña y gestiona la violencia discriminada a favor de intereses poderosos, tiene que camuflarse como un NO-YO, como una identidad clandestinizada que da origen necesariamente a un Para-Estado, del cual el paramilitarismo es la expresión más acabada.

Pero esta ruptura o escisión profunda en el Yo-estatal, se proyecta en el sistema judicial a través de los mecanismos que ya he analizado a lo largo de esta exposición. El principal de ellos es el divorcio entre la verdad procesal y la verdad real. Al funcionario judicial se le prepara para eliminar en su conciencia todos los escrúpulos y remordimientos que puedan surgir de la realidad concreta, sumergida como sabemos en las más horrendas violencias e injusticias. Él debe ocuparse y circunscribirse a los límites físicos del expediente, único ámbito donde debe buscar los materiales de construcción de sus decisiones. Ya la rutina y las presiones del conjunto del sistema lo llevarán a discriminar los materiales a los cuales les permitirá ingresar al expediente, tales como testimonios inútiles recaudados en el entorno familiar y social de las víctimas, de esos que no contienen evidencias contundentes que llevarían a presionar una condena de los agentes oficiales de la violencia. Y en el caso de que se infiltre en el expediente un testimonio útil, la jurisprudencia ya ha construido suficientes recursos tácticos que conduzcan a su neutralización. Así el sistema judicial funciona perfectamente como fusible protector de un Estado criminal, sin causar remordimientos profesionales en sus agentes.

Doy por supuesto que aquí estoy haciendo una crítica simultánea a concepciones del Derecho que entran en ruptura conciente con la Ética, al concebir aquél como un conjunto de técnicas objetivas que producirían, por su sola aplicación correcta, actos de justicia, al abrigo de todas las disciplinas que facilitan la lectura de la realidad desde opciones fundamentales por un deber ser.

Pero la decepción del sistema judicial que se profundiza cada vez más en la medida en que se multiplican nuestras denuncias y nuestras expectativas frustradas, nos ha llevado muchas veces a exigir medidas administrativas inmediatas por parte del Poder Ejecutivo, sobre todo frente a conjuntos sistemáticos de crímenes que no permiten repetir los libretos que comienzan con la denuncia y terminan con la frustración. Sin embargo, hay también allí una estrategia suficientemente decantada, primero para remitir las decisiones fundamentales al sistema judicial, el cual se sabe bien dotado para proteger a los agentes de la violencia estatal, pero también para dar respuestas de distracción que conjuren momentáneamente las protestas, principalmente de los organismos y la comunidad internacional.

Entre la multitud de crímenes perpetrados en la última década por los agentes de la estrategia militar abierta o encubierta del Estado en el Sur del departamento de Bolívar, hay episodios que revelan con nitidez ese tipo de respuestas exorcizantes. Lo ocurrido en el corregimiento de San Blas, del municipio de Simití y muy cercano de la ciudad de Barrancabermeja, es ejemplar. Allí se mantuvo una base paramilitar durante más de un año, entre 2000 y 2001, sin ninguna precaución de clandestinidad. Se convocaba a reuniones abiertas con muchas franjas de población para intimidarla; los paramilitares se movilizaban uniformados y armados en vehículos reconocidos por todas los habitantes de la región y desde allí se coordinaban abiertamente numerosas operaciones. Cuando la protesta de organismos humanitarios, eclesiásticos y civiles, nacionales e internacionales llegó a niveles difíciles de soportar para el Gobierno, el General Martín Orlando Carreño, Comandante de la V Brigada y recientemente nombrado Comandante General del Ejército, organizó una operación ampliamente publicitada, bautizándola como "destrucción del cuartel general de las AUC" (diario Vanguardia Liberal, 11 de febrero/02). Según las informaciones de prensa allí habría decomisado armas y destruido 16 búnkeres de los paramilitares. Lo que llama la atención es que ningún paramilitar fue capturado. La población los vio desplazarse a tomar vacaciones en el vecino poblado de Vijagual mientras se desarrollaba el operativo militar, para luego regresar a continuar su control territorial. Quizás lo que más le importaba al Gobierno era que la comunidad internacional y las agencias de prensa mundial registraran la ficticia operación y la contabilizaran en el haber del Gobierno en cuanto "perseguidor de los paramilitares".

Cuando en 1966 las potencias mundiales guardaron silencio frente los horrores que las fuerzas armadas de los Estados Unidos, ayudadas por otros Estados, estaban perpetrando en Vietnam, ya que los compromisos y alianzas políticas que configuraban el poder mundial de entonces no permitían prestar atención a los clamores angustiosos de un pueblo estigmatizado por las agencias mundiales de información, el genio de Bertrand Russell convocó a la conciencia ética de la humanidad para que se pronunciara, dando así origen a los tribunales de opinión.

Siguiendo esa misma tradición que tiene la más profunda legitimidad, hoy numerosos campesinos de las aldeas y poblados del Sur del departamento colombiano de Bolívar, representados por un minúsculo grupo de voceros y testigos, repiten esa misma experiencia, que ha continuado por varias décadas también el Tribunal Permanente de los Pueblos. Un pueblo estigmatizado a través de los filtros de las agencias mundiales de información, que lo han presentado como cultivador y traficante de sustancias psicoactivas que degeneran la especie y como simpatizante y colaborador del terrorismo que pone en riesgo la estabilidad de las estructuras civilizadas, acude hoy a un Jurado sin poder, pero conformado por personas que tienen una conciencia esclarecida por valores humanos destacados y reconocidos por sus pueblos, para que pronuncien un veredicto sobre aquello que se esconde detrás de las estigmatizaciones mediáticas.

La verdad que ustedes acojan, Honorables Miembros del Jurado, será una verdad descalza y desprotegida, asediada y combatida por la fuerza de poderosos intereses. Con plena seguridad, no será de buen recibo para nuestro Gobierno, que no ahorrará esfuerzos para deslegitimar este ejercicio, para él "anormal" "disidente" e "ilegítimo", de justicia.

Quienes apreciamos de antemano el veredicto de ustedes, Honorables Miembros del Jurado, sabemos que ustedes saben valorar desde parámetros profundamente humanistas, la dignidad y los derechos que fueron negados a tantos centenares de hermanos nuestros, cuyos cuerpos ensangrentaron tantos ríos, senderos y montañas de nuestro entorno; cuyos gritos, llantos y silencios entristecieron tanto nuestros paisajes, y cuya memoria reclama aún el último derecho del cual no pudieron ni podrán despojarlos nuestras autoridades: el derecho a la justicia y al reconocimiento de su dignidad.

Javier Giraldo M., S. J.
París, noviembre 28 de 2003.

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