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  Acción de Tutela por Víctimas San José de Apartadó

Martes 25 de febrero de 2003, por Javier Giraldo M. , S.J.

De toda consideración.

JAVIER GIRALDO MORENO, S. J.,[--------------------------] por medio del presente escrito, invocando el artículo 86 de la Constitución Nacional, solicito respetuosamente a esa alta Corte tutelar los derechos a la vida, a la integridad personal, a la seguridad jurídica, al buen nombre, a la honra, a un debido proceso y a la libertad, de las siguientes personas en especial:

Wilson David Higuita , [-------------]
Eduar Lancheros Jiménez, [--------------]
Arturo David Úsuga, [-----------------------]
Amanda Úsuga Piedrahita, [ -------------------------------]
Rodrigo Rodríguez Areiza, [-------------------------------]
Lubián de Jesús Tuberquia Sepúlveda, [--------------------]
Luis Eduardo Guerra Guerra, [ -----------------------------]
Gildardo Tuberquia Úsuga, [ ------------------------------]
Alberto George Gañán, [--------------------------------]
Jesús Emilio Tuberquia, [ -----------------------------]
Javier Antonio Sánchez Higuita, [-----------------------]
Marina Osorio, [ ------------------------------ ]

y los mismos derechos de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Los derechos fundamentales de dichas personas han sido puestos en alto riesgo por el GENERAL PAUXELINO LATORRE GAMBOA, actual Comandante de la XVII Brigada del Ejército Nacional, con sede en Carepa, Antioquia.

Hechos que motivan la presente Acción de Tutela:

El día 3 de febrero de 2003, LUBIÁN DE JESÚS TUBERQUIA, miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, fue abordado por un primo suyo, WILSON GUZMÁN TUBERQUIA, en la ciudad de Apartadó, para invitarlo a trabajar con el Ejército Nacional, con el fin de colaborar en una estrategia tendiente a desintegrar la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, mediante acusaciones que llevaran a sus líderes a la cárcel o alternativamente a darles muerte a través de acciones de unidades paramilitares. Para motivarlo a aceptar la propuesta, le informó que el Ejército estaba pagando sumas muy altas por ese tipo de colaboraciones.

Como Lubián no aceptó la oferta sino que pidió que “se lo dejara pensar”, con el fin de evitar una represalia inmediata, su primo Wilson lo siguió buscando en los días posteriores para urgir la respuesta. Para presionarlo más a aceptar, le informó que él figuraba en una lista de “milicianos” que tenían en la Brigada y que si no aceptaba la propuesta se iba a ver envuelto en problemas judiciales.

Al saber que su nombre figuraba en una lista de “milicianos”, Lubián le explicó a su primo que eso no tenía fundamento, pues él no colaboraba con ningún grupo armado, siguiendo los principios de la Comunidad de Paz a la cual pertenecía, y le pidió que le ayudara a conseguir una cita con el General de la Brigada para explicarle eso y para pedirle que “le arreglara el problema”. Pocos días después su primo Wilson Guzmán le comunicó que el General había dado la cita para el 7 de febrero y que sería en el centro comercial Apartacentro, donde se encuentran las oficinas de la Fiscalía.

Lubián de Jesús Tuberquia acudió a la cita el 7 de febrero de 2003 a las 2 P. M. en Apartacentro. Allí llegaron dos personas en trajes civiles, uno de ellos se le presentó como General y el otro como Teniente del Ejército. El General le manifestó a Lubián que se lo imaginaba de más edad y que sabía que estaba vivo “de pelito”, pues en una ocasión habían ordenado asesinarlo en el caserío de La Unión, en agosto de 2001, pero dado que los encargados de matarlo huyeron rápido después de asesinar a Alexander Guzmán, a última hora habían decidido no matarlo. Cuando Lubián le solicitó al General sacarlo de la lista de “milicianos” ya que eso no correspondía a la verdad, pues él no tenía ninguna relación con esos grupos, el General le respondió que solamente lo haría si trabajaba con el Ejército acusando a los líderes de la Comunidad de Paz de San José, y que en caso contrario su situación seguiría igual. El General sacó de su maletín un cuaderno con membretes del Ejército y le mostró a Lubián la página donde figuraba su nombre. Lubián pudo observar que allí figuraban también otros miembros de la Comunidad de Paz, como Wilson David, Eduar Lancheros, Amanda Úsuga, Arturo David, Alberto Rodríguez y Marina Osorio.

Luego de que el General se negara a escuchar la petición de Lubián, en su presencia conversó con su primo Wilson Guzmán, con el cual hizo planes para acusar a los líderes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó de varios crímenes, con el fin de someterlos a procesos judiciales que implicaran su privación de la libertad. Wilson Guzmán le confirmó al General que él sí estaba listo a colaborar con dicha estrategia, acusando a los líderes ante la Fiscalía. Según los planes que hicieron allí, irían a acusar a Wilson David, actual presidente del Consejo comunitario de la Comunidad de Paz de San José, de haber “asesinado” a Gustavo Guzmán, hermano de Wilson; a Eduar Lancheros, acompañante de la Comunidad en representación de organizaciones no gubernamentales, lo acusarían de ser “financista de las FARC” y de “haber asesinado a Henry Tuberquia”; a Amanda Úsuga la acusarían de “llevarle encargos a la guerrilla”; a Arturo David lo acusarían de “informarle a la guerrilla sobre los movimientos del Ejército” y así planearon otras acusaciones contra miembros de la comunidad. El General le explicó a Wilson Guzmán, en presencia de Lubián de Jesús Tuberquia, que si la Fiscalía no emitía contra ellos órdenes de captura con la rapidez que ellos querían, entonces enviarían a los paramilitares para que los asesinaran más rápidamente.

Al despedirse, el General le advirtió a Lubián que si no colaboraba con ellos “lo buscaría donde fuera necesario” y que le quedaría muy difícil escaparse de su control, ya que el Ejército está en todo el país. A su vez, su primo Wilson Guzmán, después de la cita con el General, le dijo que si regresaba a la Comunidad de Paz o contaba lo que había escuchado, él mismo lo mandaría a matar.

Lubián no encontró otra alternativa que escaparse de la región para poder denunciar dichos planes criminales, antes de que sea demasiado tarde.

Los hechos sucedidos el pasado 12 de febrero, cuando un vehículo de servicio público que se desplazaba entre Apartadó y San José fue interceptado por el Ejército en la vereda Caracolí, encontrando en él los militares una pequeña caja con explosivos y siendo retenidas 9 personas en las instalaciones de la Brigada XVII, son eventos que, por sus características peculiares, parecen estar anunciando que el plan diseñado por la Brigada ha comenzado a entrar en ejecución.

En efecto, el 12 de febrero, Amanda Úsuga fue acusada de ser la destinataria de la caja de explosivos que el Ejército dice haber encontrado en el vehículo interceptado, pues en el interior de la caja dicen haber encontrado un papel escrito a mano donde se pide a una supuesta “Amanda” entregar el contenido de la caja a un destinatario que los militares afirman ser “miliciano”. Amanda Úsuga aún permanece detenida. Los demás ocupantes del vehículo solo fueron interrogados como testigos por la Fiscalía pero permanecieron ilegalmente detenidos en la Brigada XVII desde el miércoles 12 hasta el sábado 15, siendo dejados en libertad luego de sus declaraciones. Durante su permanencia en la Brigada XVII algunos soldados los insultaron y amenazaron, gritándoles que si ellos los hubieran capturado les hubieran cortado la cabeza inmediatamente. Además varios oficiales los sometieron a interrogatorios ilegales en los cuales preguntaron insistentemente por otros miembros del Consejo y de la Comunidad, como Javier Sánchez, Luis Eduardo Guerra y Jesús Emilio Tuberquia, dando a entender con sus preguntas que a todos ellos los consideraban “cómplices de la guerrilla”.

La Comunidad de Paz ha reunido elementos de peso que llevarían al menos a sospechar que se trata de un montaje planificado por la Brigada XVII con el fin de dañar el buen nombre de la Comunidad y de incoar procesos judiciales en contra de algunos de sus integrantes. Los elementos que la comunidad ha detectado y denunciado son los siguientes:

1)Ya desde la Terminal de Transportes de Apartadó, antes de que el vehículo que fue interceptado partiera, se notaba una intensa vigilancia militar y movimientos extraños de gente sospechosa.
2)En el barrio Mangolo, de Apartadó, abordó el vehículo una persona desconocida, con botas, corte de pelo y porte militar, quien estuvo observando intensamente a Amanda Úsuga, hasta descender en La Balsa, sitio de habitual presencia militar.
3)Los soldados que interceptaron el vehículo no habían establecido ningún retén previo en la carretera, sino que esperaron ocultos en el bosque y salieron expresamente a interceptar este vehículo cuando se aproximó al sitio de Caracolí.
4)Los soldados que interceptaron el vehículo le pidieron las cédulas a todos los pasajeros y se las devolvieron rápidamente, pero se quedaron con la cédula de Amanda Úsuga, antes de inspeccionar los equipajes y de descubrir la supuesta “caja con explosivos”.
5)Mientras esto ocurría en la carretera, entró a la Comunidad una llamada telefónica de la Fiscalía de Apartadó para preguntar si Amanda Úsuga estaba desaparecida. Minutos después entró una segunda llamada de la misma Fiscalía para preguntar qué tipo de ropa llevaba ese día Amanda Úsuga.
6)Poco tiempo después de que el vehículo fuera interceptado, llegaron al sitio, a pié, unos soldados con chalecos de unidades de “Antiexplosivos”, lo que muestra que se encontraban en las cercanías del lugar, esperando el momento para hacer una inspección de explosivos ya planeada de antemano.

Tanto lo sucedido a Lubián de Jesús Tuberquia, como los hechos que rodearon la interceptación del vehículo el 12 de febrero y la retención de los miembros de la Comunidad, hay que leerlos en el contexto de las numerosas agresiones que la Brigada XVII del Ejército, en coordinación con los grupos paramilitares que operan en la zona, han perpetrado contra esta Comunidad de Paz, desde marzo de 1997, cuando se constituyó la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Los anexos que se adjuntan lo demuestran claramente.

Derechos fundamentales afectados:

Es claro que la estrategia que el General le compartió a Wilson Guzmán en su conversación del 7 de febrero en Apartacentro constituye un desconocimiento de derechos fundamentales que la Constitución Política de Colombia, así como el Derecho Internacional, consideran de primer orden. En efecto, se vulnera el derecho a la vida (artículo 11), el derecho a la integridad personal (artículo 12), el derecho al buen nombre (artículo 15), el derecho a la honra (artículo 21), el derecho a la libertad y seguridad jurídica (artículo 28), y el derecho al debido proceso (artículo 29).

Pero dicha estrategia, fuera de vulnerar derechos fundamentales de las personas, está revelando un grado extremo de perversidad y de abuso del poder que el Estado le confiere a sus agentes y que, en la medida en que se trate de una práctica sistemática, ilegitima profundamente al Estado. En efecto, cuando por mecanismos de “Inteligencia Militar” se sindica gratuitamente a las personas de conductas antijurídicas con el fin de obtener de ellas colaboraciones forzadas a estrategias criminales, se está usando de una manera muy perversa el poder del Estado.

Es igualmente una práctica de bajeza moral incalificable el hecho de comprar testimonios falsos por altas sumas de dinero del Estado, con el fin de arruinar la libertad y la vida de personas vinculadas a proyectos que no son de la simpatía de los miembros del Ejército, pero que tienen el más pleno derecho a la protección del Estado.

Tampoco habría palabras para calificar la estrategia de encargar a grupos que aparecen oficialmente calificados como “al margen de la ley” pero que de hecho operan en estrecha coordinación con la fuerza pública, la ejecución de crímenes de lesa humanidad.

No dudo que los Honorables Magistrados comprenderán la gravedad extrema de estas conductas.

Legitimidad:

Según lo contempla el artículo 86 de la Constitución Política, la Acción de Tutela puede ser reclamada por quien actúe a nombre de la persona lesionada. A su vez el Decreto 2591 de 1991 contempla, en su artículo 10, que “se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa”.

La circunstancia de que los hechos referidos dejan profundos interrogantes sobre las instancias locales de administración de justicia de Urabá, las cuales podrían estar integradas a la estrategia trazada por la Brigada XVII para agredir a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, ya que se contempla en dicha estrategia una primera etapa de “judicialización” de los líderes mediante compra de testimonios falsos para sustentar acusaciones sobre delitos de extrema gravedad, así como intimidaciones y chantajes a eventuales “colaboradores” para forzarlos a rendir falsos testimonios, antes de proceder a asesinatos y masacres agenciados por unidades paramilitares, todo esto retrae a las víctimas de colocar denuncias en dichas instancias y de solicitar a las mismas la tutela de sus derechos.

Los vínculos que me han ligado a dicha Comunidad de Paz de San José de Apartadó desde su constitución como tal, el 23 de marzo de 1997, y la petición que me han hecho en los últimos días de ayudarles en su defensa, legitiman mi actuación como reclamante de Acción de Tutela en su favor. Esas mismas relaciones me permiten asegurar que no se ha reclamado ninguna otra Acción de Tutela por los mismos hechos y por parte de las mismas víctimas.

Pruebas

Como prueba fundamental anexo la declaración rendida en la Fiscalía General de la Nación por LUBIÁN DE JESÚS TUBERQUIA el pasado 21 de febrero.(4 folios). Si los Honorables Magistrados desean complementar esta prueba, puede solicitar copia de una declaración similar rendida por la misma víctima en la Procuraduría General de la Nación, el pasado 18 de febrero, Oficina de Asesores del Procurador General.

Como la presente agresión contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó hace parte de una larga cadena de agresiones ejecutadas por agentes del Estado y de grupos fuera de la ley que actúan en estrecha coordinación con agentes del Estado, anexo una relación de los principales crímenes perpetrados contra dicha comunidad, con referencia a las peticiones de justicia que se han hecho a las diversas instancias del Estado. (22 folios)

También anexo la Resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 18 de junio de 2002 en la cual reiteran al Gobierno de Colombia poner en práctica MEDIDAS PROVISIONALES de protección a favor de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.(21 folios)

Anexo, finalmente, recortes de prensa que muestran la manera como fueron “informados” a la opinión pública los hechos del 12 de febrero. (4 folios)

Peticiones para salvaguardar los derechos vulnerados o en alto riesgo.

Como podrán deducirlo fácilmente los Honorables Magistrados, la protección de la vida y demás derechos fundamentales de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó no podrán ser eficaces, dados los hechos referidos, si el Señor Presidente de la República no interviene a fondo a la Brigada XVII, como Comandante en Jefe que es de las Fuerzas Armadas, y si no examina y corrige los métodos perversos que estos hechos revelan. Esto exige a la vez una depuración profunda del personal de la Brigada XVII, particularmente el cambio de su Comandante y de todo el personal relacionado con las actividades de Inteligencia, con el fin de que dichos cargos comiencen a ser ejercidos por funcionarios que acaten la Constitución y las Leyes.

Solicito, además, de la manera más encarecida, a los Honorables Magistrados, decretar medidas eficaces u ordenar las acciones jurídicas pertinentes con el fin de sancionar y erradicar la práctica de COMPRA DE TESTIGOS con dineros del tesoro público y por parte de funcionarios públicos; la práctica del CHANTAJE JUDICIAL apoyado en INFORMES DE INTELIGENCIA amañados, que busca forzar colaboraciones anti-éticas con estrategias militares bajo la amenaza de estigmatizar y judicializar al que no colabore; la práctica de UTILIZAR EL DOLOR Y LOS TRAUMAS MORALES sufridos por víctimas de grupos insurgentes para involucrarlos en la destrucción de personas o comunidades que falsamente son presentadas como cómplices de sus agresores. Estoy seguro que los Honorables magistrados comprenderán el mal profundo que esto le acarrea a nuestra sociedad y la profunda destrucción que implica de la conciencia moral de la nación.

Dado que las medidas de protección que ordinariamente ofrece el Estado colombiano, como es la presencia de fuerza pública, para el caso presente podrían aumentar el riesgo en lugar de disminuirlo, ruego a los Honorables Magistrados tener en cuenta el requerimiento hecho al Gobierno de Colombia por la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Resolución del 18 de junio de 2002, en estos términos:

(6) Requerir al Estado que continúe dando participación a los beneficiarios de las medidas provisionales o sus representantes en la planificación e implementación de dichas medidas y que, en general, los mantenga informados sobre el avance de las medidas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


(7) Requerir al Estado que, de común acuerdo con los beneficiarios o sus representantes, establezca un mecanismo de supervisión continua y de seguridad permanente en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, de conformidad con los términos de la presente Resolución.

Teniendo en cuenta, también, que uno de los mecanismos a través de los cuales se han venido implementando las agresiones contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó han sido los “informes de inteligencia” amañados o construidos con testigos sobornados por dinero o chantajeados al ponerlos ante la alternativa de colaborar en montajes o tener que enfrentar procesos judiciales manipulados, o asaltados en su pena moral al haber sido víctimas de acciones violentas de grupos insurgentes, para obligarlos a “tomar venganza” en personas o comunidades que les son presentadas falsamente como “aliadas” de sus agresores, procedimientos todos contrarios a la Constitución y a las leyes, al Derecho Internacional y a la ética universal, solicito encarecidamente a los Honorables Magistrados que ordenen una REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INTELIGENCIA elaborados por la Brigada XVII que afecten a miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó o a la Comunidad como tal, con participación de la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de un comisionado designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tal procedimiento fue acordado entre el Gobierno Nacional y las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, en la reunión que se tuvo luego del asesinado del Doctor Eduardo Umaña Mendoza, en abril de 1998.

Les ruego comunicarme cualquier decisión a la siguiente dirección: carrera 5 No. 33-A-08, Bogotá, D. C., Tel: 2456181

Bogotá, febrero 25 de 2003

Javier Giraldo Moreno, S. J.
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Documentos que se anexan:

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 18 de junio de 2002 con el Voto Concurrente del Juez A. A. Cançado Trindade, 21 folios.

Relación , no completa, de crímenes perpetrados contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 1997 - 2002, 22 folios

Declaración rendida por Lubián de Jesús Tuberquia en la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos, el 21 de febrero de 2003, 4 folios.

Fotocopias de informaciones de prensa sobre interceptación de un vehículo de servicio público en la carretera que conduce de Apartadó a San José de Apartadó, el 12 de febrero de 2003, 4 folios.

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