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Dialogar Consigo Mismo ... Negociar Consigo Mismo

Miércoles 28 de julio de 2004, por Javier Giraldo M. , S.J.

DIALOGAR CONSIGO MISMO ...
NEGOCIAR CONSIGO MISMO ...

actuación típica y exacerbada de un régimen
de "noche y niebla"

preocupante síntoma de una "esquizofrenia estatal"

{{}}Un postámbulo como preámbulo - Junio 2003

Cuando escribí y publiqué por primera vez el siguiente artículo, a finales de 1995, el entonces Ministro del Interior de la administración Samper, Dr. Horacio Serpa Uribe, había anunciado la inminencia de “diálogos” entre el gobierno nacional y los grupos paramilitares. Quizás las reacciones de muchos sectores sociales y de muchas personalidades nacionales e internacionales, inhibieron al gobierno para llevar dichos “diálogos” a la práctica.

Durante varios años la inhibición se mantuvo, pero entre tanto diversos sectores del Establecimiento prepararon con más cuidado la “legitimación social” del paramilitarismo. Entrevistas televisadas y radiodifundidas, artículos en periódicos y revistas y una autobiografía altamente publicitada, fueron familiarizando a los colombianos con la imagen maquillada del principal líder del para-militarismo, Carlos Castaño, quien manejaba un discurso milimétricamente calculado para cautivar a muchas capas dirigentes y para neutralizar muchas resistencias. Su discurso intensamente defensor de las instituciones del Estado y de las libertades neoliberales de las capas altas y medias, anticipaba la figura de uno de los candidatos presidenciales para el período 2002-06, quien desde su posición de Gobernador de Antioquia no había ocultado sus enormes simpatías por la organización de la población civil como auxiliar de las fuerzas armadas del Estado, dentro del impulso a la lucha contrainsurgente, lo que constituye la esencia del paramilitarismo.

La actividad mediática logró ampliamente sus objetivos cuando el candidato Alvaro Uribe Vélez obtuvo la Presidencia de la República en la primera ronda electoral, el 26 de mayo de 2002. Si a esto se suma el “Parte de Victoria” con que el segundo líder paramilitar, Salvatore Mancuso, había celebrado los resultados de las elecciones parlamentarias el 10 de marzo de 2002 (El Tiempo, 17.03.02, pg. 1-4) anunciando que habían elegido al menos a un 35% de parlamentarios de su corriente, anuncio que fue ratificado por el Ministro del Interior de entonces (El Colombiano, 24.04.02, pg. 8 A), era un hecho que las condiciones para una incorporación de los paramilitares a las estrategias oficiales de contrainsurgencia estaban maduras. Así que muy pronto el nuevo gobierno anunció el inicio de “diálogos” y “negociaciones” con los paramilitares, sin que en los medios se expresara ya una reacción negativa de consideración.

El nuevo Presidente y su equipo de gobierno se apresuraron a establecer los presupuestos legales para que el proceso no tuviera trabas y se desarrollara con la mayor agilidad posible. El Parlamento de sus simpatías le aprobó rápidamente, el 23 de diciembre de 2002, la Ley 782, que modificaba la Ley 418 de 1997, en la que se habían establecido las normas para negociaciones de paz con grupos insurgentes. La nueva ley suprimió de numerosos artículos la exigencia de un “reconocimiento de su carácter político”, como requisito para que el Estado pudiera entrar en negociaciones de paz con un grupo armado. En adelante cualquier grupo o individuo delincuente podrá entrar a negociar con el gobierno nacional. Pero luego el Decreto 128, del 20 de enero de 2003, abrió la posibilidad de amnistías e indultos para miembros de grupos armados, mencionando explícitamente a las “autodefensas” como posibles beneficiarias de esos indultos o amnistías. En mayo de 2003 el Presidente Uribe anunció la presentación de un proyecto de ley que permita la excarcelación de autores de delitos atroces, sin que su proceso penal se haya cerrado, fórmula que dice haber importado del proceso de paz de Irlanda y que satisfaría las exigencias de quienes se oponen a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. A nadie se le oculta que el objetivo de esta ley es la excarcelación por anticipado de los líderes y militantes del para-militarismo, ya que la insurgencia ha rehusado continuar negociaciones con su gobierno.

Por su parte, las “autodefensas” emitieron su “ Propuesta de Paz ” el 25 de noviembre de 2002, en un documento de 12 puntos (Cfr. El Colombiano, 29.11.02, pg. 9 a). El lenguaje del documento se apoya en el presupuesto de que hasta ahora las “autodefensas” han ejercido el papel de Estado en muchas zonas del país, pero ha llegado el momento de entregarle con confianza ese papel a un gobierno en el cual confían. Exigen participar en los planes de control de todas esas zonas por parte del Estado, con el fin de que no se pierda lo que allí han construido desde su ideal de sociedad, y se reservan el derecho de volver a combatir si la subversión intenta penetrar nuevamente en esas regiones que deben permanecer bajo su control, haciendo causa común con el Estado, el cual debe replantear sus relaciones con la población.

No faltaron voces aisladas que señalaron las incoherencias jurídico políticas de un tal “diálogo”. El ex Presidente López Michelsen anotó: “Nadie ignora que jamás las autodefensas han incurrido en delito de rebelión o han abrigado el propósito de suplantar al gobierno legítimo, que sería lo que cubriría una conducta de carácter insurreccional, o sea, de conflicto interno entre el Estado colombiano y quienes lo cuestionan (...) Inclusive, a la luz de nuestra propia Carta Política de 1991, la amnistía debe votarse por mayoría de los dos tercios de los votos de una y otra Cámara, por motivos de conveniencia pública, generados por delitos políticos ” (El Tiempo, 08.12.02, pg. 1-31, subrayado del original). Por su parte el columnista Alfredo Molano anotó: “El corolario obligado es que en adelante el carácter de toda negociación no será político -es decir, no podrá discutirse la estructura del poder establecido- sino jurídico- es decir, , solo admite consensos sobre la reinserción al statu quo (...) La negociación sobre el sistema político que nos rige quedó abolida de cuajo: el poder no es negociable; el bipartidismo seguirá incólume” (El Espectador, 22.12.02, pg. 20 A). A su vez, el ideólogo liberal Hernando Gómez Buendía señaló: “La diferencia es que ahora no hay que hablar de reformas, porque a las AUC no le interesan las reformas; son, como dijo Castaño, “un grupo progubernamental que opera en la ilegalidad” (...) El proceso, en efecto, comenzó muy discreto y hace ya varios meses. Antes de cualquier cosa, había que remover el escollo de que con los paramilitares no se puede negociar porque no son insurrectos o delincuentes políticos. Entonces, con mucho tino, el gobierno se ahorró la polvareda de un debate doméstico y mundial, al sugerirle inocentemente al Congreso que, al prorrogar la Ley 418, le quitara la traba del estatus político” (Revista Semana, diciembre 9/02, pg. 25). El Defensor del Pueblo, ex Magistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes Muñoz, lanzó varias alertas: teme que la desmovilización pueda llevar a conformar más tarde otro grupo irregular “o lo más grave, se inserten en las fuerzas militares bajo cualquier esquema”. Advirtió además que “sería reprobable que con esta agrupación irregular no se diera un sometimiento a la justicia (...) que se le otorgue una oportunidad a la justicia colombiana para investigar y sancionar a los miembros de las Autodefensas inmersos en delitos de lesa humanidad, que no serán amnistiables ni indultables” (El Nuevo Siglo, 27.12.02, pg. 9 A)

El “diálogo” y “negociación” con los paramilitares es, pues, hoy en día, un hecho contundente, y más contundente aún, la comprobación de que en su incipiente desarrollo se revela una innegable empatía y una identidad de proyectos y de sueños entre el modelo imperante de Estado y los paramilitares. Por eso este artículo escrito en 1995 cobra mayor vigencia en 2003.

Dialogar consigo mismo ....

El año 95 terminó con una noticia de primer plano: el gobierno de Samper, por medio de su Ministro del Interior, anunció la iniciación de diálogos y negociaciones con los grupos paramilitares. Considera el gobierno que éstos son un elemento importante dentro del conflicto armado que vive Colombia y que la negociación con ellos es un paso necesario dentro de una estrategia de paz.

La noticia fue bien recibida por la mayoría de los sectores políticos, económicos, intelectuales y sociales del país. Aun líderes populares, obispos y el mismo Defensor del Pueblo, saludaron la iniciativa, pues la consideraron como un intento de reducir un factor importante de la violencia multifacética que nos envuelve.

No queda ya ninguna duda: este complejo entramado que es nuestra sociedad terminó creyendo que el paramilitarismo constituye una entidad autónoma, dotada de plena alteridad frente al Estado, de modo que quepa pensar -sin salirse de la lógica- en la posibilidad de un diálogo o de una negociación entre esas dos supuestas alteridades: Estado y paramilitares. Por su parte, el gobierno terminó creyendo en su propia mentira: luego de repetir infinitas veces que su accionar es distinto del accionar de sus agentes, terminó convenciendo a la sociedad -(¿a través de qué medios?)- de que era posible que el Estado negociara consigo mismo dentro de la misma lógica y dentro de la misma ética en que se negocia con OTROS.

En este punto de llegada, no se sabe cuáles aspectos revisten mayor gravedad: si los mecanismos y procedimientos mediante los cuales el Estado logró -con éxito- disfrazar su propio accionar como alteridad, o si aquellos mediante los cuales la sociedad fue exitosamente obnubilada para que viera, aceptara y definiera como plural lo que es singular. Una misma matriz rige los dos procesos, matriz que es moldeada por los verbos: ocultar, encubrir, distorsionar, engañar, deformar, manipular.

“Noche y Niebla”

En 1941, Adolfo Hitler expidió su famoso decreto de Nacht und Nebel (Noche y Niebla) con la intención de dar un golpe mortal a los movimientos de la Resistencia en los países ocupados por el Fascismo en Europa Occidental. Según dicho decreto, quienes fuesen detenidos bajo la sospecha de poner en peligro la seguridad de Alemania, debían ser trasladados a este país al amparo de la noche . Según lo explicó después el Mariscal Keitel, ésta sí que era una intimidación efectiva, ya que los prisioneros se esfumarían sin dejar rastro y sus familiares y la población en general desconocerían la suerte que ellos corrieran.

El ocultamiento de su accionar; la oscuridad que debía cubrir la identidad de los actos de la potencia ocupante; el " hacer esfumar sin dejar rastro "; la incertidumbre de la población victimizada, fueron desde entonces mecanismos típicos de los Estados fascistas, que eligieron el camino de encubrir y distorsionar su accionar bajo OTRAS identidades o bajo espesas neblinas, con el fin de poder aplastar, sin cortapisas legales, las resistencias éticas y políticas.

El paramilitarismo es el más legítimo heredero de esta reconocida estrategia fascista. Reedita el decreto Nacht und Nebel en la era de las Naciones Unidas y de su copiosa legislación humanitaria, pero refinando la Noche y la Niebla que deben ocultar el accionar del Estado, con los resplandores de una IDENTIDAD ALTERATIVA, que concentre las miradas en una ficticia ENTIDAD DIFERENTE. El éxito del modelo depende de la espesura de la niebla, que ahora debe cubrir, ocultar y distorsionar las correas de transmisión que unen a esa ficticia entidad OTRA con los más altos poderes del Estado.

El paramilitarismo: política de Estado

En otro número de este Boletín (Justicia y Paz, vol. 8, # 2, abril-junio/95) se hizo un análisis de fondo del paramilitarismo en Colombia, a través de su desarrollo histórico; a través de los documentos legales que pretendieron sustentarlo; a través de confesiones extraordinarias de varios de sus gestores que conocieron su funcionamiento íntimo; a través de sus experimentos más destacados; a través de sus patrones de funcionamiento regionales y nacionales; a través de sus vínculos patentes o discretos, activos o pasivos, con todos los poderes e instancias del Estado. No dudamos en calificar el para-militarismo como política de Estado. Esta conclusión se impone por sí misma a quien analice las fuentes que fueron consultadas y a quien rastree en los últimos 30 años las posiciones tomadas frente a él por los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y disciplinario.

Dicho análisis se detenía, al comienzo, en la etimología misma del vocablo, según la cual, la paramilitar constituye una actividad anexa o auxiliar de la militar pero que al mismo tiempo deforma, desvía o desnaturaliza a ésta. Se veía allí mismo cómo la justificación de cuerpos armados en un Estado de Derecho, se funda precisamente en la necesidad de confiar el manejo de las armas a profesionales que las utilicen estrictamente dentro de cánones jurídicos y éticos que se compadezcan con ese modelo de Estado, siendo entonces fundamental la distinción transparente entre lo civil y lo militar, así como la absoluta transparencia en el manejo de las armas por parte de aquellos a quienes se confía su uso, de modo que su conducta esté abierta al más exhaustivo escrutinio de cualquiera.

El paramilitarismo se sustenta, por el contrario, en su raíz más honda, en el esfumamiento de las fronteras entre lo civil y lo militar, y asume dos manifestaciones complementarias: el uso de civiles en el accionar militar y el accionar de militares sub specie civili (bajo apariencia civil). Ambas manifestaciones se sustentan en una necesidad inconfesable de oscurecer, de encubrir, de esconder, de ocultar, de eludir responsabilidades, de fingir identidades, de disfrazar acciones, de falsificar realidades, de oponer murallas a las investigaciones, de imposibilitar esclarecimientos, de confundir y engañar, de obstruir la búsqueda de la verdad, de obstaculizar la justicia. En otros términos, es de su esencia establecer un imperio de noche y niebla.

El rastreo de documentos históricos y jurídico-legales nos demostró que el para-militarismo en Colombia se perfiló en dos grandes etapas: la primera entre 1968 y 1989, durante la cual se defendió públicamente, sin pudor alguno, su legalidad, su constitucionalidad y su legitimidad; la segunda, de 1989 en adelante, cuando la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 25 de mayo de 1989, declaró "inconstitucionales" los artículos que habían sustentado su apariencia legal y estigmatizó con nombre propio el "para-militarismo" y las "autodefensas", pasando esta política a apoyarse en un entramado de relaciones clandestinas con los altos poderes del Estado, como lo reconocen varias confesiones de alto nivel allí citadas, y como lo evidencian las certezas morales que se cosechan después de cada una de sus acciones.

El paramilitarismo inundó el país principalmente durante las décadas de los 80 y de los 90 y se erigió como columna vertebral de la Guerra Sucia y como el más monumental desafío de impunidad que nuestra historia pueda recordar.

Poco a poco los diversos poderes del Estado se fueron adaptando a todos sus postulados. El estamento militar, como órgano del poder ejecutivo, obvió fácilmente las cortapisas constitucionales que se erigieron en 1989, y respondió a ellas con una promoción atrevida, desafiante, intransigente y brutal del paramilitarismo, es decir, a través de una imposición de facto que desprestigió cada vez más las instancias legales del Estado, dejando a éstas en la categoría de lo decorativo. El resto del poder ejecutivo acogió el paramilitarismo y se acomodó a todas sus exigencias por la vía de la pasividad y de la tolerancia, de la aquiescencia y de la anuencia, de la ignorancia y de la ingenuidad, del disimulo y del discreto aval, de hipócritas discursos condenatorios que se conjugaron siempre con las condecoraciones, ascensos y honores a sus más aguerridos promotores; caminos todos que no por la debilidad de sus connotaciones semánticas carecen de eficacia y de fuerza; por el contrario, en orden a consolidar un imperio de Noche y Niebla, ese talante político que se arraiga en la pasividad, en la tolerancia, en la aquiescencia, en la fingida ignorancia, en el disimulo y en los falsos discursos, ha demostrado su máxima eficacia y fortaleza.

Por su parte, los poderes legislativo, judicial y disciplinario, siguieron estos mismos derroteros. El Congreso fue aprobando sin remordimientos todos los ascensos de los promotores y gestores del paramilitarismo y sancionó leyes de amnistías disfrazadas para los sicarios, mientras las instancias judiciales y disciplinarias del Estado se las arreglaron para consagrar férreamente su impunidad.

El principal mecanismo que encontró el poder judicial para dejar impunes todos los crímenes del paramilitarismo, brindándole a éste el más eficaz apoyo para avanzar en su estrategia criminal, fue el de ignorar las características más esenciales de estos crímenes en cuanto "paramilitares" (es decir, en cuanto toman su fuerza del sometimiento de la víctima al "imperio y fuerza del Estado", gracias a la autoridad del Estado que se demuestra detentar en el momento de someterla, por el respaldo activo u omisivo de todos sus agentes).

Dichas características miran a ocultar la responsabilidad del Estado, mediante la utilización de medios que oscurecen y encubren la identidad de los victimarios y que tienden a fingir alteridades o ficticias entidades "diferentes": uso de personas no vinculadas formalmente a los cuerpos armados del Estado; uso de trajes civiles; uso de vehículos y haciendas privadas; transformación del escenario del crimen; atribución de los hechos a otras entidades (recurrentemente a organizaciones guerrilleras o a grupos "fuera de la ley") etc.

El poder judicial le ha prestado el más eficaz servicio al para-militarismo al ignorar estas características, o al desarrollar las investigaciones bajo los supuestos de que: si no son halladas órdenes de capturas, de allanamientos o de operativos, en los archivos oficiales; si no fueron registrados los detenidos en los libros de Minuta de Guardia; si no son identificados por varios testigos presenciales los agentes perpetradores con sus nombres completos y sus placas etc., el crimen "no es oficial" ni la investigación debe enfocarse hacia el accionar de la fuerza pública y sus ramificaciones, debiendo, por lo tanto, decretarse el archivo del caso, la cesación de procedimiento o la absolución de los sindicados, o ir al limbo de los expedientes que permanecen eternamente como investigaciones preliminares, "contra desconocidos".

Al hacer caso omiso de las características propias del crimen paramilitar, como la no existencia de órdenes de capturas, de allanamientos o de operativos; como la ausencia de testigos "útiles", ya que las víctimas son retenidas por personas con la cara cubierta, en carros sin placas o con placas falsas, aisladas o conducidas a lugares incógnitos; como la ausencia de testigos "suicidas", ya que muchas veces sobre los verdaderos testigos (que vieron, oyeron o saben algo) pesan amenazas de muerte contundentes; o desde el otro punto de vista: al empeñarse el poder judicial en investigar los crímenes del paramilitarismo como si hubiesen sido perpetrados con todas las de la ley, está prácticamente declarando el más típico accionar del para-militarismo como campo ajeno al poder judicial y franqueándole todos los accesos a la impunidad.

Una geografía paramilitar

¿Quién podría, con honestidad, negar los estrechos vínculos entre numerosas guarniciones militares a lo largo y ancho del país, y reconocidas hordas paramilitares?

¿Quién podría negar que la estructura paramilitar de Puerto Boyacá fue creación del Batallón Bárbula, apoyado férreamente por sus ascendentes líneas de mando?

¿Quién puede negar que el accionar criminal del Grupo URE, en el Magdalena Medio, se nutrió de los armamentos y directrices de la XIV Brigada del Ejército?

¿Quién puede negar que los primeros grupos paramilitares del Caquetá fueron creación del Operativo No. 12 del Ejército, más tarde XII Brigada?

¿Quién puede negar que el imperio paramilitar de Carranza en los departamentos del Meta, Boyacá, Casanare, Arauca, Vichada y Guaviare, está en pié y activo gracias a su estrecha coordinación con las unidades militares de la región, como lo confiesan sus más estrechos colaboradores?

¿Quién puede negar el estrechísimo vínculo entre la inmensa red de bases paramilitares en San Juan Bosco de Laverde, Santa Helena del Opón, El Carmen de Chucurí, San Vicente de Chucurí, Betulia, Zapatoca, Galán, Simacota, Yarima , Barrancabermeja ... y el Batallón Luciano D’Elhuyart, apoyado por sus líneas ascendentes de mando?

¿Quién puede negar el incondicional apoyo militar con que Fidel Castaño ha montado su imperio paramilitar en Córdoba , Urabá y el Nordeste antioqueño?

¿Quién puede negar el vínculo entre el imperio paramilitar creado por Henry Loayza y otros miembros del Cartel de Cali en el norte del Valle, y las estructuras policiales de la zona y el Batallón Palacé de Buga? ¿Acaso esto no lo han evidenciado todas las investigaciones hechas sobre las masacres de Trujillo y de Riofrío?

¿Quién puede negar los estrechos vínculos existentes entre la Policía Antinarcóticos del Putumayo y la extensa red de paramilitares que por épocas ha sometido la región a impresionantes baños de sangre?

Pero no se diga que son pecados del pasado. Denuncias de los últimos días demuestran que el problema, en lugar de revertirse, se está agudizando:

Estremece registrar que en la finca Riverandia de San Alberto (Cesar), propiedad de la familia de un parlamentario, donde desde 1988 se tenía evidencia de que el Ejército entrenaba paramilitares y actuaba en unión con ellos; donde el 4 de noviembre de 1988 fueron cruelmente torturados los jóvenes Antonino Ortega y Luis Rodríguez, siendo sacados hacia la media noche para ser crucificados y siendo asesinado el primero de ellos en el intento de fuga; donde el 7 de febrero de 1989 fuera asesinado el educador Isidro Caballero Delgado, cuyo caso fue avocado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual condenó por este crimen al Estado colombiano en diciembre de 1995, continúe aún como centro de entrenamiento y de accionar conjunto de militares y paramilitares. Allí fue introducido por militares, el 5 de septiembre de 1995, el joven John Jairo López, luego asesinado y su cuerpo arrojado a un río.

Si sitios como éste, donde han sido perpetrados crímenes que han sido de conocimiento de los más altos tribunales del continente luego de pasar por todas las instancias de la "justicia" interna, continúan desafiantemente consagrados al accionar conjunto militar/paramilitar, ¿qué será posible esperar?

A pesar de la conmoción internacional que ha causado la situación de Urabá en los últimos meses y de las múltiples delegaciones nacionales e internacionales que han visitado la región, el 3 de noviembre/95 tuvieron que huir 289 familias de la zona rural de Acandí, cuando un grupo de 70 paramilitares llegó a la zona y asesinó a 6 campesinos utilizando métodos de extrema sevicia. Los paramilitares se alojaron luego en el Comando de la Policía del pueblo, y en la madrugada del 5 de noviembre muchos pobladores de Acandí pudieron observar cómo el Comandante de la Policía acompañaba a los paramilitares hasta la playa, donde éstos se embarcaron mar adentro. El Comandante había convencido a la población, la noche anterior, para que se encerrara en sus casas porque la guerrilla iba a atacar al pueblo, lo que fue leído como una manera astuta de cubrir la retirada de los paramilitares. Horas después llegaba a Acandí un contingente del Ejército y con ellos un reconocido paramilitar alias "Topolín", quien hacía signos de victoria por la masacre de los 6 campesinos perpetrada el 3 de noviembre.

El 5 de octubre/95, una delegación de organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, visitó la vereda Meseta de San Rafael, del municipio de Barrancabermeja. Allí pudo observar "en vivo y en directo" un fuerte contingente de 80 paramilitares acantonados en una de las haciendas ganaderas del lugar. Pocos días antes habían asesinado al joven Francisco Pinto y se paseaban por la zona, reuniendo con frecuencia a la comunidad. A escasos 10 minutos del lugar, la delegación de ONG encontró a miembros del Batallón Héroes de Majagual, del ejército nacional, patrullando la zona. Le fue solicitada una explicación al Alcalde de Barrancabermeja sobre esta situación abiertamente ilegal, pero él respondió ignorar lo que allí ocurría y pidió que se pusiera en conocimiento del Ministro de Defensa Nacional dicha situación. Luego de solicitar repetidas veces por escrito, al Ministro, una explicación, éste se negó a darla.

Es un hecho incontrovertible que el para-militarismo ha avanzado durante cerca de 20 años bajo la dirección y protección de la fuerza pública; que ha copado inmensas extensiones del territorio nacional y las ha puesto bajo su control; que ha perpetrado innumerables crímenes de lesa humanidad, como retenciones, torturas, desapariciones, asesinatos individuales y colectivos, genocidios, violaciones carnales, saqueos, atentados, intimidaciones y desplazamientos masivos; que ha sido favorecido, por acción o por omisión, por todas las instancias del poder público, que le han garantizado su absoluta impunidad y su plena libertad de acción; que su poderío nunca ha ido en declive sino en ascenso.

{} El Yo escindido del Estado y su patología

Si se evidencia, entonces, que un diálogo o negociación entre el Gobierno y los paramilitares no puede interpretarse sino como un diálogo y negociación del gobierno consigo mismo , el anuncio mismo del hecho nos sitúa frente a un fenómeno claramente patológico.

Cuando la propia identidad es asumida y tratada como alteridad, a nadie se le oculta que se está revelando allí un profundo desajuste; una anormalidad radical.

Hay que recurrir a la Psiquiatría para buscar analogías que nos permitan entender de alguna forma este tipo de enfermedad estatal ante la cual nos encontramos.

El primer síntoma que se evidencia es el de un YO (estatal) confuso, ambiguo, profundamente escindido, que llega al extremo de creerse OTRO y de definirse como OTRO.
Si esto sucediese en una persona, nos hallaríamos ante síntomas clarísimos de ESQUIZOFRENIA. Un clásico tratadista de la esquizofrenia, E. Minkowski, citando a su maestro Bleuler, afirmaba que lo que constituye la perturbación esencial de la esquizofrenia es "un relajamiento en la tensión de las asociaciones". La misma etimología del término (derivado del verbo griego Schizoo = hender, escindir) hace alusión a esa fisura interna que perturba la lógica vital de las asociaciones.

E. Minkowski, tratando de evaluar diversas definiciones de la esquizofrenia, afirma: "Expresiones tales como "discordancia" (Chaslin), "ataxia intrapsíquica" (Stransky), "falta de armonía intrapsíquica" (Kraepelin), "esquizofrenia" (Bleuler), implican la idea de que el ataque es llevado no contra tal o cual función, sino mucho más a su cohesión, a su juego armonioso, en su conjunto. Para emplear una imagen, la perturbación esencial no altera una o varias facultades, cualquiera sea su orden en la jerarquía de las funciones, sino que reside más bien entre ellas, en el "espacio intersticial"" (Minkowski, La Esquizofrenia, pg. 57).

La analogía es pertinente para caracterizar un Estado que, como entidad orgánica (y al fin y al cabo compuesto de agentes humanos que encarnan y concretan la responsabilidad del órgano como tal, en cuanto responsabilidad moral), se revela tan profundamente escindido que percibe parte de su propio accionar como alteridad óntica.

Podemos, entonces, con pertinencia, seguir hablando de esquizofrenia estatal. Y en este terreno, algunos de los síntomas de la psico-patología de la esquizofrenia nos iluminan más lo que le puede estar ocurriendo a un Estado que intenta negociar consigo mismo.

Minkowski, a lo largo de su tratado, va señalando algunos hitos en la evolución de la comprensión de la esquizofrenia. Según él, en una etapa ya superada, los análisis se centraron mucho en los contenidos de la psicosis (no solo en el caso de la esquizofrenia) y allí jugaban papel primordial los complejos, o sea, los acontecimientos de pesada carga afectiva del pasado del enfermo. Más tarde se vio claro que ningún acontecimiento o fenómeno de la vida es suficiente para elaborar una noción de enfermedad; ésta solo puede fundarse en perturbaciones o anomalías estructurales, y esa perturbación fundamental, en el caso de la esquizofrenia, es la escisión o disgregación que se da en la personalidad misma. Sin embargo, esa escisión o disgregación que constituye en su base la esquizofrenia, una vez dada, sí obra sobre los complejos, separándolos del todo del cual dependen. Frente a un acontecimiento o fenómeno del pasado que tiene una fuerte carga afectiva negativa, o que representa una amenaza real (un complejo), el esquizofrénico experimenta una ruptura o separación, no solo pasajera como la del que practica la "política del avestruz" (que decide "no ver" lo que le sucede) sino una ruptura más radical que hace que el complejo deje de existir efectivamente para el resto de la personalidad.

La analogía sigue siendo aquí profundamente iluminadora. A nadie se le oculta que el paramilitarismo comporta, en el interior del Estado, una fuerte carga afectiva, conflictiva y amenazante; comporta toda la emotividad de la guerra, de las confrontaciones ideológicas, políticas y económicas; de la lucha de clases; de doctrinas y estrategias que se practican sin reconocerlas y que, en los ámbitos jurídicos y éticos internacionales están estigmatizadas, debiendo, por lo tanto, ser mantenidas clandestinamente; comporta procedimientos y prácticas inconfesables y también remordimientos inconfesables; comporta incoherencias en el discurso que agravan los remordimientos y amenazan persistentemente la imagen ética de los agentes del Estado. Por ello podemos hablar, con toda pertinencia, del COMPLEJO PARAMILITAR DEL ESTADO.

Es muy claro que en complejos tan fuertes como éste, actúa y se manifiesta la perturbación de fondo que configura nuestro "Estado Esquizofrénico": su escisión o disgregación patológica, o -para utilizar los términos de Minkowski- "el relajamiento primitivo de la armadura de las asociaciones, que puede llegar hasta a una "disgregación" no ordenada de productos tan fijos como lo son los conceptos concretos".

Cuando se llega a percibir su propio accionar (prolongado largamente en el tiempo) como una alteridad con la cual se puede negociar, el relajamiento de las asociaciones es demasiado profundo. Esto salta a la vista: para mantener el paramilitarismo, el gobierno ha tenido que desintegrar los conceptos de lo jurídico y de lo antijurídico, de lo legal y lo ilegal, llevándolos a la plena confusión; ha tenido que bombardear las armaduras de asociaciones entre los discursos y las estrategias, entre las palabras y los hechos; ha tenido que introducir la vigencia simultánea del "ser" y del "no ser" en las relaciones entre la cabeza del ejecutivo y la fuerza pública, así como en las relaciones entre los diversos poderes del Estado. La patología de un Estado esquizofrénico salta a la vista.

{} Una patología contagiosa y contaminante

Pero si es preocupante la patología esquizofrénica que se revela en la actitud del gobierno al pretender negociar consigo mismo, no menos preocupante es la respuesta social. Se puede afirmar que el gobierno logró "convencer" a los sectores de la sociedad que pueden expresarse públicamente, de la alteridad del paramilitarismo, o al menos, a juzgar por los pronunciamientos en los Medios, logró neutralizar el escándalo del absurdo.

Detrás de este "éxito" están evidentemente los mass media. Dicho "éxito" está construido con millares de informaciones y de mensajes subliminales que encubren, esconden, tapan, oscurecen, distorsionan, disfrazan o envuelven en densas neblinas los vínculos que unen a las instituciones del Estado con quienes aparecen bajo el rótulo de paramilitares. La identidad alterativa de éstos últimos, respecto al Estado, se ha construido con esos millares de informaciones falsas o encubridoras.

Este "éxito" nos ayuda a comprender, en un caso concreto, cómo se moldean hoy en día el pensamiento y las opciones políticas y sociales de las masas, a través de los mass media. El hombre común hoy en día tiene muy pocas posibilidades de discernir información, la que le llega a través de canales estandarizados, controlados por fuertes polos de poder, donde las técnicas de la manipulación han llegado a ser la moneda más corriente y aceptable.

Hace muchas décadas que el principio: "la información vale", se impuso como mecanismo de control social a altos niveles y fue moldeando una sociedad sin alternativa, sometida sutil y "alegremente" a las grandes concentraciones de capital. En Colombia, como en cualquier país, basta comprobar la correspondencia entre la propiedad de los mass media y la de los más gigantescos conglomerados económicos. Y expresar una opinión, o aun responder a una calumnia que le lanzan esos Medios, cuesta varios millones de pesos; ¿cuántas veces no hemos experimentado esto las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos? ; ¿cuántas veces no hemos tenido que resignarnos a convivir con la calumnia ante la carencia de dinero para responderla?

Como fruto de todo esto se ha ido configurando un modelo de ciudadano que se cree "informado" y que con esa "información" construye forzosamente sus opciones éticas, sociales y políticas.

¿Qué esperar de un diálogo consigo mismo?

El doble éxito aludido, tanto el de consagrar el concepto del para-militarismo como correspondiente a una alteridad óntica frente al Estado, como el de hacer digerir a la sociedad la negociación consigo mismo como negociación con OTROS, nos coloca, ineludiblemente, ante un hecho: el diálogo entre gobierno y paramilitares. ¿Qué se puede esperar de ese "diálogo"?

Va a ser uno de los "diálogos" más fáciles, toda vez que los intereses de las Partes son plenamente convergentes. Ya se ha avanzado alguno de los postulados: los paramilitares van a exigir la presencia del ejército, de una manera más intensiva, en múltiples zonas del país, y el gobierno "estaría dispuesto a concederla".

Si no fuera por los ríos de sangre que hay de por medio, la farsa que se avecina no dejaría de tener visos que divertirían a muchos: el derroche de ingenio que tiene que darse para que dos combatientes del mismo bando negocien sobre las tablas del teatro como dos enemigos de guerra. Y esto no deja de ser cómico, además de cruel.

Javier Giraldo M., S. J.

Bogotá, diciembre de 1995

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