Desde los márgenes

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Anotaciones Crudas sobre una Paz Esquiva

2003, por Javier Giraldo M. , S.J.

Anotaciones crudas sobre una paz esquiva

miradas sobre el proceso de negociación y búsqueda de paz

2003

Estas reflexiones se apoyan en la observación de muchos obstáculos que se han interpuesto en la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado en Colombia durante los últimos 20 años; en la observación de otros procesos de paz y reconciliación desarrollados en otros países pero frustrados; en esfuerzos de acercamiento a la lógica del conflicto armado mirada desde cada uno de los polos enfrentados; en el rastreo de opiniones representativas que se expresan a través de medios masivos de opinión y que revelan expectativas contradictorias de diversos sectores sociales frente al proceso; en el seguimiento de algunas estrategias bélicas y de sus efectos en poblaciones que las sufren.

Como un primer esfuerzo de comprensión del proceso, es útil registrar la trama de círculos viciosos, de discursos paralelos ilegitimantes, y de propuestas simétricas inversas, en que el proceso está atrapado.

1. El círculo vicioso de las violencias

La guerra que vivimos es solo el círculo más externo, visible y ruidoso, de un circuito integrado de violencias en el que unas son efectos de otras y a la vez las retro-alimentan.

Hay una violencia estructural, reconocida por los más diversos y opuestos sectores sociales, que daña profundamente la vida de la base social al impedirle satisfacer sus necesidades biológicas más apremiantes. Esta violencia se manifiesta en el altísimo nivel de desempleo y de subempleo; en la insatisfacción de las necesidades básicas de la mayoría de la población; en la ausencia de búsquedas de solución a estos problemas por parte del Estado y del Establecimiento, ausencia condicionada y retro-alimentada también por la corrupción y por las concepciones más corrientes del ejercicio de la política.

Esa violencia estructural genera otras violencias: de una parte, la violencia de la delincuencia común en cuanto forma de supervivencia; de otra parte, el recurso a cultivos y mercados ilícitos que se implantan y desarrollan entre otras muchas formas de violencia; de otra parte el alzamiento en armas de quienes optan por desmontar a la fuerza el modelo de Estado y de sociedad generador de violencias, para impulsar o construir otro.

A su vez estas violencias generan otra violencia, que es la violencia represiva del Estado, la cual se manifiesta en la arbitrariedad, parcialidad y corrupción de la justicia; en la violación de los derechos humanos; en la guerra contrainsurgente y en el paramilitarismo como estrategia nuclear de la política contrainsurgente.

La confrontación armada destruye bienes y personas en progresión ascendente; acrecienta en espiral los odios y las cadenas infinitas de retaliaciones y revierte en el agravamiento de la violencia estructural: causa más desempleo, inequidad, miseria, fuga de capitales, extinción de empresas; despoblamiento del campo, etc.

Todo este circuito va arrastrando relaciones generadoras de conflicto que no se ha querido enfrentar y por eso la única perspectiva es que cada violencia siga retro-alimentando las otras en un circuito constante.

¿Cómo romper el círculo vicioso? ¿Acaso una lógica elemental no invita a enfrentar y quebrar la violencia más original, que es el estado de injusticia estructural?

2. El círculo vicioso de los métodos

El Estado colombiano que en los años 60 sale “reconstruido” de la violencia de los años 40 y 50, es un Estado nuevamente discriminatorio, excluyente, inequitativo y violento, que además recibe directrices del gobierno de los Estados Unidos para que enfrente el nuevo modelo de guerra insurgente que se avecina, con una estrategia paramilitar.

En efecto, los documentos antes secretos y ahora desclasificados del Pentágono, revelan que en el año 62 el gobierno estadounidense obligó a Colombia a entrenar grupos mixtos de civiles y militares para combatir a los simpatizantes de la ideología “comunista”, recurriendo a las “acciones terroristas paramilitares”. Los manuales de Contrainsurgencia que el ejército colombiano tradujo y elaboró desde los 60 hasta el fin del milenio, dan cuenta minuciosa de cómo debían implementarse las estructuras paramilitares bajo el abrigo de las fuerzas armadas del Estado, y de cómo la población civil debía involucrarse en el conflicto compulsivamente, y a la vez debía ser el blanco principal de la lucha contrainsurgente, ya que el modelo de guerra insurgente estaba diseñado para cosechar simpatías en las masas marginadas y oprimidas..

Cuando a mediados de los 60 aparecen los primeros movimientos insurgentes en Colombia, ya estaba diseñada y en acción la estrategia paramilitar del Estado. Las organizaciones rebeldes surgen con la conciencia de la enorme desigualdad de medios bélicos en que deben confrontarse con el Estado, y por ello echan mano del modelo de guerra de guerrillas muy en boga en los 60. El recurso a los ataques sorpresa; el camuflaje entre la población civil; la prelación de las acciones ofensivas sobre las defensivas; el sabotaje a los puntos neurálgicos del funcionamiento del modelo económico y político; la financiación mediante retenciones extorsivas, etc. son las formas que van perfilando la lucha insurgente.

Es evidente que una guerra de guerrillas se sale completamente de los marcos de una guerra regular, y si lo hace es por una razón también evidente: la descomunal desigualdad en medios bélicos frente a los del Estado. Pero, tanto la Escuela de Guerra Especial de Fort Bragg (Carolina del Norte) que los Estados Unidos crean justamente para responder a los desafíos de las guerras de Vietnam, Argelia y Cuba, y que es la que redacta las directrices para Colombia en febrero de 1962, como la Escuela de las Américas, donde se forman más de diez mil militares colombianos hasta 1997, tienen muy claro que la estrategia contrainsurgente del Estado debe diseñarse dentro de los marcos de una GUERRA IRREGULAR, para responder a otra GUERRA IRREGULAR que es la de la insurgencia.

En los 7 manuales secretos que la Escuela de las Américas utilizó para formar a los militares latinoamericanos, manuales que fueron descubiertos y controvertidos públicamente en 1996, la guerra irregular es considerada como la “guerra de los pobres” y es identificada con el “terrorismo”. Tanto, que uno de los manuales, dedicado completamente al “terrorismo”, hace un recorrido histórico por todos los movimientos de liberación nacional del mundo. Pero al mismo tiempo las estrategias que se trazan para enfrentar esa guerra irregular “terrorista”, se encuadran dentro de los métodos de la guerra irregular y el terrorismo. El “Suplemento Secreto” que el General Yarborough anexa a su informe sobre Colombia en febrero de 1962, recomienda explícitamente recurrir a “sabotajes y/o actividades terroristas paramilitares”.

La doctrina norteamericana, llamada de “Seguridad Nacional”, apunta a librar una guerra cuyo campo de batalla fundamental es el cerebro de las personas; donde el enemigo que hay que destruir es una manera de concebir y de soñar la sociedad como ajena al capitalismo, y, por supuesto, todos los seres humanos y sus organizaciones que estén contaminados de ese virus, llámense sindicatos, partidos o incluso iglesias. Los métodos de lucha no debían ceñirse a ningún marco legal ni detenerse ante ningún escrúpulo moral. Por eso debían tener su arraigo en estructuras que, sin estar fuera del control real de los ejércitos, pudieran aparecer como “incontrolables” por ellos.

Se llegó así a una situación en que, el surgimiento de un modelo de guerra irregular, justificado por la imposibilidad de confrontarse eficazmente con un ejército regular, da lugar al diseño de otro modelo de guerra irregular arraigado en el Estado pero actuando por fuera de todos sus marcos legales. Con el tiempo, la guerra irregular del Estado justifica cada vez más y radicaliza la guerra irregular de la insurgencia. A su vez la guerra irregular de la insurgencia radicaliza la guerra irregular del Estado, que resuelve su ilegitimidad dándole una ficticia autonomía al paramilitarismo ( a partir de 1989) para ponerlo en una aparente simetría con la insurgencia, al menos en el discurso público.

Romper este círculo vicioso es tanto más difícil en cuanto el involucramiento del Estado en el choque de guerras irregulares ha llevado al manejo ficticio del Estado de Derecho: se han adaptado todas las estructuras e instituciones administrativas, judiciales, legislativas y disciplinarias, para convivir con la guerra irregular del Estado, en un ámbito de tolerancia y corrupción/impunidad que todo lo copa, sin descuidar las dosis de sanciones excepcionales a agentes de bajos rangos, que permitan “probar” ante la opinión pública mundial, la “no identificación” del Estado con el modelo irregular.

No es, pues, desgraciadamente, en el Estado de Derecho, donde se pueda encontrar el punto de ruptura de este círculo vicioso.

3. Paralelismos de ilegitimaciones

Todo discurso trata de deslegitimar al adversario y de justificar la propia causa o los propios intereses. Desde que se inició el actual ciclo de violencia en Colombia, en los años 60, el Estado y el Establecimiento asimilaron el discurso importado de la Seguridad Nacional que incentivaba la persecución y destrucción de una ideología, de una manera de pensar y de concebir la organización de la sociedad, que fue etiquetada como comunismo, en cuanto algo que se consideraba incompatible con el modelo económico, social y cultural de nuestro hemisferio. La tradición atea de algunos de los ideólogos del comunismo y las expresiones totalitarias de algunos de sus experimentos históricos, sirvieron de pantalla y pretexto para estigmatizar “el comunismo”, y bajo su etiqueta estigmatizar también los reclamos de justicia de las capas excluidas de la sociedad, que habían sido identificadas con “el comunismo” como estrategia para poderlas demonizar. Tal cierre ideológico, político y militar, legitimó ampliamente la insurgencia, ya que las opciones por otro modelo quedaban proscritas, mientras el modelo vigente se revelaba como guardián de profundas desigualdades y violencias.

El Estado y el Establecimiento ilegitiman en los años posteriores a la insurgencia por su “anacronismo socialista”. Pero su repudio al fantasma del socialismo los lleva a aferrarse a formas de capitalismo socialmente irresponsables; allí se funda la ilegitimación que hace la insurgencia del Estado y del Establecimiento por su “anacronismo capitalista salvaje”, que es la que motiva recurrentemente las nuevas búsquedas de soluciones socialistas.

El Estado y el Establecimiento ilegitiman a la insurgencia porque “no tiene móviles sociales o altruistas, como antes”, aunque incoherentemente acusan a todo movimiento de protesta social y hasta de defensa de los derechos humanos de ser “incentivados por la insurgencia”. Pero la insurgencia a su vez ilegitima al Estado y al Establecimiento por abandonar todas las políticas sociales a la iniciativa privada sin alma; a la voracidad del capital y a la ley del más fuerte, mediante la apertura económica, la economía neoliberal y la política de privatizaciones.

El Estado y el Establecimiento ilegitiman a la insurgencia por echar mano de dineros provenientes del comercio de la droga y del secuestro, para financiarse. La insurgencia ilegitima al Estado y al Establecimiento por aprovecharse hipócritamente de las ganancias de la droga para corromper todos sus estamentos; para comprar los puestos del Estado incluyendo la misma Presidencia de la república, y por someterse a políticas de represión a la droga impuestas desde fuera, que no están concebidas ciertamente para disminuir el consumo de drogas sino para mantener su exorbitante rentabilidad gracias a la represión, y una rentabilidad que en un 96% favorece a los sectores financieros del Norte.

El Estado y el Establecimiento ilegitiman a la insurgencia por sus métodos de guerra irregular, que no se compadecen con el Derecho Internacional Humanitario. La insurgencia ilegitima al Estado por sus métodos de guerra sucia paramilitar, que no se compadecen con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ni con el Derecho Internacional Humanitario.

El Estado y el Establecimiento ilegitiman a la insurgencia por no acogerse a los métodos democráticos de participación política. La insurgencia ilegitima al Estado y al Establecimiento por exterminar a todos los partidos legales de oposición que han querido promover transformaciones importantes en las estructuras, y por mantener mecanismos tramposos de participación política, bajo el control exclusivo de las capas más adineradas.

El Estado y el Establecimiento ilegitiman a la insurgencia por involucrar a la población civil en el conflicto armado. La insurgencia ilegitima al Estado por haber diseñado desde los años 60 una guerra contra la población civil inconforme, y que involucrara forzadamente a la misma población civil como combatiente a través de estructuras paramilitares constantemente recicladas.

El Estado y el Establecimiento ilegitiman a la insurgencia porque no sanciona ni entrega a la justicia a sus combatientes que cometen excesos o crímenes de guerra. La insurgencia ilegitima al Estado porque mantiene una justicia corrupta, arbitraria y parcial y porque cobija con la impunidad a los agentes directos e indirectos del Estado que cometen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

El Estado y el Establecimiento censuran fuertemente las solidaridades de gobiernos o movimientos políticos de otros países para con la insurgencia colombiana. La insurgencia y otras muchas franjas de población censuran la creciente intervención del gobierno de los Estados Unidos en el conflicto interno colombiano, mediante asesores, armamentos, presupuestos, entrenamientos y rediseños de grandes políticas, como el Plan Colombia.

4. Propuestas simétricas inversas

Cuando en ciertos momentos de hastío de la guerra se lanzan discursos propositivos hacia la “paz”, las propuestas se van alineando curiosamente en campos simétricos invertidos:

Quizás la propuesta que más se escucha, por ser la más repetida explícita e implícitamente por los medios masivos de comunicación, es la de una suspensión unilateral del accionar armado por parte de la guerrilla. Se sugiere que esto produciría un clima de tranquilidad para que la economía se reactive; para que el Estado haga más inversión social y para que se discutan propuestas de reformas sociales en un clima sin tanta presión. Para la insurgencia, no hay ninguna línea de conducta en la clase política desde hace muchas décadas, que autorice a pensar que un ahorro de recursos o un respiro en la guerra va a ser invertido a favor de las masas excluidas. Además, piensan que una economía reactivada seguirá funcionando de acuerdo a sus mecanismos consolidados de explotación, discriminación y exclusión; seguirá fortaleciendo las concentraciones de riqueza y la corrupción; dilapidando los recursos naturales; alimentando la voracidad rentista de las multinacionales; ahondando el abismo entre pobres y ricos y consolidando las bases del poder político vigente con inversiones sociales ficticias, de maquillaje y destinadas exclusivamente a la publicidad y la propaganda.

Otros proponen nuevamente que la insurgencia se convierta en un partido político legal y que se le den las garantías necesarias para participar, en igualdad de condiciones con las demás fuerzas políticas, ya sea en una Constituyente, ya en un proceso electoral. Contra esta propuesta se aduce la experiencia de los genocidios contra los desmovilizados en “procesos de paz” anteriores, y la enorme desigualdad de condiciones para una participación democrática, ya que quien puede sostener una campaña electoral tiene que contar necesariamente con el apoyo de uno de los grandes conglomerados económicos del país.

Unos alegan que “el poder debe tener un sustento democrático”, y que si la insurgencia quiere poder, debe ganárselo en contiendas electorales. Otros alegan que de hecho “solo pueden participar en la democracia quienes ya tienen poder”, pues los mecanismos “democráticos” vigentes solo permiten eso. Quienes no están en los círculos del poder son excluidos de los mismos, ya por mecanismos económicos, ya por mecanismos mediáticos, ya por persecución violenta o exterminio.

Unos sostienen que solo la sinceridad con que una parte se vaya comprometiendo en la búsqueda de transformaciones estructurales, podría darle confianza a la otra parte para avanzar en la disminución de la intensidad del conflicto. Otros alegan que solo si una parte hace concesiones disminuyendo la intensidad del conflicto, le daría confianza a la otra parte para comprometerse seriamente en la negociación de agendas de transformaciones estructurales.

Unos sostienen que la primera etapa de las negociaciones debe centrarse en el cese de fuego y de hostilidades y que, una vez consolidado éste, se podría entrar a negociar las reformas estructurales. Otros sostienen que solo la intensidad de la guerra puede presionar el desarrollo de una negociación sobre reformas estructurales, o que solo la sinceridad del Estado y del Establecimiento en el avance hacia reformas estructurales justificaría un descenso serio en la intensidad del conflicto.

Unos sostienen que es necesario mantener activas y en desarrollo las dos alternativas: la de solución negociada al conflicto y la de solución militar, pues solo la presión y el hostigamiento militar logrará que la otra parte acepte y se comprometa más en la vía negociada. Otros sostienen que mantener o impulsar las dos vías simultáneamente es arruinar progresivamente la confianza que se necesita para cualquier negociación.

El Estado colombiano sostiene que ha intensificado la presión militar contra la insurgencia para obligarla a negociar en situación de mayor debilidad. La insurgencia sostiene que tiene que intensificar su accionar militar para mantener o aumentar su poder de negociación. Entre tanto, la escalada militar multiplica los destrozos humanos y las cadenas de odios sin fin, haciendo cada vez más lejano un entendimiento y aumentando la desconfianza mutua.

Unos sostienen que las negociaciones deben comenzar por largos períodos en que no se avance sino que se “construya confianza”. Otros sostienen que no avanzar implica crear grandes frustraciones en la población y poner a ésta en contra del proceso de paz.

Unos afirman que la negociación solo puede ubicarse en un terreno ético que es el de la búsqueda de mayor justicia social. Otros afirman que lo anterior es un error grave, toda vez que allí no se encontrarán soluciones, y que la insurgencia “solo busca cuotas de poder”, lo que exige que la negociación se centre en concesión de cuotas de poder a la insurgencia, como lo fueron las negociaciones de los años 89 -91 que lograron la desmovilización de varios grupos insurgentes.

Unos afirman que las reformas sociales estructurales solo pueden pactarse una vez que la insurgencia se haya desmovilizado y entregado las armas. Otros afirman que esto sería repetir la frustración de El Salvador y Guatemala, donde las reformas fueron “pactadas” pero incumplidas y la situación social fue peor después de la “paz” que durante la guerra, gracias a que las guerrillas ya estaban desmovilizadas y que solo se había logrando erradicar exitosamente la esperanza.

Unos le ponen una hipoteca previa a las negociaciones haciendo grandes listados de lo que “no es negociable”, como la libertad de empresa y de mercado, la inversión extranjera y las directrices de las banca multilateral, el modelo económico neoliberal y las relaciones comerciales internacionales, la globalización en sus aspectos ya consolidados y la libertad de prensa. Otros ponen como premisa de las negociaciones la reversión de la apertura económica y de las políticas de globalización; la revisión de los contratos con empresas multinacionales y la discusión de criterios sobre la explotación y el manejo de los recursos naturales no renovables de la nación, así como la autodeterminación nacional en el diseño del modelo socio-económico, del uso de sus recursos y del manejo de sus relaciones diplomáticas.

Unos afirman que han continuado y van a continuar incentivando la guerra porque el panorama de las negociaciones es muy oscuro e incierto y el diseño de un nuevo modelo de sociedad está todavía en pañales. Otros afirman que no le han gastado tiempo ni energías a aportar al diseño de un nuevo país porque esta guerra da señales de que va a continuar agravándose.

5. Ambientes emocionales

Como puede verse, hay una enorme maraña de círculos viciosos, de paralelismos ilegitimantes y de propuestas simétricas inversas, que corresponden a diversos campos e instancias y que se entrecruzan y se enredan entre sí, unas veces para reforzarse mutuamente, otras para anularse, otras para aumentar el caos y las contradicciones.

Todas estas posiciones mencionadas tienen cada una su propia lógica y podría pensarse que solamente mediante ejercicios racionales intensos y extensos en el tiempo podrían acercarse las posiciones hacia alguna solución. Sin embargo, la mayor parte de ellas y el mismo hecho de que la formas más recurrentes que asumen son las del círculo vicioso , o la de argumentos morales paralelos y contrarios, o la de propuestas simétricas inversas, está revelando que los revestimientos racionales esconden profundos contenidos y conflictos emocionales.

Sería, entonces, un error, consagrarse a la búsqueda solamente de una solución racional, dejando de lado los enormes contenidos emocionales y simbólicos.

Por eso es necesario tener en cuenta algunos rasgos del ambiente emocional que rodea estas sin-salidas en la búsqueda de la paz:

a) Existe un ambiente de oscuridad poblado de fantasmas-

Existe una sensación generalizada de que nadie sabe qué es lo que quiere y de que, por lo tanto, todos andan “dando palos de ciego”. A esto contribuye el hecho de las agendas sean extremadamente vagas; que solo enuncien TEMAS y no PROPUESTAS; que se extiendan a enumeraciones interminables de problemas sin señalar en ninguno de ellos siquiera una pista de salida; que no haya siquiera una jerarquía de temas; que no estén enunciados siquiera PRINCIPIOS RECTORES para diseñar los cambios. Todo esto se refuerza al constatar que las políticas oficiales no invitan, ni de lejos, a identificar detrás de ellas alguna sensibilidad frente a la tragedia . No hay duda de que también contribuye a esta oscuridad el hermetismo que ha rodeado las negociaciones del Caguán; los pre-diálogos con el ELN fuera del país; el gran silencio de los mass media frente al proceso y el profundo sesgo de las escasas informaciones que se transmiten.

Desde tiempos inmemoriales, los humanos hemos caído siempre en la tentación de poblar con fantasmas los espacios oscuros. Es un juego que ejerce sobre nuestra naturaleza un atractivo irresistible. Y el oscuro espacio de nuestro proceso de paz está atiborrado de fantasmas de todo signo. Hay quien jura estar ya escuchando allí los primeros motores de la inminente invasión militar norteamericana de “tierra arrasada” sobre los territorios que simpatizaron con la insurgencia; otros juran haber visto allí el cadáver de Stalin, levantado de la tumba, que está preparando un Goulag donde pasarán sus últimos días los presidentes de los gremios, acosados por escalofriantes métodos de tortura.

Todos los humanos sentimos miedo y a veces pavor ante lo desconocido, sobre todo cuando se anuncian cambios de algún género que afectan nuestra vida. Nos aferramos al proverbio inmemorial: “es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer”. Como el pajarito de la fábula de Anthony De Mello, seguimos aferrados a nuestro antiguo nido plantado en el chamizo sin hojas, por la única razón de que siempre estuvo allí. Cuando la tempestad derribe el chamizo, las circunstancias nos obligarán a conocer los frondosos árboles que rodeaban el chamizo, que ofrecían inmejorables ventajas para nuestro nido.

b) Hay una opinión pública envenenada

Quien sintonice cualquier emisora radial o televisiva, o lea cualquier periódico o revista, es consciente de que tiene que prepararse para un remezón emocional. Pero ya son casi nulos los mensajes indicativos de a quién se debe amar, pues casi todos indican a quién se debe odiar. Ya solo los muy ingenuos asimilarán todo esto como “informaciones” sobre la realidad. Uno sabe que lo están forzando a tomar partido mediante técnicas inconfesables, canonizando o demonizando desvergonzadamente a los protagonistas de cada “noticia”.


- La terminología ha sido minuciosamente decantada desde la óptica de los efectos emocionales, por eso fueron desapareciendo los apelativos de “militante”, “combatiente”, “insurgente”, “guerrillero”, “subversivo” ... para transformarse progresivamente en los de “bandido”, “delincuente” y “terrorista”.

- Los emisores de los mensajes son también cuidadosamente seleccionados. Están en primera fila los altos mandos militares, así como parlamentarios, presidentes de gremios, líderes políticos, eclesiásticos y comunicadores que se les asimilan, que son los que acuñan los clichés del momento, cargados de imágenes bélicas que reivindican sangres y sudores, mientras respiran odio y llaman a cerrar filas frente al “mal” y al “error”, al mejor estilo de las Cruzadas.. Frente a ellos se plantan reporteros ingenuos, o estúpidos, o amordazados, que fingen “ignorar” lo que gran parte del país conoce o sospecha, para eximirse de contra-interrogar al emisor desde las verdades de dominio público, o al menos desde la otra parte de la verdad que es la de las víctimas y de los silenciados, o incluso desde la verdad de la otra orilla de la guerra.

- A veces se asiste a simulacros de “democracia informativa” .... sondeos, encuestas, entrevistas a quienes sustentan posiciones disidentes del común, pero hay que ser muy perspicaces para poder descubrir que tales opiniones son sutilmente editadas o seleccionadas; que son puestas en contextos que fuerzan a los espectadores a estigmatizarlas; que son transmitidas en horarios desiertos, o que son contrarrestadas por la repetición exhaustiva de la opinión contraria.

b) Hay unos imaginarios repletos de pasado y en blanco frente al futuro.

Las memorias colectivas están llenas de imágenes del pasado que solo rebosan dolor y odio: hay sangre por doquier; campos arrasados y desolados; cementerios repletos; fibras del alma en hilachas; campamentos de desplazados con hirientes escenas de hambre, miseria y terror. Entre tanto, nada alimenta los imaginarios con diseños de un futuro distinto y posible.

La Paz y la Justicia solo venden ahora imágenes falsas que se deshacen en las manos de los compradores. Las películas en blanco que forzosamente ocupan los espacios mentales reservados al futuro, permiten que todo sea invadido por las imágenes del pasado, que son numerosas e intensas y que no pueden producir más sentimientos que los de dolor y odio, aliñados quizás con escepticismo, impotencia y desesperanza..

Quienes han estudiado en profundidad el misterio de las opciones y los compromisos humanos, o en otros términos, el problema de la FE HUMANA, saben muy bien que ésta no se construye con raciocinios, ni nociones, ni informaciones, ni teorías, ni ideas, ni siquiera con valores llevados a la fuerza al campo del saber para poder expresarlos en categorías útiles para los debates. La Fe Humana es rebelde, reacia y recalcitrante a todo esto. Está mucho más cerca del sentimiento y del testimonio y apoya siempre sus pies sobre imágenes anticipadas de un futuro al alcance, que aportará felicidad para sí y para el entorno de relaciones más apreciadas por cada uno.

Solo esas imágenes de un futuro posible y al alcance, con paquetes de dicha o de alivio colgando de sus paisajes, solo ellas son capaces de alimentar bolsones de FE HUMANA , capaz de comprometer en alguna medida a la gente en la construcción de futuro.

Por esto es tan importante avanzar en el diseño del país que podría superar el conflicto, y no relegar ese diseño a los ámbitos, lenguajes y métodos de la tecnocracia o de la politiquería, sino propiciar el que se vaya trazando con imágenes simples y cautivantes, de frente a las grandes mayorías eternamente ignoradas, comprometiendo su participación entusiasta.

HACIA UNA INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS

Dando una mirada retrospectiva a todo lo dicho hasta aquí y teniendo muy en cuenta las trampas ya mencionadas que desde las realidades emocionales se proyectan en los lenguajes, se podrían extraer algunos criterios generales para una propuesta de salida. Esos criterios serían al menos éstos:

Que enfrente conjuntamente los problemas de los FINES y de los MEDIOS de la guerra, o en otros términos, del Derecho a la Guerra (Ius ad Bellum) y del Derecho en la Guerra (Ius in Bello), o si se prefiere, de la Paz y la Justicia.

  • Que trate de romper las cadenas de círculos viciosos en sus eslabones más originales y determinantes, que tocan de algún modo con la VIOLENCIA ESTRUCTURAL.
  • Que exorcice los temores producidos por espacios oscuros, haciendo lo más transparentes que sea posible los objetivos, los procedimientos, los criterios, los mecanismos, los logros parciales, de tal manera que todo el país pueda seguirlos de cerca.
  • Que desintoxique los medios masivos de comunicación y los convierta, de Medios para la Guerra, en Medios para la Paz. Esto no es posible lograrlo sin un experimento audaz de democratización de la información y de la comunicación, de modo que se transformen, de mercancías, en servicios públicos.
  • Que permita poblar los espacios mentales de futuro con imágenes simples y cautivantes.
  • Que sea PROCESUAL, es decir, que vaya de lo más básico (que sirve de fundamento ineludible para otros logros) a lo condicionado (que tiene que apoyarse en un logro anterior para poder tener solidez y eficacia).
  • Que descarte la DEMOCRACIA BARATA , o sea, la que se apoya en encuestas, sondeos, votaciones, elecciones, en síntesis: en procesos de participación mercantilizados, atravesados por propagandas, campañas y presiones de todo género en que imperan las “técnicas de publicidad y mercadeo”.
  • Que trate con comprensión y respeto los tejidos sociales destrozados por la violencia, así como la memoria de quienes fueron exterminados (personas y colectividades) por su compromiso altruista de proponer un futuro menos inhumano para todos.
  • Que ofrezca a todos los ciudadanos la posibilidad de involucrarse en una reflexión propositiva en condiciones democráticas, al menos a los sectores que quieran hacerlo en forma colectiva, ofreciéndoles especiales facilidades y asesoría a los sectores hasta ahora más excluidos.

I

ELEMENTOS QUE MIRAN A LA SUPERACIÓN DEL CONFLICTO
Y QUE SE REFIEREN AL PROBLEMA DE LOS FINES,
O SEA, DEL DERECHO A LA GUERRA

De una parte, las organizaciones insurgentes justifican la guerra por el cierre de otras vías para lograr reformas estructurales en la sociedad, que permitan erradicar los factores generadores de marginación, opresión y deshumanización de grandes mayorías. De otra parte, muchos analistas e incluso altos funcionarios del Estado, comenzando por algunos ex presidentes, aceptan que Colombia necesita urgentemente reformas estructurales de fondo porque la injusticia es escandalosa. Así lo sostienen también sectores de la Iglesia, académicos, dirigentes políticos, periodistas e incluso voceros del mundo empresarial.

Las agendas de negociación que desde 1999 lograron consenso entre el gobierno y la insurgencia proponen temas que comprenden los grandes problemas económicos y políticos del país, lo que supone que fue reconocida la luz verde para entrar en un debate a fondo sobre pilares muy importantes del actual orden económico, político y social de la Nación.

Por ello la propuesta que aquí se hace se centra en ENTRAR EN UN PERÍODO PRE-CONSTITUYENTE, que dure al menos un año (ojalá mucho más), y que trate de lograr la máxima participación de todos los sectores sociales del país.

Esto podría envolver la propuesta de CONVENCIÓN NACIONAL que ha formulado durante mucho tiempo la UC- E.L.N. y la propuesta de AUDIENCIAS PÚBLICAS que las FARC-EP intentaron desarrollar en El Caguán, pero proyectándolas mucho más allá.

Esta propuesta supone una participación abierta de la sociedad civil. No se trata de sacar las negociaciones del ámbito de las mesas entre gobierno e insurgencia, pues la sociedad no iría a negociar nada sino a expresarse y a hacer propuestas. Durante dicho Período Preconstituyente la insurgencia también podría expresarse y proponer. Pero lo que le incumbe exclusivamente a la insurgencia es negociar su desmovilización como fuerza armada y para ello tendrá como materia de evaluación los cambios estructurales que haya sido posible consensuar en los procesos preconstituyente y constituyente , y el nivel de garantías que en ese momento sea posible valorar, de que las transformaciones consensuadas no van a ser burladas, como lo han sido en otros países.

La propuesta sobre el PERÍODO PRECONSTITUYENTE exige definir como mínimo:

  • requisitos esenciales
  • temática
  • método
  • 1.

    El REQUISITO MÁS ESENCIAL es la adopción de un EXPERIMENTO AUDAZ DE DEMOCRATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN.

    Si se propone un ejercicio de búsqueda de CONSENSO en aquello que nos relaciona como integrantes de una misma NACIÓN, se trata de algo muy esencial para construir posibilidades de convivencia humanizada, ya que hasta ahora ha sido destructiva. Hay que buscar entonces los medios más adecuados para que esa búsqueda de consenso pueda darse con autenticidad.

    Es necesario que se apruebe una legislación extraordinaria que intervenga los medios masivos de comunicación -prensa escrita, radio y televisión- que superen determinados niveles de rating o de tiraje. Dichos MEDIOS tendrían que dedicar un horario X de la más alta audiencia, o X número de páginas, a la difusión democrática de la actividad preconstituyente. Un ente nacional coordinador, de amplia representatividad, vigilaría la ejecución de las normas que se aprueben para garantizar que todos los sectores organizados tengan la posibilidad de expresarse en igualdad de condiciones. Puede servir como modelo o inspiración para esto, el experimento desarrollado por el diario El Colombiano, de Medellín, entre octubre de 1995 y febrero de 1996, en la serie llamada. “Páginas para un Diálogo por Urabá”.

    Sin una posibilidad como éstas que permita una comunicación horizontal entre los ciudadanos alrededor del consenso que más les urge construir, la búsqueda de consenso se vería avocada a los métodos tradicionales de comunicación manipulada y manipuladora.

    Un país que no sea capaz de hacer esfuerzos como éste para superar conflictos que lo afectan en su misma identidad de nación, se podría decir que “no merece la paz”.

    2.

    La TEMÁTICA que debería discutirse durante el Período Preconstituyente está prácticamente definida en las agendas de negociación, ya acordadas entre el gobierno y la insurgencia. Sin embargo, hay allí tantos temas, y están tan desarticulados y tan vagamente planteados, o a veces ni siquiera planteados sino enunciados, que iría contra toda pedagogía lanzarle esas agendas al país como temática de discusión, arriesgándose a recoger como fruto un verdadero “mare magnum” de opiniones caóticas.

    La propuesta consiste en SIMPLIFICAR LA TEMÁTICA, reuniendo en unas pocas unidades lo esencial que el país debe debatir ahora para “refundar la Nación” y “rediseñar el Estado” en sus rasgos más fundamentales.

    Existe un cierto consenso entre muchos analistas de la situación social del país, en que la Constitución de 1991 logró grandes avances democráticos, pero dejó unos nudos problemáticos que hoy dan cuenta de las injusticias más monstruosas: particularmente el ordenamiento económico y territorial, así como los problemas relativos a la seguridad: administración de justicia y fuerza pública, y a la participación-corrupción: sistema electoral y otros espacios de participación.

    Hay que tener en cuenta que en la medida en que el Período Preconstituyente involucre a las grandes mayorías del país, al menos las organizadas, el nivel de la discusión no puede ser tecnocrático sino muy simple y propositivo, sin que esto signifique que no se aproveche el aporte técnico y académico en sus instancias más adecuadas.

    Por todo esto, se propone agrupar la temática alrededor de DOS NÚCLEOS:

    A) Un núcleo que podría llamarse de NECESIDADES BIOLÓGICAS
    B) Otro núcleo que podría llamarse de NECESIDADES DE CONVIVENCIA.

    El primer núcleo estará centrado en la gran pregunta sobre qué hacer para poder garantizar a todos los colombianos unos niveles mínimos de satisfacción de sus 5 necesidades básicas: ALIMENTACIÓN, VIVIENDA, GENERACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS, SALUD y EDUCACIÓN.

    Cada uno de estos campos de reflexión y debate estaría orientado a generar propuestas que articulen, según grandes trazos, las políticas sustanciales del Estado en su ordenamiento económico y territorial: lo agro-alimentario; lo urbano-regional; lo laboral; lo sanitario y lo educativo, de tal modo que no se eluda el problema de las grandes franjas de población que viven sin esos mínimos humanos satisfechos, y por tanto en condiciones infrahumanas.

    Todos los sectores sociales serían invitados a hacer propuestas: los gremios económicos, el sector empresarial y el financiero, las universidades y centros académicos, las iglesias, los sindicatos, las organizaciones campesinas e indígenas, los entes municipales y departamentales, las fuerzas políticas, las organizaciones no gubernamentales etc., para responder a estos desafíos básicos de la justicia.

    El segundo núcleo estaría centrado en la pregunta sobre cómo mejorar y democratizar la CONVIVENCIA entre los miembros de la Nación. También en este campo hay raíces profundas de la violencia que ha marcado al país durante muchas décadas. Los problemas de CONVIVENCIA se agrupan en tres áreas básicas: INFORMACIÓN / COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN y SEGURIDAD.

    El área de INFORMACIÓN / COMUNICACIÓN tendrá que plantear la contradicción flagrante entre un derecho social y primario a la información y a mecanismos ágiles y democráticos de comunicación entre los ciudadanos y una apropiación privada de los medios para lograrlo. El desarrollo del conflicto en Colombia ha revelado dramáticamente que la “libertad de prensa”, tal como se la ha entendido y regulado en los ámbitos capitalistas, contradice radicalmente los derechos a la información y a la comunicación reales y constituye una de las estructuras más decisivas de la anti-democracia y de la opresión social. El Período Preconstituyente puede servir de laboratorio para ensayar otro marco legal para la información y la comunicación, más compatible con los derechos humanos y con la democracia.

    El área de PARTICIPACIÓN debe responder a la pregunta sobre cómo corregir las fallas de la Constitución del 91 en el campo del sistema electoral y demás mecanismos de participación y control ciudadano sobre los poderes del Estado, extremando medidas de control sobre los atajos de la corrupción.

    El área de la SEGURIDAD incluye las de administración de justicia y fuerza pública. Quizás ningún campo como éste haya tenido que ver tan directamente con la violencia. Por eso está profundamente desgastado e infectado de violencia. Aquí hay que tener el máximo de creatividad para rediseñar la seguridad ciudadana de manera renovada y original, de modo que no infecte nuevamente de violencia todos los ámbitos de la convivencia.

    Estos dos núcleos podrían ser complementados con propuestas sobre unos PRINCIPIOS RECTORES fundamentales que estructuren la economía y la convivencia.

    3.

    El MÉTODO debe ser diseñado de tal forma que construya consenso nacional, promoviendo al máximo la participación en un clima de respeto.

    Deben organizarse o autorizarse MESAS PRECONSTITUYENTES que cubran todo el territorio nacional: por municipios, corregimientos, comunidades de todo género (étnicas, religiosas, veredales, barriales, etc.) , grupos sociales, organizaciones, universidades, gremios, sindicatos, etc.

    Toda la red nacional de mesas preconstituyentes debe estar atravesada por tres instancias que faciliten su trabajo: COORDINACIÓN, VEEDURÍA, SECRETARÍA.

      - La COORDINACIÓN debe prestarles el servicio de inscripción, circulación de informaciones y materiales y armonización entre el trabajo local y el nacional.

      - La VEEDURÍA debe prestar el servicio de vigilancia para que se respeten los parámetros de participación democrática y se corrijan las fallas cuando se presenten quejas.

      - La SECRETARÍA debe prestar el servicio de recolección de aportes haciéndolos llegar a las instancias encargadas de comunicarlos a través de los medios masivos y de archivarlos debidamente para que sean consultables.

    Los tres servicios deben ser piramidales y tener instancias nacionales, regionales, departamentales y municipales. Eventualmente podrían funcionar como instancias intermedias entre la nación y los departamentos, las regiones que cuenten con canales regionales de televisión.

    Una institución del Estado con funciones flexibles, cobertura nacional, presupuesto y cierta cercanía de oficio a la ciudadanía, como podría ser la DEFENSORÍA DEL PUEBLO y la RED DE PERSONEROS MUNICIPALES, podría asumir las funciones de Coordinación. Una primera expresión democrática de coordinación de las mismas mesas podría decidir sobre las funciones de Veeduría y Secretaría, que en todo caso podrían tener observadores y acompañamiento internacionales.

    La instancia de Secretaría podría cumplir las funciones de allegar el material que deba difundirse por los medios masivos de información, pero por ello mismo debe ser una instancia de evidente origen democrático.

    Para elaborar toda la normatividad que regirá el período preconstituyente, se podría proceder así:

    Una vez haya consenso sobre el período preconstituyente en las dos mesas de negociación entre el gobierno y la insurgencia, la Defensoría del Pueblo abre un período de inscripción de mesas preconstituyentes. Terminado dicho período, la Defensoría envía a todas las mesas un borrador de Estatuto, dando un plazo fijo para enviar observaciones. Luego adoptará un mecanismo democrático para aprobarlo, por ejemplo, reuniendo a delegados representativos de regiones que a su vez sean elegidos por delegados de las mesas ya constituidas en la región. Una vez aprobado y divulgado el Estatuto, se esperará a que haya sido aprobada la legislación extraordinaria que garantice la comunicación a través de los medios masivos, que será requisito “sine qua non” para iniciar el Período Preconstituyente. Llenados los dos requisitos, se iniciará el PERÍODO PRECONSTITUYENTE.

    La Defensoría del Pueblo podrá solicitar los servicios de las organizaciones y confederaciones que se han formado alrededor del objetivo de búsqueda de la paz, en la sociedad civil, así como de las comisiones facilitadoras regionales y locales, para impulsar la participación de los sectores y comunidades más marginadas y desprotegidas. También podrá contratar asesores pedagógicos para el proceso.

    El objetivo de todo este Período Preconstituyente será avanzar hacia un CONSENSO, construido con un esfuerzo intensivo de participación democrática, acerca de las transformaciones estructurales más urgentes para superar el conflicto social, convirtiendo las agendas de negociación de paz (hasta ahora reducidas a “temas”) en propuestas concretas. Para que esto se lleve a la práctica, será necesario que siga un PERÍODO CONSTITUYENTE que debe encontrar modalidades acordes con la Constitución. Sin embargo, será importante que entre las dos dinámicas no haya un abismo, sino que se encuentren formas de articulación entre el Período Preconstituyente y el Constituyente.

    I I

    ELEMENTOS QUE MIRAN A LA
    DISMINUCIÓN DE LA INTENSIDAD DEL CONFLICTO
    DURANTE EL PROCESO DE BÚSQUEDA DE LA PAZ,
    Y SE REFIEREN MÁS AL DERECHO EN LA GUERRA

    En el último período se ha repetido intensamente en todos los ámbitos de opinión una especie de eslogan, según el cual, “las negociaciones de paz en medio de la guerra se han agotado y para continuarlas se requiere un cese de fuego y de hostilidades”.

    Esto llevó a que las mismas mesas de negociación que la administración Pastrana estableció, tanto con las FARC en El Caguán, como con el ELN en el exterior, se vieran sometidas a fuertes presiones, al final de dicho gobierno, para que avocaran antes que todo la negociación de un cese de fuego y de hostilidades, como paso previo para poder avanzar en negociaciones sobre cambios sociales.

    De acuerdo a las propuestas presentadas, se deduce que hay muy diferentes maneras de entender el cese de fuego y el cese de hostilidades. Algunas comprenden fines de la guerra, otras solamente medios, otras fines y medios.

    El concepto de CESE DE FUEGO es quizás más fácil de entender, pues está referido al uso de armas de fuego en manos de los combatientes de ambos polos. Sin embargo, muchos lo han entendido unilateralmente, como un cese de fuego de la insurgencia, sin considerar el de las fuerzas armadas del Estado y su brazos paramilitares.

    Suspender el uso de armas de fuego en un conflicto armado implica entrar a discutir y negociar el problema de la BILATERALIDAD y, como paso previo, entrar a caracterizar muy precisamente los tipos de OPERACIONES OFENSIVAS y OPERACIONES DEFENSIVAS. No hay que olvidar que ambos bandos le atribuyen globalmente al conjunto de sus operaciones un carácter principal o exclusivamente “defensivo”.

    Tampoco se puede olvidar, en la negociación de un cese de fuego, que el uso de armas de fuego constituye un MEDIO, el más importante quizás, en la estrategia que ambos polos tienen para alcanzar sus fines, y por consiguiente, es muy difícil negociar un cese de fuego sin que simultáneamente se llegue a acuerdos sobre la negociación de los fines. De allí que el cese de fuego solo sería concebible como una medida tendiente a facilitar un avance en la negociación de los fines.

    El concepto de CESE DE HOSTILIDADES es mucho más complicado. “hostilidad” etimológicamente se deriva del vocablo latino hostis = enemigo, y comprende el conjunto de tratamientos que una persona, grupo, organización o institución le da a las personas o colectividades cuyos fines o intereses consideran opuestos a los propios, con la intención de que no puedan ser logrados o realizados. En tal sentido, habría que distinguir varios niveles de hostilidades.

    El nivel más agudo podría llamarse de HOSTILIDADES BÉLICAS y estaría referido al trato que se dan los conjuntos de personas que buscan cambiar o mantener el sistema vigente mediante el uso de armas. En el caso colombiano esto no es nada sencillo, dado que el desarrollo de la estrategia paramilitar del Estado ha orientado el accionar militar hacia la destrucción de los ámbitos políticos, ideológicos y logísticos de la insurgencia, tomando como objetivos militares a los partidos y movimientos de izquierda, a las organizaciones de los sectores más críticos del Estado y del Establecimiento, a las redes de apoyo económico, alimenticio, sanitario, y en último término a la población rural que pretende permanecer neutral en las zonas de enfrentamiento, e incluso a las organizaciones de las víctimas del mismo Estado/Para-Estado y a los testigos de los crímenes. Esto ha llevado a que la insurgencia tome también como objetivos militares a muchos ámbitos de apoyo ideológico, económico y logístico del Ejército y de sus brazos paramilitares. Todo esto muestra que las hostilidades bélicas envuelven a capas enormes de población desarmada.

    El otro nivel se podría llamar de HOSTILIDADES SOCIALES, que estaría referido al conjunto de tratamientos que el Estado y las capas sociales en él representadas -el Establecimiento- le dan a los mecanismos que excluyen y marginan a grandes capas sociales de la satisfacción de necesidades básicas o del reconocimiento de derechos fundamentales, con el fin de que los fines o intereses que persiguen las capas privilegiadas, sean logrados y realizados, y los fines o intereses que persiguen las capas excluidas, no puedan se logrados o realizados. Este nivel de hostilidades se confunde con el problema de los FINES de la guerra (o del “DERECHO A LA GUERRA”).

    Algunos piensan que es muy sencillo, y que no tendría consecuencias importantes en el carácter mismo de la guerra, separar la negociación de las hostilidades bélicas, que se piensan equivalentes a los MEDIOS de guerra, de la negociación de las hostilidades sociales, que se piensan equivalente a los FINES de la guerra. Se piensa, por ejemplo, que es sencillo pedirle a la insurgencia que suspenda los atentados a los oleoductos (un medio de guerra identificado como sabotaje) en gracia a que, cuando se llegue en un futuro a discutir la agenda de cambios sociales, se discutirá el problema de las trasnacionales del petróleo. Sin embargo, en la óptica de la insurgencia, relegar el momento de dirimir las diferencias sobre el uso de los recursos naturales a un momento final de la guerra, implicaría permitir durante mucho tiempo el saqueo progresivo de recursos naturales no renovables sin ningún tipo de resistencia.

    Por otra parte, un problema que estaría adscrito al ámbito de las hostilidades sociales, como sería el de la criminalización de la protesta social, parecería que podría remitirse sin problema a la negociación de los fines de la guerra, dentro del paquete de transformaciones estructurales que serían negociadas en un período final. Sin embargo, ya no solo en la óptica de la insurgencia sino en la de todos los movimientos populares y democráticos, la negociación de este aspecto es tan urgente que se presenta casi como una premisa para las negociaciones, pues éstas exigen como requisito fundamental una participación popular en el diseño de un nuevo país, pero la criminalización de la protesta social y de la oposición política inhibe y bloquea cualquier intento de participación. Además, este problema se ha entreverado en el de las hostilidades bélicas, dado que los líderes de las protestas sociales o de los movimientos sociales o de oposición política son judicializados como “insurgentes”, amalgamando, desde el Estado, la hostilidad social con la hostilidad bélica.

    La interrelación profunda entre fines y medios, y entre hostilidades sociales y hostilidades bélicas, hace difícil separar la negociación sobre cese de fuego y de hostilidades de una negociación sobre cambios estructurales.

    Por estas razones, deben articularse, en una negociación de paz, de un lado, PASOS QUE DEN CONFIANZA HACIA TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES, y de otro lado, PASOS QUE DISMINUYAN LA INTENSIDAD DE LAS HOSTILIDADES BELICAS.

    Hay formas de hostilidad que ofrecen especial complejidad y vale la pena avanzar algunos elementos y cautelas para tener en cuenta en su negociación, particularmente en los casos de: el paramilitarismo, el secuestro y la judicialización del conflicto.

    1.

    Como se vio antes, el PARAMILITARISMO ha sido el eje estratégico que el Estado colombiano, presionado por directrices muy claras del gobierno de los Estados Unidos, encontró desde los años 60 para enfrentar una guerra irregular, o “de guerrillas”, que veía venir inminentemente. Tal eje estratégico le permitía burlar el Estado de Derecho al crear un brazo armado clandestino del que no tendría que responsabilizarse en público, pero que, bajo capa de considerarlos como “civiles fuera del control del Estado”, podrían SALTARSE TODOS LOS LÍMITES impuestos por el “Ius in Bello”.

    La primera dificultad que salta a la vista para poner el paramilitarismo sobre una mesa de negociaciones, es que el Estado solo negocia dentro de marcos legales, mientras es de la esencia del paramilitarismo actuar POR FUERA de los marcos legales.

    Pero, además, el Estado solo puede negociar dentro del marco de su propio discurso. Y el discurso oficial sobre el paramilitarismo está estructurado sobre tres mentiras, a saber:

  • que el paramilitarismo se originó en sectores civiles, como reacción a las presiones de la insurgencia;
  • que el paramilitarismo no tiene vínculo alguno con el Estado o con la fuerza pública.
  • que el paramilitarismo es condenado y perseguido por el Estado en cuanto fuerza “al margen de la ley”.
  • Ya se ha demostrado, por el contrario, que:

      1). el paramilitarismo se originó en exigencias del gobierno estadounidense en 1962, antes de que nacieran los grupos insurgentes.
      2). el paramilitarismo constituye una estrategia de Estado, reiterada en todos los manuales de contrainsurgencia redactados a partir de los años 60 y hasta el fin del milenio; apoyada en instrumentos legales constantemente reciclados; confirmada por innumerables confesiones de militares y paramilitares; judicialmente probada en numerosas piezas procesales, aunque sin sanciones, y comprobable a simple vista en la mayoría de las zonas de conflicto.
      3). que los comités de alto nivel creados para diseñar estrategias de “persecución” al paramilitarismo y los llamados bloques de búsqueda, conformados por diversos cuerpos armados y organismos de seguridad del Estado, ni han logrado resultados ni los lograrán jamás, si se tiene en cuenta la solidaridad profunda existente entre militares y paramilitares que se comprueba por doquier, lo que equivale a asignarle a la madre la persecución del hijo.

    Si se tienen en cuenta estas profundas ficciones de lenguaje y trampas reales en que hunde sus raíces el paramilitarismo, habría que partir de la base de que ponerlo sobre una mesa de negociaciones es arriesgarse en el más alto grado de probabilidad, a negociar sobre FICCIONES y a mantenerse en un MUNDO FICTICIO.

    Para poder evadir la FICCIÓN que impregna todo lo que tiene que ver con el paramilitarismo, habría que tener algunas cautelas fundamentales:

    En primer lugar, es necesario sacar la estrategia de lucha contra el paramilitarismo del terreno judicial. Allí no dará fruto alguno en muchas décadas, no solo por lo corrupto que está todo el sistema judicial y lo domesticados que están todos sus seculares mecanismos a causa de la impunidad dominante, sino por la solidaridad de cuerpo, no solo de militares con paramilitares, sino también de fiscales, jueces, magistrados y personal administrativo en muchos niveles. Cualquier rastreo de los expedientes que contienen “investigaciones” penales contra paramilitares, mostrará lo inútil que resulta en Colombia cualquier intento de desactivarlo por la vía judicial.

    En segundo lugar, es necesario sacar la represión contra el paramilitarismo del ámbito y responsabilidad de las Fuerzas Armadas y de los organismos de seguridad del Estado. Si no se sale del esquema que muestra a la madre “persiguiendo” al hijo, se continuará dentro de un mundo absolutamente ficticio.

    Es fácil llegar a la conclusión sobre qué es lo que no sirve porque la realidad así lo ha demostrado, pero no es fácil diseñar estrategias eficaces.

    Frente a una negociación de paz, hay que ser ante todo realistas. Y ese realismo obliga a suponer que algo que ha sobrevivido más de 40 años gracias a haber encontrado un ámbito de existencia fuera de la ley pero amparado por la ley, protegido por un tejido de ficciones, no podrá ser erradicado con herramientas legales ni dentro de un debate donde no haya habido de entrada un reconocimiento sincero de las ficciones y una decisión muy firme de derribar las ficciones.

    Pero no basta reconocer la ficción y tomar la firme decisión de acabar con ella. El alcance de la ficción se podría calibrar en la hipótesis de que un Presidente decidiera eliminar la estrategia paramilitar del Estado. Lo primero que tendría que hacer, cuando recibe informaciones según las cuales en la Zona X hay una fuerte estructura paramilitar en acción, sería retirar de allí a la fuerza pública, pues no habría ninguna duda de que gracias a su “celestinaje” los paramilitares habrían podido echar raíces en esa zona. Innumerables testimonios recogidos a lo largo y ancho del país demuestran que los militares le suministran a los paramilitares armamentos, uniformes, transportes, mercados ... ; que nunca “los ven” cuando hacen operativos y que cuando “los persiguen, no los encuentran”; que coordinan con ellos los operativos para no encontrarse, sobre todo a la vista de otros, y que incluso planifican las “capturas” y los “desmantelamientos de bases paramilitares” de modo que no afecten la estructura paramilitar, pero que sí se puedan lanzar a la opinión pública mundial registros y estadísticas de “persecución”.

    Pero si el Presidente retira a la fuerza pública de la Zona X, tendrá que servirse de otra fuerza pública para reprimir o desmantelar la estructura paramilitar allí arraigada. ¿Dónde la encontrará? Entre las actuales estructuras de la fuerza pública no va a encontrar gente que no esté formada y arraigada en esa solidaridad de familia. Ordinariamente militares y paramilitares se dan el trato de “primos”, según innumerables testimonios.

    Pero supongamos que un Presidente creativo logre formar un batallón anti-paramilitar, sustrayendo su formación al influjo de las actuales jerarquías castrenses, importando educadores militares de otros países con la ayuda de la ONU, destinando edificaciones “ad hoc” para su formación, de modo que no tomen ningún contacto con la oficialidad castrense ni con las escuelas militares. Al llegar a la Zona X esa nueva fuerza pública incontaminada, ¿qué puede hacer? Solo podría enfrentar militarmente a los paramilitares activos y eventualmente capturar a los que sorprenda en flagrancia. Ahí termina su papel. De ahí en adelante tendría que actuar el aparato de administración de justicia. Y ¿se podrá confiar en él? En absoluto. Aquí vuelven y juegan, ahora en el terreno de “ la Justicia”, los mismos mecanismos de solidaridad y complicidad. ¿Sería necesario entonces recurrir nuevamente a la ONU para formar un cuerpo de fiscales, jueces y magistrados incontaminados del anterior cuerpo judicial, para que actúe sin los determinismos de las ficciones de tantas décadas? Sin duda. Pero todo esto serviría para erradicar el paramilitarismo de la Zona X. ¿Qué pasará con el resto de zonas del país? Y ¿quién asegura que los paramilitares de la Zona X, cuando se comience a actuar contra ellos, no se trasladarán temporalmente a otra zona?

    La hipótesis anterior revela lo difícil que es actuar contra un tejido de ficciones en el cual se arraigó una estrategia criminal durante tantas décadas, cuando ese tejido se confunde hoy día con el “Estado de Derecho”.

    Quizás esto muestra también la necesidad de un rediseño urgente del Estado, y que el rediseño de todo lo que tiene que ver con la Seguridad, que es uno de los aspectos esenciales de la Convivencia, y particularmente con la Justicia y la Fuerza Pública, no es nada sencillo. Pero si ese rediseño no es radical, de modo que se llegue a crear una administración de justicia y una fuerza pública completamente nuevas, será casi imposible superar la situación actual.

    2.

    Otro de los puntos neurálgicos en la negociación de un cese de hostilidades lo constituye el SECUESTRO.

    Tanto el gobierno como muchos organismos internacionales y sectores de la sociedad civil identifican esta práctica con la Toma de Rehenes, que figura entre las prácticas proscritas por el Derecho Internacional Humanitario en casos de conflictos de carácter no internacional (Artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949).

    Además, la Convención Internacional sobre la Toma de Rehenes, del 18 de diciembre de 1979, define este delito de tal manera que no se diferencia en nada del secuestro: “Toda persona que se apodere de otra (que en adelante se denominará “el rehén”) o la detenga, y amenace con matarla, herirla o mantenerla detenida a fin de obligar a un tercero, a saber, un Estado, una organización internacional intergubernamental, una persona natural o jurídica o un grupo de personas, a una acción u omisión como condición explícita o implícita para la liberación del rehén, comete el delito de toma de rehenes en el sentido de la presente Convención”. (art. 1)

    Sin embargo, es claro que esta Convención amplía y generaliza hasta donde se puede el concepto de REHÉN que se tuvo en el Derecho de Gentes, con sus características típicas que llevaron a su proscripción cuando se redactaron las Convenciones de Ginebra. Dos expertos en Derecho Internacional describen muy concretamente lo que se entendía por rehén en la Primera Guerra Mundial (1914-18):

  • Los rehenes garantizaban la palabra empeñada y aseguraban la ejecución de los pactos, principalmente de los tratados de paz. En tiempo de guerra eran los garantes de las negociaciones en general y más particularmente de las capitulaciones. Se creyó que la práctica de la toma de rehenes había desaparecido en los tiempos modernos, cuando los prusianos la retomaron en 1870-71. Se apoderaron de personajes importantes que pusieron en prisión y amenazaron matarlos en caso de que no se cumplieran las exigencias que hacían o en caso de atentados contra sus tropas. Se les hacía subir a los trenes o sobre las locomotoras para evitar descarrilamientos y ataques; los colocaban en sitios peligrosos para garantizar su seguridad.
  • Después de la guerra franco alemana se intentó justificar la práctica de toma de rehenes llamada “de acompañamiento” aduciendo que su empleo había salvado vidas humanas y evitado catástrofes. El Estado Mayor Alemán afirmó que, gracias a los rehenes puestos sobre las locomotoras se había garantizado la seguridad de los trenes. (...) Las investigaciones oficiales y los testimonios más autorizados han constatado esto que ha llegado a ser de dominio público: que casi en todas partes, en la Francia invadida, los Alemanes buscaron seguridad sistemáticamente en rehenes, ya tomados de la población urbana o rural, en general, ya preferentemente en los centros importantes, entre los habitantes notables y los dignatarios. A este respecto, miren lo que se leía en un afiche pegado sobre los muros de Reims, por orden de la autoridad alemana, el 12 de septiembre de 1914: “Con el fin de garantizar suficientemente la seguridad de las tropas y de que se difunda la tranquilidad entre la población de Reims, las personas cuyos nombres aparecen a continuación han sido tomadas como rehenes por el comando general del ejército alemán. Estos rehenes serán colgados al menor intento de desorden. También la ciudad será quemada total o parcialmente y sus habitantes colgados si se comete cualquier infracción a las prescripciones que preceden”. Enseguida estaban los nombres de 81 habitantes notables, entre los que figuraban industriales, consejeros, prestamistas, sacerdotes etc. La medida se generalizó durante la guerra, y así una ordenanza del comandante general en jefe, Von Below, del 1° de octubre de 1915, prescribía tomar en cada comuna cierto número de notables que respondieran con su vida por la seguridad del ejército alemán y la de sus medios de transporte, especialmente los ferrocarriles” (....)
  • “Fuera de los notables, de los que se ha hablado antes, los rehenes eran hombres movilizables, colocados en la imposibilidad de usar armas contra los alemanes: ancianos, niños y mujeres algunas de las cuales estaban embarazadas. Eran capturados siempre bajo el eterno pretexto de que se había disparado sobre las tropas invasoras. Eran recogidos en las calles, en los campos, en las aldeas y en sus moradas y obligados a concentrarse en determinado lugar [1]
  • Como puede verse, el concepto de REHÉN que se manejó en el Derecho En La Guerra (“Ius in Bello”) hasta su proscripción en las Convenciones de Ginebra, tiene una relación mucho más estrecha con estratagemas bélicos y más concretamente con la seguridad de las tropas frente al enemigo, correspondiendo más a la figura del ESCUDO PROTECTOR. Si la Convención de 1979 elabora un concepto mucho más amplio, no lo hace sin embargo dentro del ámbito del DIH.

    El SECUESTRO tiene más un objetivo de financiación de la insurgencia y se diferencia de la toma de rehenes en que lo que directamente se pretende no es poner la vida del secuestrado como escudo frente al accionar bélico enemigo, sino obligarlo a aportar dinero a la financiación de la guerra, dada la enorme desigualdad de recursos entre la insurgencia y quienes la combaten, y sobre la base de que la gran acumulación de dinero por parte de personas, familias o empresas, se puede lograr gracias a unas estructuras injustas que se busca desmontar.

    Tanto en documentos divulgados por las FARC-EP como por la UC-ELN, se interpreta el secuestro como una EXTRACCIÓN FORZADA DE IMPUESTOS, sobre la comparación con la misma extracción forzada de impuestos que hace el Estado, sancionando al que no la aporte, pero destinando el producto de esa extracción al mantenimiento de unas estructuras injustas y a una guerra contrainsurgente.

    La senadora María Isabel Rueda recoge en su crónica sobre la reunión de representantes de la sociedad civil con el ELN en Mainz, Alemania, entre el 13 y el 15 de julio de 1998, la exposición que hizo allí el representante del ELN, Pablo Beltrán, sobre el secuestro: “Somos totalmente conscientes de que retener a una persona por motivos económicos viola los derechos humanos. Pero el problema de las retenciones tiene otra faceta: el de las finanzas. Que se atreva el doctor Sabas a no pagar impuestos porque lo meten en la cárcel. Eso mismo hacemos nosotros cuando retenemos a una persona [2]

    El industrial antioqueño Nicanor Restrepo Santamaría, presidente de uno de los conglomerados económicos más poderosos del país como es el Sindicato Antioqueño, y miembro del equipo negociador de la paz con las FARC en nombre del gobierno, escribió en su opúsculo “Derecho a la Esperanza: “ Para financiar una rebelión contra un Estado se acude desde el principio de la historia del hombre a medios ilícitos o a reinos o países enemigos. Hoy, en un mundo unipolar, no hay otra vía para financiar la insurrección que hacerlo con el producto de las actividades delincuenciales tales como asaltos, atracos, secuestros, extorsiones, dineros del narcotráfico, robos, chantajes y contribuciones forzadas ...” [3]

    Algunos de los grandes empresarios, luego de las visitas que hicieron a la zona desmilitarizada de El Caguán para dialogar con los negociadores de las FARC-EP, manifestaron que entre sus propuestas en discusión se encontraba la de financiar o ayudar a financiar a la insurgencia durante un período concreto de desmovilización, con el fin de que no tuviera que recurrir al secuestro. Esto planteaba problemas prácticos insolubles: la propuesta sería viable en el supuesto de que ya se hubiera pactado la desmovilización de la insurgencia y ésta aceptara concentrarse en zonas delimitadas en espera de la hora 0 para la entrega de las armas, al estilo de los pactos que se firmaron entre 1989 y 1991 con varias organizaciones insurgentes. Sin embargo, como el mismo ex Presidente Pastrana lo reconoció en su reportaje al diario ABC de Madrid, España, ya ese modelo pasó a la historia, dado que el Estado y el Establecimiento arruinaron su credibilidad exterminando a la U.P., como lo han hecho con muchos otros grupos que optaron por promover un cambio social por vías legales. En otros términos, ya no es posible pensar en una desmovilización de la insurgencia antes de que las reformas estructurales se lleven a cabo. Así lo aconsejan también las trágicas experiencias de Centroamérica.

    Es evidente que el Estado, como custodio de la legalidad vigente, nunca podrá negociar algún grado de tolerancia con el secuestro. Al mismo tiempo la insurgencia y el Estado deben comprender el cúmulo de sufrimientos que esta práctica le trae a las familias afectadas.

    Algunas atenuaciones han sido insinuadas por las mismas fuerzas insurgentes. La famosa “Ley 002” de las FARC que tantas polémicas nacionales suscitó dentro del “proceso de paz” anterior, parecía restringir el tipo de personas o familias que podrían ser blanco de esta práctica a las más adineradas (que posean más de un millón de dólares) y ofrecía la posibilidad de una negociación sin retención. Otros documentos del ELN plantean también la posibilidad de una negociación voluntaria de aportes, que evite las retenciones.

    Tales ofertas tendrían viabilidad en la hipótesis de que el Estado se comprometiera a no perseguir esa modalidad de impuesto, en la medida en que se llegara a una transacción voluntaria, y con un carácter transitorio, en el sentido de reconocer un cierto “paralelismo extorsivo”, entendiendo que los impuestos que recauda el Estado no serían aportados voluntariamente por quienes llegaran a tener un conocimiento lúcido de su uso inequitativo y alimentador de estructuras injustas y genocidas. Bajo esas hipótesis quizás se disminuiría notablemente el número de secuestros, al menos los realizados por la insurgencia (pues hay un enorme porcentaje realizado por la delincuencia común o por el paramilitarismo).

    Desde la óptica del Derecho En la Guerra, se discute mucho sobre la legitimidad de retenciones de no combatientes. Los expertos en Derecho Internacional, MÉRIGNHAC y LÉMONON, ya citados a propósito de la toma de rehenes, advierten que “el derecho de la guerra autoriza a tomar como prisioneros a jefes de Estado, a miembros del gobierno, ministros, directores de grandes servicios, diplomáticos, ingenieros y funcionarios de toda clase que cooperan a la guerra”, pero afirman que, fuera de estas excepciones, “la población inofensiva debe ser dejada absolutamente libre en virtud del principio de que la guerra es una relación de Estado a Estado ”. [4] Según ellos, pues, la guerra autoriza a hacer retenciones de no combatientes pero que cooperan de otra manera a la guerra, particularmente desde su ámbito del poder de decisión política. Por otra parte, según los mismos autores, lo que ilegitima la retención de cualquier otra persona es estar por fuera del marco de relaciones dentro del cual se desarrolla la guerra, que es el marco de relaciones Estado - Estado. Pero si ya no se trata de una guerra regular entre Estados sino de una guerra insurgente dentro de un Estado, y si el objetivo de esa guerra es atacar y desmontar un modelo de sociedad que se considera injusto, la retención de personas que usufructúan o apuntalan económicamente el sistema injusto entraría en un cierto paralelismo con las personas que usufructúan y rigen el poder político del Estado beligerante contra el cual se combate en el caso de las guerras regulares.

    Otra tesis que se aduce es la de una “legitimidad fracturada” y “provisoria,” que estaría ligada a una situación en que se dan condiciones para una guerra justa y que crearía otras bases para enjuiciar la legitimidad (no legalidad) de un eventual recaudo de impuestos por parte de la insurgencia.

    En cualquier hipótesis, el secuestro es uno de los grandes desafíos que tiene hoy el Derecho Humanitario en Colombia. Es un tema cada vez más sensible por los sufrimientos que inflige a numerosas familias que se sitúan en estratos altos y medios y que tienen acceso a sectores dirigentes y de opinión. Es quizás uno de los ámbitos que atraviesan indistintamente los gobiernos “blandos” y “duros” manteniendo abierto un debate sobre la primacía de lo humanitario o de lo político; un debate sobre las fronteras entre lo político y lo jurídico; un debate sobre las formas de represión que ejercen los gobiernos y las formas de coerción que ejerce la insurgencia; un debate sobre los derechos individuales y los derechos colectivos; un debate sobre la existencia o el reconocimiento de prisioneros políticos y prisioneros de guerra; un debate sobre las negociaciones provisorias o “intercambios humanitarios” y las negociaciones definitivas; un debate sobre la inhumanidad de las sitios de reclusión en plena selva y la inhumanidad de las cárceles del Estado etc., debates todos en los que se introduce el debate más de fondo sobre la legitimidad de la guerra y la legitimidad del régimen y que permiten tomar conciencia de las sin-salidas de la guerra cuando obstinadamente se quiere ponerle fin sin enfrentar sus raíces, sus condicionamientos y la lógica de sus modelos específicos.

    3.

    Uno de los factores decisivos que han retroalimentado el conflicto armado en Colombia por décadas, ha sido la opción siempre renovada del Estado y del Establecimiento de darle una solución militar a la rebelión y concomitantemente PENALIZAR toda simpatía u opción política o ideológica que comulgue con los mismos ideales de nación con los que comulgan los rebeldes. Tal opción se articula perfectamente con la doctrina de “seguridad nacional” impartida desde los Estados Unidos, según la cual, el objetivo de la contrainsurgencia es exterminar una manera de pensar hostil al capitalismo.

    La consecuencia de esta estrategia ha sido la estigmatización de las corrientes políticas democráticas de oposición al sistema, a las cuales se les da el mismo tratamiento que se da a los rebeldes (o sea, a los que se alzan en armas contra el Estado). El mayor número de muertes violentas por móviles políticos, durante muchas décadas, no ha sido de alzados en armas sino de militantes políticos desarmados y ajenos a toda lucha armada. La táctica más recurrente consiste en judicializar como rebeldes armados a los militantes desarmados, para lo cual se utilizan numerosas trampas judiciales, y esto cuando no son antes ejecutados o desaparecidos dentro de la estrategia paramilitar, por las vías de hecho.

    Es evidente que si existiera un espacio democrático para expresar la disidencia frente al sistema y para construir alternativas democráticamente, la rebelión misma no se justificaría y no se podría hablar de una guerra justa. Pero el hecho de que las opciones disidentes se castiguen con la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, múltiples formas de persecución, entre ellas la judicial que afecta profundamente el valor jurídico y esencial de la libertad, o la tortura, la amenaza, el terrorismo, el desplazamiento forzado y la pérdida concomitante de los bienes económicos, todo esto legitima la insurgencia armada.

    Constituye, entonces, un aspecto fundamental de una negociación de paz, abrir espacios democráticos para oponerse al sistema vigente, dándole a la gente seguridad de que por ello no tendrá ya que pagar el precio de la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, la tortura, el desplazamiento y ruina económica, la persecución, el terror, las amenazas o la detención arbitraria.

    Sin embargo, dentro del Statu quo vigente, o sea, a la sombra de la estrategia paramilitar del Estado, que es muy difícil o prácticamente imposible de desmontar mientras no se cuente con otra clase de fuerza pública y otra clase de poder judicial, sería ilusorio poder negociar la abolición de prácticas que se han afianzado por las vías de hecho, en cuanto son ejecutadas por el brazo armado clandestino del Estado que es el paramilitarismo, como se vio en el acápite correspondiente. Pero lo que sí se puede poner sobre la mesa de negociaciones es lo que aún es manejado por las estructuras legales del Estado, o sea lo que todavía pasa por el aparato de la Justicia.

    Y dentro del aparato de la justicia se dan formas de persecución que tienen por fin amenazar a los disidentes del sistema con arruinarles su libertad mediante procesos judiciales y años de cárcel (cuando no acompañados de torturas y otras formas de degradación humana). Los medios para realizar esto son: a) tipos penales injustos o ambiguos. b) procedimientos penales corruptos.

    Los TIPOS PENALES que tradicionalmente han servido para reprimir a la oposición política asimilándola a la insurgencia armada, han sido los de rebelión, terrorismo, sedición, asonada y concierto para delinquir.

    En ocasiones, la trampa la facilita la ambigüedad misma de la tipificación, como en el caso del Terrorismo, en que la “creación de zozobra” o de “peligro” pueden ser interpretados tan extensa y arbitrariamente como el agente judicial lo quiera, en la medida en que él u otros estén interesados en condenar o no al acusado. También en el caso de la Asonada, tipificación diseñada para castigar arbitrariamente cualquier protesta social, que por una simple palabra airada podría ajustarse al tipo penal de “asonada”, que se define por “exigir algo violentamente de la autoridad”.

    En otras ocasiones son las inferencias que hacen jueces y fiscales, como en el caso de la Rebelión, cuando la simple asistencia a reuniones en que participan también militantes armados, o la posesión de literatura de grupos rebeldes, la juzgan ya como equivalente al “empleo de armas para derrocar al Gobierno o suprimir o modificar el régimen constitucional” .

    Pero los PROCEDIMIENTOS PENALES no son menos tramposos: se utiliza sobre todo el testimonio, hoy día sometido en Colombia a “compra y venta” (con recompensas pagadas desde el mismo Estado) como en un vulgar mercado, o a intimidaciones contundentes que conllevan alto riesgo de muerte o desaparición, como “prueba” de que alguien es insurgente o ha cometido cualquier cantidad de delitos conexos con la rebelión. El procedimiento más frecuente es el de utilizar a desertores de la insurgencia, muchas veces forzados por una detención o un chantaje, para ofrecerles prebendas judiciales bajo la condición de que “denuncien” como “insurgentes” a los dirigentes de movimientos populares y a militantes de la oposición política legal.

    Estas formas de persecución, que bloquean todo desarrollo de oposición democrática al sistema y que de alguna manera son manejadas a través de formas legales, sí pueden ser objeto de negociación en un proceso de paz, pues lamentablemente las formas más graves de persecución (como las muertes y las desapariciones), ya que no pasan por las vías legales sino por el aparato clandestino ilegal del Estado, no pueden ser objeto de negociación, hasta que el lenguaje del Estado no salga de la ficción.

    Si el gobierno comprendiera la importancia enorme que ha tenido la represión contra las posiciones de desacuerdo con el sistema económico político vigente, mediante la obturación de todas sus posibilidades de expresión democrática, como factor determinante de la insurgencia armada, le daría gran importancia a la negociación de CAMBIOS LEGALES fundamentales, que permitan al menos ensayar la posibilidad de un ejercicio de derechos de la oposición, enunciados además en la Constitución, y evitar su represión ilegítima. En este campo habría que revisar profundamente los tipos penales contemplados en los títulos XII y XVII del actual Código Penal (vigente desde 2001), pero quizás lo más importante sería definir el DELITO POLÍTICO de manera precisa, para evitar que su interpretación quede al arbitrio de agentes judiciales.

    Hay que definir claramente lo que es la REBELIÓN, pues la jurisprudencia más reciente la ha convertido prácticamente en un “delito de opinión”, lo que vulnera la esencia misma de la democracia. También hay que definir el delito de ASONADA, y re-discutir sus linderos con la protesta social legítima. Es urgente someter a un profundo debate la tipificación del TERRORISMO, cuya ambigua descripción es la que se presta para más abusos, no solo en el terreno judicial sino en el de la opinión pública.

    Una sana democracia tiene que permitir que la población pueda expresar sus simpatías con planteamientos políticos de la insurgencia y tener acceso a su literatura impresa o magnética, sin que eso tenga el riesgo de penalizarse, mientras esa simpatía no derive en acciones delictivas. Una democracia que contemple delitos de información, de opinión o de opciones políticas o ideológicas, mientras no vulneren los derechos de los demás, no puede llamarse democracia.

    Pero quizás el terreno más delicado para la negociación es el de los PROCEDIMIENTOS PENALES. Hay que discutir los medios probatorios mediante los cuales a una persona se le puede acusar y condenar por un delito. Hay que cerrarle el paso definitivamente a la manipulación del testimonio, que es de lo que más se ha abusado. Abundan los casos en que un “testigo” sobornado o intimidado se convierte en “prueba” para condenar por “rebelión” a un líder popular. Si estas aberraciones no se cierran, queda abierto el camino para la represión ilegítima y por lo tanto para que la insurgencia sea la única vía de oposición. También hay que poner sobre la mesa el problema de la EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS. Los funcionarios judiciales se han acostumbrado a escribir un estribillo como introducción a sus decisiones: “según las reglas de la sana crítica”, pero tal frase ha servido de introducción a las más aberrantes injurias a la lógica y a la ética. Tales “reglas” son tan etéreas que nadie conoce versión alguna, y no pasan de ser una frase vacía y encubridora a la vez. La libertad absoluta de evaluación de pruebas se ha convertido en uno de los mecanismos de arbitrariedad judicial más en boga.

    Finalmente, hay que discutir el problema del DERECHO A LA REBELIÓN, que en la legislación colombiana desapareció por completo. Cuando se cierran todos los cauces para que los conflictos armados se sujeten a un mínimo de normas, esos conflictos buscan necesariamente el escape hacia el terror y la brutalidad. Por eso las naciones civilizadas reconocieron desde tiempos muy antiguos este derecho y trataron de encauzarlo en una legalidad marcial que fue cristalizando en el Derecho de Guerra (Convenciones de La Haya).

    Hoy sabemos que el Derecho de La Haya y el mismo Derecho Internacional Humanitario (o Derecho de Ginebra) han quedado cortos frente a los postulados de eficacia de una guerra de guerrillas, pero por eso Colombia tiene hoy el desafío de encontrar maneras para encauzar la misma guerra de guerrillas dentro de un Derecho de Guerra y un Derecho Humanitario que respeten la racionalidad propia de este modelo de guerra.

    El Derecho a la Rebelión plantea, como primera exigencia, que la Rebelión reciba un tratamiento de DELITO POLÍTICO y no de delito común. Esto significa que se reconozca su carácter altruista, en contraposición al carácter egoísta que tienen los delitos comunes, y que eso se refleje en un trato penal benigno.

    Pero además el delito de Rebelión no debe considerarse como delito autónomo, o sea, como delito de opinión, sino como una FINALIDAD concomitante a ciertos actos de violencia que, fuera de ella, podrían equipararse a delitos comunes. Quien mejor expresa esta realidad es el General Rafael Uribe Uribe, venerado en Colombia desde hace muchas décadas como héroe y mártir de la patria. Dirigiéndose al Congreso, en 1898, a propósito de una ley de amnistía, afirmaba:

  • “¿Qué acto revolucionario hay que no quepa dentro del concepto de rebelión? Todos van dirigidos, o contra las autoridades, o contra las personas, o contra las propiedades. El revolucionario se alza contra el orden constituido; desconoce los empleados de todas las jerarquías y lucha contra ellos, puesto en armas; recluta, encarcela y recoge prisioneros; se bate hiriendo o matando a sus adversarios; levanta empréstitos forzosos, expropia mercancías para las tropas, toma ganado para su sostenimiento, y caballerías y monturas para la campaña; penetra en las habitaciones y predios ajenos rompiendo puertas y cercas; en los combates pone fuego a edificaciones y a plantaciones; y, en suma, echa mano de cualquier medio que esté al alcance para el logro de su fin.
  • “Pues bien, todos estos procedimientos tienen sus definiciones dentro del Código Penal: los primeros se llaman resistencia, motín, asonada, sedición, rebelión; los segundos, privación indebida de la libertad, heridas, homicidio, asesinato; los últimos, violación de domicilio, hurto, robo, incendio. Todo depende no tanto de la acción en sí misma, como del éxito bueno o malo de la guerra. Triunfador, el revolucionario es el hombre que sacrifica la tranquilidad, los bienes o la vida, en aras de un ideal. Es el salvador glorioso de la libertad, el padre de la patria y el guerrero enérgico que subordinó a la adquisición de la victoria los intereses individuales. Vencido, es encasillado, dentro de las tristes y deshonrosos clasificaciones del Código Penal con el nombre de rebelde, guerrillero, ladrón, asesino, desalmado, sediento de botín y eterno enemigo del hombre, incapaz de ganarse la vida por medios honrados”. [5]

  • El alzarse en armas jamás se hace como una opción teórica, ni se hace por deporte, ni se hace con la aceptación anticipada de una derrota, lo cual, fuera de una estupidez, sería una irresponsabilidad, dados los costos humanos que ello acarrea. Por eso la Rebelión no puede encarnarse en discursos sino en actos violentos, todos proscritos por los códigos penales y equiparables a delitos comunes si no se realizaran en la prosecución de una ventaja militar sobre los concretos adversarios bélicos. De allí que la Rebelión, separada de los delitos conexos, quedaría convertida en un delito de opinión. En la legislación colombiana el reconocimiento de los delitos conexos fue desapareciendo paulatinamente y por ello hoy, en la práctica, la Rebelión es un delito de opinión.

    Pero incluso los actos universalmente concebidos como actos típicos de guerra, como matar, herir o retener en combate, que en el anterior Código Penal (de 1980) estaban despenalizados de acuerdo con el Derecho de Guerra corriente, fueron nuevamente penalizados como delitos comunes a raíz de la sentencia C-456 de 1997 de la Corte Constitucional, que declaró inconstitucionales los artículos 127 del Código Penal de 1980 y 184 del Código Penal Militar, que consagraban la exención de pena por hechos punibles cometidos en combate. Así desaparecían los últimos rastros de reconocimiento al Derecho de Rebelión.

    Lo mínimo que podría esperarse para que el conflicto armado fuera encauzado en alguna medida en un Derecho de Guerra, sería que se aplicaran los principios de los tratados de La Haya y de Ginebra (Derecho de Guerra y Derecho Internacional Humanitario). Pero una vez que todas las conductas bélicas son desconocidas como tales por el Estado, el conflicto tiende por su propia inercia a deslizarse hacia el desbordamiento de la violencia por fuera de toda norma.

    Una negociación de paz debería volver a poner sobre la mesa el problema del Derecho a la Rebelión y el problema del Delito Político. Se estaría así enfrentando una de las causas, y quizás la principal, por las cuales el conflicto armado en Colombia no ha podido tener una solución política sino militar, y ésta dentro de una brutalidad fuera de todo cauce. Si hubiera maneras civilizadas de debatir y discernir posiciones opuestas al sistema vigente, en lugar de conflicto armado habría enriquecedores y humanizadores debates democráticos. Y si al menos la rebelión se enfrentara de acuerdo con normas que la humanidad ha elaborado en el esfuerzo por humanizar al máximo los conflictos ineludibles, no habría tanta destrucción ni tanto sufrimiento.


    [1MÉRIGNHAC, A., y LÉMONON, E., “Droit des Gens et la Guerre de 1914-1918”, Tome I, pg. 307- 311, Librairie de la Societé du Recueil Sirey, Paris, 1921. (El primero profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Toulouse, el segundo Abogado ante la Corte de Apelaciones de París).

    [2RUEDA, María Isabel, “Lo que ví y viví en Mainz”, revista SEMANA, edición del 20 de julio de 1998, pg. 43

    [3RESTREPO SANTAMARÍA, Nicanor, “Derecho a la Esperanza”, Tercer Mundo Editores y revista Cambio, Bogotá, 1999, pg. 39

    [4MERIGNHAC, A., y LÉMONON, E., o.c. pg. 307

    [5URIBE URIBE, Rafael, “Obras Selectas”, Tomo II, Colección “Pensadores Políticos Colombianos”, Cámara de Representantes, Bogotá, Imprenta Nacional, 1979, pg. 275.

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