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  Visibilizar a las víctimas

Martes 28 de junio de 2005, por Javier Giraldo M. , S.J.

Amables directivas e integrantes de CEAR, amigas y amigos del pueblo colombiano, amables asistentes a este acto.

Ante todo quiero agradecer sincera y profundamente al Jurado del Premio Juan María Bandrés a la Defensa del Derecho de Asilo y la Solidaridad con los Refugiados, otorgado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y la Fundación CEAR. Entiendo su decisión de adjudicarme este premio, más como un acto de solidaridad con millones de colombianos que se han visto forzados a abandonar su tierra y a desgarrar los tejidos de su entorno social para salvar sus vidas, en medio de torbellinos de violencias desatadas y activadas por enormes injusticias.

No puedo ocultar, sin embargo, la violencia que también he tenido que hacerme a mí mismo para venir a este acto y recibir este premio. No solamente por repulsas temperamentales que también me hacen sentir mal en situaciones como éstas, sino sobre todo porque este tipo de reconocimientos se apoyan necesariamente sobre el inmenso dolor y la inmensa tragedia de muchos compatriotas, dolor y tragedia que es difícil no interpretar, en estas circunstancias, como ocasión o pedestal de supuestos méritos. Y hacer méritos sobre el dolor ajeno es algo que he procurado repudiar como un peligro que amenaza en sus raíces más profundas la autenticidad de las resistencias y la construcción de solidaridades transparentes.

Si algo me liga a esa tragedia del desplazamiento y del refugio forzados que se vive en mi país, así como a los retornos reiterados y a las luchas de resistencia, ha sido solo como parte de procesos comunitarios, en los cuales yo ciertamente he llevado un peso menos insoportable de acompañamiento moral y de denuncia, pero en los cuales las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como muchos activistas, militantes e integrantes de movimientos populares y políticos, han llevado el peso de formas bárbaras e inhumanas de represión que suelen preceder o seguir al desplazamiento y al exilio, en las cuales no pocas veces se sacrifica la vida, la integridad física o psíquica, o la libertad.

Por eso he pedido a CEAR que me permita aceptar esto en nombre de ellos, y no solamente de una manera simbólica que llevaría a que la globalidad de las víctimas quedara cubierta por una solidaridad moral abstracta y generalizada.

Sé que las dimensiones de nuestra tragedia son enormes y que a veces esa enormidad paraliza los intentos de solidaridad en muchos ámbitos, pero la sabiduría de los pueblos oprimidos ha ido encontrando la manera de resaltar situaciones paradigmáticas que permiten descorrer el velo de los modelos y de las lógicas de la violencia, y dejar al descubierto los presupuestos y los mecanismos generadores de tanta barbarie.

En ese sentido quiero convertir en destinatarias más directas de este reconocimiento de CEAR a las comunidades en resistencia a cuyos procesos he estado integrado de alguna manera en los últimos años: la Comunidad de Paz de San José de Apartadó; las Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad de la cuenca del río Cacarica; la Comunidad de Vida y Trabajo de La Balsita, del municipio de Dabeiba; el Consejo Comunitario de la cuenca del río Jiguamiandó con las 9 comunidades del Curvaradó integradas al mismo, y la Red de Comunidades en Ruptura y Resistencia, conformada en San José de Apartadó en septiembre de 2003, en la cual se integran alrededor de una decena de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes de diversas regiones de Colombia, cuya resistencia, a mi juicio, ha sido heroica.

Si me permito poner en un cierto relieve a estas comunidades, de ninguna manera quiero ser excluyente ni ignorar otros numerosos procesos de resistencia heroica que se desarrollan a lo largo y ancho de Colombia, la mayoría de ellos con impresionantes costos en vidas y despojos. Pero tengo que pagar un tributo obligatorio a la limitación y a la fragilidad humanas, que restringen necesariamente nuestras posibilidades de contactos y de interacción. Creo, sin embargo, que el carácter paradigmático de la situación de estas comunidades, y los esfuerzos permanentes que ellas mismas hacen de interlocución y solidaridad con otras numerosas comunidades en resistencia, las envuelven a todas en una misma lucha solidaria, y en un mismo clamor que es el que ha llegado a los oídos de CEAR y se ha expresado en la decisión del Jurado del Premio Juan María Bandrés, inspirándose en la convicciones humanistas y políticas de tan ilustre abanderado de los derechos de los oprimidos.

Todas estas comunidades han tenido que enfrentar, como base, un contexto de guerra interna, en la cual Colombia está sumergida desde hace al menos 4 décadas. Una guerra que, si persiste en un período en que la comunidad internacional ha desarrollado muchas destrezas o recursos para procurar la solución política y pacífica de los conflictos, no se prolonga solamente por la intransigencia de grupos insurgentes aferrados a métodos violentos o reacios a la negociación política, sino sobre todo por la intransigencia del Establecimiento y de los gobiernos colombianos, que para ello han contado desde hace décadas con la asesoría y apoyo económico y militar de los Estados Unidos, de querer identificar la renuncia a los métodos violentos de cambio social con la aceptación sumisa de un sistema económico y político que excluye de una vida mínimamente humana a las mayorías nacionales, y que persiste en camuflar bajo el disfraz de políticas contrainsurgentes la persecución y destrucción de todos los movimientos sociales y políticos que encarnan la lucha por la justicia.

Dentro de este difícil contexto de guerra, estas comunidades se identifican en la reivindicación de un espacio de reconocimiento a sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales, que no sea interpretado por el Establecimiento y por el Gobierno como camuflaje de apoyo a la lucha armada, sino como derechos que tienen plena legitimidad a pesar de los montajes permanentes a que la fuerza pública las somete para tratar de tergiversar su identidad.

Por ello han exigido que se reconozca su transparente no involucramiento en la lucha armada y le han exigido al Estado que no militarice sus espacios de vida y de trabajo ni los involucre a la fuerza en la lucha armada del Estado, que incluye como eje la estrategia paramilitar. Pero la neutralidad que reivindican no es una neutralidad que no toma partido entre justicia e injusticia ni entre los modelos de sociedad que la misma lucha armada pone en confrontación. Allí no hay neutralidad posible, y las comunidades no ocultan su toma de posición trasparente por otro mundo posible y mucho más legítimo que éste que les obligan a soportar a fuerza de violencia y de crímenes de Estado.

Desde hace 20 años en Colombia se han gestado numerosos procesos de negociación de la paz, pero todos han fracasado ante la perspectiva de rediseñar las estructuras decisivas que sustentan las más monstruosas injusticias. No obstante, los grandes medios informativos han confeccionado todo tipo de lecturas de esos fracasos, que encubren y camuflan las verdaderas evasivas. Al Gobierno anterior del Presidente Pastrana, los grandes medios del Establecimiento le reprocharon su extrema generosidad con la insurgencia, al ceder un territorio demasiado extenso para que allí se llevaran a cabo, sin presencia militar, las conversaciones con las FARC, mientras silenciaron su carencia total de propuestas de reformas sociales para la agenda de negociación; su apoyo silencioso a la paramilitarización del mismo territorio de negociación, y la dedicación prioritaria de recursos a la tecnificación de la guerra, mientras mantenía una presencia solo simbólica y pasiva, sin iniciativas de solución, en la mesa de las conversaciones.

Ese mismo lenguaje ficticio y esas lecturas encubridoras de los medios masivos de información, hacen aparecer los territorios de la comunidades en resistencia, como territorios de confrontación entre “actores en conflicto”, expresión ésta que se ha hecho rutinaria entre comunicadores, para no tener que señalar las responsabilidades concretas en los desplazamientos, crímenes y destrozos causados a las comunidades, en los cuales ciertamente la estrategia paramilitar del Estado es la causante del más elevado porcentaje de ellos, lo que lleva también a que ninguno de los poderes públicos reaccionen eficazmente en defensa de las víctimas.

Al amparo de todas estas ficciones y encubrimientos, hoy día los territorios aledaños al Río Atrato, donde resisten la comunidades del Cacarica, del Jiguamiandó y del Curvaradó, cerca de las costas del Mar Pacífico, se han ido consolidando como dominios de empresas multinacionales que imponen cultivos negociados dentro del Plan Colombia; que destruyen una de las zonas más ricas en biodiversidad del mundo, y que desconocen en la práctica los títulos de propiedad comunitaria que la Ley 70 de 1993 permitió reconocerles a las comunidades negras del Pacífico. Empresas madereras, palmeras e incluso de narcotráfico se han adueñado de la zona, pisoteando todos los derechos de la comunidades ancestrales, mientras los paramilitares se pasean en grandes embarcaciones por el Río Atrato, blindados por la fuerza pública con la cual se alternan en sus incursiones violentas, para amenazar y exterminar a quienes no se sometan al despojo. Las comunidades que han resistido, luego de haber perdido a numerosos líderes como víctimas de desapariciones y ejecuciones, hoy día son sometidas a procesos judiciales por “rebelión”, donde los acusadores son los mismos paramilitares, quienes además reciben jugosas recompensas monetarias por sus falsos testimonios, los que son recibidos como “pruebas” convincentes por una Fiscalía que gerencia la más desvergonzada política de impunidad para los agentes directos e indirectos del Estado y de condenas arbitrarias para quienes reivindican la más elemental justicia.

Cuando la Comunidad de San José de Apartadó se proclamó públicamente como primera Comunidad de Paz en la zona, en la Semana Santa de 1997, exigiendo que ninguna estructura armada hiciera presencia en sus territorios de vida y trabajo, y que renunciaran a exigir de ellos información, alimentación o apoyos logísticos a la guerra, la primera estructura armada que quiso vengarse por ello fue el Ejército oficial y se propuso destruirlos como Comunidad de Paz si no quebraban su neutralidad y se alineaban junto a la guerra del Estado, acogiendo en su interior al Ejército y a sus estructuras paramilitares. El costo de la coherencia ha sido enorme: 135 campesinos y campesinas de esa Comunidad han tenido que sacrificar sus vidas hasta ahora, en masacres o asesinatos individuales, muchos ejecutados con derroches de crueldad; 84 han tenido que sufrir la cárcel en procedimientos arbitrarios e ilegales; 31 han tenido que pasar por la tortura; más de 70 veces la comunidad ha recibido mensajes amenazantes que anuncian su destrucción; 35 veces han sido sometidos al pillaje y destrucción de bienes de subsistencia; 20 veces algunos de sus grupos integrantes han tenido que desplazarse dentro del área; 8 veces han sido bombardeados en forma intimidatoria, sin contar los numerosos ultrajes, difamaciones por los medios masivos, montajes, allanamientos ilegales, actos de violencia sexual y ocupaciones militares y paramilitares de sus espacios de vida. Las medidas cautelares y provisionales que en su defensa han exigido, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanas, han sido objeto de burla permanente por el Estado. Para cercarlos por hambre, han llegado a asesinar a 5 conductores que transportaban sus abastecimientos. Y cuando la Comunidad organizó grupos de producción comunitaria de alimentos para sobrevivir a los cercos de hambre, la han acusado de comercializar esos productos para la guerrilla, ordenando un bloqueo con amenazas de muerte al transportador que se atreva a servirles. En las últimas semanas, el mismo Comandante del Batallón Bejarano Muñoz, que controla la zona, decidió practicar las torturas él mismo, sin recato alguno, y defender ante sus víctimas el recurso a las estructuras paramilitares para destruir la comunidad, aferrándose al principio de que “el fin justifica los medios”.

Las esperanzas puestas en la justicia interna también han fracasado. Hace pocas semanas, el 9 de marzo de este año, la Fiscalía precluyó el proceso central dentro del cual se habían concentrado las acusaciones por crímenes sistemáticos contra 6 comunidades de la región y se habían presentado numerosas pruebas contra altos funcionarios del Estado. 67 organizaciones sociales y de derechos humanos rechazamos enfáticamente el fallo, que desafiaba con increíble cinismo numerosos principios del derecho interno e internacional. Ahora las únicas esperanzas se vuelven hacia ejercicios de la jurisdicción universal en otros países.

No quiero abundar en más tragedias, pero he considerado necesario ofrecer un concreto y rápido acceso a la resistencia de estas comunidades, que presento como verdaderas destinatarias del reconocimiento que noble y solidariamente ha querido hacer el Jurado de este premio y en cuyo nombre vuelvo a expresar el más sentido agradecimiento.

Javier Giraldo M., S. J.


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