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El Caso Mateo Gutiérrez León Exponente de la “justicia”-montaje

Viernes 16 de agosto de 2019, por Javier Giraldo M. , S.J.

El estudiante de sociología de la Universidad Nacional, Mateo Gutiérrez León, fue víctima de un montaje que lo quiso vincular a un episodio de lanzamiento de panfletos de un supuesto “Movimiento Revolucionario Popular”, evento en el cual hubo coerción contra un joven, quien habría sido inmovilizado y su celular robado. Policías y miembros del CTI buscaron a quién acusar del hecho para mostrarse “eficientes” y encontraron un chivo expiatorio entre los estudiantes de la Universidad Nacional que a veces acudían a manifestaciones. Los mecanismos del montaje, no por ser clásicos y rutinarios, dejan de ser perversos y detestables: hacer seguimientos a su blanco escogido arbitrariamente; tomarle fotos; convencer a la víctima, un año después, de que el fotografiado fue su agresor; inducirlo a participar en un “reconocimiento fotográfico” montado y violatorio de sus mínimos requisitos legales; utilizar “informes de inteligencia” inventados como pruebas; convertir los viajes y las amistades del blanco escogido en eventos “sospechosos”, sin mencionar las irregularidades de la detención, acompañada de amenazas de tortura y de desaparición. Luego de más de un año de prisión, Mateo fue finalmente absuelto y puesto en libertad.

Pero lo más grave de todo esto es que, una vez que el montaje queda al descubierto a través del proceso y del juicio, NO PASA NADA. Los funcionarios corruptos siguen en sus cargos y ninguna sanción los cobija. Así, nuestra justicia seguirá hundiéndose cada vez más en el pantano de la podredumbre. Este y otros millones de casos revelan que lo que en Colombia se llama “justicia” carece de mecanismos mínimos de control de calidad. ¡POBRE PAÍS!

Bogotá, agosto 15 de 2019

Dr, FABIO ESPITIA GARZÓN
Fiscal General de la Nación (E)
Ciudad

Amicus Curiae – Proceso No. 110016000027201500190(2335-6)

De toda consideración.

Por medio de este escrito me permito hacer uso ante usted, Señor Fiscal General, de la tradición universalmente arraigada del Amicus Curiae, frente al proceso que se ha seguido contra el joven estudiante de la Universidad Nacional, MATEO GUTIÉRREZ LEÓN, procesado y absuelto por el Juez Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá –Proceso No. 110016000027201500190(2335-6), habiendo sido la absolución apelada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá por el Fiscal 91 Especializado Miguel Olaya Cuervo.

Luego de sesiones de análisis del caso promovidas por su familia, por profesores de la Universidad Nacional, por grupos de abogados y por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, en las cuales se ha tenido acceso a las piezas procesales de acusación, absolución y apelación, quedan en los participantes cuestionamientos muy profundos sobre el desempeño de la justicia colombiana, los cuales refuerzan la sensación generalizada de corrupción, incompetencia, sesgo, parcialidad e ilegalidad, todo lo cual saca a la luz una de las dimensiones más preocupantes de la crisis ética nacional.

Queda muy claro a quien acceda a las piezas del proceso, que la acusación contra Mateo Gutiérrez se centró en vincularlo como integrante de un grupo denominado Movimiento Revolucionario del Pueblo, cuya existencia real no se hace evidente en el expediente ni sus supuestas consignas y actividades revelan naturaleza “terrorista”, pero la manera como se trata de probar la pertenencia de Mateo a dicho grupo sí se revela completamente ilegal, malintencionada y falaz, dejando al descubierto los rasgos inconfundibles del montaje judicial.

Muchos de los testimonios e intentos de pruebas llevados al expediente y al juicio abundaron en los detalles narrativos y técnicos de una serie de actos de lanzamientos de panfletos publicitarios, alusivos a la supuesta organización política MRP, en algunos de los cuales se habrían producido actos de coerción contra personas, sin que se adujeran pruebas contundentes de participación de personas identificadas como autoras de esos actos. Como ha ocurrido en numerosos casos investigativos de nuestra “justicia”, quizás el desespero de ver transcurrir el tiempo sin eficiencia investigativa lleva a recurrir a ficciones fundadas en montajes. Para ello se echa mano del rutinario mecanismo del “chivo expiatorio”. Mateo fue acusado de haber participado en uno de los 9 actos mencionados, realizado el 18 de septiembre de 2015 hacia las 14:30 horas en el centro de Bogotá y en el cual fue constreñido, despojado de su celular y amenazado el joven Bryan Steven Gómez Sánchez, de 17 años. Esa tarde Mateo se encontraba en la Biblioteca de la Universidad Nacional, en un evento convocado por él mismo, como quedó probado por testimonios, minutas de guardia, fotos y videos. Además, la víctima –Bryan Steven Gómez- hizo un retrato hablado ante la policía y describió al agresor que recordaba con características de edad, constitución, cabello y barba completamente diferentes a las de Mateo.

No sabemos qué motivaciones llevaron al equipo de investigación de la Policía y la Fiscalía a seleccionar a Mateo como “chivo expiatorio”, pero todo muestra que lo buscaron entre estudiantes críticos e inquietos de la Universidad Nacional, quizás para afectar el nombre del Alma Mater vinculándola a rumores mediáticos malintencionados. El eje del montaje consistió en contactar a la víctima –Bryan Steven Gómez- más de un año después, mostrarle en un celular fotos de Mateo y convencerlo de que ése era su agresor, así no coincidiera en nada con su precaria memoria ni con su primer retrato hablado, induciéndolo a preparar, bajo la conducción de los policías, un “segundo retrato hablado” que en realidad fue una simulación de “reconocimiento fotográfico” que desconoció y violó todos los requisitos legales de ese procedimiento.

Para complementar la simulación probatoria, los agentes de inteligencia acusaron a Mateo de repartir, en una manifestación por la paz en la Plaza de Bolívar de Bogotá, unos panfletos cuyo contenido coincidía con los del mencionado movimiento político MRP, sin aportar medio alguno de prueba y contradiciendo variados testimonios de asistentes a esa marcha, quienes más bien fueron testigos de una requisa ilegal y arbitraria practicada a Mateo por civiles y policías, sin que le hayan encontrado panfletos ni nada extraño en su morral.

El afán de reforzar el montaje ya diseñado, llevó a la “inteligencia” judicial que lo sometió a intensos seguimientos, a descubrir encuentros y charlas de Mateo con compañeros de la Universidad o amigos, en actividades ajenas a cualquier conducta delictiva, aduciendo que esos amigos de sus encuentros o saludos fueron hallados después en posesión de panfletos o capturados mediante acusaciones similares. El mismo Ministerio Público alegó durante el juicio que “no existe el delito de ser amigo”. Si ese delito existiera, el mismo actual Presidente Duque tendría que responder penalmente por tan numerosos crímenes de que se acusa a su íntimo amigo Álvaro Uribe Vélez, con quien se saluda y se reúne frecuentemente. De manera ya reveladora de extrema insensatez, la Fiscalía aduce un viaje a Cuba de corta duración, realizado por Mateo en compañía de su señora madre, en los meses de seguimientos. Como lo afirma el mismo Juez, lo único que eso prueba es que viajó a Cuba y nada más, lo cual no constituye ningún delito.

Es demasiado preocupante y angustiante para el país que se siga recurriendo a la justicia-montaje sin que pase nada. Colombia está llena de millones de expedientes espurios, sustentados en pruebas falsas, en testimonios falsos y en el desconocimiento de las normas probatorias y de los principios rectores de la administración de justicia.

Con toda seguridad, Señor Fiscal, la “justicia” continuará corrupta, falta de credibilidad, perversa e inmoral, si frente a casos como éste no se toma ninguna medida; si se permite que quienes perpetraron un montaje tan evidente y descarado, continúen en sus cargos como servidores del Estado. Al menos quienes condujeron este proceso espurio, como el miembro de la Policía FREDY DANIEL VARGAS RODRÍGUEZ, el Subintendente CARLOS HUMBERTO FANDIÑO, gestor del fraude fotográfico y quien le colaboró en el mismo CARLOS JULIO VALVUENA CÁCERES, técnico de la Policía en fotografía, así como los Fiscales Especializados HÉCTOR JULIO LEGUIZAMÓN y MIGUEL OLAYA CUERVO, quien después de demostrársele sus procedimientos ilegales y espurios en el juicio, los sigue defendiendo ante el Tribunal.

Permitir que quienes así actúan permanezcan en sus cargos y no sean sancionados constituye una aprobación y aval a sus conductas y una opción clara para que la “justicia” siga sumergida en su putrefacción. Si así ocurre, Señor Fiscal, sigue acumulando los fundamentos para que todos los que hemos hecho Objeción de Conciencia para no volver a colaborar con una justicia tan pervertida, nos reafirmemos cada vez más en nuestras decisiones.

Atentamente,
Javier Giraldo Moreno, S.J.