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Carta abierta a las Instituciones del Poder Público del Estado Colombiano

Martes 11 de abril de 2017, por Javier Giraldo M. , S.J.

Por medio de la presente carta abierta que he enviado a las instituciones del Poder Público del Estado de Colombia, quiero advertir sobre inconveniencia de una eventual elección de la señora CRISTINA PARDO SCHLESINGER como magistrada de la Honorable Corte Constitucional de Colombia.

Bogotá, abril 7 de 2017

Señores /as
• Miembros del Congreso de la República
• Magistrados de las Altas Cortes
• Organismos de Control Constitucional
• Veedurías ciudadanas
• Comités de ética
• Medios de Comunicación nacionales e internacionales

De toda consideración.

Desde hace algunos días los medios han informado que entre las ternas para sustituir a algunos magistrados de la Corte Constitucional quienes cumplen su período, figura la Señora CRISTINA PARDO SCHLESINGER, quien desde 2010 hasta el presente ocupó la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.

A nadie se le escapa que tal puerta giratoria degrada aún más el principio constitucional y universal de la independencia de poderes, ya casi inexistente, y profundiza la corrupción que satura hoy las instituciones. Sin embargo, lo que más conmoción me causa y por lo cual acudo a quienes pueden tener incidencia en la escogencia de los magistrados, es el papel que dicha funcionaria jugó en el caso concreto de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó: todo revela que los numerosos clamores elevados ante el Jefe de Estado, como única instancia administrativa que podría frenar la horrenda cadena de crímenes que desde hace 20 años se ha ensañado contra la Comunidad de Paz y que se viabilizaron en recurrentes derechos de petición, fueron bloqueados por dicha funcionaria para que el Presidente no actuara al respecto. Además desatendió con inusitada arrogancia las súplicas para que las peticiones no fueran remitidas a los victimarios, quienes no tienen la elemental imparcialidad para investigarse a sí mismos y menos por conductas sistemáticas.

En sus lacónicas respuestas, esgrimió argumentos legales de bajo rango para sostener que el Presidente no tenía porqué ocuparse de esos asuntos, soslayando los claros principios constitucionales que hacen al Jefe de Estado garante de la dignidad y los derechos humanos fundamentales, dándole herramientas suficientes para poder cumplir dicha obligación primaria. Todo lo condimentó la Señora Pardo con una insensibilidad escalofriante frente a los horrores sufridos por los integrantes de la Comunidad de Paz y por el campesinado de su entorno, llegando incluso a afirmar que radicar más derechos de petición constituía un “abuso del derecho de petición”.

Horroriza pensar que una persona con esa trayectoria entre a dirimir los asuntos constitucionales, con semejante carencia de ética y de mínimos sentimientos humanos y tributaria de tan rastrera hermenéutica leguleya que no resiste el más elemental examen jurídico.

Ruego a todos los integrantes de instituciones y organizaciones cívicas que de alguna manera puedan incidir en la elección de magistrados, que no permitan esta aberración. Los magistrados deben tener sólidos principios éticos y lecturas constitucionales y legales compatibles con los grandes principios de la Carta. A dicha funcionaria no le merecieron una gota de compasión ni de sensibilidad humana las horrendas cronologías de crímenes de agentes del Estado que fueron puestas de presente periódicamente ante el Presidente pero que ella bloqueó en su despacho, dándonos en sus telegráficas e indolentes respuestas la seguridad desgarradora de que todo seguiría en la idéntica inercia criminal y en la impunidad rutinaria y acumulativa. Me pregunto ¿qué le esperará a este pobre país con magistrados de tal índole?

Con inmenso dolor de patria,

Javier Giraldo Moreno, S. J.
Acompañante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
@javiergiraldosj

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