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  Carta abierta al Magistrado Hernández Peña

Lunes 23 de noviembre de 2009, por Javier Giraldo M. , S.J.

No deja de extrañarme su decisión de negarme la posibilidad de representar a los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó cuyos derechos han sido tan terriblemente vulnerados, como todo el país lo sabe, con más de 700 crímenes de lesa humanidad, pues en tres ocasiones la Corte Constitucional me ha reconocido legitimidad plena para representar a la Comunidad, al proferir senten-cias de revisión de Tutelas en las cuales yo he solicitado protección de los derechos fundamentales, ya de grupos de la Comunidad de Paz, ya de toda la Comunidad de Paz: Sentencia T-249/03; Sentencia T-327/04, y Sentencia T-1025/07. Al respecto, le transcribo lo que la Corte Constitucional decidió sobre la legitimidad de mi intervención para solicitar el tutelaje de los derechos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en la Sentencia T-1025 del 3 de diciembre de 2007

Bogotá, noviembre 12 de 2009

 

Señor Magistrado
DAGOBERTO HERNÁNDEZ PEÑA
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Penal –
Ciudad

 

 Ref: Rad: 11001220400020092462 00

 

De toda consideración.

Quiero referirme al fallo emitido por usted el 19 de octubre de 2009, consignado en el Acta 43 de esa Sala, mediante el cual rechazó, “por falta de legitimidad activa”, la demanda de tutela que yo había presentado a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y que ésta remitió a su despacho, por vulneración del derecho constitucional reconocido en el Artículo 15 de la Constitución Nacional, al negárseme el conocimiento de informes y decisiones de organismos de inteligencia dependientes de la Presidencia de la República y del Ministerio de Defensa, donde sin fundamento alguno, fuera del de pensar distinto del Gobierno actual, se ordenaba someterme a una “inteligencia ofensiva”, con miras a bloquear mis actividades y a confeccionar procesos judiciales amañados contra mí, y simultáneamente reunir informaciones exhaustivas contra 10 miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, cuyos derechos han sido vulnerados por más de 12 años de manera continuada y grave.

Lo primero que salta a la vista en su fallo, es que rechaza mi actuación como agente oficioso de los miembros de la Comunidad de Paz cuyos derechos han sido vulnerados, citando jurisprudencias que establecen que la tutela de derechos debe ser reclamada por el titular mismo de los derechos vulnerados o amenazados y que sólo mediante poder otorgado a un abogado titulado e inscrito, las víctimas pueden ser representadas por alguien diferente. Se hace allí caso omiso de mis propios derechos vulnerados, cuya violación está suficientemente documentada en la Acción de Tutela, donde incluso menciono los nombres de los agentes del DAS que fueron comisionados para hacerme la “inteligencia ofensiva” y la fecha y circunstancias de la reunión del ilegal grupo “G-3” en que ello fue decidido.

¿Hubo allí, Señor Magistrado, algún descuido involuntario?; ¿alguna falla física o mental en la capacidad de lectura, por parte suya o de sus auxiliares? ¿O piensa usted que la tutela de los derechos propios también debe ser solicitada por profesionales del Derecho? ¿O juzgó acaso que yo estaba excluido – por alguna razón no explicitada- del derecho reconocido por la Constitución Nacional a todo ciudadano colombiano en su artículo 15? ¿O juzgó acaso que ordenar una “inteligencia ofensiva” en orden a bloquear mis actividades ordinarias y a buscar pretextos para confeccionar procesos judiciales, es normal o legal o justificada y no constituye ninguna vulneración de derechos? ¿O juzgó usted que tener opiniones contrarias a las del Gobierno justifica el sometimiento a modalidades de “inteligencia ofensiva” y la confección de montajes judiciales? 

No creo convincentes eventuales explicaciones de “fallas involuntarias en la lectura”, ni veo compatibles las normas constitucionales y legales relativas a la Acción de Tutela (Decreto 2591 de 1991) con exigencias como éstas. Por el contrario, numerosos documentos y fallos de la Corte Constitucional y de otras Cortes, insisten en el carácter “informal” de la Acción de Tutela, para que sea accesible a los ciudadanos “de a pié” que no tienen cómo financiar pagos de honorarios a profesionales del derecho que los representen.

Pero no deja de extrañarme su decisión de negarme la posibilidad de representar a los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó cuyos derechos han sido tan terriblemente vulnerados, como todo el país lo sabe, con más de 700 crímenes de lesa humanidad, pues en tres ocasiones la Corte Constitucional me ha reconocido legitimidad plena para representar a la Comunidad, al proferir sentencias de revisión de Tutelas en las cuales yo he solicitado protección de los derechos fundamentales, ya de grupos de la Comunidad de Paz, ya de toda la Comunidad de Paz: Sentencia T-249/03; Sentencia T-327/04, y Sentencia T-1025/07. Al respecto, le transcribo lo que la Corte Constitucional decidió sobre la legitimidad de mi intervención para solicitar el tutelaje de los derechos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en la Sentencia T-1025 del 3 de diciembre de 2007:

 

“Cuestión preliminar: la procedencia de la acción de tutela

3. El juez de tutela determinó que la tutela era improcedente. Entre los argumentos en que funda su decisión se encuentra el de que el actor no está legitimado para incoar la acción, puesto que él no ha sido afectado por los hechos que describe. De esta manera, la primera pregunta que surge es si el actor está legitimado para instaurar la presente acción de tutela.

Al respecto cabe decir, en primer lugar, que es de conocimiento público que el actor es acompañante de la comunidad desde su misma fundación, en 1997, lo que significa que él también ha sido afectado directamente por los sucesos ocurridos en ella. Este hecho ha sido reconocido por la Corte al aceptar la legitimidad del actor para instaurar las acciones de tutela que concluyeron en las sentencias T-327 de 2004 [1] , referida específicamente a la situación que afrontaba la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, y T-249 de 2003[2] , en la cual el actor instauró una tutela contra la Fiscalía General de la Nación para que se aceptara su demanda de parte civil –como actor popular - dentro una investigación penal adelantada contra un General de la República, por hechos ocurridos en distintas comunidades de la región de Urabá, entre ellas San José de Apartadó.[3]

Por otra parte, es importante indicar que la Corte ya ha establecido que en el caso de las personas que están en condiciones de extrema vulnerabilidad la exigencia de presentar directamente la tutela o a través de abogado puede resultar excesivamente onerosa, razón por la cual estos requisitos no les pueden ser aplicados de manera estricta. En este caso concreto, está fuera de toda duda que los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se encuentran en una situación extrema de vulnerabilidad. Indicativo de ello son los pronunciamientos de la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos y las mismas sentencias de la Corte Constitucional.

Además, es importante anotar que dentro del expediente obra un documento suscrito por el representante legal de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Jesús Emilio Tuberquia Zapata, el día 26 de abril de 2006, en el que él certifica que “el Consejo Interno de dicha comunidad ha delegado al sacerdote jesuita JAVIER GIRALDO MORENO, S.J. (…) como su representante en gestiones ante entidades del Estado y de la comunidad internacional en demanda de protección para la Comunidad y sus integrantes y de denuncia de agresiones de las cuales ha sido víctima.”

Por lo anterior, la Sala de Revisión considera que el actor sí está legitimado para entablar la acción de tutela”.

 

Por otra parte, la lectura de su fallo impresiona a cualquiera que tenga un mínimo sentido de justicia, pues salta a la vista que el Señor Magistrado se detuvo en los aspectos formales o adjetivos y no tuvo ninguna consideración de las cuestiones sustantivas. En el Artículo 228 de la Constitución se lee que en las actuaciones judiciales “prevalecerá el derecho sustancial”. Si bien se desconoció una de las notas esenciales de la Tutela contempladas en el Artículo 86 de la Constitución, donde se establece que dicha acción puede ejercerla toda persona “por sí misma o por quien actúe en su nombre”, los argumentos se restringen a cuestiones procedimentales que la misma Corte Constitucional ya había dirimido en nuestro favor, y brilla por su ausencia cualquier consideración de lo sustancial: la vulneración de derechos fundamentales; el desconocimiento del Artículo 15 de la Constitución; el alto riesgo que representa para las víctimas la existencia y el manejo dado a informes de inteligencia con intenciones perversas, sobre el telón de fondo de más de 700 crímenes de lesa humanidad antecedentes.
Compruebo, una vez más, Señor Magistrado, que el divorcio entre Derecho y Ética en nuestro país está demasiado arraigado e inspira las actuaciones rutinarias de los agentes judiciales que resultan tan repugnantes a quien tenga unos mínimos criterios éticos.

He pensado si apelar su fallo o suplicarle a la Corte Constitucional que lo revise y corrija, pero he tomado la decisión de no hacerlo. No solamente este caso sino multitud de actuaciones judiciales que tienen que ver con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó parecen seguir unos parámetros idénticos y móviles políticos que no jurídicos. Así se lo expuse en un derecho de petición a las Altas Cortes, radicado el 19 de enero de 2009.

Ya me parece demasiado evidente que el poder judicial allí ha sido usurpado por las guarniciones militares y he comprobado que ello se proyecta hacia instancias judiciales de más alta jerarquía. En actuaciones judiciales como la suya, Señor Magistrado Hernández Peña, me es difícil considerar la interferencia de descuidos, limitaciones de lectura de alguna índole, desconocimiento de jurisprudencias constitucionales o ignorancia sobre las victimizaciones extremas, prolongadas por más de una década, sufridas por los accionantes. Lamentablemente se me impone una lectura de presiones políticas del Ejecutivo, interesado en sus dos períodos en estigmatizar a esta Comunidad de Paz, en cuya lógica las violaciones perpetradas por los organismos de inteligencia se desprenden como corolarios con plena coherencia.

La impotencia extrema que sufrimos las víctimas ante un aparato judicial tan extremamente degradado, sólo nos permite dejar este tipo de constancias.

 

Atentamente,

 

Javier Giraldo Moreno, S. J.

 


[1]M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

[2]M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

[3] En la sentencia la Corte dijo acerca de la legitimidad con que contaba el Padre Javier Giraldo para instaurar la demanda de parte civil, a pesar de que no ser propiamente miembro de las comunidades afectadas:
“Por otra parte, según se ha establecido en el fundamento 1 de esta sentencia, el demandante ha demostrado un genuino interés por establecer la verdad y lograr la justicia en relación con los hechos acaecidos en la zona de Urabá durante los años 1997 y 1998. No puede pasar desapercibido para esta Corporación que, el demandante, ha intentado por diversos medios informar al Estado colombiano sobre la ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos de los residentes de la zona. También, que el demandante no ha dudado en señalar los presuntos responsables y llegar a la conclusión de que se trata de una conducta sistemática y coordinada o planificada, de tal envergadura, que admiten, en su concepto, el calificativo de delitos de lesa humanidad. La denuncia formal de tales hechos y su intento por constituirse en parte civil –como actor popular- son prueba de la intención real, y no meramente vindicativa, de lograr la protección y respeto por los derechos humanos en Colombia. Que tales hechos sean responsabilidad del General (R) Rito Alejo del Río, no le compete determinarlo a la Corte Constitucional. Es más, la Corte es enfática en señalar, que no está haciendo ningún juicio de valor sobre la responsabilidad del General. Ciudadano que se presume inocente y quien tiene derecho a todas las garantías que brinda un Estado de Derecho. Cualquier imputación en su contra, debe fundarse en pruebas sólidas y contundentes, pues de lo contrario no podrá atribuírsele hecho punible alguno.
“Por otra parte, debe destacarse que, dada la gravedad de las denuncias y el supuesto carácter sistemático y planificado de las mismas, resulta desproporcionado exigir que una comunidad aislada (y posiblemente, en extremo temerosa) comprenda la dimensión de un “ataque sistemático” contra la población civil. En punto a los delitos de lesa humanidad, dada la exigencia internacional de sistematicidad y planificación, es natural que sean personas ajenas a la comunidad, con capacidad para observar un espectro mayor, quienes estén en situación de identificar y denunciar la comisión de tales hechos. Por lo mismo, también les asiste un interés genuino.”

Ver al respecto la Sentencia T-025 de 2004, en la cual se decidió que las asociaciones de desplazados podían presentar acciones de tutela a favor de sus miembros, dadas las condiciones extremas de vulnerabilidad de este sector de la población.


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