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Un Caso Tipo

  San José de Apartadó :“piedra de toque” de los derechos civiles y políticos en los tiempos de la “seguridad democrática”

Javier Giraldo M., S.J.

Martes 18 de octubre de 2005, por Javier Giraldo M. , S.J.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea de la ONU en 1966 y en Colombia mediante la Ley 74 de 1968, traza un perfil del CIUDADANO-SUJETO de esos derechos que solo es compatible con un Estado realmente democrático. En efecto, el derecho a la vida se considera inherente a la persona y debe ser protegido por la ley con cautelas extremas, incluso en caso de que el Estado Parte incorpore legalmente la pena de muerte. La tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes están proscritos, así como toda modalidad de esclavitud y de trabajos forzados. La libertad y seguridad del ciudadano no pueden ser vulneradas por el Estado y la detención o prisión solo son permisibles si se cumplen estrictos procedimientos legales que evitan la arbitrariedad. En caso de detención legal, el ciudadano tiene un amplio elenco de derechos que salvaguardan su dignidad y su presunción de inocencia hasta no ser probada su culpabilidad. Los procedimientos deben garantizar la independencia e imparcialidad del poder judicial y el respeto a la dignidad humana. El derecho a la libre circulación, así como a salir del país y volver a entrar en él, tiene que ser respetado. La igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, así como el reconocimiento de la personalidad jurídica de cada ciudadano son principios básicos y las leyes e instituciones tienen como fin primordial proteger a todo ciudadano de injerencias o ataques de otros, así sean éstos agentes del Estado en cualquier rango. Se presupone que ningún ciudadano puede ser coartado en su libertad de pensamiento, de conciencia y de opinión, libertades que demandan a su vez las de información, de expresión, de reunión y de asociación. Pero, además, al reconocer estos derechos, todo Estado se obliga a crear mecanismos efectivos y rápidos para que las personas cuyos derechos sean violados, puedan quejarse y obtener un rápido restablecimiento y reparación.

La Constitución colombiana de 1991 incorporó todos estos derechos y mecanismos en su texto. Ya desde el Título introductorio que define los principios esenciales del Estado, afirma que éste tiene como objetivo “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan” y que “las autoridades de la república están instituidas para proteger a las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades” (Art. 2). Pero además complementó y amplió algunos derechos: garantiza la libertad de conciencia con toda claridad y amplitud (Art. 18) y consagra el derecho a la paz como de obligatorio cumplimiento (Art. 22); crea como mecanismo de restablecimiento rápido de los derechos violados la Acción de Tutela (Art. 86), la Acción de Cumplimiento (Art. 87) y otras acciones colectivas de defensa y protección de derechos (Art. 89).

Todo producto, sin embargo, es susceptible de corrupción, unas veces desde su misma apariencia externa, otras en estratos más ocultos. En el arte de la orfebrería se utilizó durante mucho tiempo el instrumento de la PIEDRA DE TOQUE para probar artesanalmente la calidad del oro y de la plata: se utilizaba una piedra dura, ordinariamente de jaspe arenoso negro, para frotar contra ella un supuesto objeto de oro o plata en contacto con ácido nítrico, formando una raya sobre la piedra y comparando luego esta raya con otra formada por una barrita de prueba cuya ley de aleación era conocida, también en contacto con ácido nítrico. Esos toques comparativos sobre la piedra de toque permitían probar la calidad del metal precioso. Por eso el término PIEDRA DE TOQUE ha pasado a significar un instrumento que sirve para probar la autenticidad y calidad de una cosa.

Aquí se hace referencia a la situación que está viviendo la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, objeto en los últimos meses de controvertidas decisiones del Presidente Uribe y víctima en los últimos 9 años de centenares de agresiones que afectan los derechos civiles y políticos de sus pobladores, para calibrar el grado de respeto que el Gobierno Uribe Vélez profesa, en la práctica, por los derechos civiles y políticos de los colombianos. Un viejo proverbio rezaba: en la necesidad se conoce al verdadero amigo, y se puede parodiar afirmando que en las coyunturas conflictivas se ponen a prueba la verdadera convicción y el verdadero compromiso de un gobierno en materia de respeto a los derechos ciudadanos. (Descargue el documento completo)


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