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Carta a Dr. CARLOS FRANCO

Director Programa Presidencial de DDHH y DIH

Lunes 28 de julio de 2008, por Javier Giraldo M. , S.J.

Bogotá, julio 2 de 2008

Sr. CARLOS FRANCO E.
Director Programa Presidencial de DDHH y DIH
Vicepresidencia de la República
Ciudad

Ref: OF108-00058396 / AUV 33200

De toda consideración.

Bogotá, julio 2 de 2008

Sr. CARLOS FRANCO E.
Director Programa Presidencial de DDHH y DIH
Vicepresidencia de la República
Ciudad

Ref: OF108-00058396 / AUV 33200

De toda consideración.

Por medio del presente respondo al oficio de la referencia, mediante el cual Usted me remitió sus comentarios al 16° derecho de petición radicado en el despacho del Señor Presidente el pasado 1° de abril.

Ha sido una práctica constante de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitir los derechos de petición que se refieren a la situación de San José de Apartadó a diversas dependencias del Estado, muchas de las cuales no tienen competencia alguna para resolver las peticiones apremiantes que en ellos se contienen. Así, luego del último derecho de petición recibí numerosos oficios que respondían a los remitidos por la Cancillería, en los cuales todos los funcionarios afirmaban que no tenían competencia para resolver lo que allí se solicitaba.

Los derechos de petición elevados ante el Jefe del Estado se han apoyado en precisos artículos de la Constitución Nacional que le imponen al Presidente de la República obligaciones concretas de garantía de los derechos fundamentales y le otorgan las atribuciones necesarias para cumplir con esas obligaciones. Ninguna petición concreta ha sobrepasado las atribuciones inherentes a su cargo ni se ha situado por fuera del marco de sus deberes y obligaciones constitucionales. Por eso extraño y deploro que ninguna de las respuestas provenientes del despacho presidencial responda en concreto a las solicitudes, sino que todas se limitan a acusar el recibo y a comunicar las remisiones. Se entiende que a nivel interno se hagan las remisiones para que las instituciones del Estado implicadas en los problemas le informen al Jefe del Estado lo que es de su competencia, pero esto no lo exime de la obligación de asumir las soluciones, obligación inherente al deber de garantía.

En su oficio Usted lamenta que la Comunidad de Paz y yo mismo sigamos percibiendo que existe una estrategia del Estado para destruir la Comunidad. A su juicio, esto sería una manifestación de "empecinamiento", lo que equivaldría a calificar nuestras apreciaciones como fruto de caprichos irracionales que no se compadecen con la realidad objetiva. Es evidente que entre su análisis y el nuestro hay diferencias enormes, pero el de la Comunidad no se funda en discursos de funcionarios que no padecen la situación sino en el cotidiano sufrir de agresiones. Yo lo invito a que evalúe, con esfuerzos para colocarse por unos momentos dentro de la piel de los pobladores de San José, los hechos concretos que los llevan a percibir una estrategia de destrucción de la Comunidad por parte del Gobierno Nacional:

- Fuera de los centenares de crímenes horrendos que han perpetrado en estos 11 años agentes directos e indirectos del Estado, avalados incluso por el poder judicial y por las instancias administrativas del Estado, al dejar en la impunidad absoluta hasta el momento todas esas atrocidades y al negarse a reparar los daños infligidos a tantas familias y comunidades veredales, no obstante tener instrumentos legales suficientes que les permitirían reparar parcialmente por vía administrativa algunos de los destrozos sufridos, hay que analizar si toda esa dinámica de destrucción criminal ha cesado y si las estrategias actuales del Gobierno Nacional realmente respetan los fundamentos constitutivos de una Comunidad de Paz o buscan atacarlos destructivamente.

- En primer lugar, la dinámica de destrucción no ha cesado. El desarrollo del paramilitarismo, a partir de la instalación del Puesto de Policía y de las supuestas "desmovilizaciones" de los bloques paramilitares que han hecho presencia allí, en lugar de revertirse, se ha potenciado, así cambien algunas tácticas. Desde la instalación de la Policía en el caserío y el simultáneo desplazamiento de la Comunidad de Paz, se instaló en el caserío el paramilitar alias "Lalo" en cuyo establecimiento comercial se dan cita permanentemente los paramilitares y la fuerza pública para coordinarse. Esto no lo ignora ningún poblador de la zona e incluso periodistas que se acercan al caserío por pocos minutos, lo perciben claramente y lo comentan con los pobladores. ¿Acaso ha cesado el control paramilitar en Tierra Amarilla, o en el barrio El Mangolo, a pocos metros del puesto de policía, o en la terminal del transporte fuertemente custodiada por la policía? ¿Ignora la Vicepresidencia que las ejecuciones extrajudiciales de los últimos meses se hicieron en ese contexto de control paramilitar de esos sitios (ahora integrado a las "Redes de Informantes" mencionadas en los mismos informes oficiales) articulado al accionar de la fuerza pública? ¿Acaso desconoce la Vicepresidencia la masiva presencia paramilitar en Nueva Antioquia y las incursiones de sus destacamentos por las veredas La Esperanza, Rodoxalí, Playa Larga, El Gas, La Hoz, La Resbalosa, Mulatos y otras, donde conminan a la población a nuevos desplazamientos y anuncian nuevas masacres? ¿Ignora la Vicepresidencia las actividades cada vez más audaces de los paramilitares, al exigirle a los propietarios que no son de su confianza que les tienen que vender sus tierras y que si no lo hacen deben abandonar la región o pagar con su vida, explicándoles que todo esto se inscribe en un plan de control estricto del territorio por parte del paramilitarismo, presentándolo como estrategia inflexible del régimen actual? ¿Desconoce acaso la Vicepresidencia las numerosas ocasiones en que patrullas del ejército han abordado a miembros de la Comunidad de Paz en los últimos meses y semanas, para recomendarles que se retiren de la Comunidad porque ésta va a ser exterminada? Si la Vicepresidencia evaluara con cabeza fría y con una elemental objetividad todas estas dinámicas que la población sufre en carne propia, en las que no es posible no leer expresiones contundentes de una estrategia de destrucción, creo que no volvería a llamar esto "un empecinamiento".

- En segundo lugar, hay que preguntarse si las estrategias actuales del Gobierno Nacional para la zona respetan la esencia y los principios constitutivos de una Comunidad de Paz, permiténdole, por lo tanto, existir. Una Comunidad de Paz se caracteriza, ante todo, por su decisión de no dejarse involucrar en la guerra por parte de ninguno de los actores armados, lo que implica no convivir con ninguno de ellos en los espacios fundamentales en que se desarrolla su vida, como son los espacios de vivienda y de trabajo, así como no colaborar con ninguno de ellos en los campos de información o apoyo logístico, y no acudir a ellos para la solución de ningún conflicto, de modo que no sean las armas sino el consenso democrático y la cooperación comunitaria los que definan las soluciones. La toma del caserío de San José por la Policía Nacional el 1° de abril de 2005, por orden directa del Presidente, fuera de romper el proceso de concertación sobre la ubicación y controles del Puesto, proceso en el que la Comunidad había participado con plena transparencia, significó un desconocimiento abrupto y prepotente de sus principios más sagrados, lo que explica su desplazamiento inmediato, pues permanecer allí hubiera equivalido a renunciar a sus principios. Si esto no es interpretado como una acción destructiva de una Comunidad de Paz, no habría una base lógica común de entendimiento. Y la Vicepresidencia no puede ignorar que la presencia armada se ha consolidado allí, no sólo físicamente, mediante el control de toda la vida de la población a través del alarde exhibicionista de armas altamente destructivas, poder en el cual se apoyan todos los abusos, que han llegado hasta ocupar y apoderarse de los bienes de los desplazados, a degradar sus viviendas para fines de prostitución y a destruir los símbolos más sagrados como la memoria de sus víctimas y avanzando en los últimos días a tomarse, por la fuerza bruta, los espacios construidos por la Comunidad durante décadas, para que sean usufructuados por quienes conviven y colaboran con los victimarios. Pero dicha presencia militar ha tenido otras dimensiones criminales: como se mostró en el punto anterior, es el puntal de un paramilitarismo renovado que pervade toda la dinámica económica, política y cultural de la zona y que se proyecta a un control estricto de la población, sometida ahora a estrategias idénticas a las de las "aldeas estratégicas" de históricas dictaduras de otros paises. Pero, además, esa modalidad de presencia militar colocó como objetivo militar a la población civil de la zona, no teóricamente, sino que esto se puede comprobar por las muertes violentas de civiles que han tenido lugar y por los ataques a la misma fuerza pública, tal como se lee en los mismos informes de inteligencia militar que el Gobierno prefiere mantener ocultos.

- Pero no es solamente la presencia de cuerpos armados del Estado la que destruye la existencia de una Comunidad de Paz que trata de vivir de acuerdo a su naturaleza constitutiva, ni solamente la estrategia de destrucción física de sus integrantes a través de la violencia militar/paramilitar, que continúa activa y en expansión, lo que atenta contra su subsistencia, sino que hay otras estrategias destructivas igualmente perversas.

- Una de ellas es la estategia judicial, la cual hemos descubierto al conocer una cadena de expedientes que están activos en el actual aparato judicial y cuyos detonantes han sido conjuntos de detenciones de campesinos del entorno de la Comunidad de Paz, aunque la mayoría de ellos no son integrantes de la misma. Lo primero que salta a la vista al examinar los expedientes, es que dicha "justicia" es ejercida, de facto, por el poder ejecutivo (en cabeza de la Brigada XVII) que no por el poder judicial, así haya fiscales y procuradores que firmen todos los autos, resoluciones y notificaciones. Un análisis detallado evidencia que todos los pasos del proceso los controla el ejército y los agentes judiciales se limitan a firmar. Desde las capturas, la mayoría de las cuales se ha realizado sin órdenes judiciales, siguiendo por indagatorias absolutamente ilegales practicadas en la Brigada, las que luego son bautizadas como "entrevistas"; continuando por presiones psíquicas para obligar a aceptar los cargos, a acogerse a sentencias anticipadas o a declararse "desmovilizados", presiones de las cuales no queda constancia en los expedientes; avanzando por la elaboración de los cargos y la consecución de los testigos, la totalidad de los cuales son paramilitares incursos en múltiples crímenes perpetrados junto con el ejército, a los cuales se les remunera su falso testimonio. Se ha comprobado que procuradores y defensores colaboran en el esfuerzo por convencer a las víctimas para que acepten los cargos, reforzando el chantaje que se ha vuelto rutinario en la Brigada: si no acepta las acusaciones que le hacemos, le esperan 40 años de prisión, pero si las acepta, en 3 meses podría estar en libertad. Todo este trabajo "probatorio", cimentado en chantajes, torturas y sobornos, se realiza en la Brigada, y a él se suman fiscales, procuradores y defensores en dosis de intervenciones variables según la resistencia de las víctimas y teniendo siemrpe en la mira el objetivo de lograr de ellas acusaciones contra la Comunidad de Paz, contra sus líderes, acompañantes, integrantes, simpatizantes y colaboradores, tratando de involucrarlos en una u otra relación con la insurgencia, para deslegitimar su proyecto humanitario. En dichos expedientes hemos encontrado los Estatutos, actas de asambleas, reglamentos, listados de miembros, comunicados, cuentas bancarias, extractos bancarios, constancias de donaciones, trasncripciones de interceptaciones telefónicas (muchas de ellas absolutamente ilegales) de la Comunidad de Paz, en intentos desesperados, frustrados hasta ahora, por estigmatizar a la Comunidad de Paz presentándola como "brazo de la guerrilla", de modo que las calumnias presidenciales tengan algún arraigo judicial, así sea de tal perversidad. Obran igualmente, en dichos expedientes, infinidad de "informes de inteligencia" y "órdenes de batalla" que los fiscales convierten ilegalmente, bajo determinaciones de la Brigada, en "pruebas" contra los que figuran en dichos listados, en los cuales hemos encontrado los nombres de todos los miembros del Consejo Interno de la Comunidad de Paz calificados como efectivos de uno u otro frente de las Farc. Cualquier jurista honesto se preguntaría con qué derecho los fiscales y jueces asumen esos documentos como "pruebas" y con qué derecho procuradores y defensores "se hacen los de la vista gorda", lo que está claramente vedado en un derecho interno que no funge ni de lejos en Urabá. En esos mismos expedientes hemos encontrado "pruebas" que no llenan los más mínimos requisitos de las cadenas de custodia previstas en la ley; hemos encontrado "testimonios" de los que nos consta con plena certeza y convicción que fueron obtenidos bajo tortura o bajo chantajes y otros muchos que en los mismos expedientes se ha ido revelando que fueron remunerados con altas sumas de dinero para salvar las repugnancias y riesgos de su falsedad. En dichos expedientes hemos comprobado que los fiscales sumisos a la Brigada no llenan los más mínimos requisitos de imparcialidad previstos en la Ley; jamás buscan contrabalancear las acusaciones con el testimonio de algún conocido de las víctimas ni hacen esfuerzo probatorio alguno para verificar las falsas "pruebas" que les presentan los militares. ¿Cree la Vicepresidencia que dicha "justicia" se ajusta a nuestro régimen legal? ¿Acaso no percibe la Vicepresidencia que allí se quiebran los principios más elementales de la justicia, desde el básico que es la independencia de poderes, siguiendo por las garantías de independencia e imparcialidad y continuando por todos los principios rectores del Código de Procedimiento Penal? ¿Pretende la Vicepresidencia que todo este desconocimiento de la Constitución y de la Ley no es del resorte del poder ejecutivo, cuando a todas luces es una "justicia" de usurpación por parte del poder ejecutivo a través de la Brigada? ¿No percibe la Vicepresidencia que esta es una estrategia destructiva de la Comunidad de Paz y violatoria de todos los derechos de la población de su entorno? ¿Acaso no entiende la Vicepresidencia que los campesinos se ven aterrorizados y desestimulados para integrarse a la Comunidad de Paz, cuando son presionados por los fiscales/militares/fiscales a acusar a los miembros de la Comunidad bajo todo tipo de presiones y chantajes? Todo esto aumenta nuestra extrañeza frente a la extrañeza que se manifiesta en el oficio al que respondemos, de que se crea que el Gobierno impulsa estrategias para destruir la Comunidad de Paz.

Pero otra estrategia destructiva de la Comunidad de Paz es la estrategia económico social. Ya antes de que se anunciara con estrépido la inversión social que el Gobierno Nacional decidió hacer en el corregimiento de San José de Apartadó desde abril de 2007, en una entrevista informal con el anterior Ministro de Defensa, los delegados de la Comunidad percibieron que él buscaba cooptarlos para retornar a una interlocución con el Gobierno, ofreciéndoles inversiones para solución de necesidades apremiantes. Los delegados de la Comunidad le respondieron que el Ministerio de Defensa no tenía por qué ocuparse de solucionar necesidades económico sociales. Sólo las dictaduras militarizan los servicios sociales para someter a las armas a las poblaciones indigentes. Claramente le dijeron al Ministro que ellos sabían sobrevivir dignamente si el Gobierno no les continuaba destruyendo, además de sus vidas, sus medios de sobrevivencia. Sin embargo, hoy se percibe que ante la fuerte censura internacional por los horrores perpetrados contra la población de San José, el Gobierno busca alternativas para destruir mediante estretagias adicionales eventualmente alternativas, la Comunidad de Paz. De hecho, la inversión social no fue proyectada para reparar los daños causados a las víctimas. Su lógica es diferente. Aunque en su discurso proclame que pretende ser un apoyo para familias desplazadas que retornan, la población supuestamente retornada es población nueva que llega con una deuda con la fuerza pública y la Presidencia de la República que fungen como sus "benefactores". Toda la inversión ha sido diseñada para consolidar el control del ejército y de la policía (fuertemente articulados, como se explicó antes, al paramilitarismo) y para obligar a la población a alinearse al lado del poder central y su fuerza pública bajo la amenaza de tenerse que marginar del acceso a los servicios básicos que el Estado debe prestar. En efecto, según los informes elaborados por la misma Agencia de Acción Social de la Presidencia, los efectos se concentran en la reactivación y dotación informática de la escuela y del puesto de salud, adicionando un plan de vivienda, la construcción de un salón comunal y el mejoramiento de la carretera. A nadie se le ocultan los mensajes cifrados que toda esta estrategia envuelve y que podrían verbalizarse en frases como éstas, que no tienen registros hablados ni escritos sino que se transmiten en la descarnada contundencia de los hechos:

Si ustedes insisten en denunciar al Estado; en exigir justicia; en marginarse de la dinámica paramilitar de control de la zona; en no comerciar con las empresas transnacionales que han financiado el paramilitarismo; en no colaborar con el aparato parcializado y corrupto de la justicia que tenemos; en no someterse a un control estricto de sus vidas por parte de inteligencia militar; en rechazar la política de los partidos de gobierno y apoyar más bien movimientos sociales alternativos … no tendrán acceso a ningún servicio social del Estado. Todos nuestros servicios sociales están ligados a la presencia militar y policial que continúa actuando en estrecha unidad de acción con el paramilitarismo y que busca construir comunidades aliadas a ese polo de la guerra (el polo estatal) sin permitir brote alguno de tendencias neutralistas; donde los crímenes de Estado se silencien y se toleren y donde se acepte sin protesta ni inconformismos la articulación a la economía transnacional.

Si bien este no es el discurso hablado ni escrito del Gobierno, es la lógica deducible de la "inversión social". De hecho, la Comunidad de Paz no ha sido beneficiaria de una sola oferta incondicionada. Para acceder a los mínimos servicios de educación y de salud que ofrece el Estado "gracias a esta inversión social", las familias tendrían que claudicar de sus principios y acudir a una escuela y a un centro de salud rodeados de fuerte presencia militar y policial, donde se exhiben armas de alto poder destructivo con toda la prepotencia del caso, para que el poblador se convenza mediante signos connotativos de que su autodeterminación humana y comunitaria es una quimera; de que si quiere limosnas del Estado (salidas del erario público, supuestamente propiedad de todos los ciudadanos) tiene que adaptarse sin reticencias a sus parámetros económicos, ideológicos, políticos y militares. Simultáneamente, las ofertas explícitas hechas a los campesinos más golpeados por la crisis, no esquivan la impudicia extrema del discurso explícito: si usted quiere reactivar su finca, sométase al Estado y a sus planes para la zona, así saldrá de la pobreza, pues nosotros tenemos todo el dinero que se imagine; pero si continúa con la Comunidad de Paz, sólo le espera ruina económica y riesgos para su vida; no cometa la estupidez de permanecer en la Comunidad de Paz. Todo esto se adiciona con el asedio de los paramilitares que esperan, en los recodos de los caminos, a los pequeños propietarios que no han tomado claramente partido por la estretagia estatal, para decirles que si no les venden sus fincas tendrán que negociar con sus viudas, pues el control territorial no tiene marcha atrás.

No es posible denominar esta estrategia de otra manera, sino como una estrategia del soborno, de compra de conciencias. A todas luces, es ésta la estrategia adoptada por el Gobierno Nacional para enfrentar esta etapa de la Comunidad de Paz –con la atractiva máscara de ’inversión social’-.

No se trata ciertamente de una política incoherente con las grandes políticas nacionales del momento, donde la compra de conciencias se volvió moneda corriente, tanto en la gestión de la guerra como en la de la "justicia"; donde se asiste a la paga televisada de asesinatos con miles de millones de pesos; donde se erige la traición en virtud nacional altamente remunerada; donde se multiplican las tarifas del falso testimonio según sus efectos inmediatos.

Si bien la lógica de la "inversión social" en San José de Apartadó se ajusta coherentemente a dichas estrategias nacionales que tienen como denominador común el soborno, ello no puede dejar de provocar una censura ética radical, sobre todo por parte de comunidades que han buscado ideales éticos como fundamento de su constitución, como la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Frente a mi petición al Señor Presidente de que le solicitara la renuncia al Señor Vicepresidente o al menos le retirara la misión de velar por los derechos humanos, luego de comprobarse que la masacre del 21 de febrero de 2005 había sido perpetrada por el ejército en un operativo que no pudo ser desconocido por el Alto Gobierno, sobre todo en los días posteriores, cuando la Vicepresidencia reunió al Cuerpo Diplomático para presentarle falsos testigos que le dieran una versión falsa de los hechos, Usted replica que el Vicepresidente es elegido por voto popular y que su actitud en aquél momento se debió a que él no podía creer que agentes estatales cometieran hechos como ese.

Si bien la Vicepresidencia es cargo de elección popular, su misión de velar por el respeto a los derechos humanos es encargo discrecional del Presidente, quien podría retirarla para encomendarle otras o ninguna. La petición elevada al Presidente se fundamenta en la necesidad de coherencia y de legitimidad moral. Todo lo que se ha ido comprobando recientemente acerca de esa horrenda masacre, por confesiones de los mismso militares y paramilitares, revela que se trataba de un operativo en el cual participaron varios batallones del ejército, de lo cual no podía estar desinformado el Comandante de Brigada. Nadie podría creer que, al surgir el escándalo, el Alto Gobierno no tuviera acceso directo a informaciones de primera mano que no podían no tener las jerarquías castrenses. Por ello, la falsificación de los INSITOP, comprobada por congresistas de los Estados Unidos, así como las declaraciones del Ministro de Defensa y de la cúpula militar, hoy día no pueden mirarse sino como engaños premeditados al país y al mundo, y en esa misma categoría habría que situar la iniciativa de la Vicepresidencia de reunir al Cuerpo Diplomático para entregarle versiones falsas fabricadas por testigos falsos. No es posible creer que, dadas todas las circunstancias que se han ido revelando, el Alto Gobierno ignorara las verdaderas dimensiones del hecho. Ello le resta credibilidad al ejercicio de una misión que se define como de defensa y promoción de los derechos humanos y por eso nos asiste la convicción de que la mejor opción es cambiar de responsable de esa misión. Sabemos, sin embargo, que no es característica de este Gobierno subsanar situaciones que minen la legitimidad del ejercicio de los cargos públicos.

Tampoco es convincente el argumento de que la Vicepresidencia apoyó a la Fiscalía en sus primeras diligencias para la investigación del crimen, pues es de público conocimiento que la Fiscalía compartió por más de dos años la estrategia de darle credibilidad y primacía a los falsos testigos y desechar las denuncias de la Comunidad de Paz, hasta que circunstancias excepcionales, marcadas con nombres propios, y respondiendo a fuertes presiones internacionales, le dieron un giro al proceso, momento en el cual el conflicto provocado en el interior de la Fiscalía motivó varias renuncias.

Quiero creer que los demás numerales de su respuesta, en los cuales Usted hace elogios de la presencia de la fuerza pública, de las actuaciones de la justicia, de las bondades de la inversión social y juzga la situación actual como la de una vigencia del Estado de Derecho y de reversión del accionar paramilitar, se deben a una total ignorancia de lo que ocurre en la zona y a una lejanía geográfica de los sufrimientos de la población.

Dado que Usted continúa negando que las intervenciones públicas del Señor Presidente contra la Comunidad de Paz constituyeron calumnias, y pretende sostener que el Presidente tenía derecho a apoyarse en testigos falsos y lanzar sus falsedades a la opinión pública mundial, le remito el texto de mi apelación a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, la cual decidió archivar el caso sin razones. Allí podrá confrontar el texto de las calumnias con la Sentencia de la Corte Constitucional donde deja muy en claro que tal comportamiento es delictivo y que el Presidente debe responder penalmente, disciplinariamente, políticamente e internacionalmente por esos daños.

Lamento profundamente que cada vez haya menos posibilidades de encontrarse en un lenguaje común que haga justicia a la realidad trágica que viven comunidades tan destrozadas por la acción estatal.

Atentamente,

Javier Giraldo Moreno, S. J.

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