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Derecho de Petición

Derecho de Petición No. 18 al presidente Juan Manuel Santos Calderon

Constancia histórica

Martes 15 de noviembre de 2016, por Javier Giraldo M. , S.J.

De toda consideración.

Recurro al derecho constitucional de petición para solicitarle encarecidamente, Señor Presidente, decisiones relativas a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó que las circunstancias actuales tornan de gran urgencia.

Los Radicados referidos se relacionan con la Sentencia T-1025/07 de la Corte Constitucional y con el Auto 164/12 de la misma Corte. Los contenidos de dichas decisiones han sido desacatados por su gobierno a pesar de las numerosas diligencias realizadas en estos 9 años y todo nos muestra que la Secretaria Jurídica de su despacho, Dra. Cristina Pardo Schlesinger, ha bloqueado el acceso de todas las peticiones a su atención directa, mediante remisiones y argumentos que, aunque han sido respondidos y controvertidos demostrándole su contradicción flagrante con el texto constitucional y con los principios fundamentales de un Estado de Derecho, ella continúa esgrimiéndolos sin razón alguna. En efecto, ella alega que no es incumbencia del Jefe del Estado ocuparse de asuntos que deben resolver los ministerios u otras entidades y por ello ha insistido, a pesar de la evidente irracionalidad e inmoralidad, en remitir las peticiones a los mismos victimarios.

Además, el hecho de que en 9 años no haya respuestas ajustadas a las órdenes de la Corte y que ello haya motivado la reiteración de las peticiones, ella lo interpreta como un abuso del derecho de petición, sin medir el horrendo significado y las horrendas consecuencias de esa posición, la cual ha derivado en desatención total a las peticiones. El hecho de que haya que reiterar peticiones sobre hechos tan graves, evidencia que las cadenas criminales se siguen perpetrando y que ello exige intervenciones y medidas de más alto nivel; sólo una persona sin conciencia puede interpretar eso como un “abuso del derecho de petición”, pues aprueba que eso no tenga solución y que las víctimas sigan padeciendo los horrores.

Esto es aterrador. Pero cuando dichas peticiones se motivan en centenares de crímenes de lesa humanidad perpetrados por agentes del Estado, la posición de la Sra. Pardo Scchlesinger equivale a sostener que el Jefe del Estado puede tolerar todo eso, eximirse de intervenir y apoyar los horrores mediante la efectiva política de la omisión, a pesar de que los victimarios y sus cadenas de mando deriven su autoridad de decisiones de libre nombramiento y remoción del Presidente, cuya responsabilidad le asigna sin lugar a duda alguna la Constitución (Art.189, num. 1,3,5,13,16,19), con mayor razón y urgencia cuando se trata de la vigencia de los derechos humanos fundamentales (Art. 2 y 188). Ello me mueve en primer lugar a solicitarle la remoción de dicha funcionaria o al menos a que esta petición sea sustraída a su trámite, para lo cual ella éticamente debería declararse impedida.

La circunstancia de que los procesos de diálogo y negociación con grupos insurgentes con miras al logro de una paz duradera, hayan conducido a darle importancia a los derechos de las víctimas, tales como la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, y que la atención a esos derechos se haya concretado en los acuerdos de La Habana en una Comisión de Verdad y una Jurisdicción Especial que tendrían el cometido de superar la monstruosa impunidad acumulada durante décadas, es una circunstancia que vuelve a poner en primer plano la importancia de acatar las decisiones de la Sentencia T-1025/07 y del Auto 164/12 de la Corte Constitucional, instrumentos ambos desacatados por su gobierno, desacato agravado por el bloqueo ejercido por su Secretaria Jurídica y su recurso a argumentos espurios que contradicen flagrantemente la Constitución y las leyes.

Nuevamente le reitero que el argumento esgrimido por el Ministerio de Defensa para negarse a dar los nombres de quienes estuvieron presentes en los sitios, fechas y horas en que se perpetraron los crímenes, alegando “reserva” de esa información, no tiene asidero alguno en la ley y es justamente ese argumento el que la Corte Constitucional desbarata y anula en la Sentencia T-1025/07 al mostrar que incluso las normas obligan a que los agentes de la fuerza pública lleven sus nombres visibles en su solapa y se identifiquen plenamente ante los ciudadanos ante quienes ejercen sus funciones. Además la Corte afirmó: “la decisión del Ministerio comporta una afectación extrema del derecho a acceder a la información, con lo cual se obstaculiza también la realización del derecho de las víctimas a lograr la verdad, la justicia y la reparación, y una garantía de no repetición de los hechos que los afectan. Es decir, independientemente de si son inocentes los agentes de la Fuerza Pública cuyos nombres se solicitan, las víctimas tienen el derecho de indagar sobre las circunstancias y los presuntos autores de los delitos y ello significa que pueden acceder a los nombres de los agentes que ellos consideran que pueden estar implicados”. Por ello la Corte añade: “la determinación del Ministerio de Defensa hace inoperante en este caso el derecho ciudadano a acceder a la información que reposa en las instituciones del Estado” y explica que “la reserva de las investigaciones no se aplica a los nombres de los investigados sino a las diligencias practicadas” y que en el caso de los miembros de la Fuerza Pública, “desde el mismo diseño de los uniformes de la Fuerza Pública se parte de la base de que los nombres de sus agentes deben ser visibles y reconocibles para los ciudadanos. Esto significa que la actividad cotidiana de los miembros de la Fuerza Pública entraña que sus identidades sean conocidas, tal como lo solicita el actor de la presente tutela”.

Así, entonces, le reitero Señor Presidente la urgencia de acatar la sentencia de la Corte y al mismo tiempo le insisto en que la Brigada XVII necesita urgentemente una transformación radical, la cual jamás se logrará con la tolerancia que su gobierno ha deparado ante la criminalidad permanente de esa unidad. El Comandante que acaba de ser trasladado a un puesto diplomático, Coronel Germán Rojas Díaz, desacreditó al máximo a su gobierno y se inmortalizó como una de los violadores más empedernidos de los derechos humanos, por eso nos aterra el respaldo que su gobierno le dispensó y el hecho de que aún permanezca en la institución militar.

Registro enseguida las graves agresiones a la población campesina de San José de Apartadó, entre ella la Comunidad de Paz de San José de Apartadó que ha tenido medidas cautelares y provisionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a partir del último derecho de petición registrado en su despacho el 25 de noviembre de 2015, no sin condenar enfáticamente una política tan contumaz y persistente de violación de los derechos y de la dignidad humana por parte de su gobierno. Continuar leyendo]

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