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  San José de Apartadó en el nudo de la “seguridad democrática”

Martes 28 de junio de 2005, por Javier Giraldo M. , S.J.

En su artículo 22, la Constitución Nacional afirma que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. El artículo 85 de la misma Carta no enumera este derecho en la lista de aquellos que son de “aplicación inmediata”, lo cual significa que se trata de un de-recho que exige medios o mecanismos para su implementación.

Nada contradice más el concepto mismo de paz que el uso de armas. Una paz que necesita-ra apoyarse en el uso de las armas solo ilegítimamente podría usurpar el nombre de “paz”. De allí que el Estado tiene que subordinar el uso de sus armas, el accionar y la ubicación de sus cuerpos armados, al servicio y no en detrimento de un derecho tan solemnemente defi-nido en una Constitución que quiso diseñarse explícitamente como un “tratado de paz”.

Pero en medio de un conflicto armado persistente, como el que vive Colombia, los paráme-tros del Derecho Internacional Humanitario iluminan e inspiran con más realismo las bús-quedas de paz. Un principio fundamental del DIH es el principio de distinción entre com-batientes y no combatientes y la definición de la población civil no combatiente como personas protegidas en medio del conflicto (Art. 51 del Protocolo I ; Art. 13 y 14 del Pro-tocolo II). El DIH incorpora mecanismos de protección espacial de la población civil, co-mo los de zonas neutralizadas (Art. 15 del Convenio IV); localidades no defendidas (Art. 59 del Potocolo I); zonas desmilitarizadas (Art. 60 del Protocolo I). En todas estas moda-lidades se busca proteger de los enfrentamientos a la población civil que no participa en las hostilidades y que no realiza trabajo alguno de índole militar durante su permanencia en esas zonas. Está contemplado que en esos espacios “deberán haberse evacuado todos los combatientes, así como las armas y el material militar móviles; (...) ni las autoridades ni la población cometerán actos de hostilidad, y deberá haber cesado toda actividad relaciona-da con el esfuerzo militar” (Art. 59 y 60 Protocolo I). En el Convenio IV se exige que no haya coacciones físicas ni morales contra personas protegidas para obtener de ellas infor-maciones (Art. 31) , ni castigos colectivos, ni intimidaciones o pillajes, ni represalias (Art. 33), ni presiones para vincularse a fuerzas armadas o paramilitares (Art. 51).

La modalidad de Comunidad de Paz se ha inspirado en todas estas previsiones del DIH. Si bien no se han seguido las formalidades previstas en los Convenios o Protocolos, como las de llegar a acuerdos firmados entre las Partes para que se respeten dichas zonas, es porque las características del conflicto colombiano no lo permiten, mucho menos cuando el go-bierno se niega a reconocer el conflicto mismo. Con todo, las características de la Comuni-dad de Paz miran a darle cuerpo a un principio rector del DIH como es el principio de dis-tinción entre combatientes y no combatientes, y a defender los derechos de estos últimos, reconocidos universalmente.

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