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  Mirar sin condiciones

febrero de 2004, por Javier Giraldo M. , S.J.

[Prólogo a «La Gran Minería en Colombia: Las Ganancias del Exterminio»]
2004

Uno de los episodios que más golpean el alma de quienes aún conservamos algo de sensibilidad humana dentro de este torbellino de violencias, es lo sucedido en la noche del 25 de abril de 1997 en el casco urbano de Río Viejo (Bolívar). Un numeroso comando paramilitar se tomó el poblado a las 19:30 horas, sacó violentamente de sus casas a muchos pobladores y los hizo acostar en el piso de la calle principal, sin camisas, para darles latigazos. Cuando identificaron a Juan Camacho Herrera, afiliado a la Asociación Agrominera del Sur de Bolívar, organización de base que agrupa a los mineros pobres que en forma artesanal le arrancan a la tierra pequeños granos de oro para poder subsistir, lo asesinaron con 7 disparos de fusil; luego lo decapitaron con un machete; pasearon su cabeza por el pueblo y jugaron fútbol con ella; luego la clavaron en una estaca con su frente dirigida hacia la Serranía de San Lucas, advirtiéndole a los estupefactos pobladores que su proyecto consistía en lograr el control total de esa zona minera.

Nuestras miradas sufren, habitualmente, múltiples condicionamientos que nos impiden captar las dimensiones reales de hechos horrendos como éste.

Los juristas más escrupulosos, versados en derecho internacional, sugieren enfocar los rasgos delincuenciales de la conducta de los «ilegales» que perpetraron el crimen, cuidando de no contaminarse de sesgos políticos o ideológicos para no adulterar la pureza del Derecho. Habría que aislar los delitos de homicidio y de tortura del contexto de la lucha social de las víctimas; del problema de los recursos naturales y de su legislación; del problema de propiedad de la tierra y de la desigual distribución de la riqueza. Pero además, para los agentes del aparato judicial, un crimen como éstos no puede investigarse en conexidad con ningún hecho similar, así se demuestre que desde el año 95 hechos como éste son casi rutinarios en la región. Menos aún se puede investigar un crimen de éstos como expresión de una política oficial, aunque se demuestre que las acciones de la fuerza pública se coordinan y alternan a lo largo y ancho del país con las acciones de los paramilitares, siguiendo una lógica de persecución a organizaciones que no comparten las políticas oficiales. Una mirada jurídica así condicionada, se queda en la visión del último fruto del árbol, con prohibición de mirar sus hojas y sus ramas, su tronco, sus raíces y su savia, mirada que sería necesaria para poder entender y caracterizar la enfermedad del fruto.

Algún Obispo preocupado por encontrarle solución al conflicto que nos envuelve, puede llegar a prohibir que la memoria de Juan Camacho se conserve sobre un muro en alguna de las capillas de su Diócesis. Uno de ellos, recientemente, ordenó borrar los nombres de las víctimas, que habían sido grabados en el muro de la humilde capilla de un caserío, alegando que esa memoria es dañina porque centra la atención en el pasado y mantiene abiertas las heridas y los odios. Hay que olvidar, entonces, según él, desviando la mirada de las víctimas del pasado, para poder superar la violencia. Esto se llamaría, en su teología, «perdón» o «reconciliación».

Pero si nos atenemos a las lecturas que han adquirido más alto estatus en el ámbito del poder vigente, la memoria de Juan Camacho habría que sepultarla definitivamente si es que algún día queremos lograr la paz. El Alto Comisionado para la Paz de este Gobierno, el psiquiatra Luis Carlos Restrepo, cuando escribió en 1997 uno de los artículos que quizás llamaron la atención del futuro Presidente de la República y lo movieron a ofrecerle ese cargo, refiriéndose a la necesidad de sepultar la memoria del líder popular Jorge Eliécer Gaitán, afirmó: «Cuando una cultura empieza a convertirse en campo de difuntos insepultos “que nos acechan con su hedor para que derramemos de nuevo sangre y saciemos sus anhelos de venganza- se hace imprescindible aclimatar la profesión de enterradores. Astutos maestros del olvido que nos ayuden a recuperar la fuerza y la inocencia en aquellos momentos en que el culto a los muertos” y a los poderes que los representan- torna irrespirable el ambiente para los vivos. Momento de suscribir un nuevo pacto con aquellos que se han ido, escribiendo sus nombres en cometas para contagiarlos con la liviandad del viento. Momento de declararnos insolidarios con la historia, de asumirnos como apátridas si la patria se sigue reduciendo a la estupidez colectiva de aplastar la vida para que la sangre de mártires y caudillos continúe viva» [1]

Llama la atención que poco tiempo después de publicarse el artículo del Dr. Restrepo, un grupo paramilitar bajo el nombre de «Red de Defensa Ciudadana - Democracia Local», quiso forzar a la hija del líder, Gloria Gaitán, bajo amenazas, a renunciar a la dirección del Museo Gaitán, apoyándose en el artículo de Luis Carlos Restrepo de quien afirman: «El doctor Restrepo que nos orienta ideológicamente, dice ...» y añadiendo: «Es cierto, Gaitán quedó mal enterrado. Vamos a enterrarlo, vamos a aceptar la profesión de enterradores para que Colombia lo olvide de una vez por todas, para acabar con el odio que su nombre enciende. Por eso es urgente acabar con ese obstáculo terco y obstinado que es su hija, exigiéndole que renuncie .... Si Gloria Gaitán no renuncia antes del 26 de julio próximo, que es la fecha límite que le damos a ella para que se retire de esa trinchera de subversión que es la casa de su padre, nosotros nos comprometemos a dinamitar el Museo y la tumba de su padre y a ella y su familia los haremos que se reúnan con Gaitán para que por fin los enterremos bien y profundo, para que no sigan alimentando con su recuerdo la llama del odio de sus seguidores que beben de su sangre y comen de sus ideas de retaliación y muerte. ...»

Muchas veces los discursos se construyen sobre matrices de profundas incoherencias y contradicciones que se ocultan con capas de retórica. Se llega a condenar el odio incentivando el odio; se llega a defender los derechos aplastando derechos, bajo la excusa de respetar la pureza del Derecho; se llega a prohibir la memoria en nombre de otra memoria que debe comenzar a registrarse; se llega a administrar justicia prohibiendo mirar las injusticias. Y nuestras miradas tienen que ajustarse a las incoherencias; tienen al menos que desviarse y hacer callar, si no queremos pasar por anacrónicos o ser acusados de crímenes de «lesa sociedad dominante». Esa sociedad está dispuesta a integrarnos si aceptamos sus dogmas o al menos no los cuestionamos: un Derecho sin ética; un perdón sin verdad ni corrección; una justicia que pase por alto las injusticias; una memoria sin pasado; una solidaridad social sin conciencia de insolidaridades ni violencias.

Frente a estos dogmas, este libro que el lector tiene en sus manos es «herético». Con la autoridad que tiene un sindicato conocedor por oficio de la política minera del Estado, SINTRAMINERCOL ha querido extender una mirada libre de presiones y condicionamientos sobre la trágica realidad que nos envuelve para poner al descubierto las profundas relaciones que se dan entre las más graves violaciones a los derechos humanos y la política minero energética del Estado colombiano.

Un Estado que ha querido estructurar su economía, desde tiempos muy remotos, dentro del más obsecuente servicio al gran capital multinacional, ha echado mano del instrumento paramilitar para aplastar todas las expresiones sociales cuya lógica económica se opone a los intereses de ese capital, del mismo modo que se ha servido del paramilitarismo para impedir toda alternativa política que reivindique visiones y derechos de las capas excluidas de la sociedad. Y en ese afán se relativizan y se aplastan todos los valores éticos: no importa masacrar campesinos a gran escala; no importa recurrir a los grados de sevicia más escalofriantes; no importa destruir comunidades y desplazar a centenares de miles de pobladores; no importa robar y mentir; no importa aliarse con los traficantes de droga, aún bajo el paraguas oculto de las mismas entidades que dicen combatir ese tráfico a nivel internacional, como la DEA; no importa robar helicópteros en los países vecinos para dotar los centros clandestinos del paramilitarismo; no importa comprar o intimidar a fiscales, jueces y procuradores; no importa amordazar a la prensa y presionar a las iglesias a callar, a ocultar y a olvidar; nada importa si se salvan los intereses del gran capital, cuyo altar es el único legítimo en la teología no confesa que inspira la política real de un Estado criminal.

Javier Giraldo M., S. J.
Bogotá, febrero de 2004

Notes :

[1Tomado de «El Saqueo de una Ilusión. El 9 de abril 50 años después», Número Ediciones, Bogotá, 1997, artículo de Luis Carlos Restrepo: «La Sangre de Gaitán», pg. 179 - 189

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